GUANTÁNAMO, Cuba. – En la discusión del Proyecto de Ley Electoral varios diputados cuestionaron que los cubanos que no se hallen en el país, aunque su ausencia sea temporal, resulten incluidos en el Registro de Electores.

Ello creó una nueva frase, que, según la intervención realizada por el señor José Luís Toledo Santander, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), es la de “residencia efectiva”.

Todavía no se ha definido qué tiempo va a ser tomado como pauta para considerar que un cubano reside de forma efectiva en el territorio nacional y por ello puede ser inscripto en el Registro de Electores. El artículo 9.2 de la Ley 1312 del 20 de septiembre de 1976, Ley de Migración, según fue modificada por el Decreto Ley No. 302 de fecha 11 de octubre del 2012, define que el término de ausencia temporal permitido a un cubano para que no sea considerado emigrante, es el de 24 meses, plazo que puede equipararse a la frase “residencia efectiva”, pero que seguramente será reducido cuando se dicte la nueva Ley de Migración.

¿Qué hay detrás de esta modificación?

Detrás de esta novedad está la preocupación del régimen ante el nítido descenso del respaldo del pueblo en las últimas votaciones.

Porque a pesar de la represión sutil o abierta que el régimen ejerce contra todo el que no lo apoye, en las últimas votaciones —uso la frase porque en Cuba el pueblo no elige nada ni a nadie— los datos que pudieran reflejar apatía u oposición han aumentado. Y aunque sabemos que las cifras ofrecidas por la antigua Comisión Electoral Nacional —hoy Consejo Electoral Nacional— no pueden ser tomadas como ciertas, teniendo en cuenta que no hay transparencia alguna en el cómputo de los datos pues los cubanos no podemos verificarlos desde la circunscripción hasta el nivel nacional, ni eso tampoco se permite a instituciones u observadores internacionales, esa tendencia molesta a los mandantes. Aquí el castrismo es juez y parte y como dijo Stalin —según la frase que se le atribuye— quien cuenta los votos gana.

En las votaciones de marzo del 2018, para la conformación de la ANPP, según los datos oficiales publicados por Granma —órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba— el 19 de marzo del 2018, votó el 85.65 % de los electores inscriptos; no asistieron a las votaciones 1 295 999 ciudadanos, que representan el 15.10% de los votantes inscriptos. Fueron depositadas en blanco 319 956 boletas y anuladas 92 894, por tanto, mostraron oposición a esas votaciones un total de 1 708 949 ciudadanos, que representan el 19.77 % de los votantes inscriptos.

Si tenemos en cuenta estos resultados y los confrontamos con los datos publicados por el periódico Granma el 28 de noviembre de 2017, donde se dieron a conocer los resultados finales de las votaciones del domingo 26 de noviembre de 2017 para “elegir” a los delegados de las circunscripciones del poder popular en cada municipio del país, apreciamos que aumentó el número de personas inscriptas como votantes pero decreció el por ciento de asistencia a las urnas (89.02 % antes y 85.65% después), aunque según la CEN aumentó el número de boletas válidas (94.42% en marzo del 2018 frente a un 91.79% en noviembre del 2017) y disminuyó el de boletas anuladas (1.26% en marzo del 2018 frente a un 4.07% antes). Sin embargo aumentó el número de boletas en blanco (4.32% en marzo del 2018 frente a 4.12% en noviembre del 2017) y el número de personas que se abstuvieron de ir a votar ( 1 295 999 en marzo del 2018 frente a 938 425 en noviembre del 2017) pese a que el número de votantes aumentó en 377 967 con respecto a los inscriptos para las votaciones de noviembre de 2017.

Las cifras finales del referendo fueron dadas a conocer en una Mesa Redonda, pero las incongruencias fueron extraordinarias. Al programa acudieron la presidenta de la CEN y Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado.

Según la señora Alina Balseiro votaron 7 848 343 electores de los 8 705 723 registrados, que representaron el 90.15% de la lista actualizada, de la cual fueron rebajados 597 980 electores, de ellos 594 580 por estar repetidos —aunque ella misma había afirmado al ofrecer las cifras preliminares que eran más de 634 034— y 3 400 por haber fallecido.

Fueron depositadas en blanco 198 674 boletas y anuladas 127 100. Aunque la presidenta de la CEN no lo informó, de los datos ofrecidos se colige que no asistieron a las urnas 857 380 electores. Por tanto, si sumamos la cifra de electores que no asistieron a votar, a la de los que anularon sus boletas, las depositaron en blanco o votaron NO (706 400), obtenemos que 1 879 554 cubanos manifestaron de esta forma su oposición a la Constitución, cifra que representa el 21.58 % de los votantes inscriptos.

Quienes lean Granma regularmente se habrán percatado de que ese periódico acostumbra a publicar los avisos de las embajadas acreditadas en Cuba, llamando a sus ciudadanos residentes aquí para que acudan a votar cuando hay elecciones en sus países. El régimen cubano podría hacer lo mismo y no eliminar de un plumazo ese derecho que tienen los cubanos, pero ya sabemos que el castrismo considera traidores a quienes no lo apoyan, a quienes no piensan lo mismo que él y a quienes abandonan definitivamente su “paraíso socialista”, aunque últimamente su mensaje oficial haya variado para engañar a los incautos. Quienes dirigen ese régimen saben perfectamente que la gran mayoría de los cubanos no sale sólo por motivos económicos como asegura, sino para hallar también respeto a sus derechos humanos y la ansiada libertad. Los cubanos que emigran en su gran mayoría no simpatizan con el régimen, por eso quieren eliminarlos del registro electoral. Esa es la misma causa por la cual han discriminado históricamente al exilio cubano.

MIAMI, Estados Unidos. – La Asamblea Nacional de Cuba aprobó este sábado en pleno una nueva Ley Electoral que mantiene el proceso de elección directa de los diputados y reduce la composición del Parlamento y el Consejo de Estado, poco más de tres meses después de la proclamación de la nueva Constitución de la isla.

“Esta es la primera disposición jurídica que expresa el mandato de la Constitución de la República, proclamada el pasado 10 de abril”, señaló el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, citado por la web oficial Cubadebate en su reseña de la sesión parlamentaria, a la que no tiene acceso la prensa extranjera.

La votación estuvo presidida por el dictador cubano Raúl Castro, líder del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), y el actual gobernante, Miguel Díaz-Canel.

La nueva Ley Electoral cubana se aprueba en la mitad del plazo propuesto por la Carta Magna y queda compuesta por 16 títulos, 45 capítulos, 32 secciones, 5 disposiciones finales, 6 transitorias y 290 artículos en total.

Entre sus principales cambios incluye la creación de la Comisión Electoral Nacional como órgano permanente, que deberá quedar conformada en esta sesión plenaria.

También modifica la proporción de los diputados a 1 por cada 30.000 habitantes o fracción mayor de 15.000, en busca de una mejor distribución territorial en la representación de la Asamblea, que pasará a tener 474 miembros en lugar de los 605 actuales.

Igualmente se reduce la composición del Consejo de Estado -máximo órgano de gobierno del país- de 31 a 21 miembros, incluyendo a su dirección.

Se establecen tres tipos de elecciones: las municipales, donde se eligen los delegados a las Asambleas Municipales (concejales); la nacional, para seleccionar a los diputados, y la de gobernadores, nueva figura instituida en la recién proclamada Constitución.

El presidente del Consejo de Estado propondrá la candidatura del gobernador y vicegobernadores, que serán elegidos por los delegados municipales de cada territorio.

La Ley Electoral dispone además el requisito de residencia de dos años para ejercer el voto y de cinco años para aspirar a un cargo público.

No varía el procedimiento electoral para los delegados municipales, cuyas candidaturas son propuestas directamente por los vecinos, mientras que las de los diputados a la Asamblea Nacional continuarán a cargo de comisiones de candidaturas.

Un órgano similar nominará a los aspirantes a presidente y vicepresidente del Parlamento, que deberán ser electos con más del 50% de los votos válidos y la mayoría absoluta de la Asamblea.

Esta continuará eligiendo a su vez al presidente y vicepresidentes del Consejo de Estado de entre sus integrantes, por lo que sigue cerrada la puerta a elecciones presidenciales directas.

En Cuba seguirán siendo ilegales las campañas electorales y la financiación a candidatos.

El Partido Comunista es la única formación política reconocida en el país.

Las comisiones permanentes de la Asamblea se reunieron durante toda la semana en La Habana en sesiones previas al pleno, donde además del proyecto de Ley Electoral se debatieron las nuevas legislaciones de Pesca y Símbolos Nacionales, que quedaron aprobadas también en esta jornada.

Las nuevas disposiciones regulan el uso de la bandera, el himno y escudo nacionales, y establecen nuevas reglas para la actividad pesquera en la isla caribeña.

Este tercer periodo de sesiones de la IX Legislatura del Parlamento cubano concluirá con la intervención del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien se prevé que haga el acostumbrado balance de la situación del país durante la primera mitad del año y establezca las previsiones para el resto de 2019.

(Con información de EFE)

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MIAMI, EStados Unidos.- “La nueva ley electoral debe funcionar como una herramienta cívica para la sociedad y no como un instrumento de control para el gobierno”, dice Juan Manuel Moreno Borrego, secretario ejecutivo de la organización de la sociedad civil Candidatos por el Cambio (CXC). Sin embargo, la discusión, votación y aprobación “de lo que debe ser una de las principales herramientas cívicas, será sometida a la decisión de un grupo de designados, y el pueblo ha sido excluido”, denuncia.

Por su parte, Julio Ferrer Tamayo, abogado de Cubalex, analiza el contexto judicial y constitucional: “Estas leyes tan específicas no van a tener esa discusión ni esa ´democracia´ con la que se discutió la constitución”, y entrecomilla el término con toda intensión, “con la aprobación de la Carta Magna lograron amarrar todo lo que les convenía. La nueva es una Constitución de principios y ahora estas leyes se encargarán de chapearla. La ley electoral está en jerarquía después de la constitución y es la que da una estructura al país, y requiere y debe contar con la opinión de la mayoría de los ciudadanos”, asegura Ferrer Tamayo, quien asegura que la realidad legal y jurídica cubana empieza con el sistema de leyes, no con la ley de leyes.

“Para ellos ya es democrático que los diputados sean electos por el pueblo, desde la circunscripción, aunque para discutir las leyes los que representan nunca tengan contacto con los representados”, analiza el abogado. “Aquí los diputados están ahí porque son interés del gobierno, y estas son las sesiones de asambleas más rápidas del mundo: dos días y nada más, se va a votar y a aprobar, porque ya todo está. Y han inventado eso de comisiones que cocinan en un grupito lo que se va a aprobar”, asegura el abogado, que también se pregunta, “¿de cuál democracia me hablas?”.

Moreno Borrego y CXC proponen una campaña para que el pueblo tome conciencia y exija que al menos se discuta en público la ley con la participación de todos, porque “esta nueva ley electoral no difiere mucho de la ley vigente, y el interés principal es perpetuarse en el poder a través de elecciones muy controladas, viciadas y parcializadas, que al final están bajo el control y la tutoría del partido comunista y en donde siempre van a salir las mismas personas en la cúpula mayor”. A pesar de que la experiencia en el referéndum de la Constitución arrojó represión y fraude Moreno Borrego y CXC intentan promover esta campaña en las redes.

Los cambios que se proponen son “superficiales” y alejan cada vez más a Cuba de una democracia y un estado de derecho. “Con la nueva ley electoral se va a constituir una nueva asamblea nacional con los mismo diputados”, dice convencido Ferrer Tamayo.

Para ambos la desmilitarización pudo haber sido uno de los cambios más radicales que nunca llegaron.

“El registro de electores sigue bajo la égida del ministerio del interior, en vez de ser una institución civil y no una institución militar. Sobre eso no se ha precisado nada”, analiza Ferrer Tamayo. Entretanto, Moreno Borrego cuenta que desde el 2015 Candidatos X el Cambio presentó en la Asamblea Nacional una propuesta de ley electoral en la que los militares fueran fuerzas garantes, que no participaran dentro del proceso y que no fueran ni electores ni elegidos”, pero, como a otras propuestas de la sociedad civil independiente, se hizo caso omiso.

Para Moreno Borrego en las propuestas de Cubalex, Otro 18 y CXC que fueron presentadas a la Asamblea Nacional en el 2015 había muchas “ideas frescas”, como “la edad para ejercer los cargos, hablamos del término de los 5 años y que no fuera reelegible, y de los términos de gobernadores y alcaldes”; sin embargo, aunque en apariencias hayan tomado algunos puntos de sus propuestas “no puede ser permitido que ellos impongan una ley sin el consentimiento de la ciudadanía”. Y lo que parece una pataleta más, porque es sabido que el gobierno cubano no dialoga con opositores, sino que los reprime, cobra todo sentido por el simple hecho de dar el escándalo y de que el mundo sepa que “no estamos conformes ni de brazos cruzados”, asegura Moreno Borrego, quien recordó a CubaNet cómo durante el referéndum constitucional “hubo más de 90 colegios electorales donde los observadores fueron reprimidos, golpeados y conducidos por la policía”.

Pero llevar a referéndum la ley electoral es un riesgo que el Gobierno no se atrevería a correr, porque, como dice el activista, “la capacidad de reacción de la gente ha ido aumentado a medida en que los cubanos han ganado en conciencia”, y porque según el secretario del consejo de estado, Homero Acosta, solo 10 000 personas plantearon que el presidente debía ser elegido de modo directo, y no “a dedo como fue colocado Díaz-Canel”, apunta el activista.

Entre los rasgos más relevantes de la nueva Constitución que acaba de entrar en vigor están “las intenciones violatorias del gobierno”, donde se llevan a votación los derechos de minorías como los de la comunidad LGBTI+, y las leyes que nos competen a la mayoría las deciden unos pocos con poder. Y Moreno Borrego se pregunta: “¿alguna vez se ha visto alguna dictadura que dé un paso políticamente correcto? Porque de ser así no serían dictaduras”.

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LA HABANA, Cuba. – Las autoridades cubanas competentes acaban de presentar el Proyecto de la “nueva” Ley Electoral. Al hacerlo, han comenzado a dar cumplimiento a la Disposición Transitoria Primera de la flamante carta magna entrada en vigor el pasado 10 de abril.

Según anunció el jurista José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el proyecto consta de 290 artículos agrupados en 16 títulos, 45 capítulos y 32 secciones. El nuevo documento es, en todos esos rubros, más voluminoso que el cuerpo legal que aspira a sustituir.

El mismo alto burócrata del régimen aclaró que el Proyecto “tiene un fuerte basamento en el contenido de la Ley 72 vigente” (el código que regula esa misma materia en la actualidad). Resulta obvio que esas palabras constituyen un delicado eufemismo para señalar que se trata de “más de lo mismo”, como reza la acertada frase popular.

Se cumplirá —pues— lo que el autor de estas líneas, refiriéndose a la nueva Ley Electoral en comparación con la que hoy rige, advertía hace meses en un trabajo especializado: “¿Cabe esperar que de esa actividad legislativa resulte una modificación sustancial de los métodos antidemocráticos plasmados en el actual código homónimo? En absoluto”.

Según lo anunciado hasta el momento, los modestos cambios que se introducen se reducen a aspectos como los siguientes: Se regula, desde luego, el método de cubrir los cargos públicos de nueva creación (Presidente y Vicepresidente de la República, Primer Ministro, gobernadores, intendentes). También se le da carácter permanente al Consejo Electoral Nacional.

Asimismo se reduce el número de diputados. De acuerdo a las nuevas reglas, el llamado “parlamento cubano” estará compuesto por unos 474 miembros. Esto parece obedecer a razones logísticas, pues el Capitolio Nacional no podría acoger con comodidad a los 605 integrantes que tiene hoy ese órgano.

De acuerdo a las nuevas normas anunciadas, sólo los municipios con más de 45 mil habitantes votarán por dos diputados. Se trata de una modificación al actual artículo 14 de la Ley Electoral, que establece que cada uno de todos esos territorios tendrá más de un representante en la ANPP.

Esto parece un simple detalle técnico, pero en realidad representa algo más: El artículo 93 del referido código dispone que “hasta el cincuenta (50) por ciento del total de candidatos a […] Diputados podrá seleccionarse de entre los Delegados a la Asamblea Municipal”. Para un cuadro local de bajo nivel, esto representa una clara vía de ascenso político.

De resultar él electo a nivel local, se hace posible que las tenebrosas comisiones de candidaturas lo escojan como candidato a diputado, con lo cual estará garantizado su acceso a una posición de nivel nacional. No tomarán decisiones importantes (ya sabemos que lo único que hacen los miembros del flamante “órgano supremo del Poder Estatal” es aprobar por unanimidad todo lo que propone la jefatura), pero desde el punto de vista de la representatividad, para ellos esa elección representa un buen ascenso.

Ahora, en todos los municipios menos poblados desaparecerá esa posibilidad. Sin importar el descoco mostrado al servicio del castrismo por personajillos locales, éstos no podrán aspirar a llegar a la ANPP. El único cargo de diputado del municipio quedará reservado a algún burócrata de alto rango nacido en el lugar, pero que desde hace decenios ocupa un cargo encumbrado en la lejana capital y habita en alguno de sus barrios más exclusivos.

Por consiguiente, habrá que introducir un cambio en la retórica demagógica que utiliza la propaganda castrista. La frase empleada a estos efectos (“la mitad de los miembros del parlamento cubano son ciudadanos modestos escogidos por sus vecinos”) habrá que completarla con una coletilla: “salvo en el caso de los municipios más pequeños”…

Dentro del tema de la disminución del número de miembros, también experimentará una reducción el Consejo de Estado. Por último, se anuncia asimismo la modificación de la Ley 88 (“De Revocación del Mandato de los Elegidos a los Órganos del Poder Popular”). Pero sólo cuando tal medida se adopte respecto a un delegado a la Asamblea Municipal.

Si vamos a lo que importa, deberemos constatar que las modificaciones anunciadas no implican cambio alguno en el carácter totalmente antidemocrático del actual sistema electoral cubano. Se mantienen las comisiones de candidaturas, aunque las reglas por las que se rigen tendrán un poco más de transparencia, pues a este tema se dedicarán los seis capítulos y cuatro secciones del Título VII. No se ha anunciado que en las elecciones para diputados habrá más candidatos que puestos a cubrir. Por ende, los ciudadanos no elegirán a esos representantes; simplemente votarán por los candidatos, cuya “victoria” está garantizada de antemano.

En resumen: La intensa labor legislativa que deberá desarrollarse para adaptar todo el ordenamiento jurídico del país a la nueva carta magna, ha comenzado de manera poco auspiciosa. Si los restantes códigos que deberán dictarse se ajustan a las características que ahora se anuncian para la nueva Ley Electoral, entonces no cabe esperar ninguna mejora sustancial en la situación de desamparo legal que enfrenta el ciudadano cubano.

MIAMI, Estados Unidos.- Esteban Lazo se pronunció este miércoles por la reducción del número de miembros del órgano legislativo que preside, la Asamblea Nacional de Poder Popular, integrada por 605 diputados, que según dijo, le parece “muy grande”, informó la agencia de noticias EFE.

El comentario del presidente del parlamento cubano se produjo durante un encuentro con su homóloga sudafricana, Baleka Mbete, de visita en Cuba.

En dicho encuentro, Lazo anunció que luego de concluir en noviembre el proceso de reforma constitucional, la primera tarea de la Asamblea Nacional del Poder Popular será la preparación de una nueva Ley Electoral. La vigente en la actualidad data de 1992 y establece dos tipos de procesos electorales.

Uno son unas elecciones generales, en las que se elige a los diputados a la Asamblea Nacional, su presidente, vicepresidente, secretario, y al presidente de la Isla, el primer vicepresidente y a los miembros del Consejo de Estado.

En esos comicios también son elegidos los delegados a las asambleas provinciales, así como sus presidentes y vicepresidentes para un período de cinco años.

El otro proceso se celebra cada dos años y medio, y son las elecciones parciales, en las que se elige a los delegados a las asambleas municipales y a sus presidentes y vicepresidentes.

Lazo explicó que luego de la consulta popular, el proyecto de Constitución volverá a la Asamblea Nacional, para que los diputados elaboren, teniendo en cuenta las propuestas, la versión definitiva del documento.

LA HABANA, Cuba.- En marzo de 2015 salió publicado en esta web un artículo de mi autoría a propósito del anuncio, en la prensa oficial cubana, de que se promulgaría una nueva Ley electoral en Cuba en 2018. Aquel texto levantó no pocos escozores, debido a que –entre otros tópicos sobre el tema en cuestión– lanzó la idea de reclamar que la nueva Ley incluyera el derecho de los cubanos emigrados a ejercer el voto en las elecciones de la Isla, en especial, habida cuenta que para los efectos de las autoridades cubanas una gran parte de ellos son considerados como ‘nacionales’ y en consecuencia su derecho a entrar a su país natal está sujeto a que porten obligatoriamente el pasaporte que así los acredita.

Otro elemento a favor de la propuesta era la ventaja que supone para los emigrados el hecho de vivir en una sociedad libre y tener la posibilidad de desarrollar campañas a través de diferentes medios, en reclamo de ese elemental derecho ciudadano, así como de proponer sus candidatos.

Para mayor ventaja, la emigración cubana –y muy especialmente la que reside en EE UU– constituye en la actualidad una de las más importantes fuentes de ingresos en divisas para la Isla, por tanto se ha erigido en un motor económico de capital importancia para el país. Si los emigrados son una fuerza económica substancial, justo es que también se erijan en fuerza política con plena participación y derechos. Visto en perspectiva, la emigración puede ser un pulso político formidable para forzar los cambios al interior de Cuba.

Algunos comentaristas se escandalizaron ante lo que consideraron una “legitimización” de la farsa electoral castrista, otros me acusaron de “hacerle el juego al régimen”, mientras los más benévolos y condescendientes me tildaron de ingenua.

Similares actitudes tuvieron conocidas figuras de la emigración con las que compartí y fundamenté mis puntos de vista, aunque debo reconocer que tampoco faltaron quienes se interesaron en el asunto. En todo caso, no se trataba de una absoluta novedad. Años atrás el destacado opositor cubano Oswaldo Payá se había apoyado en las grietas que ofrecía la propia Constitución para promover un referendo a través de su Proyecto Varela, y sorprendió a la opinión pública al lograr alrededor de 25 mil firmas de electores dentro de la propia Isla a despecho de la represión y de todos los riesgos que suponía tan titánica labor en condiciones de dictadura.

Hubo quienes consideraron erróneamente que el Proyecto Varela fue un fracaso. Al contrario, no solo demostró la capacidad de recabar la voluntad de miles de cubanos y de movilizar a la opinión pública internacional, sino que puso a la dictadura a la defensiva, la forzó a activar un escandaloso plebiscito que puso en evidencia la farsa gubernamental y sacó a la luz las debilidades de las propias leyes castristas.

En la actualidad han surgido voces y proyectos que proponen cambios sustanciales a tener en cuenta en la nueva Ley electoral, anunciada por el gobierno para el año 2018, incluyendo el derecho al voto de todos los cubanos. Afortunadamente, muchos grupos de la sociedad civil independiente y de la emigración consideran el momento propicio para incidir desde un marco jurídico inclusivo para avanzar hacia una Cuba democrática.

Desde luego, reconocer el derecho de los emigrados a participar en las elecciones  implicaría una transformación profunda y radical de la Ley electoral vigente, que hasta hoy no solo tiene un carácter ideológicamente encorsetado, sino que además se instituye en base a presupuestos ‘geográficos’, puesto que los electores votan por un candidato de la circunscripción en la que aparecen empadronados y solo pueden ejercer ese derecho si se encuentran dentro del territorio nacional –salvo que estén cumpliendo alguna “misión” oficial en el extranjero, en cuyo caso se habilitan urnas especiales para ellos en los sitios donde se encuentren–; y ‘biográficos’, ya que se vota por la biografía del candidato, confeccionada por la propia Comisión Electoral Municipal (CEM), encabezada por el Partido Comunista (PCC) y no por un programa de gobierno que el candidato promueva.

Y puesto que se ha tratado solamente de ‘votaciones’ por uno u otro candidato al servicio del mismo gobierno, y no de genuinos representantes de los intereses de los electores, la primera metamorfosis que deberá contener la nueva Ley electoral sería precisamente que refrendara el derecho a verdaderas elecciones para todos los cubanos, con independencia de su país o región de residencia.

A esto habría que sumar la demanda de elecciones generales y no de simples funcionarios locales, sin poder real y sin compromiso alguno con el electorado.

Obviamente, no hay que esperar que la cúpula verde olivo tenga la menor intención de renunciar voluntariamente a sus fueros “electorales”. De ahí que el papel de la emigración cobre un valor adicional debido a su capacidad de influir en la opinión pública y en sectores de la política de sus lugares de residencia para ejercer presión sobre las autoridades cubanas.

Lo peor es que no solo la gerontocracia guerrillera de la Isla exhibe récords de tozudez ni es la única que tiene grandes intereses que proteger, lo cual ralentiza cualquier proceso de transición o de apertura en Cuba, incluso en el marco de acercamiento propiciado por la administración del Presidente Barack Obama.

Ciertos grupos de la llamada “emigración histórica” –cualquier parecido con la “generación histórica” del Palacio de la Revolución no es mera coincidencia– suele mostrarse tan aferrada a la confrontación como los propios ancianos dictadores de la Isla.

A este tenor, quizás los políticos representantes de la emigración cubana en EE UU obtendrían mejores resultados si, en lugar de oponerse tan obtusamente al restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana y al proceso de diálogo entre ambos gobiernos, aprovecharan el nuevo escenario político y consideraran forzar a la Casa Blanca para que incluya en la agenda de los DD HH la reclamación de la comunidad cubana de ejercer plenamente sus derechos ciudadanos en el país que les vio nacer.

Y ya que ante el hecho consumado de nada valen las pataletas de ahorcados, la ocasión es propicia para dejar de lado intereses turbios que nada tienen que ver con supuestos celos patrióticos y sacar ventaja del acercamiento.

Ya existe un gran número de cubanos emigrados que están haciendo la campaña para exigir que su derecho a participar en las elecciones de Cuba sea refrendado en la nueva Ley electoral. Habrá que ver si reciben algún apoyo de los políticos que dicen representarlos, o si los encargados, por la parte estadounidense, de dialogar con la dictadura cubana sobre DD HH –que aseguran estar dispuestos a considerar todas las propuestas y criterios de los cubanos– incluyen en su agenda los legítimos reclamos de esos otros desheredados de patria y de derechos por las leyes del castrismo: los emigrados.

LA HABANA, Cuba.- Falta poco para el inicio del próximo congreso del Partido Comunista de Cuba. En un país estalinista como el nuestro, los eventos de ese tipo constituyen el marco adecuado para formalizar las decisiones más importantes concernientes a la vida nacional. Como la dirigencia —aunque sin precisar modos ni plazos— ha anunciado cambios a la legislación electoral, es probable que el congreso defina al menos los aspectos fundamentales de esa reforma.

En un artículo que publiqué hace varios meses, abordé ese asunto; también planteé cuáles son, en mi opinión, las modificaciones que es menester realizar para que pueda afirmarse que el sistema político cubano ha empezado a moverse hacia la democracia. Mencioné allí la libertad para postular candidatos a todos los cargos electivos, la autorización para realizar campañas (algo que, aunque parezca increíble, prohíbe de modo expreso la ley vigente) y el derecho a que haya representantes de la oposición en las comisiones electorales de todos los niveles.

Insisto en que se trata sólo de los cambios mínimos indispensables. Por supuesto que no tengo objeción alguna a que —digamos— haya observadores internacionales o a que los candidatos alternativos tengan acceso a los medios masivos de comunicación. Tampoco  me opongo a que se elimine la posibilidad (contemplada en la ley actual) de admitir que voten en un colegio electoral ciudadanos que residen en otra provincia, lo cual permite “rellenos” de todo tipo.

Medidas como las planteadas en el párrafo anterior serían justas y correctas. Pero pienso que el grado de hartazgo de la población con el régimen que lo agobia es tan grande, que los castristas, incluso usando las ventajas tramposas con las que hoy cuentan (como el acceso exclusivo a la prensa), no serían capaces de ganar. A condición —claro— de que se cumplan las tres condiciones que señalé de inicio.

Otros compatriotas —como los del proyecto cívico independiente Candidatos por el Cambio— plantean otra serie de requisitos, varios de los cuales me parecen innecesarios, al menos en un comienzo. Entre estos últimos incluyo, por ejemplo: el aumento de la edad electoral y la eliminación del derecho al voto de los militares (sin distinguir entre los de carrera y los simples reclutas).

Sé que, en la elaboración de esa propuesta, no se contó con la colaboración de mi colega agramontista Hildebrando Chaviano (uno de los que figuró en la boleta de su respectiva circunscripción como candidato independiente a concejal). Como se sabe, Candidatos por el Cambio plantea la conveniencia de utilizar las limitadísimas posibilidades que ofrece el actual sistema comicial cubano para avanzar hacia la democracia. Como resulta obvio, esto se refiere sólo a las elecciones municipales, pues ya se sabe que, en las de nivel provincial y nacional, está dispuesto que el número de candidatos sea igual al de los cargos a cubrir.

Esos compatriotas enarbolan la participación de un par de candidatos ajenos al sistema en las últimas elecciones (¡dos entre decenas de miles en toda Cuba!) como una supuesta prueba de las posibilidades reales con las que cuenta la Oposición en ese sentido. Discrepo de ellos. El sistema de nominación existente (mediante votaciones a mano alzada, y esto en un estado-policía como el nuestro) convierten esas aspiraciones en un sueño fantasmagórico.

Algunos disidentes han planteado que Candidatos por el Cambio, con ese actuar, le hace el juego al castrismo. No puedo estar de acuerdo con ese planteamiento. Nada puedo decir sobre el otro candidato independiente, a quien no conozco. Pero sí estoy en condiciones de hablar sobre Hildebrando Chaviano, un hombre honorable, que pertenece a la organización de abogados independientes que presido y utiliza su pluma con destreza para criticar de manera vertical al estado de cosas imperante.

Por eso me opongo a aquella afirmación que hacen algunos. Lo que sí afirmo —con perdón del otro aspirante y de mi colega y buen amigo Hildebrando— es que ellos, aunque ése no sea su propósito, están haciéndole el juego al sistema comicial tramposo que el régimen diseñó para coaccionar a los ciudadanos e impedir la nominación masiva —no digamos ya el triunfo— de candidatos opositores.

Si dentro de unas semanas el congreso del partido único aborda el tema de las reformas a la Ley Electoral, empezaremos a salir de dudas sobre cuáles son las verdaderas intenciones que tiene el castrismo en este terreno. Falta ya poco tiempo. Mantengámonos atentos.

LA HABANA, Cuba.- Con el concepto básico que define a la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD): trabajar unidos en acciones estratégicamente definidas desde la convergencia plural, adquiere puntualidad ahora el trabajo en sendas propuestas ciudadanas de ley electoral y de ley de asociaciones y de partidos políticos que se articulan desde la ciudadanía en el proyecto #Otro18, asumidos por la MUAD y otras organizaciones y proyectos como Espacio Abierto de la Sociedad Civil.

Cabe enfatizar inicialmente la combinación entre genealogía y cronología históricas de las demandas de cambio en Cuba porque ha predominado en el mundo la percepción de que la sociedad civil y la comunidad pro democrática cubanas no han sido capaces de hacer propuestas concretas para la democratización, debatiéndose en la mera resistencia a la represión del gobierno, y atrapadas en las exigencias generales y abstractas de respeto y promoción a los derechos humanos.

Eso no es cierto en varios sentidos fundamentales y lo demuestra el hecho de las exigencias de cambio electoral, muy viables, que se articularon entre 1998 y 2002 por el Proyecto Varela.

Estas exigencias regresan ahora y, sin embargo, sigue pareciendo para la percepción, sobre todo externa, que la sociedad civil propone trabajar hacia una ley electoral como reacción a lo que el partido comunista cubano recogió en sus Lineamientos de 2011 y presentó con más claridad en un pleno de su comité central en 2014. En ambos momentos, las autoridades del partido comunista, y es importante retener el dato sobre quién propone, comunicaron sus intenciones de trabajar por una nueva ley electoral. Y curioso. No hablan de reformar sino de innovar en este ámbito.

Vale esta pregunta entonces: ¿quién reacciona ante quién cuando estamos hablando de reformas estructurales en Cuba? Todos los cambios que se han hecho en la isla, casi ninguno de tipo estructural, han sido propuestos o demandados alguna vez por un conjunto nada pobre de programas políticos de la oposición. Y si hablamos exclusivamente de aquellos que tocan a las estructuras del régimen, entonces la comunidad pro democrática ha peinado a toda la sociedad y a todos los ámbitos en sus proyectos de cambio.

Es importante por tanto aquella pregunta porque toca a la pretensión específica de cada actor cuando adelanta una propuesta determinada. De modo que lo fundamental aquí es: ¿qué ley electoral visualiza el gobierno en contraste con la que visualiza la sociedad civil?

Podríamos imaginar lo que intenta el gobierno; pero podemos saber lo que quiere la sociedad civil.

Para nosotros el asunto es de representación política de la diversidad social. Buscar que en el poder tenga voz, definición y posibilidad de incidir y decidir en política la pluralidad de opciones que se expresan en la sociedad civil y que buscan conformar la voluntad política del Estado. Porque recordemos lo que siempre vale la pena repetir: la democratización del Estado depende exclusivamente de la existencia y posibilidad de competencia política, en igualdad de condiciones, entre una diversidad coherente de partidos políticos.

#Otro18 incorpora por ello un asunto adelantado inicialmente por la propuesta Urna Transparente, hecha por el Foro Antitotalitario Unido, acción cívica que ha sido acogida colectivamente.

Hablar de ley electoral significa hablar de garantías electorales: acceso igualitario a los medios de comunicación, protección a la libertad de expresión, reconocimiento a la pluralidad de partidos, posibilidad de postular candidatos de esos diferentes partidos o a candidatos independientes, consejo electoral independiente y observación internacional calificada, entre otras garantías. Y al fijarnos en estas, se abre el debate sobre el sistema electoral, que comprende obviamente la ley pero no se reduce a ella.

Las garantías y el sistema electoral son los que comienzan a marcar las diferencias fundamentales entre lo que propondría el gobierno y lo que propondría la sociedad civil. Estos análisis de contexto remiten tanto a la diferente naturaleza de las propuestas como a los estilos y medios de trabajo con los que ambos actores, Estado y sociedad civil, afrontan el desafío.

Importante mirar en esta dirección. Si el gobierno propone una nueva ley electoral podría vender la impresión de que moderniza el sistema político. Lo que sería cierto en algún sentido sin que por ello signifique que se democratiza, como muy bien podría ser leído en la comunidad internacional.

Si complejizamos el análisis no podríamos obviar el dato de que si algo hay de específico en los modelos políticos eso es el sistema electoral. Ninguno, o casi ninguno, es igual al otro y todos podrían reclamar un carácter democrático. Ello ofrecería una coartada conceptual y política al régimen si logra vender como ley electoral democrática lo que algunos imaginamos será una reforma hacia un pluralismo corporativo que incorpore a representantes-elite por sectores, abiertos a la crítica legitimable, pero que no toquen ni los fundamentos del Estado, ni los fundamentos del poder, ni los fundamentos de las elites políticas hereditarias. Estos representantes-elite no tendrían que ser miembros del partido comunista, de hecho la condición ahora es que no lo sean, pero sí tendrían que estar de acuerdo con su hegemonía.

De ahí la importancia de enfatizar dos puntos esenciales como base de la ley electoral: el pluralismo ideológico abierto a la formación de partidos y la legitimación ciudadana de la representación. Lo que intentamos es que la ley electoral se legitime desde la ciudadanía y sea, en todos los formatos posibles, deliberada con la ciudadanía. No se puede concebir por tanto una nueva ley electoral sin una ley de asociaciones nueva y sin una ley de partidos.

¿Es congruente una nueva ley electoral dentro del mismo sistema electoral de partido único? No, pero parece ser lo que pretende el gobierno.

¿Cuál es nuestro itinerario?

#Otro18 se mueve en tres direcciones hacia un mismo fin.

Trabajamos en un plano más básico con Urna Transparente para sensibilizar, identificar y comprometer a la ciudadanía con los estándares internacionales respecto a los sistemas electorales. La recogida de firmas, que hacemos también en otras áreas conectados por el mismo propósito, prepara el terreno ciudadano en la dirección de acoplar con la cultura global de elecciones libres, limpias y supervisadas que serviría a ambos procesos: el que propone el gobierno y el que está proponiendo la sociedad civil.

Hemos constituido por otra parte en forma simultánea, y esta es la segunda dirección, dos Mesas de Trabajo básicas. Una dedicada al tema electoral y otra al tema de las asociaciones y los partidos políticos.

La composición de ambas Mesas responde a la naturaleza democrática del proyecto. Están constituidas cada una por entre tres y cuatro abogados, que fungen como expertos en el proceso, junto a periodistas y comunicadores sociales, que se constituyen en equipo de comunicación ligados a la campaña de movilización ciudadana, y a activistas de diferentes organizaciones que se implican en un proyecto que es legítimo solo si es plural y capta todas las sensibilidades.

Esto requiere desde luego apoyo internacional de expertos en sistemas electorales. Las últimas elecciones propiamente en Cuba, las que incluyen pluralidad política en igualdad legal de condiciones, se realizaron hace 76 años, de modo que el último votante libre cubano vivo debe tener ahora mismo 80 o más años de edad.

La pretensión nuestra es la de presentar una contrapropuesta ciudadana en la fase final de este proceso, aunque avancemos gradualmente presentando propuestas parciales para lo que creemos debe ser una ley electoral democrática.

Tal propuesta inicial será presentada a la ciudadanía, en forma de borrador, dentro de un proceso de deliberación democrática a través de los diversos formatos estructurados dentro de la sociedad civil. El proceso de retroalimentación que esto genera será entonces devuelto a los abogados para que conformen una propuesta final en ambos sentidos.

¿Cómo introducir estas propuestas en los canales políticos? El debate se está produciendo ahora mismo. En la recién constituida MUAD se ha asumido en principio, esta es la tercera dirección, la idea del Plebiscito adelantada por el proyecto Cuba Decide. La discusión gira en torno a la viabilidad de un Plebiscito en las actuales condiciones y al auto bloqueo eventual de la agenda política de la oposición si hacemos depender su realización de lo que en tal sentido establece el ordenamiento jurídico: la realización de un Plebiscito depende de la voluntad del gobierno. Es el riesgo del control absoluto de la agenda y de los tiempos políticos por actores que a su vez no podemos controlar.

Algunos consideran que un Plebiscito puede hacerse sin enfatizar su naturaleza vinculante, fijando ante todo su valor simbólico. El impacto político real de hacerlo de esta manera depende de si alcanzamos una cifra crítica suficiente ─lograble también a través de una recogida de firmas─ que demuestre públicamente las tendencias básicas de la voluntad política ciudadana. En este caso, el Plebiscito sellaría las propuestas ciudadanas en los dos sentidos en las que se trabajan y le darían un contenido propio, además del auto control de la agenda y de sus tiempos, triplemente legitimado por su origen, desde abajo, por el apoyo ciudadano a un proceso electoral con garantías, a través de Urna Transparente, y por su legitimación ciudadana final. Un triple anclaje ciudadano del sistema político democrático en una de sus columnas centrales: la elección de la representación en todos los niveles del Estado.

En esta dirección caminan también, y en varios puntos se conecta, las diversas propuestas de Presentación de Candidatos Independientes en las venideras elecciones de 2018. Ellas deciden correr autónomamente, con independencia del resultado de las propuestas ciudadanas respecto de la ley y el sistema electorales, y de la ley de asociaciones y de partidos políticos. Unas propuestas semejantes, (Presentación de Candidatos Independientes), como simbólicamente se demostró en las últimas elecciones municipales del primer trimestre de 2015, presionarían democráticamente al gobierno, dentro de su nueva ley electoral; una que de seguro será concebida y puesta en escena para el aggiornamento del régimen. Un resultado, de lograrse, nada menor para la sociedad cubana.

El éxito de nuestras ambiciones depende en cualquier caso de la movilización ciudadana que alcancemos a través de una campaña estructurada. Hemos pensado y estamos trabajando en este sentido en una Lista de Observadores Internacionales cubanos, fundamentalmente jóvenes, que participen en procesos electorales en otros países y se coordinen dentro de Cuba para compartir sus experiencias con la ciudadanía; también en cuatro redes específicas, no exclusivas, de incidencia social hacia las mujeres, los jóvenes, los afrodescendientes y la comunidad LGBTI. Bajo el moto de: redes por el voto plural, ellas trabajarán con los ciudadanos en la sensibilización y articulación con #Otro18.

En un sentido de política ideal nos moveríamos en el largo plazo, para lo que también se vienen recogiendo firmas, en la dirección de que un sistema político pluralista abra el proceso por una Asamblea Constituyente en Cuba.

Necesitamos para ello de la mayor solidaridad internacional posible, de la coordinación eficaz de las organizaciones que dentro de Cuba decidan incorporarse al proyecto y de las que en el exterior están comprometidas con ayudar en la democratización de Cuba.

LA HABANA, Cuba – El opositor Yuniel Francisco López O’Farrill, quien alcanzó relevancia al ser nominado como candidato en las pasadas elecciones del Poder Popular por la Circunscripción 111, en el capitalino municipio Arroyo Naranjo, viajará este lunes 8 de junio a España, invitado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) para participar en la reunión “Por una nueva Ley Electoral cubana”, que tendrá lugar en la ciudad de Madrid.

López O’Farrill es delegado de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática (CID).

El joven opositor declaró: “Me siento muy motivado con esta invitación. Espero que en esta reunión se produzcan intercambios muy productivos para nuestro propósito de fortalecer el trabajo con la sociedad civil y crear estrategias pacíficas más efectivas para presionar al gobierno a realizar los cambios económicos y políticos que nos permitan alcanzar la libertad y la democracia que nos merecemos”.

Al evento, asistirán también Carlos Amel Oliva Torres, Juan Antonio Madrazo Luna, Rigoberto González Vigoa, Rosa María Torrado Rodríguez, Wilfredo Vallín Almeida y Hiderbrando Chaviano Montes, quien también se postulara en las pasadas elecciones a candidatos municipales del Poder Popular en la zona del Focsa, circunscripción 7, en el Vedado, municipio Plaza de la Revolución, La Habana.

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LA HABANA, Cuba. — El reciente anuncio oficial de la próxima entrada en vigor de una nueva Ley Electoral cubana, dado a conocer tras la celebración del X Pleno del Comité Central (CC) del Partido Comunista de Cuba (PCC), ha recibido la indiferencia social como respuesta. Basta un sondeo de opinión entre los cubanos comunes para constatar la apatía general, la falta de confianza en el sistema y la casi absoluta certeza de que el gobierno se las apañará para que todo siga bajo su estricto control. El sentimiento más extendido es que la nueva Ley será, a no dudarlo, otra triquiñuela raulista para simular cambios que en esencia no son tales.

Sin embargo, la apatía política de los cubanos –de los cuales solo la actual generación de octogenarios conoció en su juventud lo que alguna vez fueron elecciones generales, durante la República maldita– no solo dimana de haber estado largamente privados del derecho a elegir y a tomar parte en los destinos del país, sino de la distorsión que ha creado el engendro de farsa electoral refrendado en una Ley surgida desde 1976 y ligeramente modificada en 1992 solo para establecer el voto “secreto y directo” en los órganos provinciales y nacionales, instancias éstas en las que, sin embargo, no postulan ni eligen directamente los electores, sino la “representación” de ellos a través de los diputados.

Por otra parte, bajo la Ley electoral vigente no solo se prohíben los partidos políticos que puedan postular sus candidatos, sino que –además– el Partido único, dizque “comunista”, no constituye jurídicamente una estructura electoral, por lo cual tampoco puede postular candidatos ni presentarse a elecciones. En tales circunstancias llama la atención que la propuesta de una nueva Ley electoral haya surgido precisamente del Pleno del Comité Central y no de las instancias superiores del Poder Popular, que constituye el órgano legislativo constitucional encargado de dichas funciones. Así las cosas, el PCC no postula, pero tampoco necesita hacerlo en tanto es el que promulga una Ley electoral que, obviamente, estará en función de sus intereses políticos. Esta es en esencia la aberración primaria de toda legislación cubana.

Para coronar al “soberano”

A juzgar por cifras oficiales incontrastables, el PCC cuenta con una membresía de unos 800 mil militantes, lo que significa que alrededor del 7 % de la población cubana milita en el partido político que “gobierna” sobre un total de 11 millones, sin contar al 20% de ese total de cubanos que vive en una emigración despojada no solo de sus derechos políticos en Cuba, sino de sus derechos naturales como hijos de este país.

Esto conduce directamente a otra consideración adicional, y es que si la nueva Ley electoral aspira a ser verdaderamente democrática, no solo deberá introducir modificaciones radicales que implicarían una derogación del artículo 5 de la Constitución vigente * , sino que debería incluir también el derecho al voto a todos los cubanos emigrados en edad electoral, lo cual subsanaría, entre otras injustas exclusiones, el despojo de su ciudadanía y de sus propiedades en la Isla, el trato diferenciado y gravoso a la hora de visitar su país natal, a la vez que reconocería su plena capacidad para participar en la vida política de la Nación, habida cuenta que de ellos proviene, bajo el rótulo de remesas familiares, uno de los más importantes ingresos económicos con los que subsisten tanto un enorme sector de cubanos “de adentro” como la dictadura y su claque en el poder.

En ese sentido los cubanos de la emigración podrían constituir una fuerza importante para empujar la democracia dentro de Cuba, en particular porque cuentan con herramientas tan poderosas como su independencia económica, su probada capacidad para inyectar capitales en la economía nacional y su experiencia de vida en sociedades democráticas. De asumir tal compromiso, la emigración sería una fuerza formidable que, por demás, influiría en la eventual aceleración del proceso de transición hacia la democracia en Cuba, al exigir el lugar que han ganado por derecho propio: transmutarse de sostenedores financieros del sistema en actores políticos de su país natal.

¿Acaso no son los propios medios oficiales los que divulgan las convocatorias a las urnas para los residentes extranjeros en Cuba, siempre que se producen elecciones en sus países de origen? ¿Qué justificación tendría el régimen para impedir que los emigrados cubanos ejerzan el mismo derecho en las diferentes legaciones diplomáticas cubanas de todo el mundo? ¿No sería esta una apoteósica inauguración de la Embajada cubana en EE UU?

Ahora bien, está claro que desde el punto legal la emigración actualmente no cuenta con posibilidad alguna de lograr semejante reconocimiento por parte de las autoridades cubanas. Sin embargo, una campaña de reclamo de sus derechos legales, y en particular de su participación como electores efectivos, no solo tendría un gran impacto en la opinión pública en el actual escenario de acercamiento entre los gobiernos de Cuba y EE UU, sino que constituiría un logro político importante, con independencia de sus resultados.

La enorme ventaja de los emigrados sobre los que vivimos en la Isla es, precisamente, la libertad de expresión, su capacidad de organización y de acción, y su pleno acceso a diversos medios de comunicación. Con frecuencia los disidentes de la Isla hemos sido justamente cuestionados por no haber sido capaces, a lo largo de décadas, de crear un frente común. He aquí una posibilidad de crearlo, aunando esfuerzos y energías cubanos “de adentro” y “de afuera”, por un objetivo común, el reconocimiento y ejercicio de un derecho raigal de toda sociedad democrática: el de elegir a sus gobernantes. ¿Es un sueño? Probablemente; pero en cualquier caso un sueño legítimo y compartido por la mayoría. En cualquier caso tenemos el antecedente histórico en el papel determinante que jugó la integración de la emigración con los libertadores de la Isla, en los tiempos de nuestras guerras por la Independencia.

Obviamente, el régimen de La Habana no tiene la intención de propiciar una legislación que ponga en peligro o haga tambalear sus poderes cuasi seculares. Tampoco, de manera aislada o proponiendo “delegados opositores” a nivel de barrios lograríamos avances significativos. ¿Qué nos impide, entonces, unirnos en un frente común por el derecho de todos los cubanos al pluripartidismo y al sufragio? El momento actual nos coloca ante una disyuntiva en la lucha pacífica por nuestras reivindicaciones ciudadanas: o contemplamos pasivamente la legitimación hasta el infinito de la dinastía Castro, o nos integramos –más allá de ideologías, títulos y preferencias políticas– bajo un solo rótulo: CUBANOS.

Ya no nos queda nada por perder; en cambio, quizás tendríamos la posibilidad de asistir al descubrimiento de nuestra propia fuerza. Valdría la pena intentarlo.

* El Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista.

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