LA HABANA, Cuba.- En los últimos doce años, luego de heredar el poder de manos de Fidel, Raúl Castro tuvo la oportunidad de pasar a la historia por sacar a Cuba del callejón sin salida. O al menos de no entorpecer aun más el acceso a la angosta portezuela de escape. Era lo que indicaba el sentido común. Pero desperdició esa oportunidad, y en contra de toda lógica, decidió salvar, o mejor, mantener como pudo, haciendo malabares, los ripios que quedaban de algo que no tenía salvación. Así, lo que ha hecho es chapoletear en el desastre.

Cabía esperar que el general de ejército utilizara las cualidades de buen administrador que demostró en el principado guerrillero de la Sierra de Cristal y luego en el llamado “perfeccionamiento empresarial de las FAR”. Pero, en vez de los cambios estructurales y las reformas de calado que requería la economía nacional —ni hablar de libertades políticas, sería pedirle demasiado—, el general de ejército recurrió a los parches y los remiendos de unos Lineamientos y un plan de desarrollo a largo plazo, que por su lentitud y sus zigzagueos, siempre en reversa, recuerdan el cuento de la buena pipa.

Las reformas raulistas, o “perfeccionamiento del modelo económico”, como prefieren oficial y eufemísticamente llamarlas, han beneficiado a una minoría, en detrimento de los menos beneficiados de la sociedad. Aun así, las autoridades insisten en trabar el trabajo por cuenta propia y de los cooperativistas y en condenar a perpetuidad a la pobreza al cubano de a pie al impedirle la acumulación de propiedades y riquezas.

Raúl Castro, como gobernante, se vio atrapado, más que por sus propios temores y aprensiones, primero por las continuas interferencias del Máximo Líder, que no dejó de serlo durante su convalescencia de más de diez años, y luego de su muerte, por el sector más inmovilista del régimen, a quien no quiso contrariar. Adicionalmente, no se decidió a desembarazarse de la burocracia corrupta que no dejó de poner zancadillas a los cambios, por tímidos que fueran, para no ver perjudicados sus intereses.

Ahora, como primer secretario del Partido Comunista luego que legó la presidencia al sucesor que designó, al frente de la comisión que se encargará de la reforma constitucional, todo indica que Raúl Castro volverá a desperdiciar la oportunidad de utilizar sus facultades en hacer algo verdaderamente trascendente y beneficioso para el futuro del país.

Ni soñar con una constitución enmendada que posibilite un tránsito hacia un poco más de democracia. Nada de eso. Tanto el general de ejército como su heredero, Miguel Díaz-Canel, han anunciado que en la constitución más que enmendada, remendada que resultará, el Partido Comunista, como plantea el artículo 5 de la constitución, seguirá siendo “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del estado”. Y a pesar de que la modificación constitucional de 1992 podó algo de la asfixiante retórica marxista-leninista anterior, también han advertido que  se mantendrá irrevocable el socialismo, congelado como un pescado de repulsivas escamas y feos ojos saltones en la nevera, intocable para los maniatados parlamentarios de las legislaturas del futuro.

Así, lo que harán el general y sus corifeos partidistas es minar el camino, aún más, a una eventual transición a la democracia.

Más allá de un necesario acortamiento del extenso preámbulo, poco se puede esperar que salga de la constitución reformada. Si acaso, y siendo optimistas, para ampliar un poquito, solo un poquito, la reforma económica, hará legal lo que se ordenó por decretos-leyes, variará la palabrería sobre los medios fundamentales de producción, la propiedad privada y “la supresión de la explotación del hombre por el hombre”, retocará el maquillaje de la Ley Electoral, ampliará los poderes de los gobiernos provinciales, simulará dar más autonomía a las llamadas “organizaciones de masas” para hacerlas pasar por “sociedad civil”, y ante el creciente envejecimiento poblacional, para no quedarse sin mano de obra, es probable que eleven la edad para jubilarse.

Posiblemente creen el cargo de primer ministro, sustituyendo la caricatura presidencialista por una parlamentaria, pero de mansas unanimidades y sin majaderías revocatorias o impertinentes interpelaciones.

Tal vez flexibilicen un poco el artículo 62, para que los ciudadanos tengan algo más de derecho a lo poco que no está prohibido o es obligatorio. Va y hasta aceptan la doble ciudadanía, y para complacer a Mariela Castro, no por otras consideraciones, el matrimonio igualitario…

En cambio, y a juzgar por como van las cosas, entre tantas cero tolerancias que anuncia el adusto mandarinato, puede que decidan legislaciones represivas adicionales en función de acabar definitivamente con “la subversión” y aprieten todavía más las tuercas a la oposición que subsiste precaria y tan tozudamente como el régimen, y a la que siguen calificando —incluso a la que pudiera considerarse como una oposición leal— como “mercenarios al servicio del gobierno norteamericano”.

Tanto como se ha hablado de una ley de medios de prensa, las perspectivas parecen malas para los periodistas independientes. La agresividad en contra de los comunicadores alternativos va en aumento. Lo confirman los frecuentes arrestos arbitrarios de colegas y el reciente allanamiento por la Seguridad del Estado de la sede de la Asociación Pro Libertad de Prensa y la confiscación de todos sus medios de trabajo. ¿Vendrá luego Primavera Digital, 14ymedio, Convivencia, ICLEP? ¿Será una nueva primavera negra, el comienzo de la solución final?

Sé que muchos me reprocharán por escéptico y pesimista. Lo siento. Qué más quisiera, por el bien de todos, absolutamente de todos, que estar equivocado y que resulte algo positivo del remiendo constitucional. Ojalá, pero lo dudo…

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La renegociación de la deuda externa y sus consecuencias

“Los acuerdos con el Club de París no solo fueron excepcionales por lo que se hizo del lado de allá, también fueron excepcionales por los beneficios, presentes y futuros, que reciben del lado de acá”, afirma una fuente del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba que ha pedido que ocultemos su identidad por razones de seguridad.

Beneficios que, según este alto funcionario, se traducen en opciones de preferencia y consenso intergubernamental en las licitaciones, incluso en caso de que cesara el embargo económico de los Estados Unidos, mayor flexibilidad en los contratos de administración e incluso en la contratación de “personal especializado o no especializado no cubano” (aspecto no contemplado en la Constitución), pero además, y quizás lo más importante, en la relajación en cuanto a los asuntos de sostenibilidad y conservación del medio ambiente, sobre todo en el uso de los acuíferos y en el empleo de materiales constructivos sobre los cuales existen alertas de la Organización Mundial de la Salud o son prohibidos bajo las normativas de la Unión Europea.

“Uno de los obstáculos mayores para la aprobación de los contratos de algunos campos de golf, como el de Caibarién o los de la zona norte de La Habana, por ejemplo, fue lograr la aprobación del CITMA (entidad gubernamental cubana que atiende Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente) y sobre todo de (Instituto de) Recursos Hidráulicos”, asegura, en condición de anonimato, un ex funcionario de la Cámara de Comercio de Cuba que además agrega:

“La mayor presión vino de Recursos Hidráulicos, tanto para los campos (de golf) como para las inmobiliarias (…), en condiciones de sequía los especialistas no pueden, por ley, aprobar contratos que representen un alto consumo y eso se paralizó con el consecuente gasto financiero y los empresarios amenazaron con retirarse (…) ahí fue cuando el propio Raúl llamó y dijo que había que aprobarlo, trajeron a Inés María Chapman (actual vicepresidenta del Consejo de Estado) y se arregló todo (…) y nadie dijo nada. (…) Hubo gente que se fue o que las obligaron a irse pero no pasó nada (…). Lo mismo en los cayos (cayería norte de Cuba, uno de los principales polos turísticos de la isla). Antes, para aprobar una laguna de oxidación era gran papeleo con el CITMA y para llevar agua también, pero ya eso es normal, no existe el obstáculo, incluso se creó una oficina para atender esas cosas”, asegura la fuente.

Los datos emitidos por el propio Instituto de Recursos Hidráulicos evidencian un retroceso en cuanto a los parámetros de acceso al agua potable y al saneamiento por parte de la población, sobre todo la rural. Cifras que, posiblemente, sean muy superiores a las que aparecen en los reportes públicos, no obstante, las que existen no dejan de ser preocupantes.

Si a la llegada de Raúl Castro en 2006, el porciento de población sin acceso al agua potable era de 3,7 % en las áreas urbanas y de 22,3 % en las zonas rurales, e incluso hubo un descenso entre 2007 y 2009, es precisamente durante el trienio siguiente, en que comienzan los ajustes económicos y las “terapias de choque”, que la cifra alcanza el record de 24,4 % para 2010 en lo rural al mismo tiempo que en las ciudades comienza de nuevo a deteriorarse el problema del acceso al agua, de modo que en la actualidad se estiman porcientos de 4,1 a 27,3, según cifras del 2017 aún no publicadas por la ONEI.

Un ritmo similar se refleja en los datos sobre la población sin acceso a saneamiento, es decir, sin baños, letrinas ni alcantarillados. De un 2,1 % (urbano) y un 10,5 % (rural) en el año 2006, la estadística (quizás manipulada) se elevó a 2,4 % (urbano) y 17,1 (rural) en el período 2009-2011, siendo hoy de 4,3 (urbano) y 23,6 (rural), según balance no publicado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos del primer semestre de 2017.

Con la concreción de nuevos pactos en 2012 y 2013 para el reajuste de las deudas con el Club de Paris, con Rusia, China, Japón y México, entre otros, los “beneficios” se tradujeron de inmediato en una agudización del empobrecimiento, una situación que vino a complicarse con la carrera contra reloj por eliminar la dualidad monetaria, condición indispensable para el fomento de la inversión extranjera, así como la imperiosidad de retener la divisa en los bancos cubanos con vistas a una posible eliminación del embargo tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

Militares, por encima del bien y del mal

Como se observa en las estadísticas, la oleada de recortes al presupuesto estatal en lo relacionado con la vivienda, el bienestar social, los subsidios a la producción y a los productos de primera necesidad, incluso a la investigación científica, no alcanzó a afectar las cantidades destinadas a los asuntos militares que, por el contrario, gozaron de un incremento, de modo que ha terminado por absorber el 50 % del total de lo asignado al conjunto ya mencionado.

El ritmo de gastos en las Fuerzas Armadas lejos de disminuir, con posterioridad a los planes de reducción de personal y licenciamiento de altos y medianos oficiales con la finalidad de transformarlos en directivos empresariales, ha ido en aumento vertiginoso hasta duplicarse la cantidad entre 2006 y 2011, aun cuando se estima que actualmente solo queda poco más de la mitad de los efectivos que existían en 2008 y los gastos en la adquisición de nuevo armamento es nada significativo, de acuerdo con los datos internacionales sobre este tipo de comercio.

Aun así, las Fuerzas Armadas son señaladas dentro de la isla y por el propio gobierno como uno de los más altos consumidores de las reservas estatales y aunque no fueron aludidas directamente como causantes de un retroceso en las cuestiones de la deuda externa, se intuye que son ese sujeto severamente advertido por Raúl Castro en su última intervención frente a la Asamblea Nacional en abril de este año, por la responsabilidad en el uso de las reservas de petróleo. Una deuda aún por reponer que pudiera ser la causante de que, en los próximos meses, varios altos oficiales sean cesados en sus puestos.

Varios funcionarios de la Unidad de Construcciones Militares, consultados por Cubanet con respecto al incremento de gastos en las Fuerzas Armadas durante los últimos diez años, coinciden en afirmar que, al menos entre 2016 y 2018, los gastos anuales de combustible y en importación de equipos y materiales para la construcción superaron los mil 600 millones de dólares, una cifra que casi duplica lo aprobado en el plan anual de ejecución del presupuesto para tales cuestiones, por lo que han tenido que acudir al uso de las reservas estatales, con lo cual se han visto afectados, entre otros asuntos, los planes de vivienda y de subsidios a la producción industrial y a productos de primera necesidad, así como el bienestar social.

Desde que Raúl Castro asumiera el control total del país, las Fuerzas Armadas no solo han absorbido el grueso de la economía cubana sino que, debido a su carácter autónomo, al margen de la Cámara de Comercio, la Banca Nacional y las instituciones tributarias, con sus propios mecanismos de auditorías y sus privilegios como entidad con capacidad de importación y exportación, han sido un feudo cerrado y útil para poder ejecutar todo tipo de acciones y experimentos económicos y financieros que pudieran entrar en contradicción con los presupuestos ideológicos de un sistema político opuesto, aunque solo sea en teoría, a los mecanismos más brutales del sistema capitalista.

(Segunda parte de un reportaje investigativo realizado por periodistas de CubaNet. La primera parte aquí)

LA HABANA, Cuba.- Aunque en algunos medios periodísticos, académicos y diplomáticos se alude a los cambios realizados por Raúl Castro entre 2006 y 2018, sobre todo aquellos que en los terrenos políticos y económicos suponen un avance con respecto al período en que Fidel Castro era la principal figura en el poder, pocas veces se expresa con cifras aquellos elementos que demuestren si tal aparente evolución se traduce en mejoras en los aspectos sociales y humanos, algo que pareciera no importar a algunas personas pero que resultaría esencial para sostener o cuestionar el discurso político de un régimen de corte populista que se proclama socialista y revolucionario.

La ausencia de análisis estadísticos que sirvan de soporte a cualquier afirmación, positiva o negativa, sobre una gestión de gobierno que abarcó una década, más que a una falta de voluntad para estudiar el fenómeno se debe al difícil acceso a las fuentes de información, así como a la poca credibilidad de los documentos y cifras emitidos o liberados por las instituciones de gobierno en la isla, conocidas por manipular datos e inflar cifras con el fin de proyectar una imagen de estabilidad hacia el exterior.

Además de la falta de una ley de transparencia y de acceso a la información, la criminalización de la práctica de la investigación independiente así como la desactualización de la información, incluso en la Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI), dificultan pero no tornan imposible cualquier ejercicio que tenga por fin trazar un esquema lo más exacto posible, verídico, contrastable, de lo que realmente está sucediendo o ha sucedido en la última década en Cuba.

Lo que se dice y lo que se esconde

Los medios de prensa oficialistas en la isla no son de mucha utilidad a la hora de obtener cifras, aunque en ocasiones, ya por lapsus, ya por indiscreción, ya porque logren escapar a la censura, salen a la luz elementos que pueden dar una idea de cuánta información es ocultada a los ciudadanos.

Solo un ejemplo. Durante la emisión del noticiero estelar de la Televisión Cubana, la noche del 8 de febrero de este año, la cámara captó, por unos segundos, el contenido de un documento sobre las “tareas” de recuperación posterior al paso del huracán Irma.

Mientras los periodistas narraban con entusiasmo el avance en la reconstrucción de las viviendas dañadas en las provincias orientales, una imagen de apenas dos segundos se detuvo en los papeles que el General Jefe de la Región Militar revisaba y cuyos datos mostraban un panorama diferente al descrito por los locutores del programa televisivo.

Tal como se leía en la última línea del impreso, de un plan de reconstrucción de 5 676 viviendas parcialmente destruidas por el meteoro, apenas para el 31 de enero de 2018 se había recuperado 477, para un 8.4 % del total.

Los otros datos visibles en el papel solo afirmaban lo ridículo del triunfalismo de la otra información que, a la par, llegaba a un televidente humanamente incapaz de congelar una imagen visual que apenas percibe y que solo se hubiera revelado en un análisis cuadro por cuadro de la grabación.

El ejemplo anterior también pudiera ser representativo de lo que ha sucedido durante los 10-12 años en que Raúl Castro encabezara el poder político en Cuba de manera absoluta, puesto que aún continúa al frente del Partido Comunista: hay viviendas destruidas, hay ciudadanos a la espera de ayuda estatal y, sobre todo, hay un jefe militar que aparenta estar preocupado y al que los demás dirigentes rinden cuentas de la situación.

Estos tres componentes del reportaje aludido describen bien un macroescenario que concuerda con las estadísticas alarmantes que la propia ONEI maneja o que otros organismos de la administración central del Estado custodian y retienen celosamente.

Presupuesto militar vs. vivienda y seguridad social

Aunque se habla del protagonismo que han alcanzado las Fuerzas Armadas y sobre todo su aparato económico a partir del 2006, y con más ímpetu en 2008 cuando oficialmente Fidel Castro traspasa el poder a su hermano Raúl, pocas veces se tiene una visión numérica de cómo esto pudo haber impactado de modo negativo en lo social y económico.

Enfrentadas a las imágenes de prosperidad que proyectan las construcciones de hoteles lujosos, campos de golf, dársenas y megapuertos están aquellas otras escenas deplorables de casas arrasadas por los ciclones o por el paso del tiempo, de tiendas desabastecidas, farmacias sin medicamentos y ciudadanos a la espera de recursos para reparar las viviendas, acceso a agua potable, aumentos salariales o mejoras en unos servicios médicos cada vez más deteriorados.

A pesar de las posibles manipulaciones por parte del gobierno cubano, las cifras publicadas desde 2006 a 2014 por la ONEI muestran el empeoramiento de un panorama en el que disminuye la ejecución del presupuesto estatal para los programas de la vivienda a la vez que aumentan considerablemente los gastos para la “Defensa y el Orden Interior”. Sin mencionar que también es muy notable que desde la llegada de Raúl Castro al poder en 2008 muchos de los datos sobre daños a las vivienda por los efectos de huracanes y demás fenómenos naturales sencillamente no son actualizados en los balances públicos de la ONEI.

Mientras que la ejecución del presupuesto estatal para la Defensa y el Orden Interior (Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior) aumentó de 1701,9 millones de pesos, en 2006, a 2546,3 millones en 2016, el mismo indicador decayó notablemente para la Vivienda y los servicios comunales, así como para los asuntos de Bienestar (asistencia social).

Si en 2006 la cifra de gastos para la vivienda (1468,7 millones de pesos) era muy similar a la de gastos militares en el mismo año, ya para 2011, a pesar de coincidir con un período donde el Producto Interno Bruto (PIB) mostró un considerable crecimiento, a la par del aumento de las reservas de divisas así como los ingresos por la re-exportación de crudo proveniente de Venezuela, la ejecución del presupuesto para la Defensa duplicó el monto hasta los 2244,4 millones de pesos, en la misma medida que los gastos en vivienda se redujeron a solo 1232,1 millones de pesos.

Una desproporción que se vuelve preocupante tan solo por ser Cuba un país en crisis, no amenazado militarmente y donde el mantenimiento de un ejército es un verdadero lastre para una realidad económica donde el problema de la vivienda se cuenta entre los más críticos del mundo, con más de la mitad del fondo habitacional parcial o totalmente dañado.

De igual modo, los gastos en Bienestar (asistencia social) que aunque en 2006 estaban solo 1.4 por debajo de lo empleado en Defensa y Orden Interior, para 2011 se habían reducido a solo 366,5 millones de pesos y ya para 2016 continuaba en descenso y apenas alcanzaba los 300 millones, es decir, casi 8 veces inferior a la ejecución del presupuesto militar, según cifras manejadas extraoficialmente.

La lectura de los datos publicados por el propio gobierno, aunque a simple vista muestran estabilidad e incluso incremento en los presupuestos asignados a la salud y educación, al contrastarlo con otros indicadores económicos revelan que, en comparación con el crecimiento del Producto Interno Bruto y lo invertido en Defensa y Orden Interior, ambos parámetros enarbolados como estandartes del régimen han sido ligeramente desfavorecidos, en el preciso momento en que comienza a diseñarse y ejecutarse el Plan de Desarrollo hacia el 2030 impuesto por el Partido Comunista.

El trienio 2009-2011

Con respecto a este tema, es significativo el corto período que abarca los años 2009 al 2011, precisamente en el comienzo de la gestión de Raúl Castro y donde arranca la primera gran oleada de “ajustes” que favorecen la esfera militar en detrimento de los subsidios y programas sociales para los menos favorecidos. Una breve etapa marcada por el rápido ascenso de la tasa inflacionaria, que parecía venir decreciendo desde 2005 para dispararse precisamente en 2009, junto con el desplome de la tasa de crecimiento de la producción industrial y el aumento de la deuda externa.

Sin embargo, aunque indicadores como la exportación de petróleo alcanzó cifras considerables (hasta llegar a los 60 mil barriles diarios en 2011 y los 83 mil barriles en 2012), incluso se elevaron de modo forzado las reservas de divisas, hubo aumento en las exportaciones y se registraron incrementos en el PIB, los gastos en salud se contrajeron de un 11,8 % del PIB en 2009 hasta un 10 % en 2011, manteniéndose el mismo ritmo decreciente hasta el 2016 con un 9,3 %.

El trienio en cuestión fue una etapa de significativo crecimiento económico impulsado fundamentalmente por los acuerdos comerciales con Venezuela y la creación de empresas conjuntas, inscriptas en Panamá y Curazao, para la refinación y trasiego de hidrocarburos, además por el impulso a la comercialización de servicios médicos bajo condiciones de explotación laboral de los recursos humanos y otros elementos como el turismo y la industria minera.

Una etapa algo “próspera” en la que, paradójicamente, comienza a agudizarse aún más el desabastecimiento en las redes de comercio interior, a desplomarse la calidad en los servicios médicos y educativos en tanto aumentó el flujo migratorio hasta desatar una crisis muy similar a la del Mariel, por citar solo tres de las señales más claras de la depauperación interna.

También un período que, tras un llamado a la austeridad económica y al freno a las importaciones, bajo la promesa de no aplicar “terapias de choque”, no por casualidad coincide con el comienzo de las renegociaciones de la deuda externa cubana con los principales acreedores quienes, tras acciones en apariencias benevolentes, ejercerán mayor presión sobre el gobierno cubano y estos sobre los ciudadanos más pobres.

(Primera parte de un reportaje investigativo realizado por periodistas de CubaNet. La segunda parte aquí)

LA HABANA, Cuba.- Raúl Castro, reconoció hoy que a pesar del “complejo” camino transitado desde la aprobación de las reformas económicas y sociales impulsadas durante su Gobierno, pensó que “a estas alturas” se habría “avanzado más” en su aplicación.

“Pensábamos que a estas alturas habríamos avanzado más, que ya tendríamos, si no resueltos los problemas, bien organizado todo, bien planificado y en proceso de ejecución, con diferentes grados de desarrollo”, dijo Castro en el cierre de la sesión del Parlamento unicameral cubano que ratificó a su sucesor, Miguel Díaz-Canel.

El primer secretario del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único) mencionó la actual dualidad monetaria y cambiaria del país como uno de los retos cuya terminación “continúa dando serios dolores de cabeza” al Gobierno, y manifestó la intención de la isla de continuar impulsando el sector privado.

Insistió en que no renuncian a la ampliación de la modalidad de “trabajo por cuenta propia”, que “lejos de significar un proceso de privatización neoliberal de la propiedad social, permitirá al Estado desprenderse de la administración de actividades no estratégicas”.

Agregó que proseguirán “el experimento de las cooperativas no agropecuarias”, una de las modalidades de trabajo no estatal más extendidas.

“En ambas direcciones se han logrado resultados nada despreciables pero que pusieron en evidencia errores en su atención, control y seguimiento que favorecieron el surgimiento de no pocas manifestaciones de indisciplinas, evasión de obligaciones tributarias, en un país donde apenas se pagaban impuestos”, señaló.

Estas “ilegalidades y violaciones de las normas en aras de un acelerado enriquecimiento personal”, no fueron enfrentadas oportunamente, lo cual “conllevó a la necesidad de modificar varias regulaciones”.

La reorganización del sector privado de la isla, que emplea a un poco más de 500 mil cubanos, comenzó en agosto pasado con la aplicación de nuevas disposiciones, entre ellas la paralización temporal de la entrega de nuevas licencias, vigente hasta hoy.

El octogenario dictador también mencionó las demoras en la “reforma salarial y de pensiones, así como la supresión de gratuidades indebidas y subsidios generalizados a productos y servicios, en lugar de a las personas sin otro sostén”.

“Nunca nos hicimos ilusiones que sería un camino corto y fácil. Sabíamos que iniciábamos un proceso de enorme complejidad, que por su alcance abarcaba todos los elementos de la sociedad y requería vencer el obstáculo colosal de una mentalidad cimentada en décadas de paternalismo con secuelas significativas en el funcionamiento de la economía nacional”, aseguró.

Castro también admitió atrasos en la reforma de la Constitución, cuyo proceso comenzará en julio próximo, durante la primera sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Parlamento unicameral) según anunció en su discurso.

El veterano general de 86 años atribuyó la demora y los errores “al ánimo de avanzar más rápido, que a la capacidad de hacer las cosas bien”, lo que “dejó espacio a la improvisación” y la ingenuidad “sobre los riesgos asociados a la aplicación de varias medidas que además no tuvieron la conducción, control y seguimiento adecuados”.

En su extensa alocución, Raúl Castro reiteró que este “proceso de cambio en el modelo económico y social, bajo cualquier circunstancia, no podría significar la aplicación de terapias de choque contra los mas necesitados, que por lo general son los que mas firmemente apoyan a la revolución socialista”.

“Considero que hemos aprendido importantes lecciones de los errores cometidos en el periodo transcurrido y la experiencia acumulada nos permitirá continuar a paso más seguro y firme, con los pies y los oídos bien pegados a la tierra y así evitar retrocesos inconvenientes”, enfatizó.

Ante las “actuales tensiones” financieras “no queda otra alternativa que planificar bien y con base segura. Ahorrar y suprimir todo gasto no imprescindible”, indicó el exgobernante, que todavía quedará al mando del Partido Comunista hasta 2021 para ayudar a un transición “efectiva” en el país.

En referencia al difícil “periodo especial”, la grave crisis en que quedó sumida la isla tras la retirada de los subsidios que recibía de la extinta Unión Soviética, aseguró que Cuba hoy no está “en una situación dramática”.

“El escenario ahora es muy diferente, contamos con base sólida para que esas circunstancias no se repitan. Nuestra economía se ha diversificado algo y crece, pero el deber de los revolucionarios es prepararse para la peor de las variantes, no para la más cómoda”, agregó.

(EFE)

LA HABANA, Cuba.- Cuando el próximo 19 de abril se despeje finalmente la incógnita sobre quién será desde ese día, y por un período máximo de diez años, el nuevo Presidente (no electo por el pueblo) de Cuba, probablemente sus cofrades no sabrán a ciencia cierta si felicitarlo o darle el pésame.

El mandatario de estreno no solo estará heredando ese viejo cadáver insepulto que tozudamente insisten en llamar “revolución cubana”, sino que tendrá ante sí la colosal tarea de prolongar –teóricamente ad infinitum– las exequias de tan longeva momia, y hacerlo, además, bajo las rígidas pautas (dizque “Lineamientos”) dictadas por el gobernante saliente.

Al menos esto es lo que se traduce de las mínimas informaciones publicadas por el monopolio de prensa oficial sobre el V Pleno del Partido Comunista de Cuba (PCC), en cuyo marco –que abarcó dos jornadas de “intenso trabajo”– fueron analizados “importantes temas de la actualización del modelo económico y social cubano”, como el proyecto de “Política de la Vivienda en Cuba” y “un informe aprobado por el Buró Político acerca de los estudios que se vienen realizando para una futura reforma de la Constitución”. Esta última ratificará “el carácter irrevocable de nuestro socialismo y el papel dirigente del Partido en la sociedad cubana”.

Dicho esto, y habida cuenta que hasta el próximo Congreso del PCC –a celebrarse en 2021– el general Raúl Castro seguirá estando al frente de “la fuerza dirigente superior” de la sociedad cubana, salvo que la naturaleza resuelva lo contrario, será él en última instancia y no el flamante nuevo Presidente quien tome las decisiones políticas del país, y quien controle el cumplimiento de lo pautado bajo su gobierno.

Y como si toda esta camisa de fuerza desde la política interna no fuese suficiente, el mandatario entrante será el primero de la saga del “socialismo cubano” que enfrentará la ruina económica endémica sin contar con los jugosos subsidios externos –primero, del extinto poder soviético; después, del “chavismo” venezolano, hoy arruinado y vacilante– de los que sí gozaron sus predecesores, los Castro. Cómo paliará la crisis económica y el descontento social al interior de Cuba sin apoyo exterior y sin implementar reformas verdaderas será todo un desafío que habrá que seguir con interés.

Súmese a esto el marcado retroceso de los regímenes de izquierda en la región, en parte como resultado de las malas políticas que les ha hecho perder la confianza de sus electores, quienes los han castigado en las urnas, pero también por la ola de escándalos de corrupción relacionados con la organización transnacional brasileña Odebrecht, que ha involucrado a numerosos gobiernos y cuyas salpicaduras alcanzan ya al Palacio de Miraflores, el aliado más cercano del castrismo. A este tenor, pudiera ser solo cuestión de tiempo que comiencen a saltar algunos comprometedores resortes en relación con los vínculos Lula-Castro-Zona Especial de Desarrollo Mariel y la mencionada empresa.

Así, pues, el margen de maniobras del “nuevo” gobierno cubano a favor de “aperturas” o de “reformas” que diferenciarían un antes y un después de los Castro deberá esperar al menos tres años más en el orden de política doméstica, salvo que las difíciles circunstancias del país unidas a las cambiantes coyunturas externas creen un escenario propicio para ello. Y esto, contando con el dudoso caso de que el presidente “electo” en abril próximo tenga la suficiente capacidad política, la inteligencia y la vocación de cambios como para aprovechar el momento e impulsar las necesarias transformaciones que traigan la largamente postergada prosperidad a los cubanos.

Pero, de cualquier manera, este V Pleno del PCC ha sido quizás la última oportunidad desperdiciada por el presidente saliente para demostrar alguna capacidad de liderazgo tardío tras 12 años de erráticos titubeos, de minúsculos avances seguidos de rotundos retrocesos, y de tantas promesas incumplidas.

De haber estado a la altura de sus propios compromisos, Castro II debió dejar al menos adelantadas algunas fórmulas imprescindibles, tales como el nuevo proyecto de Ley electoral, anunciado desde antes de la celebración del VII Congreso del PCC; la propuesta de un plan de unificación monetaria –con su correspondiente calendario de ejecución–; y las tan cacareadas nuevas normas para el trabajo por cuenta propia con la reapertura de entrega de licencias, arbitrariamente detenidas desde agosto de 2017.

Ahora bien, según el informe del balance realizado en este V Pleno con relación al análisis de la implementación de las políticas refrendadas en los Lineamientos muestra resultados “desfavorables” –término que edulcora la desastrosa realidad–, lo que se refleja, entre otros factores adversos, en los errores cometidos, en la deficiencia de los controles, en una “visión limitada de los riesgos”, en la ausencia de normas jurídicas adecuadas, en los vacíos informativos, en la falta de cultura tributaria, y en otro rosario de tropiezos que –para variar–, son atribuibles solo a “la base”.

“Hay una mentalidad derrochadora”, sermoneó el general-presidente. Pero, a pesar de tan catastrófico desempeño y del fracaso de lo que generosamente pudiéramos llamar su “programa de gobierno” (los Lineamientos, aprobados durante el VI Congreso del PCC, el 18 de abril de 2011), él asegura que “la situación hoy es más favorable”. No aclaró cuán “favorable” ni para qué.

Y ya que los “gobernados” hemos estado siete años (más) cometiendo errores por nuestra cuenta sin entender las preclaras orientaciones de este líder por improvisación reglamentaria, ahora nos corresponde esperar otra indefinida cantidad de tiempo hasta que se pueda enderezar el entuerto. ¿Cómo lo harán? Pues, como siempre, a golpe de burocracia y re-centralizando la economía.

Para empezar, se están creando las nuevas “normas jurídicas” que velarán por la pureza del trabajo por cuenta propia, habrá una mayor participación de los órganos centrales en los controles del cumplimiento de cada lineamiento y de cada medida, y por último, se acometerá una “labor de capacitación”, no solo de los cuadros dirigentes, inspectores y funcionarios de las estructuras encargadas de la fiscalización, sino también de los 580 mil trabajadores por cuenta propia que –según cifras oficiales– existen en el país, a fin de que aprendan de una buena vez cómo deben funcionar las cosas.

Eso sí, lo que hasta ahora no ha trascendido en la prensa e ignoramos si se debatió en el V Pleno del PCC es cuándo se realizará un curso de capacitación para que, finalmente tras 60 años de experimentos y “victoriosos” fracasos, los señores de la cúpula y el resto de la cohorte dirigente aprendan a gobernar.

LA HABANA, Cuba.- El vicepresidente cubano Marino Murillo reconoció hoy que la aplicación de las reformas económicas emprendidas bajo el mandato en la isla de Raúl Castro ha generado “más errores que virtudes” y un “distanciamiento” entre los objetivos iniciales y la práctica.

Murillo, conocido como el “zar de las reformas”, señaló que la “insuficiente capacitación” de los recursos humanos limita el cumplimiento de políticas nacionales asociadas a la actualización del socialismo, durante un seminario ante directivos del sector de la salud, según recogen medios oficiales de la isla.

Desde la aprobación de las primeras reformas en 2010, el Gobierno cubano ha aplicado un total de 100 lineamientos -como se denominan en la isla las nuevas directrices económicas-, lo que siempre ha ido acompañado de entrenamiento y formación para los medios intermedios encargados de llevarlas a cabo, indicó Murillo.

“Pero la calidad no ha sido buena”, admitió Murillo, que fue ministro de Economía de 2014 a 2016 y actualmente dirige la Comisión Permanente para la implementación de la nueva política económica, encargada entre otras cosas de definir la conceptualización del nuevo modelo socialista cubano.

Murillo señaló que en el área de la capacitación de los recursos humanos hubo “fallas” en los contenidos y en la selección de los participantes y resaltó la importancia de llevar a cabo nuevos seminarios para dar a conocer las nuevas normas jurídicas del sistema empresarial.

Los dos pilares fundamentales de las reformas para “actualizar” el socialismo son las nuevas facilidades para la inversión extranjera y la apertura del sector privado, al ampliar las profesiones en las que desarrollar el trabajo autónomo o “cuentapropismo”, que supera ya el medio millón de emprendedores.

En agosto, el gobierno cubano paralizó la concesión de nuevas licencias de cuentapropista entre las profesiones más extendidas, como la de restaurante o alquiler turístico, para perfeccionar y corregir irregularidades.

El sector lleva desde entonces a la espera de una nueva regulación que se teme más restrictiva.

Como aspecto positivo en la marcha de las reformas, Murillo destacó que se ha estrechado la relación entre los directivos de las empresas estatales y las juntas del gobierno a la hora de repartir el presupuesto para “maximizar” la producción.

Una de las reformas pendientes en la isla es la unificación monetaria, que según Murillo deberá crear un entorno “más favorable” para las empresas estatales, ya que en estos momentos circulan en la isla dos monedas que se regulan con diferentes tasas de cambio según el sector.

En Cuba circulan el peso cubano (CUP) como moneda nacional y el peso convertible en divisa (CUC, equivalente al dólar y a 24 CUP), una dualidad monetaria que persiste desde la década de los noventa y que ha generado graves distorsiones en la contabilidad empresarial y macroeconómica, además de dos niveles de vida entre la población.

La mayor parte de los cubanos cobra sus salarios y paga servicios básicos con la moneda nacional CUP y el sueldo medio es de unos 672 pesos cubanos (equivalentes a unos 28 dólares).

El cronograma -sin fechas- para aplicar la unificación está anunciado desde 2013, pero todavía no se ha llevado a cabo, aunque según varios analistas es probable que se realice este mismo año, ya que es también uno de los principales frenos a la inversión foránea.

En su discurso de cierre del último pleno del Parlamento en diciembre de 2017, Raúl Castro destacó que el fin de la doble moneda “no puede dilatarse por más tiempo” y se trata del “proceso más determinante” para avanzar en las reformas impulsadas durante su mandato.

(EFE)

LA HABANA, Cuba.- La Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral de Cuba, aprobó hoy los documentos económicos del Partido Comunista, que incluyen la última versión de reformas “raulistas” y la conceptualización del nuevo modelo socialista, en el que se reconoce por primera vez la existencia de empresas privadas.

En el debate previo a la votación en la Asamblea, reunida hoy en un pleno extraordinario, participaron 537 diputados, de un total de 596, informan medios oficiales de la isla, los únicos a los que se permite el acceso a las sesiones parlamentarias.

Los diputados debatieron y aprobaron la “conceptualización” del nuevo modelo económico y social, el plan de desarrollo económico hasta 2030 y los nuevos lineamientos de la política económica para 2016-2021, documentos aprobados en el VII congreso del Partido Comunista, en abril del año pasado.

Estos documentos representan la última versión de las reformas “raulistas”, que al ser aprobadas hoy en sede parlamentaria se convertirán en ley nueve meses antes de que Raúl Castro abandone el cargo de presidente del Consejo de Estado y de Ministros, a los 86 años, tras dos mandatos consecutivos.

Los diputados cubanos se reunieron el miércoles en comisiones para debatir los documentos aprobados hoy, discusiones en las que el vicepresidente Marino Murillo recalcó que en Cuba no se permitirá la concentración de la riqueza y propiedad aunque se autoricen formas de gestión privadas.

Murillo, que fue ministro de Economía entre 2014 y 2016 y considerado el “zar de las reformas”, dirige ahora la Comisión Permanente para la implementación y desarrollo de la política económica, ocupada de definir la conceptualización del modelo.

Al abrir espacios al sector privado, las reformas económicas emprendidas hace siete años por Raúl Castro -revisadas en el VII Congreso del Partido Comunista en abril de 2016- autorizaron el trabajo autónomo a personas naturales o la creación de cooperativas no agropecuarias.

Las nuevas leyes, aprobadas en 2011, permitieron a los “cuentapropistas” o trabajadores autónomos, que sobrepasan el medio millón, contratar mano de obra, lo que en la práctica derivó en la proliferación de medianas, pequeñas y microempresas privadas, que funcionaron durante años sin la debida personalidad jurídica.

Los documentos económicos aprobados hoy por la Asamblea reconocen por primera vez la necesidad de otorgar personalidad jurídica a esas pequeñas empresas privadas, aunque puntualizan su “papel complementario” en la economía, donde debe prevalecer la gestión estatal.

“La forma dominante de gestión sigue siendo la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción”, aclara el documento.

El Parlamento cubano -que mantiene dos reuniones ordinarias al año, en julio y diciembre- aprobó los documentos económicos rectores diseñados por el PCC tras un amplio proceso de consulta popular en el que participaron más de 1,6 millones de cubanos.

En las consultas realizadas entre el 15 de junio y el 20 de septiembre del año pasado se realizaron 208.161 propuestas y sugerencias, la mayoría de ellas a la “conceptualización” del modelo económico-social, seguida por el plan nacional económico.

(EFE)

LA HABANA, Cuba, diciembre, 173.203.82.38 -La Ley No. 113 del nuevo sistema tributario entrará en vigor el 1 de enero.  Deroga la Ley No. 73 “Del Sistema Tributario” aprobada en 1994 y el Decreto-Ley No. 169 “De las Normas Generales y de los Procedimientos Tributarios”, de 1997.  Respecto al trabajo por cuenta propia poco cambia en relación con anteriores normativas, a no ser la exención del pago de impuestos durante los tres primeros meses de operaciones, a las personas que inicien actividades por cuenta propia; así como, presumiblemente, una reducción del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo de un asfixiante 25,0% hasta ahora, por una escala que en un plazo de cinco años va del 20,0% el primero, al 5,0% el quinto.  A estos cambios se agrega la  bonificación en un 5,0% por el pronto pago del  impuesto sobre Ingresos personales.  Por lo demás permanece incólume un sistema tributario diseñado para que los oficios autorizados (181),  por lo general  limitados y poco trascendentes, se mantengan en un rango de negocios de sobrevivencia, sin que puedan progresar para constituirse tan siquiera en pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Esto se evidencia fundamentalmente en la aplicación del impuesto sobre los ingresos personales para el trabajo por cuenta propia, que  únicamente  ratifica  la  excepción  del pago de  contribuciones  a  los   primeros  10 000 pesos, pero establece tramos  de 10 000 a 50 000 pesos que progresivamente incrementan la carga impositiva en un 10,0%, y determina que con exceso a 50 000 pesos (2 000 dólares) se paga un impuesto del 50,0%, para negocios que no disponen de un mercado mayorista para abastecerse y están obligados a recurrir al minorista para adquirir los insumos necesarios. Por otra parte, persisten los porcientos establecidos de forma arbitraria  en los gastos deducibles de los ingresos obtenidos, con límites específicos según los oficios permitidos.   Una práctica que difiere totalmente de los métodos implantados en el sector estatal y las empresas mixtas extranjeras, que pagan los tributos sobre la base de sus utilidades de forma más racional.

Debe subrayarse que el mínimo exento de 10 000 pesos reconocido a favor del cuentapropista está por debajo del establecido para las cooperativas no agrícolas en vías de implantación, lo cual demuestra un deseo de privilegiar estas y hacer que el trabajo individual por cuenta propia compita en condiciones más gravosas y difíciles.

En cuanto a la utilización de la fuerza de trabajo, se mantiene la exención del pago del impuesto por la contratación de hasta 5 trabajadores.  En el Artículo 236, como se venía aplicando, se  estipula  que: “A los efectos del cálculo del impuesto se considera una remuneración mínima pagada a cada trabajador, la que se aplica de conformidad con las siguientes reglas:  a)  a partir del sexto trabajador y hasta el décimo que contraten, se considera como remuneración mínima, el salario medio mensual de la provincia incrementado en un 50,0%; b) a partir del onceno y hasta quince (15) trabajadores contratados, sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, se considera como remuneración mínima pagada el monto equivalente a dos salarios medios mensuales de la provincia; c) y a partir del decimosexto trabajador contratado, sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes,  se considera como remuneración mínima pagada el monto equivalente a tres salarios medios de la provincia”.  Se entiende como salario medio mensual el vigente en cada provincia o en su caso en el municipio especial Isla de la Juventud, el del ejercicio fiscal anterior, reconocido por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). De esa forma también se establece una discriminación con respecto a las empresas estatales y entidades mixtas extranjeras, que no están sujetas a tal arbitrariedad y pagan el Impuesto por lo real ejecutado.

Por supuesto, el mecanismo proyectado para las personas naturales, fundamentalmente los cuentapropistas, es otra palanca destinada garantizar la prevalencia de la propiedad estatal, e impedir el progreso de la modesta iniciativa individual permitida y la concentración de la propiedad privada, ante el temor de que la libertad económica pueda fortalecer la aspiración de los cubanos a avanzar hacia una sociedad democrática.  Esos excesos tributarios aplicados en Cuba, donde durante más de 50 años casi quedó eliminada la tradición del pago de impuestos y prácticamente habrá que partir de cero, en un contexto económico de prolongada crisis, empujarán a muchas personas a la violación de las leyes en aras de que sus negocios sobrevivan.  Cuando las legislaciones no concuerdan con las realidades, sus efectos son contraproducentes y en lugar de coadyuvar al avance del país, constituyen nuevas barreras para el progreso.