VILLA CLARA, Cuba. – A la mitad de una arteria sin salida, en una casita de tejas ubicada en ese mismo callejón angosto y sin asfalto, Jorge recibe a sus clientes sentado en el quicio y con las puertas cerradas. Cada quince minutos aparece alguien buscando malanga y él les enseña el guagüí, que es bastante pequeño pero que “no pica y es el mejor pa´ los niños chiquitos y los viejos”. Tiene la libra a 12 pesos y las dos cajas que le traen se las arrebatan el mismo día.
Jorge se nombra así mismo, pero omite su apellido, su edad y su dirección porque lo pueden multar, quitarle la licencia y confiscarle todo lo que vende. Hace dos semanas dejó de trabajar como carretillero cuando escuchó que toparían los precios para el sector privado. La malanga, por ejemplo, no podría venderla a más de seis pesos por libra, ni el tomate maduro a 20 pesos. Jorge no trabaja la tierra, pero tiene un platanal sembrado en el patio y los demás productos se los llevan a la puerta después de las seis de la tarde, cuando hay menos tráfico y poca vista. Él es la punta de una cadena que va desde el campesino y que pasa por dos o tres intermediarios, incluyendo al que transporta la mercancía, que cobra por el peligro al que se expone.
“Sacando las cuentas, por cada mazo de zanahorias que vendo y cada libra de boniato, me gano dos o tres pesos, no más que eso. Mira esta casa, ¿tú crees que si yo ganara tanto viviría así, sin televisor?”, dice y apunta para las paredes descorchadas. Dentro huele a una amalgama de aromas difíciles de distinguir unos de otro: tierra húmeda, tomates podridos, hierba seca. Hay poca ventilación, pero los clientes deben penetrar en el lugar para comprar la mercancía.
En ese barrio periférico todos saben que Jorge vende a escondidas y que les resuelve el problema a los vecinos desde que desaparecieron de las calles los puestos particulares. Es por eso que nadie lo “echa pa´ lante”. “Aquí me compra la abogada, el delegado, to´ el mundo pasa por mi casa a cualquier hora del día. No entiendo por qué me tienen que decir de allá arriba al precio que debo vender mis plátanos, si esos plátanos son míos, no del Estado, los cultivé yo”, protesta.
A principios de enero, los medios provinciales publicaron la relación de precios minoristas descentralizados para la venta de productos agropecuarios de Villa Clara, regido por la resolución 160 del 2020. Ante los mecanismos de regulación, los inspectores y el tope de precios para los cuentapropistas, muchos de estos decidieron retirarse de la vía pública y optaron por vender en la clandestinidad, dentro de sus propias viviendas o en locales arrendados.
Según reseñó el semanario local Vanguardia, hasta la fecha se han aplicado en la provincia más de 2 551 multas a raíz de las inspecciones; de ellas, más de 1 000 han sido consecuencia de las violaciones a las tarifas establecidas por el gobierno. Como resultado, el mismo medio publicó que se les han retirado 40 licencias a trabajadores por cuenta propia, incluyendo a vendedores ambulantes, más conocidos como carretilleros, y que se han realizado 67 ventas forzosas de mercancía.
“Cuando te cogen vendiendo las cosas en la calle a los precios que no debes, vienen los policías y te obligan a dejarlos a precio de Estado”, nos explica Yaiselis Cabrera, que se dedicaba a comercializar viandas y hortalizas en la carretilla de su esposo. “La gente dejó de vender por eso mismo, porque no nos conviene invertir en la mercancía y que después tengas que pasar por esa situación. Además de que no recuperas el dinero, pierdes el día de trabajo completo. Los mismos campesinos pasan mucho trabajo para lograr las cosechas, porque no hay ni fertilizantes ni mano de obra”.
La estrategia, que buscaba frenar los altos precios del mercado por cuenta propia y la reventa clandestina, ha provocado una crisis en los vianderos que se trasluce en el plato de las familias cubanas. Para protegerse de los decomisos, casi todos los carretilleros que antes se ubicaban en la carretera a Camajuaní o a Sagua debieron “guardarse” en sus casas y venderles sus productos solamente a los vecinos o a conocidos bien recomendados. Otros, un poco más osados, utilizan las páginas de compraventa en redes sociales para realizar entregas a domicilio por 25 pesos a clientes investigados previamente.
La medida ha traído como consecuencia la desaparición de los negocios que garantizaban, por ejemplo, hortalizas frescas a la población todos los días de la semana y que no se encuentran en los “agros” estatales. Las ferias dominicales del mercado Buen Viaje, uno de los más concurridos de la ciudad, se reducen a la venta de plátanos verdes, boniato y algún que otro producto con calidad inferior a la que ofrecen los cuentapropistas desde su ostracismo inducido.
En la misma cuadra en la que vive esa joven santaclareña, que dejó de vender estos productos agropecuarios por temor a invertir en vano sus ahorros, está ubicado uno de los puestos a los que el populacho ha bautizado como “boutiques”. El dueño de esta venduta clandestina pide el anonimato por razonas obvias, pero accede a contestar algunas preguntas que “no lo comprometan tanto”. Frente a su casa se arman filas de más de diez personas después de la cinco de la tarde. Él les pide cordialmente que traten de dispersarse y que no lleven las bolsas a la vista.
“Antes, cuando vendíamos en el mercado, mucha gente tenía las cosas escondidas debajo de sus puestos y se las ofrecían a la gente por la izquierda y bien bajito”, confiesa. “Algunas frutas, como la guayaba, las podías vender a precios módicos, pero otras, como la piña o la fruta bomba, había que pagarlas muy caras a los intermediarios. Lo mismo está pasando ahora con viandas como la malanga o el plátano. Yo no puedo bajar mis precios porque entonces estaría regalando la mercancía. Yo vendo viandas, sí, pero también tengo que comprarme la pasta de diente, el jabón y todo lo que no hay en las tiendas a sobreprecio. Lo mismo les pasa a los productores, que se desangran en el campo para comprar los dólares”.
Otra de las estrategias que utilizan los pocos vendedores ambulantes que quedan en Santa Clara es la omisión de carteles que anuncien el costo de cada producto. De este modo, si algún inspector o policía se acerca a su puesto de venta, pueden minimizar el precio, en contubernio con las mismas personas que están comprando en ese momento si estas acceden a proteger al carretillero.
Mientras ocurren estas redadas contra los revendedores, las ferias de fin de semana en la ciudad amanecen atestadas de personal que no puede pagar cinco o diez pesos por encima por una libra de tomate maduro y se ven obligados a comprarlos verdes en el mercado estatal. Ancianos, jubilados y trabajadores estatales con pocos ingresos participan de unas filas interminables por más de cinco o seis horas, a expensas de que los pocos productos disponibles puedan terminarse de repente antes que lleguen a la tarima y deban volver a casa con las manos vacías.
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