LA HABANA, Cuba. – ¿De qué nos asombramos cuando vemos que el Ministerio de Justicia se solidariza con el victimario y no con la víctima de violencia, o cuando un doctor que ha trabajado en el CENESEX durante años publica en su muro de Facebook un manual de cómo agredir en caso de grabación?
La violencia contra las mujeres y las niñas en Cuba no es abstracta. La solicitud de una ley integral contra la violencia de género no es una necesidad intelectual, sino la respuesta de activistas e intelectuales a una realidad.
Cuando se habla de violencia contra las mujeres y niñas siempre terminan extrañándome más los asombrados de que existe una tendencia a justificar la agresión, que los cómplices mismos.
¿Dónde han ocurrido las golpizas a las Damas de Blanco y las activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)? ¿Dónde ocurren las campañas de difamación contra activistas, artistas, periodistas? ¿Dónde las niñas y adolescentes violadas han tenido que recurrir a la prensa independiente para presionar al sistema de justicia? ¿Dónde las mujeres, instrumentadas por hombres, golpean a otras mujeres? ¿Dónde la policía dio patadas a una mujer negra y hubo más personas grabando que defendiendo?
Pero hablemos solo de las víctimas que el sistema no se ha encargado de ideologizar.
El año pasado cubrí dos casos de abuso lascivo contra dos menores de edad. Ninguno de los dos encontraba justicia en el sistema, pero sí presiones por parte de los ejecutores de la ley.
Luz Divina Wilson, la abuela de una de las niñas, recibió durante el proceso de denuncia amenazas del jefe de Sector que le recordaba que podía ser juzgada como “colera” o por agresión si llegaba a pasarle algo al depredador sexual. También recibió amenazas de la instructora del caso y de un oficial de menores de la estación de policías de Cuba y Chacón, quienes sacaron a relucir los antecedentes penales de la madre de su nieta, cuestionaron la crianza e hicieron verificaciones en la escuela tratando de inculpar a la abuela. Para completar, dos hombres que se identificaron como agentes de la Seguridad del Estado trataron de persuadirla para que no hablara más con los medios.
En el segundo caso, la hija de Jesús Peña Cantillo fue revictimizada por abogadas que no se conformaban con el dictamen médico certificado por especialistas de una institución gubernamental. La primera denuncia que hizo Peña Cantillo, cuando su hija apenas tenía dos años, fue desestimada por la Federación de Mujeres Cubanas, que ni siquiera investigó los hechos.
De la situación en que vivía su hija sabían, también, la cuidadora del círculo privado al que asistía y varios vecinos. Mientras, la niña tenía que soportar un infierno ahogado por la música alta para que nadie escuchara.
Estas personas veían a Peña Cantillo cada vez que visitaba o recogía a su hija. Nadie habló para no “meterse en problemas”.
Los depredadores sexuales en ambos casos tenían un récord criminal, eran pedófilos y violadores consumados, y aunque recibieron las penas máximas por tales delitos, cinco y nueve años respectivamente, el sistema fue benévolo y las campañas estatales contra la violencia de género no mostraron ni la más mínima empatía con el sufrimiento de las familias.
De otros hechos de violencia machista y abuso sexual dieron cuenta los periodistas independientes Camila Acosta y Jorge Enrique Rodríguez: una adolescente violentada por el copastor de una iglesia metodista del municipio Sandino, en Pinar del Río, quien terminó absuelto; y otra adolescente violada por cinco hombres que pasaban el servicio militar, mientras un sexto miraba y filmaba.
En el caso denunciado por Camila Acosta la investigación duró más de seis meses y el violador estuvo “entre las rejas” solo una semana. La familia de la adolescente ha asegurado que, tras un mes después de ser condenado a siete años de prisión, el abusador permanece en libertad.
Durante el proceso, el abogado del agresor se refería a las niñas como mujeres; la esposa del perpetrador amenazó a las adolescentes; en los comentarios de la publicación puede leerse cómo un grupo de personas culpan a las víctimas.
En el caso denunciado por Jorge Enrique Rodríguez hay muchos más cómplices. Además del que miraba y grababa a los violadores, están los tribunales del Cotorro que liberaron a tres de los delincuentes con el pretexto de la COVID-19; el jefe de instructores de la estación de policías que arguyó que no había transporte para ir tras los abusadores que se habían dado a la fuga; más quienes le advirtieron a la madre de la adolescente que si seguía denunciando iría presa por “contrarrevolucionaria”.
Y es imposible olvidar a las niñas violadas por policías que recibieron condenas irrisorias o a la que en Santiago de Cuba provocó que un barrio entero se tirara a la calle para linchar al violador. En ese caso llegamos a ver, en un interrogatorio filtrado, cómo el policía le preguntaba al agresor por qué no se había decidido por una niña de 14 años en vez de una de nueve.
El factor común a todas estas denuncias es el Ministerio de Justicia de Cuba. La misma institución que no tiene autonomía para tipificar el feminicidio como delito, aun cuando en lo que va de año se reportan más de 15 asesinatos de mujeres, pero que refrenda un Código Penal donde tienen cabida delitos como el desacato y la desobediencia, ambos aplicados con el fin de limitar la libertad de expresión.
Entonces, repito la pregunta inicial: ¿Cómo es que nos asombramos de que el MINJUS se solidarice con Humberto López, el golpeador y difamador televisivo y no con Yeilis Torres Cruz, la activista agredida? No hace falta responder: niñas y adolescentes abusadas, agresores impunes y procesos viciados de machismo y revictimización, ya lo dicen todo.
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