MIAMI, EStados Unidos.- “La nueva ley electoral debe funcionar como una herramienta cívica para la sociedad y no como un instrumento de control para el gobierno”, dice Juan Manuel Moreno Borrego, secretario ejecutivo de la organización de la sociedad civil Candidatos por el Cambio (CXC). Sin embargo, la discusión, votación y aprobación “de lo que debe ser una de las principales herramientas cívicas, será sometida a la decisión de un grupo de designados, y el pueblo ha sido excluido”, denuncia.
Por su parte, Julio Ferrer Tamayo, abogado de Cubalex, analiza el contexto judicial y constitucional: “Estas leyes tan específicas no van a tener esa discusión ni esa ´democracia´ con la que se discutió la constitución”, y entrecomilla el término con toda intensión, “con la aprobación de la Carta Magna lograron amarrar todo lo que les convenía. La nueva es una Constitución de principios y ahora estas leyes se encargarán de chapearla. La ley electoral está en jerarquía después de la constitución y es la que da una estructura al país, y requiere y debe contar con la opinión de la mayoría de los ciudadanos”, asegura Ferrer Tamayo, quien asegura que la realidad legal y jurídica cubana empieza con el sistema de leyes, no con la ley de leyes.
“Para ellos ya es democrático que los diputados sean electos por el pueblo, desde la circunscripción, aunque para discutir las leyes los que representan nunca tengan contacto con los representados”, analiza el abogado. “Aquí los diputados están ahí porque son interés del gobierno, y estas son las sesiones de asambleas más rápidas del mundo: dos días y nada más, se va a votar y a aprobar, porque ya todo está. Y han inventado eso de comisiones que cocinan en un grupito lo que se va a aprobar”, asegura el abogado, que también se pregunta, “¿de cuál democracia me hablas?”.
Moreno Borrego y CXC proponen una campaña para que el pueblo tome conciencia y exija que al menos se discuta en público la ley con la participación de todos, porque “esta nueva ley electoral no difiere mucho de la ley vigente, y el interés principal es perpetuarse en el poder a través de elecciones muy controladas, viciadas y parcializadas, que al final están bajo el control y la tutoría del partido comunista y en donde siempre van a salir las mismas personas en la cúpula mayor”. A pesar de que la experiencia en el referéndum de la Constitución arrojó represión y fraude Moreno Borrego y CXC intentan promover esta campaña en las redes.
Los cambios que se proponen son “superficiales” y alejan cada vez más a Cuba de una democracia y un estado de derecho. “Con la nueva ley electoral se va a constituir una nueva asamblea nacional con los mismo diputados”, dice convencido Ferrer Tamayo.
Para ambos la desmilitarización pudo haber sido uno de los cambios más radicales que nunca llegaron.
“El registro de electores sigue bajo la égida del ministerio del interior, en vez de ser una institución civil y no una institución militar. Sobre eso no se ha precisado nada”, analiza Ferrer Tamayo. Entretanto, Moreno Borrego cuenta que desde el 2015 Candidatos X el Cambio presentó en la Asamblea Nacional una propuesta de ley electoral en la que los militares fueran fuerzas garantes, que no participaran dentro del proceso y que no fueran ni electores ni elegidos”, pero, como a otras propuestas de la sociedad civil independiente, se hizo caso omiso.
Para Moreno Borrego en las propuestas de Cubalex, Otro 18 y CXC que fueron presentadas a la Asamblea Nacional en el 2015 había muchas “ideas frescas”, como “la edad para ejercer los cargos, hablamos del término de los 5 años y que no fuera reelegible, y de los términos de gobernadores y alcaldes”; sin embargo, aunque en apariencias hayan tomado algunos puntos de sus propuestas “no puede ser permitido que ellos impongan una ley sin el consentimiento de la ciudadanía”. Y lo que parece una pataleta más, porque es sabido que el gobierno cubano no dialoga con opositores, sino que los reprime, cobra todo sentido por el simple hecho de dar el escándalo y de que el mundo sepa que “no estamos conformes ni de brazos cruzados”, asegura Moreno Borrego, quien recordó a CubaNet cómo durante el referéndum constitucional “hubo más de 90 colegios electorales donde los observadores fueron reprimidos, golpeados y conducidos por la policía”.
Pero llevar a referéndum la ley electoral es un riesgo que el Gobierno no se atrevería a correr, porque, como dice el activista, “la capacidad de reacción de la gente ha ido aumentado a medida en que los cubanos han ganado en conciencia”, y porque según el secretario del consejo de estado, Homero Acosta, solo 10 000 personas plantearon que el presidente debía ser elegido de modo directo, y no “a dedo como fue colocado Díaz-Canel”, apunta el activista.
Entre los rasgos más relevantes de la nueva Constitución que acaba de entrar en vigor están “las intenciones violatorias del gobierno”, donde se llevan a votación los derechos de minorías como los de la comunidad LGBTI+, y las leyes que nos competen a la mayoría las deciden unos pocos con poder. Y Moreno Borrego se pregunta: “¿alguna vez se ha visto alguna dictadura que dé un paso políticamente correcto? Porque de ser así no serían dictaduras”.
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