MADRID, España.- El Gobierno de Estados Unidos modificará desde el próximo 18 de septiembre los criterios utilizados para determinar si determinados inmigrantes pueden ser considerados una posible “carga pública”, una evaluación que puede influir en la aprobación de solicitudes de residencia permanente.
La regla final, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), elimina las regulaciones sobre carga pública establecidas en 2022 y devuelve a los funcionarios una mayor discrecionalidad para analizar cada caso. El cambio se aplicará a solicitudes de admisión presentadas desde esa fecha y a peticiones de ajuste de estatus enviadas por correo o electrónicamente a partir del 18 de septiembre.
Entre los elementos que podrán examinarse están la edad, salud, situación familiar, bienes, recursos y condición financiera del solicitante, así como su educación y capacidades. Los oficiales también podrán tener en cuenta si la persona ha solicitado, ha sido aprobada para recibir o ha recibido beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos, además de otros factores específicos del expediente.
El DHS aclaró que recibir asistencia pública no implica automáticamente una denegación. La decisión deberá basarse en la totalidad de las circunstancias. También precisó que beneficios como el Seguro Social contributivo, pensiones gubernamentales, seguro de desempleo y prestaciones para veteranos, que no dependen de una prueba de recursos económicos, no serán considerados bajo este criterio.
Los beneficios que anteriormente estaban excluidos de esta evaluación y hayan sido recibidos antes del 18 de septiembre continuarán siendo tratados conforme a la normativa de 2022. Los recibidos después de la entrada en vigor de la nueva regla sí podrán formar parte del análisis.
Para los cubanos existe, sin embargo, una excepción relevante. El DHS confirmó expresamente que quienes solicitan la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano no están sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública. La exención está establecida por ley y permanece vigente pese a la eliminación de la lista reglamentaria de excepciones.
Esto significa que el cambio no afecta de la misma manera a todos los inmigrantes cubanos. La protección corresponde a quienes realizan su ajuste específicamente bajo la Ley de Ajuste Cubano; un ciudadano cubano que solicite la residencia por otra categoría sujeta a la disposición de carga pública podría quedar bajo las nuevas reglas.
El DHS sostiene que la reforma permitirá realizar evaluaciones individualizadas y considerar un conjunto más amplio de información para determinar si un solicitante podría depender de recursos públicos en el futuro.
