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Sábado, 24 de junio 2017

Otro punto para la agenda de los Derechos Humanos

Muchos cubanos emigrados están haciendo campaña para exigir su derecho a participar en las elecciones de Cuba

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Existe un gran número de cubanos emigrados que están haciendo la campaña para exigir que su derecho a participar en las elecciones de Cuba sea refrendado en la nueva Ley electoral (wordpress.com)

Existe un gran número de cubanos emigrados que están haciendo la campaña para exigir que su derecho a participar en las elecciones de Cuba sea refrendado en la nueva Ley electoral (wordpress.com)

LA HABANA, Cuba.- En marzo de 2015 salió publicado en esta web un artículo de mi autoría a propósito del anuncio, en la prensa oficial cubana, de que se promulgaría una nueva Ley electoral en Cuba en 2018. Aquel texto levantó no pocos escozores, debido a que –entre otros tópicos sobre el tema en cuestión– lanzó la idea de reclamar que la nueva Ley incluyera el derecho de los cubanos emigrados a ejercer el voto en las elecciones de la Isla, en especial, habida cuenta que para los efectos de las autoridades cubanas una gran parte de ellos son considerados como ‘nacionales’ y en consecuencia su derecho a entrar a su país natal está sujeto a que porten obligatoriamente el pasaporte que así los acredita.

Otro elemento a favor de la propuesta era la ventaja que supone para los emigrados el hecho de vivir en una sociedad libre y tener la posibilidad de desarrollar campañas a través de diferentes medios, en reclamo de ese elemental derecho ciudadano, así como de proponer sus candidatos.

Para mayor ventaja, la emigración cubana –y muy especialmente la que reside en EE UU– constituye en la actualidad una de las más importantes fuentes de ingresos en divisas para la Isla, por tanto se ha erigido en un motor económico de capital importancia para el país. Si los emigrados son una fuerza económica substancial, justo es que también se erijan en fuerza política con plena participación y derechos. Visto en perspectiva, la emigración puede ser un pulso político formidable para forzar los cambios al interior de Cuba.

Algunos comentaristas se escandalizaron ante lo que consideraron una “legitimización” de la farsa electoral castrista, otros me acusaron de “hacerle el juego al régimen”, mientras los más benévolos y condescendientes me tildaron de ingenua.

Similares actitudes tuvieron conocidas figuras de la emigración con las que compartí y fundamenté mis puntos de vista, aunque debo reconocer que tampoco faltaron quienes se interesaron en el asunto. En todo caso, no se trataba de una absoluta novedad. Años atrás el destacado opositor cubano Oswaldo Payá se había apoyado en las grietas que ofrecía la propia Constitución para promover un referendo a través de su Proyecto Varela, y sorprendió a la opinión pública al lograr alrededor de 25 mil firmas de electores dentro de la propia Isla a despecho de la represión y de todos los riesgos que suponía tan titánica labor en condiciones de dictadura.

Hubo quienes consideraron erróneamente que el Proyecto Varela fue un fracaso. Al contrario, no solo demostró la capacidad de recabar la voluntad de miles de cubanos y de movilizar a la opinión pública internacional, sino que puso a la dictadura a la defensiva, la forzó a activar un escandaloso plebiscito que puso en evidencia la farsa gubernamental y sacó a la luz las debilidades de las propias leyes castristas.

En la actualidad han surgido voces y proyectos que proponen cambios sustanciales a tener en cuenta en la nueva Ley electoral, anunciada por el gobierno para el año 2018, incluyendo el derecho al voto de todos los cubanos. Afortunadamente, muchos grupos de la sociedad civil independiente y de la emigración consideran el momento propicio para incidir desde un marco jurídico inclusivo para avanzar hacia una Cuba democrática.

Desde luego, reconocer el derecho de los emigrados a participar en las elecciones  implicaría una transformación profunda y radical de la Ley electoral vigente, que hasta hoy no solo tiene un carácter ideológicamente encorsetado, sino que además se instituye en base a presupuestos ‘geográficos’, puesto que los electores votan por un candidato de la circunscripción en la que aparecen empadronados y solo pueden ejercer ese derecho si se encuentran dentro del territorio nacional –salvo que estén cumpliendo alguna “misión” oficial en el extranjero, en cuyo caso se habilitan urnas especiales para ellos en los sitios donde se encuentren–; y ‘biográficos’, ya que se vota por la biografía del candidato, confeccionada por la propia Comisión Electoral Municipal (CEM), encabezada por el Partido Comunista (PCC) y no por un programa de gobierno que el candidato promueva.

Y puesto que se ha tratado solamente de ‘votaciones’ por uno u otro candidato al servicio del mismo gobierno, y no de genuinos representantes de los intereses de los electores, la primera metamorfosis que deberá contener la nueva Ley electoral sería precisamente que refrendara el derecho a verdaderas elecciones para todos los cubanos, con independencia de su país o región de residencia.

A esto habría que sumar la demanda de elecciones generales y no de simples funcionarios locales, sin poder real y sin compromiso alguno con el electorado.

Obviamente, no hay que esperar que la cúpula verde olivo tenga la menor intención de renunciar voluntariamente a sus fueros “electorales”. De ahí que el papel de la emigración cobre un valor adicional debido a su capacidad de influir en la opinión pública y en sectores de la política de sus lugares de residencia para ejercer presión sobre las autoridades cubanas.

Lo peor es que no solo la gerontocracia guerrillera de la Isla exhibe récords de tozudez ni es la única que tiene grandes intereses que proteger, lo cual ralentiza cualquier proceso de transición o de apertura en Cuba, incluso en el marco de acercamiento propiciado por la administración del Presidente Barack Obama.

Ciertos grupos de la llamada “emigración histórica” –cualquier parecido con la “generación histórica” del Palacio de la Revolución no es mera coincidencia– suele mostrarse tan aferrada a la confrontación como los propios ancianos dictadores de la Isla.

A este tenor, quizás los políticos representantes de la emigración cubana en EE UU obtendrían mejores resultados si, en lugar de oponerse tan obtusamente al restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana y al proceso de diálogo entre ambos gobiernos, aprovecharan el nuevo escenario político y consideraran forzar a la Casa Blanca para que incluya en la agenda de los DD HH la reclamación de la comunidad cubana de ejercer plenamente sus derechos ciudadanos en el país que les vio nacer.

Y ya que ante el hecho consumado de nada valen las pataletas de ahorcados, la ocasión es propicia para dejar de lado intereses turbios que nada tienen que ver con supuestos celos patrióticos y sacar ventaja del acercamiento.

Ya existe un gran número de cubanos emigrados que están haciendo la campaña para exigir que su derecho a participar en las elecciones de Cuba sea refrendado en la nueva Ley electoral. Habrá que ver si reciben algún apoyo de los políticos que dicen representarlos, o si los encargados, por la parte estadounidense, de dialogar con la dictadura cubana sobre DD HH –que aseguran estar dispuestos a considerar todas las propuestas y criterios de los cubanos– incluyen en su agenda los legítimos reclamos de esos otros desheredados de patria y de derechos por las leyes del castrismo: los emigrados.

Acerca del Autor

Miriam Celaya
Miriam Celaya

Miriam Celaya (La Habana, Cuba 9 de octubre de 1959). Graduada de Historia del Arte, trabajó durante casi dos décadas en el Departamento de Arqueología de la Academia de Ciencias de Cuba. Además, ha sido profesora de literatura y español. Miriam Celaya, seudónimo: Eva, es una habanera de la Isla, perteneciente a una generación que ha vivido debatiéndose entre la desilusión y la esperanza y cuyos miembros alcanzaron la mayoría de edad en el controvertido año 1980. Ha publicado colaboraciones en el espacio Encuentro en la Red, para el cual creó el seudónimo. En julio de 2008, Eva asumió públicamente su verdadera identidad. Es autora del Blog Sin Evasión

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