GUANTÁNAMO, Cuba – Hay que reconocerle a la parte cubana su capacidad para ponerle obstáculos a las sucesivas administraciones norteamericanas después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos el 3 de enero de 1961.
La decisión de Dwight Eisenhower le vino como anillo al dedo a Fidel Castro, quien desde la Sierra Maestra había escrito que una vez en el poder haría del enfrentamiento contra Estados Unidos el sentido de su vida. Así fue.
Luego de burlarse públicamente del embargo durante más de treinta años el caudillo llevó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) su demanda para eliminarlo, infligiéndole sucesivas derrotas diplomáticas al gigante del norte, quien jamás presentó una contraofensiva en los mismos escenarios.
Menos de una semana después de anunciado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas el presidente cubano Raúl Castro se encargó de lanzar el primer jarro de agua fría a Barack Obama cuando en la Asamblea Nacional anunció que no podrían existir relaciones normales entre Cuba y los EEUU si éste país no devolvía la base naval de Guantánamo, que el gobierno cubano se empecina en calificar como ilegal pero sin demostrar la infracción que acusa. A tal petición se unen el reclamo del fin del embargo, de las transmisiones de Radio y TV Martí y de lo que llaman apoyo a la subversión.
Los afines al gobierno cubano han expuesto lo que consideran normal y lo que no lo es. Obviamente, la responsabilidad siempre es endilgada al tío Sam.
Es normal que la política exterior de Cuba la trace el gobierno cubano sin condicionamientos de ningún tipo. Es anormal que el pueblo cubano no pueda participar en la proyección de dicha política y tenga que contentarse con aplaudir las decisiones que sus gobernantes toman sin consultarlo previamente a él o a la Asamblea Nacional, que según la Constitución es el máximo órgano de poder del estado y representa al pueblo. Más anormal aún es que dicha Asamblea jamás cuestione dicha política o que una crítica pública a la actuación internacional del gobierno y sus representantes pueda conllevar un encarcelamiento.
Es normal respetar a un gobierno legítimo. No lo es cuando el gobierno se presenta como tal sin haber sido electo por el pueblo, mucho menos cuando sus dirigentes prometieron públicamente que su lucha era para restablecer la democracia y la Constitución de 1940 y al tomar el poder traicionaron dicha promesa estableciendo otra dictadura.
Es normal que los diplomáticos acreditados en un país respeten las leyes internas del estado receptor y las normas del Derecho Internacional. No lo es calificar como subversión el regalo de libros que ilustran sobre la democracia y los derechos humanos, ni considerar ilegítima la realización de cursos de formación periodística u otros, o el apoyo a proyectos de la verdadera sociedad civil cuando el estado receptor no permite a muchos de sus ciudadanos realizar dichos estudios ni legalizar tales proyectos porque no comulgan con su proyecto político.
Es normal que un estado pida a otro el cese de transmisiones contra su país. No lo es que pida que se deje de transmitir lo que ocurre en su país y su pueblo desconoce porque la prensa oficialista guarda silencio, menos cuando el solicitante, desde que se estableció en el poder, creó una emisora (Radio Habana Cuba) que emite diariamente hacia los EEUU con evidentes propósitos manipuladores e ideologizantes. Mucho menos cuando Radio y TV Martí junto con otros medios independientes constituyen la única posibilidad que tienen los cubanos discriminados para expresar sus puntos de vista, pues el estado cubano monopoliza la prensa y no permite medios de comunicación alternativos.
Es normal que el gobierno cubano pida la derogación de la Ley de Ajuste Cubano si considera que perjudica sus intereses. No lo es calificar a esa ley como asesina y causa de la emigración incontenible que desangra al país.
Sería normal que si el pueblo expresara su voluntad en las urnas, en elecciones libres y democráticas, verificadas por observadores internacionales, el gobierno cubano fuera respetado, pues demostraría su legitimidad. No sería normal que aunque triunfara con un 99% de apoyo popular discriminara al 1 % restante. Eso tampoco les daría derecho a continuar violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni a continuar usando el pretexto de que interpreta esos instrumentos jurídicos de forma diferente a la absoluta mayoría de los países del hemisferio occidental, al cual pertenece.
Es normal que en la solución de un diferendo una parte haga concesiones. No lo es que las concesiones sean unilaterales, mucho menos cuando una de las partes, la cubana, se aferra a una posición que ha traído más desgracias que beneficios a su pueblo.
Es normal que un país pida a los demás respeto a su integridad y soberanía e igualdad recíprocas. No lo es cuando ese reclamo al exterior no se convierte en política doméstica ni se aplica a la totalidad de sus ciudadanos.
Es normal, en fin, que la comunidad internacional vote contra el embargo y aplauda el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU. No lo es que esa misma comunidad guarde ominoso silencio sobre las cotidianas y masivas violaciones a los derechos humanos en Cuba. Más que anormal dicho silencio es miserable.
