LA HABANA, Cuba.- Todo indica que los reclamos para disminuir la población carcelaria en la Isla, ante el impacto de la pandemia de coronavirus que ya deja miles de muertos en la mayor parte del mundo y amenaza también a Cuba, nunca estarán en la agenda de los mandamases.
Según partes oficiales, en la Isla solo han fallecido 12 personas desde que el nuevo coronavirus fue descubierto en la ciudad de Wuhan, el foco originario de la COVID-19.
A falta de fuentes independientes, hay que aceptar, aunque sea a regañadientes, los partes emitidos por las agencias gubernamentales. No es sencillo realizar pesquisas, al margen de lo publicado, que corroboren o desmientan los informes sobre el control bastante “efectivo” del mortal virus en territorio nacional.
En medio de un escenario en que el peligro de infectarse se combina con el acrecentamiento de la crisis económica, debemos pensar en la situación de la amplia red carcelaria, construida en Cuba a lo largo de las más de seis décadas de partido único.
Y pensar no solo en términos legales, o sea, en los procedimientos usados para encarcelar a decenas de miles de mujeres y hombres en cautiverio; sino en las pésimas condiciones higiénico-sanitarias que padece ese alto número de seres humanos, además de la mala alimentación y la falta de atención médica adecuada.
Tales condiciones son muy propicias para la proliferación de enfermedades, sobre todo la COVID-19 por su elevado nivel de contagio.
No es suficiente la prohibición de las visitas en los centros penitenciarios, como ya se ha decretado. El vector puede estar entre el personal militar que trabaja en esos sitios. Con un guardia portador del virus basta para que el caos se enseñoree en estos antros, donde el hacinamiento, la ausencia de agua potable y otras realidades no menos onerosas mantienen en vilo la integridad física y mental de los reos.
No lo digo como si fuera una anécdota escuchada en una de las aglomeraciones para comprar detergente o pollo congelado, ni gracias a una fuente anónima que compartió conmigo la experiencia sufrida por un familiar cercano.
Por desgracia, conozco esas geografías del mal al detalle. Estuve dos años tras las rejas. Tiempo de sobra para tomarle al pulso a un ambiente marcado por la sordidez, la inmundicia y el adiós al sentido común.
A 15 años de esa experiencia personal, prevalecen las mismas condiciones, tal como lo atestiguan los testimonios que logran salir al exterior, mediante manuscritos subrepticios, o los relatos de los familiares que visitan esos centros.
Hace apenas unos días, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, y otros miembros de ese partido se encargaron de confirmar lo peligroso que resulta el confinamiento en cualquiera de las cárceles del país.
Ellos permanecieron seis meses soportando las condiciones de vida descritas en este texto y que, sin dudas, aumentan la vulnerabilidad de la población penal frente a la pandemia, todavía en pleno desarrollo y, por tanto, a expensas de causar mayores estragos.
El régimen debería proceder a excarcelar a un número significativo de reos, sobre todo a los 130 presos políticos y de conciencia, en aras de evitar que su salud se continúe deteriorando o que mueran a causa del coronavirus, si este logra entrar a esos sitios donde la precariedad existencial es rutinaria.
También deberían regresar a sus casas a miles de presos comunes que han cumplido la mayor parte de sus sanciones, los enfermos y otros que no representan un peligro latente para la sociedad. Solo los asesinos y los reincidentes en graves delitos deberían quedarse tras las rejas.
Lamentablemente, esa no parece ser la visión del alto mando del Partido Comunista de Cuba ni la del Ministerio del Interior.
Sería un gesto humanitario, quizás coyuntural, pero necesario para evitar una tragedia en ciernes.
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