FORT PIERCE, Estados Unidos.- El pasado 12 de diciembre, en una ceremonia en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno, Rafael Correa, presidente de Ecuador, recibió la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia por parte de la Fundación Carlos III, lo que le convierte en el primer gobernante iberoamericano en tener dicho reconocimiento.
Arkel Benítez, secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, expresó que para la organización es un honor reconocer los méritos de Correa en el campo judicial. De igual forma se refirió a la transformación de Ecuador en materia de seguridad y justicia, a su sistema modernizado, a la rehabilitación penitenciaria, la reducción de la tasa de homicidios y la priorización de la reinserción social de los privados de la libertad.
Pero si de justicia se trata, hemos de considerar que esta no puede quedar limitada a lo jurídico y a los planes de rehabilitación penitenciaria, sino que su concepción debe ser mucho más abarcadora e incluir la justicia social. Surge entonces la inquietud respecto a las recientes acciones de Rafael Correa contra sus propias Fuerzas Armadas y su gabinete de gobierno en contraposición a lo que se entiende por justicia.
El mandatario ha dispuesto un cese parcial que involucra a varios de los militares de más alto rango dentro de las Fuerzas Armadas, lo que ha provocado una protesta generalizada en el Círculo Militar, al norte de Guayaquil, donde un grupo de militares en servicio pasivo exigió al presidente estabilidad en el mando de las Fuerzas Armadas.
Recientemente el mandatario dejó cesantes de sus funciones a varios miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Marina, y de la Fuerza Aérea de Ecuador. Con estas decisiones es la tercera vez en el año que Rafael Correa decreta cambios en la cúpula militar por fricciones mantenidas contra su propio ejército durante todo su mandato.
Los injustos cambios y destituciones no se limitan a la esfera militar, sino que abarca a su gabinete de trabajo. A solo unos meses de su salida del poder y previo a su viaje a La Habana por la muerte del dictador Fidel Castro, el presidente pidió la renuncia a todo su gabinete de ministros, hechos que al parecer no se han tenido en cuenta para otorgarle la Orden de Justicia.
Las mayores muestras de injusticia tienen lugar a solo unas horas de que Correa recibiera la distinción. Se trata de la militarización de territorios de la Shuar, pertenecientes por derecho a comunidades indígenas de la región de la Amazonía, en el oriente del país. La reciente invasión a estos territorios por parte de la trasnacional minera china Explorcobres, es responsabilidad del gobierno ecuatoriano que encabeza Rafael Correa, según han declarado los líderes de la comunidad, quienes consideran que el gobierno ha perdido la capacidad de escuchar y resolver los conflictos. De igual forma se han pronunciado por la retirada de las tropas militares de la región. Los enfrentamientos del pasado miércoles han provocado la muerte de dos policías y varios heridos, a lo que ha respondido el mandatario con el refuerzo policial y la presencia de tanques de guerra.
Pero lo que resulta inadmisible es que Antonio Sánchez, vicepresidente de la Fundación Carlos III, declarara que Ecuador es uno de los países más avanzados de Latinoamérica, e insistiera en un sostenido crecimiento económico de la nación. “Desde España, podemos constatar que Ecuador se encuentra en un punto de inflexión para pasar de ser un país receptor de cooperación, a convertirse en un país transferente de conocimiento”, expresó, lo que demuestra su desconocimiento de la real situación social, económica y política de Ecuador.
Actualmente, a los tradicionales indicadores para medir el desarrollo económico de las naciones, se agrega un nuevo concepto en correspondencia con los avances de estos tiempos. Se trata del IDSE (Índice de Desarrollo Socioeconómico), que mide el grado de desarrollo de sociedades y territorios considerando variables alternativas como el número de usuarios de redes sociales, el bienestar ambiental, la felicidad, el costo de la vida, la exportación de productos de alta tecnología, entre otros aspectos.
En este sentido, no es posible que naciones que tienen elevados índices de analfabetismo, a pesar de las cifras que han pretendido dar al mundo y contradicen la realidad, puedan mostrar altos niveles de usuarios en las redes. Por otra parte los conceptos de felicidad y bienestar ambiental son relativos y pueden verse desde ópticas diferentes en unas y otras naciones. Dentro del índice de desarrollo humano se incluye la alfabetización y el nivel de vida digno, aspectos que no se pueden tomar como referencia en países como Ecuador.
No es posible hablar de desarrollo económico de una nación que no puede garantizar el bienestar económico y social de sus habitantes al no ser capaz de haber generado una riqueza necesaria para estos fines.
De acuerdo a los datos de 2015 de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo e Indicadores de Pobreza y Desigualdad, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 23,28%, cifra que es mayor según otras fuentes, llegando a ocupar la cifra de 39,33% en el área rural, y la pobreza extrema en 8,45%, ubicándose 17,03% en el área rural, siendo solo superado por Bolivia y Paraguay en Suramérica, y por algunos países centroamericanos como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala en Latinoamérica, lo que unido al alto nivel de desempleo, a su elevada tasa de mortalidad infantil y a sus deficitarios sistemas educacional y de salud, contradicen las afirmaciones del vicepresidente de la Fundación Carlos III.
Dejando atrás las cifras, las que con frecuencia pueden ser manipuladas por el oficialismo, hemos de admitir que en Ecuador —y no me refiero a sus zonas intrincadas en las selvas de la Amazonía del oriente del país las que he visitado y he podido comprobar su pobreza, sino a Quito, su capital— hay un marcado contraste que va desde la aparente riqueza de unos hasta la extrema pobreza de otros.
Los niños limpian zapatos en las plazas, venden flores en las calles, están expuestos a accidentes al permanecer gran parte del día abandonados en las avenidas mientras sus padres intentan vender frutos, flores y jugos para el sustento del día. También viajan de pueblo en pueblo acompañando a sus padres en las ferias, vendiendo hortalizas, frutas y huevos. En Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, hay sectores de su población marginada que vive en chozas puestas directamente sobre las aguas de sus ríos.
Es cierto que han logrado disminuir el nivel de homicidios, que hace solo unos años era alarmante y hoy su tasa se encuentra en 6,4, según datos del Ministerio del Interior. No obstante, los asaltos, robos, agresiones, maltrato infantil y a la mujer, así como la drogadicción, muestran elevados índices.
Al interrogar a un grupo de cubanos residentes en Ecuador, la mayoría muy al tanto del acontecer político del país, ninguno sabía acerca del acontecimiento. Tal vez el escándalo de corrupción de Petroecuador, la más importante petrolera del país, las protestas de las Fuerzas Armadas y la preparación de un fraude electoral para los comicios de febrero, ocupan la atención de todos.
De cualquier modo, conferir una distinción de esta naturaleza debe ser muy bien pensado. Por premios y condecoraciones no podemos guiarnos. Stalin, Honecker, Brézhnev, Castro y Chávez fueron muy premiados y distinguidos, y muy pocos ponen en duda su condición de dictadores, así que una Orden de Justicia dada a un prepotente dictador que violenta los derechos mínimos de sus ciudadanos, burla las leyes de la justicia social, y mantiene a un país inmerso en la pobreza, no ha de asombrarnos.