MADRID, España.- Una corte federal en Miami celebrará este jueves una audiencia clave en el caso Bello-Rubio vs. DHS, una demanda presentada por 992 migrantes cubanos que busca que determinadas liberaciones documentadas con el formulario I-220A sean reconocidas como parole a efectos de la Ley de Ajuste Cubano.
La audiencia estaba prevista inicialmente para el 26 de agosto, fue aplazada al 2 de septiembre y posteriormente reprogramada para este 10 de septiembre.
El litigio ha despertado especial atención porque podría tener consecuencias para un número mucho mayor de cubanos que permanece en Estados Unidos sin una vía clara para regularizar su estatus. Estimaciones difundidas por abogados y activistas sitúan entre 500.000 y 600.000 las personas que podrían encontrarse en una situación migratoria similar.
El centro de la disputa es el I-220A, conocido como Orden de Libertad bajo Reconocimiento, un documento entregado a numerosos migrantes después de ser liberados de la custodia de las autoridades migratorias.
Los demandantes sostienen que, por la manera en que se produjo su entrada, detención y posterior liberación, esa salida de custodia debió haber sido considerada legalmente un parole. Ese reconocimiento es relevante porque la Ley de Ajuste Cubano permite solicitar la residencia permanente a ciudadanos cubanos que, entre otros requisitos, hayan sido admitidos o puestos en parole en Estados Unidos y hayan permanecido al menos un año en el país.
Lo que realmente está en juego
El Gobierno federal rechaza esa interpretación. Su posición es que el I-220A no equivale a un parole migratorio y que, por tanto, no cumple ese requisito de la Ley de Ajuste Cubano. También ha pedido que la demanda sea desestimada y cuestiona la jurisdicción del tribunal para conceder algunos de los remedios solicitados.
Por eso, la audiencia de este jueves no significa que los cubanos con I-220A vayan a recibir automáticamente residencia, ni siquiera en caso de que los demandantes obtengan una decisión favorable.
Lo que sí podría ocurrir es que el tribunal permita que el litigio continúe y abra la puerta a que se examine judicialmente si esas liberaciones deben ser reconocidas como parole. Una decisión adversa, en cambio, supondría un importante revés para esta estrategia legal.
Otro punto relevante es la solicitud para convertir el caso en una acción colectiva de alcance nacional. Si el tribunal acepta esa petición, la decisión podría extender sus efectos más allá de los 992 demandantes originales.
La jueza tampoco está obligada a resolver el caso durante la audiencia. Puede escuchar los argumentos de ambas partes y emitir su decisión posteriormente por escrito.
Para cientos de miles de cubanos con I-220A, lo que ocurra este jueves puede no resolver de inmediato su futuro migratorio, pero sí determinar hasta dónde puede avanzar una de las principales batallas judiciales que cuestiona el limbo en el que permanecen.
