LA HABANA, Cuba.- Cuando el próximo 19 de abril se despeje finalmente la incógnita sobre quién será desde ese día, y por un período máximo de diez años, el nuevo Presidente (no electo por el pueblo) de Cuba, probablemente sus cofrades no sabrán a ciencia cierta si felicitarlo o darle el pésame.
El mandatario de estreno no solo estará heredando ese viejo cadáver insepulto que tozudamente insisten en llamar “revolución cubana”, sino que tendrá ante sí la colosal tarea de prolongar –teóricamente ad infinitum– las exequias de tan longeva momia, y hacerlo, además, bajo las rígidas pautas (dizque “Lineamientos”) dictadas por el gobernante saliente.
Al menos esto es lo que se traduce de las mínimas informaciones publicadas por el monopolio de prensa oficial sobre el V Pleno del Partido Comunista de Cuba (PCC), en cuyo marco –que abarcó dos jornadas de “intenso trabajo”– fueron analizados “importantes temas de la actualización del modelo económico y social cubano”, como el proyecto de “Política de la Vivienda en Cuba” y “un informe aprobado por el Buró Político acerca de los estudios que se vienen realizando para una futura reforma de la Constitución”. Esta última ratificará “el carácter irrevocable de nuestro socialismo y el papel dirigente del Partido en la sociedad cubana”.
Dicho esto, y habida cuenta que hasta el próximo Congreso del PCC –a celebrarse en 2021– el general Raúl Castro seguirá estando al frente de “la fuerza dirigente superior” de la sociedad cubana, salvo que la naturaleza resuelva lo contrario, será él en última instancia y no el flamante nuevo Presidente quien tome las decisiones políticas del país, y quien controle el cumplimiento de lo pautado bajo su gobierno.
Y como si toda esta camisa de fuerza desde la política interna no fuese suficiente, el mandatario entrante será el primero de la saga del “socialismo cubano” que enfrentará la ruina económica endémica sin contar con los jugosos subsidios externos –primero, del extinto poder soviético; después, del “chavismo” venezolano, hoy arruinado y vacilante– de los que sí gozaron sus predecesores, los Castro. Cómo paliará la crisis económica y el descontento social al interior de Cuba sin apoyo exterior y sin implementar reformas verdaderas será todo un desafío que habrá que seguir con interés.
Súmese a esto el marcado retroceso de los regímenes de izquierda en la región, en parte como resultado de las malas políticas que les ha hecho perder la confianza de sus electores, quienes los han castigado en las urnas, pero también por la ola de escándalos de corrupción relacionados con la organización transnacional brasileña Odebrecht, que ha involucrado a numerosos gobiernos y cuyas salpicaduras alcanzan ya al Palacio de Miraflores, el aliado más cercano del castrismo. A este tenor, pudiera ser solo cuestión de tiempo que comiencen a saltar algunos comprometedores resortes en relación con los vínculos Lula-Castro-Zona Especial de Desarrollo Mariel y la mencionada empresa.
Así, pues, el margen de maniobras del “nuevo” gobierno cubano a favor de “aperturas” o de “reformas” que diferenciarían un antes y un después de los Castro deberá esperar al menos tres años más en el orden de política doméstica, salvo que las difíciles circunstancias del país unidas a las cambiantes coyunturas externas creen un escenario propicio para ello. Y esto, contando con el dudoso caso de que el presidente “electo” en abril próximo tenga la suficiente capacidad política, la inteligencia y la vocación de cambios como para aprovechar el momento e impulsar las necesarias transformaciones que traigan la largamente postergada prosperidad a los cubanos.
Pero, de cualquier manera, este V Pleno del PCC ha sido quizás la última oportunidad desperdiciada por el presidente saliente para demostrar alguna capacidad de liderazgo tardío tras 12 años de erráticos titubeos, de minúsculos avances seguidos de rotundos retrocesos, y de tantas promesas incumplidas.
De haber estado a la altura de sus propios compromisos, Castro II debió dejar al menos adelantadas algunas fórmulas imprescindibles, tales como el nuevo proyecto de Ley electoral, anunciado desde antes de la celebración del VII Congreso del PCC; la propuesta de un plan de unificación monetaria –con su correspondiente calendario de ejecución–; y las tan cacareadas nuevas normas para el trabajo por cuenta propia con la reapertura de entrega de licencias, arbitrariamente detenidas desde agosto de 2017.
Ahora bien, según el informe del balance realizado en este V Pleno con relación al análisis de la implementación de las políticas refrendadas en los Lineamientos muestra resultados “desfavorables” –término que edulcora la desastrosa realidad–, lo que se refleja, entre otros factores adversos, en los errores cometidos, en la deficiencia de los controles, en una “visión limitada de los riesgos”, en la ausencia de normas jurídicas adecuadas, en los vacíos informativos, en la falta de cultura tributaria, y en otro rosario de tropiezos que –para variar–, son atribuibles solo a “la base”.
“Hay una mentalidad derrochadora”, sermoneó el general-presidente. Pero, a pesar de tan catastrófico desempeño y del fracaso de lo que generosamente pudiéramos llamar su “programa de gobierno” (los Lineamientos, aprobados durante el VI Congreso del PCC, el 18 de abril de 2011), él asegura que “la situación hoy es más favorable”. No aclaró cuán “favorable” ni para qué.
Y ya que los “gobernados” hemos estado siete años (más) cometiendo errores por nuestra cuenta sin entender las preclaras orientaciones de este líder por improvisación reglamentaria, ahora nos corresponde esperar otra indefinida cantidad de tiempo hasta que se pueda enderezar el entuerto. ¿Cómo lo harán? Pues, como siempre, a golpe de burocracia y re-centralizando la economía.
Para empezar, se están creando las nuevas “normas jurídicas” que velarán por la pureza del trabajo por cuenta propia, habrá una mayor participación de los órganos centrales en los controles del cumplimiento de cada lineamiento y de cada medida, y por último, se acometerá una “labor de capacitación”, no solo de los cuadros dirigentes, inspectores y funcionarios de las estructuras encargadas de la fiscalización, sino también de los 580 mil trabajadores por cuenta propia que –según cifras oficiales– existen en el país, a fin de que aprendan de una buena vez cómo deben funcionar las cosas.
Eso sí, lo que hasta ahora no ha trascendido en la prensa e ignoramos si se debatió en el V Pleno del PCC es cuándo se realizará un curso de capacitación para que, finalmente tras 60 años de experimentos y “victoriosos” fracasos, los señores de la cúpula y el resto de la cohorte dirigente aprendan a gobernar.
