SANTIAGO DE CUBA.- Otro periodista independiente se suma a la lista de al menos 20 personas multadas con 3 000 pesos en moneda nacional en virtud del Decreto-Ley 370. Se trata de Enrique Díaz Rodríguez, un colaborador de CubaNet detenido este viernes 24 de abril, luego de un allanamiento a su vivienda, en La Habana.
Los comunicadores independientes, junto a los artistas y activistas de derechos humanos, siguen siendo los más perjudicados con esta norma, que permite sancionar “legalmente” a todo el que difunda información contraria a los “principios socialistas” a través de Internet.
Ahora bien, a la par que arrecia la aplicación del decreto-ley, las reacciones de las víctimas y otros implicados se hacen más enérgicas.
Una declaración sobre el Decreto-Ley 370, publicada el pasado 19 de abril, encabeza una campaña por la derogación de la norma. El texto asegura que los firmantes no pagarán las multas resultantes de disposiciones o leyes arbitrarias.
Para la activista y reportera de CiberCuba Iliana Hernández, no pagar una multa significaba dar motivos al régimen para mantenerla “regulada” o incluso para encarcelarla por un delito común. Sin embargo, ahora su posición ha cambiado radicalmente:
“Yo pagué esta y todas las multas anteriores, pero al unirse un grupo de personas y en aras de protegernos de todas las sanciones injustas, he decidido cerrar filas y sumarme a la campaña #NoPagoLa370, ni ninguna otra multa que sea arbitraria”, aseguró.
Hernández fue la primera sancionada de este grupo y cree que la aplicación discriminatoria del Decreto-Ley 370 (sobre la informatización de la sociedad) muestra el temor del régimen cubano a la libertad de los ciudadanos en Internet.
“La dictadura ha visto que en las redes el pueblo ha encontrado un resquicio, en el que se puede hacer saber al mundo que Cuba no es el paraíso que ha vendido el régimen durante 61 años”, dijo la reportera.
Por su parte, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los más firmes críticos de un decreto anterior que legaliza la censura en el arte, el 349, coincide con Hernández.
“El 370 es una aberración como mismo lo es el 349 y el régimen en sí. Son estructuras que intentan mostrar al mundo una supuesta legalidad en Cuba”, destacó.
A la vez, se refirió a los motivos por los cuales se niega a pagar la multa de 3 000 pesos, equivalentes a 120 CUC.
“Para mí, pagar significa traicionar a la gente humilde, que es la mayoría en Cuba. Mi posición es también por mi compromiso con el carretillero o con la ama de casa, para quienes 120 dólares es demasiado”.
“Además, veo esto como una oportunidad de conectarnos todos en un mismo sentimiento: si te metes con uno, te metes con todos”, aseguró.
Si bien es cierto que el Decreto-Ley 370 es una norma de carácter administrativo y no conlleva al sistema judicial, el impago de las multas resultantes de su aplicación sí podría ser usado “legalmente” para procesar a los activistas y periodistas y llevarlos a prisión.
Al respecto, la abogada Laritza Diversent aclaró que “en el Código Penal cubano hay un delito que se llama ‘Incumplimiento de las obligaciones derivadas de contravenciones’, que establece una sanción de seis meses de privación de libertad”.
“Los que han declarado su negativa a pagar las multas corren el riesgo de ir a prisión, a menos que haya una presión internacional lo suficientemente fuerte para paralizar la aplicación de la norma”, aseveró.
Diversent es la directora del Centro de Información Legal Cubalex y también funge como asesora de la campaña.
Pese al riesgo, la periodista Camila Acosta piensa que este es el momento justo para hacer presión contra todas las “leyes dictadoras”, y que el régimen no podrá encarcelarlos a todos.
“Inicialmente yo pretendía pagar la multa, pero entre lo que hice la apelación y el aislamiento por la COVID-19, fueron sumándose los multados, y en solidaridad con ellos decidí no pagarla”, expresó.
De acuerdo con la reportera de CubaNet, la decisión de no pagar la multa por el Decreto-Ley 370 está respaldada por varias acciones que incluyen denuncias ante organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o Human Rights Defenders.
“Nosotros sabemos a lo que nos arriesgamos y estamos dispuestos a asumir las consecuencias”, concluyó Acosta.
Oficialmente, las multas se duplican pasados los 30 días, pero ante el avance del nuevo coronavirus en Cuba, el Gobierno dispuso que se extendiera el término de pago de estas sanciones.
Sin embargo, el aplazamiento en el pago de las multas no cambia la postura del opositor Ovidio Martín Castellanos, quien ya ha sufrido cárcel por negarse a pagarlas.
El miembro del Consejo de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) asume la misma política que su organización, por considerar que se trata de imposiciones injustas.
“Yo no pago multas arbitrarias. Así se lo reiteré al oficial de la Policía política que le ordenó al inspector de ETECSA que me impusiera la sanción por el Decreto-Ley 370. Él me amenazó con que iría a la cárcel, y le contesté que no sería la primera vez”, afirmó Martín Castellanos.
El opositor salió de prisión el pasado 4 de febrero, luego de haber cumplido cinco meses por el delito “Impago de multas”.
Por su parte, otro activista de la UNPACU, Edidierci Santana Jobo ―que ha estado encarcelado por la misma causa― reafirmó que tampoco pagará la multa y que prefiere volver a prisión antes que hacerlo.
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