MIAMI, Estados Unidos ― El Congreso de los Diputados rechazó este miércoles, por 170 votos en contra, 163 a favor y 13 abstenciones, una proposición no de ley contra la orden ejecutiva con la que Donald Trump declaró en enero una emergencia nacional con respecto al régimen cubano y abrió la puerta a gravar a los países que suministran petróleo a la Isla.
Los aranceles previstos en esa orden estaban revocados desde el 20 de febrero por decisión del propio presidente estadounidense.
PP, Vox y UPN votaron en contra; PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís, a favor. Los siete diputados de Junts, los cinco del PNV y la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido se abstuvieron, según el registro nominal de la Cámara.
La abstención de Junts y el PNV decidió el resultado: con su voto favorable, la iniciativa habría sumado 175 apoyos frente a 170 rechazos. El registro precisa que el texto se votó en los términos resultantes de incorporar la enmienda del Grupo Socialista. De acuerdo con la agencia Europa Press, esa enmienda eliminó la exigencia de un levantamiento “inmediato, total e incondicional” del embargo que figuraba en la versión original.
La iniciativa, firmada el 10 de febrero por diputados de los grupos Plurinacional Sumar, Republicano y Mixto, se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 20 de febrero, el mismo día en que Trump dio marcha atrás con los aranceles.
En su versión registrada, pedía al Gobierno expresar su “rechazo absoluto” a la emergencia nacional y a las medidas arancelarias de la orden, reafirmar los principios de la Carta de las Naciones Unidas, seguir reclamando el fin “inmediato, total e incondicional” del embargo, liderar en la Unión Europea “una posición firme contra esta nueva agresión a Cuba” y reforzar la cooperación con la isla en los ámbitos energético, alimentario y farmacéutico.
La Orden Ejecutiva 14380 declaró la emergencia nacional al considerar que el Gobierno cubano representa una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, y creó un procedimiento para gravar las importaciones de cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, directa o indirectamente.
La orden no fijaba tasas por sí misma: encargaba al secretario de Comercio identificar a esos proveedores y reservaba al presidente la decisión final. Tres semanas después, la Orden Ejecutiva 14389 dispuso que los aranceles adicionales impuestos al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional en esa y en otras ocho órdenes, entre ellas las dirigidas contra Canadá, México, China, Brasil, Rusia e Irán, “dejarán de estar en vigor”. El mismo texto establece que las emergencias nacionales declaradas en ellas “siguen vigentes”.
Casi siete meses después, el debate del martes todavía giró en torno a la presión económica de Washington. El diputado de Sumar y secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, sostuvo, según difundió Izquierda Unida, que “nadie en este planeta puede creerse que la pequeña isla de las Antillas sea una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de EE.UU.”, y que “no es exagerado hablar de ‘lento genocidio’ o de una ‘Gaza silenciosa’, en palabra de miembros del Congreso de los Estados Unidos”.
La condena al embargo llegó acompañada de reproches a La Habana desde las propias filas del Gobierno. “Rechazamos el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba y defendemos la soberanía de los Estados, el multilateralismo y la resolución pacífica de los conflictos”, afirmó la socialista Rafaela Romero, quien recordó que su grupo defendió la misma posición en febrero en la Comisión de Exteriores. Acto seguido advirtió que “defender al pueblo cubano frente al bloqueo no significa defender al Gobierno cubano frente a sus ciudadanos”.
Romero citó las denuncias de Amnistía Internacional durante 2025 sobre la represión contra activistas, artistas, intelectuales, estudiantes y defensores de los derechos humanos, y sostuvo que “provocar sufrimiento para forzar un cambio de gobierno no es defender la democracia, es más, es indecente, es violento y es humanitariamente repugnante”. Cerró su intervención con unas palabras de la feminista cubana Ileana Álvarez.
La derecha centró sus críticas en lo que la proposición no decía. La diputada popular Belén Hoyo reprochó que el texto no calificara de dictadura al régimen cubano y sostuvo que lo es. El diputado de Vox Andrés Alberto Rodríguez Almeida acusó a Sumar, ERC y BNG de ofrecer, “bajo el falso manto de la paz, la soberanía y el derecho internacional”, un “salvavidas político para la dictadura más longeva y cruel de Hispanoamérica, el régimen comunista cubano”.
“La crisis humanitaria en la isla de Cuba no la provocaron las políticas comerciales de Estados Unidos, la provoca el comunismo que tanto idolatran”, dijo. Tras cargar contra el punto que pedía reforzar la cooperación con la isla, sostuvo que lo que la izquierda pretendía era, “con los impuestos de los trabajadores españoles, ya excesivamente maltratados por este Gobierno, mantener a flote a la cúpula represiva de sus hermanos criminales”.
Las abstenciones también vinieron con reproches al régimen. La diputada del PNV Maribel Vaquero advirtió que “el embargo, por muy denunciable que sea y que lo es, y la crisis económica de la que también es el régimen responsable, no pueden utilizarse para negar las vulneraciones de los derechos civiles y políticos”. Invocó los informes de Amnistía Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre detenciones arbitrarias, torturas y presos políticos, y explicó que la enmienda de su grupo buscaba que la ayuda “llegue a quien lo necesita y no sirva para engordar más a un régimen no democrático y totalitario”, mediante canales humanitarios de suministro “directamente al pueblo cubano y a empresas independientes”. Esa enmienda no se incorporó al texto votado.
Isidre Gavin, de Junts, rechazó las medidas extraterritoriales de Washington, que a su juicio lesionan también los intereses de empresas catalanas presentes en Cuba, y consideró que Trump agrava la situación al interferir en decisiones en las que no debería. Pero atribuyó la pobreza, la miseria y la represión en la Isla, en primer lugar, a que “eso es una dictadura de izquierdas”, y concluyó: “No podemos avalar una iniciativa que utiliza esta cuestión para blanquear la dictadura de Cuba”.
La proposición recordaba que España ha votado reiteradamente a favor de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU contra el embargo. La más reciente, del 29 de octubre de 2025, salió adelante con 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones, en la trigésima tercera ocasión en que la Asamblea reclamó el fin de esa política.
Las proposiciones no de ley no obligan al Gobierno, y el resultado de este miércoles no altera la situación de la orden de enero: los aranceles siguen revocados y la emergencia nacional declarada sobre Cuba sigue en vigor, tal como dejó establecido la Orden Ejecutiva 14389.
