PARÍS, Francia. — Por estos días, hace 116 años, se discutía en París la suerte de Cuba. Los comisionados españoles dirigidos por Eugenio Montero Ríos, trataban de ponerse de acuerdo con la parte norteamericana (que dicho sea de paso, a pesar de lo que nos cuenta la manipulada historia de Cuba, siempre estuvo asesorada por Tomás Estrada Palma y Gonzalo de Quesada) sobre los dos principales temas que retrasaban la firma del Tratado de París: la Deuda de la isla y la nacionalidad de las personas que en ella vivían.
Sobre el primer escollo, a pesar de que lo que exigía el Derecho internacional de la época cuando las Potencias se concertaban para firmar tratados internacionales de esa importancia, se decidió que Estados Unidos no iba a pagarle a España ni un solo centavo más de lo que ya había venido desembolsando por Cuba desde el año 1866. Pocos saben en efecto, que por aquellos años no tan remotos, el general Juan Prim, decidió llegar a un arreglo pecuniario con los Estados Unidos sobre la isla. Este huevo podrido del que poco se sabe, le costó la vida. Todavía hoy, hasta la autopsia de la momia sigue siendo un problema de Estado, ya que los culpables, entre los que, por cierto, se hallaba la turbia mano de La Habana, nunca fueron castigados.
No voy a profundizar más porque no es el objetivo de esta crónica. Sólo intento demostrar que para comprender las complicadas relaciones entre La Habana y Madrid, no basta con situarse desde la perspectiva engañosa de este último desencuentro. Para entender lo que está pasando no debemos ignorar lo que ya ocurrió. La verdad es que desde hace más de 200 años y por distintas razones que no vienen al caso, en lo que concierne a las cuestiones económicas de verdadero peso relacionadas con Cuba, Madrid y Washington siempre han estado muy pero que muy de acuerdo.
Pero volvamos al tema. El otro punto que se discutía por estos días en París era el de la nacionalidad de los cubanos. Los delegados norteamericanos, asesorados por los mayimbes ya mencionados más arriba, consideraron que los únicos que podían seguir siendo españoles serían los nacidos en la península. Los nacidos en la isla tendrían que esperar a que el Congreso de los Estados Unidos decidiera cuál iba a ser su estatus legal. Esta decisión, también inusual (por no utilizar un calificativo más feúcho) según el derecho internacional todavía en vigor, ha terminado creando 116 años después, un problema legal tan intrincado y explosivo que los ataques de pánico en las cancillerías europeas ya no pueden calmarse ni con el clonazépam en vena.
Aunque Cuba no reconoce la doble nacionalidad para sus ciudadanos, lo cierto es que muy pronto la isla albergará la segunda colonia española más grande de América. Se calcula que hasta medio millón de descendientes de españoles podría beneficiar de la Ley de abuelos. Como lo afirma El País en un reciente papel, “Cuba será la “provincia española” número 38 por población, por delante de comunidades autónomas como La Rioja. Y el tercer país del mundo con más españoles, tras España y Argentina”. Estos nuevos españoles que no tienen el más mínimo vínculo con la Madre Patria podrían decidir de repente, en el caso probable de crisis interna mayor emigrar a la Península. Es una posibilidad que prefiere no imaginar el actual inquilino de la Casa Blanca y muchísimo menos el inefable Mariano Rajoy. Este feo asunto no hace más que comenzar. Por eso como dicen en Francia: affaire à suivre! porque la cosa promete.
