FORT PIERCE, Estados Unidos.- Los equilibrios políticos en Latinoamérica están cambiando. Por suerte, no solo para la región, sino para el mundo. En lo político, la balanza favorece a la centroderecha, lo que se ha ratificado en la reciente reunión de la Organización de Estados Americanos, en la que se concluyó la sesión de debate sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela.
La sesión tuvo lugar gracias a que 20 de los 34 integrantes de la entidad decidieron que se llevara a cabo, ante la propuesta de Venezuela de que se suspendiera.
El pasado 31 de mayo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, activó la Carta Democrática de este organismo para el caso particular de este país; un paso sin precedentes al ser la primera vez que se activa a un estado miembro contra la voluntad de su gobierno.
Durante la sesión los estados miembros participaron de la presentación del informe del secretario general acerca de la crisis social y política en Venezuela, aunque no se sometió a votación para determinar si se prosigue con el proceso de la Carta, que podría llevar a la suspensión de este país del organismo.
Mientras en territorio venezolano continúa la represión y la peor situación económica de su historia, algo que ha llevado al desorden social en las últimas semanas, en las que cientos de ciudadanos han asaltado establecimientos para robar por hambre; hechos desmentidos por su presidente Nicolás Maduro y el diputado Diosdado Cabello, quienes acusan a la oposición de generar estas acciones.
Cientos de venezolanos denunciaron el maltrato recibido por miembros del aparato electoral, militares y chavistas mientras se desarrollaba el proceso de validación de firmas para activar un revocatorio que eliminaría a Maduro del poder. Lo que, unido a los sucesos antes referidos, le confieren protagonismo a Venezuela dentro de Nuestra América; no obstante se destaca sobremanera por su conocida crisis económica y los caprichos de su presidente, Ecuador, el atrasado país andino.
Este último atraviesa una crisis económica que se agrava cada vez más. El presidente Rafael Correa, con su estilo sui géneris que se mueve entre la ironía y la agresión verbal, ha pretendido pasar solapadamente esta indefinida etapa, que podría ser lo mismo una recesión que una desaceleración de su economía. La realidad es que el Gobierno no renueva contratos de personal, se endeuda cada vez más e intenta sacar de donde no tiene.
Con amplias reducciones de nóminas, las empresas bajan sus ventas y caen sus utilidades, lo que ha originado un elevado nivel de desempleo en un país donde todos se explotan en un intento de supervivencia en lo que se ha llamado “la grave enfermedad de la economía”, algo que se demuestra con el decrecimiento interanual de 0,8% durante el tercer trimestre de 2015, con estimaciones muy desfavorables para este 2016.
Se insiste en la caída del precio del petróleo como elemento desencadenante. No obstante, muchos se inclinan por la idea de una vulnerabilidad del modelo económico que ha impulsado la revolución ciudadana, conducida por un economista que ha llevado al país al abismo.
En medio de la incertidumbre comienzan los preparativos para las elecciones en febrero de 2017, con un presupuesto de 131 millones de dólares para los comicios. Correa no participará en las elecciones, y su partido, Alianza País, no ha elegido ningún candidato. El mandatario piensa abandonar el poder dejando tras sí devastación, no solo por el efecto de los sismos, sino por la ineptitud de su mandato. Lasso o Bucaram, representantes del CREO y del Fuerza Ecuador, respectivamente, tendrán que asumir la herencia de la revolución ciudadana como paradigma fracasado del Socialismo del siglo XXI.
En Suramérica es noticia también Colombia, la que se presenta ante el mundo con un acuerdo de paz a partir del cese al fuego y el desarme definitivo de sus Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), alcanzado el 23 de junio en La Habana, lo que marca el comienzo de una nueva etapa, en un país donde el conflicto político ha durado por más de medio siglo. Al acuerdo inicial de La Habana le seguirá un período de conversaciones y la firma del documento final previsto para el próximo mes. Estas acciones dan inicio a una reconciliación nacional, que incluye medidas radicales relacionadas con las sentencias para los responsables de los crímenes durante estos años.
Permanece casi en el silencio –pero no por eso olvidado– Panamá, cuyo gobierno presidido por Juan Carlos Varela, con solo dos años de actividad, ha tenido que renovar su gabinete de trabajo, lo que trajo consigo cambios en varios de sus ministros. De manera anticipada el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, presentó su renuncia. Según datos de abril del presente año, solo el 46% de la población panameña acepta la labor de gestión presidencial, siendo las áreas más vulnerables de su actual mandato la seguridad social, el desarrollo pecuario, la canasta básica y la salud.
No obstante, en materia de derechos humanos y de establecimiento de relaciones entre los países centroamericanos, la labor del presidente Varela ha sido meritoria. A su gestión se debe la solución de dos grandes conflictos migratorios, devenidos en crisis humanitarias, ambas protagonizadas por cubanos.
De forma general, Latinoamérica experimenta cambios medulares que deberán traer un nuevo orden político y social. Recordemos la reciente destitución de Dilma Rousseff por el Senado de Brasil, la derrota de Evo Morales en Bolivia luego del referendo por su cuarto mandato, el radiante triunfo de Mauricio Macri en Argentina y, en días pasados, del centroderechista Pedro Pablo Kuczynski en Perú.
Los casos de Cuba y Nicaragua van quedando aislados y fuera del contexto actual de Nuestra América. Ambos merecen ser tratados en futuros escritos. Lamentablemente, Daniel Ortega ha resultado ser el candidato del Frente Sandinista y de la Alianza Nicaragua Triunfa para las próximas elecciones, una vez que consiguiera la elección indefinida. Cuba permanece detenida en el tiempo, pero en la espera de grandes transformaciones que no podrán dilatarse mucho más en el tiempo.
