Régimen cubano arrecia multas y amenazas en virtud del Decreto-Ley 370

Régimen cubano arrecia multas y amenazas en virtud del Decreto-Ley 370

El aumento de la violación a la libertad de expresión se desarrolla en el marco de una campaña internacional en contra de esta disposición legal

José Díaz Silva. Foto del autor

LA HABANA, Cuba.- Cinco multados y más de una docena de amenazados por “violar” el Decreto-Ley 370 es saldo de la última semana en Cuba. El aumento de la violación a la libertad de expresión se desarrolla en el marco de una campaña internacional en contra de esta disposición legal, también conocida como Ley Azote.

La primera azotada de este período fue Mónica Baró Sánchez. El viernes 17 de abril, la periodista independiente se presentó en la estación policial de 3era y 110, en el municipio de Playa, en La Habana; había sido citada previamente y allí fue interrogada y amenazada por el Mayor Ernesto, de la Seguridad del Estado (SE).

Al día siguiente, en Puerto Padre, Las Tunas, Ángel Mario Peña Aguilera exponía la imposición de la multa de 3 mil pesos, también asociada al Decreto-Ley 370. El motivo fue la denuncia que Peña Aguilera hiciera en sus redes sociales referente el desalojo de una familia por parte del jefe de sector de la policía de la localidad.

Decreto-Ley 370
Ángel Mario Peña Aguilera. Fotos del autor

Debido a la escalada represiva y del aumento de imposición de multas por “violar” el Decreto-Ley (DL) 370, el 19 de abril varios periodistas independientes, artistas, activistas y ciudadanos cubanos publicaron una Declaración contra la Ley Azote.

“Los azotados con el DL 370, la Ley Azote, conscientes de que informar, opinar y expresarse libremente no constituyen delitos, y de que las leyes injustas se deben cambiar, no acatar, disponemos que, a partir de este momento, nos negamos a pagar las multas derivadas de la aplicación de esta norma y todas aquellas que violen nuestros derechos humanos”, expone el documento.

Entre las exigencias se hallan: la eliminación del Artículo 68, inciso i), del Decreto-Ley 370; el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, la liberación inmediata del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones y el otorgamiento de personalidad jurídica a la prensa independiente.

Cientos de artistas, intelectuales, científicos, periodistas, youtubers y ciudadanos cubanos de dentro y fuera de Cuba, se han sumado a la campaña contra la Ley Azote. La declaración se halla en Avaaz y, hasta la fecha, ha logrado aunar más de dos mil firmas.

Pese a ello, el régimen ha arreciado el acoso. El 21 de abril era arrestado en Santa Clara, Villa Clara, Raux Denis Rodríguez Rodríguez. El activista del movimiento opositor Juventud Despierta y del Frente de Resistencia Cívico Orlando Zapata Tamayo fue liberado 24 horas después, no sin antes imponérsele una multa adscripta al 370. El joven publicó en su perfil de Facebook que la sanción se debía a sus publicaciones en redes sociales y por “hacer varias denuncias contra el régimen”.

Este mismo día, también en la ciudad de Santa Clara, varios activistas del Comando Leoncio Vidal y familiares fueron detenidos. Antes de ser liberados, recibieron amenazas de ser multados por “violar” el Decreto-Ley 370. Durante la misma jornada, en la Habana, el periodista independiente y escritor Yoe Súarez fue interrogado e intimidado por dos oficiales de la SE. Los agentes le mostraron a Suárez “lo que ellos le llaman los instrumentos legales para detener a la subversión”; estos instrumentos fueron el DL 370 y el Código Penal, específicamente la sección referente al delito de propaganda enemiga, por el cual puede ser condenado a prisión.

Decreto-Ley 370
Yoe Suárez. Fotos del autor

Por si fuera poco, menos de 24 horas después, era arrestado y golpeado en la vía pública José Díaz Silva. El Presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y Delegado Nacional del Movimiento Democracia fue conducido a la estación policial de Santiago de las Vegas; allí le impusieron un acta de advertencia por “incitación para delinquir” y un inspector del Ministerio de Comunicaciones le aplicó el DL 370, artículo 68, inciso i. Resultado: la ya conocida multa de 3 mil pesos (120 dólares) e incautación del teléfono celular.

También este jueves fue amenazado con el azote del 370 el activista Adriano Castañeda Meneses y citado, para este 24 de abril, Ediyersi Santana Jobo, de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). Santana Jobo se presentó hoy en la dirección provincial de ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.), de Camagüey, en donde los inspectores del Ministerio de Comunicaciones le impusieron la multa de 3 mil pesos. El defensor de derechos humanos declaró que fue amenazado por sus publicaciones en redes sociales contra el sistema totalitario cubano y que, si seguía por ese camino, volvería a ser azotado con el 370.

Decreto-Ley 370
Ediyersi Santana Jobo. Foto del autor

En los últimos tres meses, alrededor de una veintena de periodistas, activistas y disidentes han sido multados en virtud del Decreto-Ley 370. Más de la mitad de las sanciones y advertencias ocurrieron en medio de la crisis de la COVID-19 y responden fundamentalmente a las publicaciones en redes sociales referentes a la realidad cubana.

Con la imposición del 370 la dictadura viola su propia Constitución, específicamente el Artículo 54, concerniente a la libertad de expresión. Asimismo, transgrede la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“El régimen quiere silenciarnos”, reconocen los azotados. Pese a la amenaza de ir a prisión por no pagar las multas, la mayoría de ellos han decidido asumir las consecuencias y exigir el respeto a sus derechos humanos.

“Este aumento de multas, del acoso, de la furia del régimen totalitario es algo que esperábamos cuando decidimos asumir esta postura ‒declaró Iliana Hernández, una de las promotoras de la campaña‒ pero estamos conscientes de que retirarnos no es una opción”.

La Declaración contra la Ley Azote se presentará en la Asamblea Nacional del Poder Popular y en el Consejo de Estado ‒ya que son los facultados para cumplir con las exigencias‒ y en organizaciones internacionales de derechos humanos.

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Camila Acosta

Graduada en Periodismo en la Universidad de La Habana, 2016. Investigadora, Documentalista y Especialista en Comunicación del Club de Escritores y Artistas de Cuba (CEAC). Reside en La Habana, Cuba

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