MIAMI, Estados Unidos. – Este jueves, luego de que el activista Ovidio Martín Castellanos cumpliera más de 24 horas desaparecido, autoridades del régimen informaron a la esposa del opositor que lo mantenían detenido en Instrucción Penal de la Primera Unidad Policial de Santiago de Cuba.
En dicha unidad, conocida también como Micro 9, un teniente coronel que se identificó como Font, le informó a Zenaida Rams, esposa de Castellanos, que el activista sería procesado por el presunto delito de “cohecho”, basado en un supuesto soborno del opositor a un funcionario de la Empresa Eléctrica.
No obstante, aún los familiares de Ovidio Martín no han recibido el auto donde consta la medida cautelar de prisión provisional contra el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
Ovidio Martín fue arrestado dentro de su vivienda en la tarde de este jueves por funcionarios de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), miembros del Tribunal Provincial y agentes del Departamento de la Seguridad del Estado, sin más explicación que la advertencia de juicio contra el opositor.
Según la esposa de Martín, fueron los funcionarios de la Empresa Eléctrica quienes colocaron un contador de 110 voltios y no de 220 como su familia había solicitado. Sin embargo, inculparon a Martín Castellanos.
La UNPACU recuerda que el activista, quien es miembro de su dirección y promotor de Cuba Decide, fue amenazado con volver a prisión el mismo día en que expiró su anterior sanción, en febrero de 2020.
“A mi esposo le dijeron que ya él estaba prácticamente preso de nuevo si seguía como coordinador de la UNPACU, y ese día lo maltrataron muchísimo”, aseguró a CubaNet Rams Santana.
La esposa de Martín también recuerda que, en esa ocasión, el teniente coronel que se hace llamar Lázaro ―ostenta el cargo de jefe de la Unidad de Enfrentamiento de Santiago de Cuba― abofeteó al opositor, le zafó un diente y lo amenazó de muerte.
“Le dijeron que cuando lo encarcelaran otra vez podrían mandar a un preso común a que lo asesinase. Yo temo mucho por su vida, por mí y por mis hijos”, lamenta la joven.
En esa ocasión, Martín Castellanos denunció que la Seguridad del Estado lo había amenazado con una multa finalmente impuesta el 7 de septiembre por “desorden público”, aun cuando la detención se produjo dentro de su propia vivienda. A esta sanción se le suman otras dos impuestas el 1 de abril, de 3000 y 200 pesos en moneda nacional (una por supuestas violaciones del Decreto-Ley 370 y otra por estar presuntamente relacionado con pegatinas por la libertad de José Daniel Ferrer que aparecieron en Santiago de Cuba).
Sin embargo, no son estos delitos fabricados por el Departamento de la Seguridad del Estado los motivos reales de la encarcelación del coordinador de la UNPACU.
Desde el 1 de octubre de 2019, cuando el régimen asaltó varias viviendas del grupo opositor y encarceló a su máximo líder, la represión contra el resto de sus miembros se acrecentó.
Decenas de activistas comenzaron a ser amenazados con “correr la misma suerte de Ferrer”, quien fue golpeado y torturado durante seis meses en la prisión Aguadores. Pese a que importantes organizaciones internacionales de derechos humanos y prestigiosos medios de comunicación estuvieron al tanto del caso, los familiares de Ferrer, incluyendo hijos menores de edad, también fueron arrestados y violentados en más de una ocasión.
Asimismo, aumentaron las vigilancias policiales, los arrestos domiciliarios, las multas, la persecución, las golpizas, las desapariciones forzadas de activistas por horas y días, los asaltos con robos a sus viviendas y a las de sus familiares, así como las amenazas de asesinar o inocular enfermedades a los activistas dentro de las prisiones, como a la Dama de Blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
Martín Castellanos, al salir de prisión y asumir nuevamente sus funciones como coordinador de la UNPACU en Santiago de Cuba, comenzó a ser blanco de una ola represiva en alza. El nuevo delito que intentan imputarle es solo la justificación para sacarlo de las calles y forma parte de la misma política represiva que el 23 de septiembre de 2019 denunciara José Daniel Ferrer, siete días antes de ser llevado a prisión.
De acuerdo con informaciones de una fuente muy creíble, recientemente el teniente coronel que se hace llamar ‘Lázaro’ ―también conocido como ‘Yanier’―, el oficial de la Policía política que dirige las acciones represivas contra la oposición pacífica en Santiago de Cuba, mantuvo una reunión con la mayoría de sus agentes para hablarles de las nuevas acciones contra la UNPACU y las Damas de Blanco, a quienes calificó como los dos “grupúsculos más peligrosos de la contrarrevolución interna”.
Hasta hoy, 38 miembros de la UNPACU cumplen sanciones injustas debido a su activismo pacífico, asegura la propia organización.
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