LA HABANA, Cuba.- Durante muchos años Cuba constituyó un referente mundial en lo concerniente a los derechos de la infancia, gracias a un amplio programa de igualdad que incluyó acceso a servicios básicos, gratuitos y universales como salud y educación; además de haber erradicado el trabajo infantil, el analfabetismo y potenciado campañas de vacunación para proteger a niños y niñas de enfermedades curables que los afectaban, sobre todo en las zonas rurales.

El sostenimiento de estos patrones que durante los primeros treinta años de la Revolución alcanzaron una calidad notable, hizo que Cuba, país subdesarrollado y marcado por una tensa relación con Estados Unidos, generara admiración en todo el mundo; a la par que sirvió al dictador Fidel Castro como pretexto para justificar el férreo control que mantenía sobre el pueblo y la implacable persecución contra todo lo que oliera a disidencia política, cuyo único objetivo, según él, era revertir los “logros de la Revolución” para hundir de nuevo a Cuba en la dependencia neocolonial.

Con la caída del bloque del Este y la profunda crisis económica que azotó al país, la salud y la educación sufrieron un dramático descenso en términos de calidad. Aunque continúan siendo gratuitos y universales de manera oficial, el acelerado aumento de las desigualdades sociales y económicas, la cantidad de población que ha quedado por debajo de la línea de la pobreza, y los parcos salarios que devengan los trabajadores sea cual sea su calificación, han abierto brechas enormes en la concepción igualitaria sobre la cual se basa el sistema político cubano.

Todo ello ha derivado, casi de forma espontánea, hacia un escenario socioeconómico en el cual las personas con ingresos por encima de la media pueden asegurar mejores escuelas para sus hijos y garantizar el rápido acceso a servicios médicos de calidad, que incluyen atención personalizada por parte de los especialistas. Tales diferencias impactan directamente sobre la infancia, y si bien Cuba se halla todavía lejos de la terrible situación de muchos países donde la explotación y el trabajo infantil son prácticas comunes, lo cierto es que cada día más niños y niñas nacen en el seno de hogares empobrecidos, donde priman los bajos ingresos, el hacinamiento, la insalubridad y el maltrato.

Las últimas estadísticas publicadas por la UNICEF sobre el estado de la infancia en Cuba datan de 2012 y presentan información incompleta. A ello habría que sumarle la manipulación del índice de pobreza por parte del régimen y su reluctancia a que organismos internacionales evalúen de forma presencial el verdadero alcance de la justicia social en la Isla.

Según varios especialistas, la mitad de la población cubana vive en la pobreza. En los últimos diez años ha crecido exponencialmente el número de afectados por el deterioro del fondo habitacional, el acceso irregular a agua potable, la constante disminución del poder adquisitivo frente al incremento de la inflación —multiplicada en la actualidad por la Tarea Ordenamiento—, y la imposibilidad de mejorar sus expectativas en un país donde todos los recursos están controlados por el Estado.

La gravedad de los problemas acumulados ha influido negativamente en el índice de natalidad, toda vez que las mujeres no desean tener hijos en un contexto marcado por limitaciones materiales crecientes y de todo tipo. El empecinamiento en un modelo político ineficiente ha terminado por afectar a quienes dedicaron su vida a la construcción del proyecto socialista, sembrando la desconfianza en los jóvenes que no encuentran inspiración en la experiencia de sus mayores. La crisis de los ancianos es la prueba más contundente del fracaso del sistema adoptado hace sesenta años; mientras que la infancia transcurre cada día más desprotegida ante el avance de un capitalismo tropical rudimentario, disfrazado de igualdad, que acentúa las diferencias por motivos de raza, poder económico y condición social.

El incremento de la miseria ha traído como consecuencia la proliferación de entornos que ofrecen escasas perspectivas a los niños. Dicha singularidad, añadida al adoctrinamiento que desde 1959 reemplazó a la educación integral, atenta contra la realización personal de las nuevas generaciones, que una vez alcanzada la etapa juvenil se plantean la emigración como solución permanente a sus problemas.

En el contexto signado por la pandemia de Covid-19 ha aumentado el número de adolescentes tempranos que realizan algún trabajo para contribuir a la economía familiar, particularmente el acarreo de productos agrícolas o materiales de construcción. Por otro lado, el confinamiento impuesto por el régimen ha dejado huellas psicológicas en infantes que permanecen todo el día encerrados, en espacios reducidos y sin recibir suficiente atención por parte de adultos demasiado ocupados en forrajear alimentos y productos de primera necesidad que garanticen la supervivencia familiar.

De acuerdo a los estándares de UNICEF, Cuba figura entre las naciones menos injustas en tanto garantiza el acceso gratuito a servicios imprescindibles para la vida y el desarrollo de los ciudadanos. Sin embargo, las políticas de protección se han revelado insuficientes debido a la improductividad de la economía y la miopía de los dirigentes.

La justicia social existe solo en la abundante propaganda pagada por el castrismo. Tras seis décadas de un sistema de partido único que desde el principio se arrogó arbitrariamente el derecho de determinar el destino de millones, Cuba no ha ido más allá de la repartición igualitaria de la pobreza. El voluntarismo político y la falta de objetividad en las decisiones económicas que impactan de manera directa en la población, han creado un país sin libertades civiles, muy rudo para los grupos vulnerables, donde miles de ancianos sucumben en la indigencia y otros tantos niños crecen en ambientes hostiles que trastornan su percepción de la vida y el futuro.

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ESTADOS UNIDOS. – La justicia social examina cómo una sociedad escoge distribuir las cosas que valora, entre ellas ingresos, riqueza, poder, y más. La justicia social pregunta: ¿Qué es lo correcto a hacer? Hace casi 2500 años Platón discutió filosóficamente sobre justicia, y todavía no logramos un entendimiento.

El filósofo contemporáneo Michael J Sandel identifica tres objetivos que una sociedad puede utilizar para regular la distribución de bienes -maximizar el bienestar social, promover virtudes en la ciudadanía, o respetar las libertades individuales. Cada una de esas ideas rivales requiere un diferente concepto de justicia, y cada una encuentra su camino en nuestras leyes.

La idea de que el bienestar social se determina como consecuencia de una política está enraizada en la filosofía del utilitarismo, que sostiene que lo correcto a hacer es lo que maximice el bienestar social. Para los utilitaristas una política justa es la que incremente la felicidad colectiva de la sociedad. Creen que el supremo principio de moralidad es maximizar la felicidad evaluando costos y beneficios.

Alternativamente, el concepto de que para que una ley sea justa debe elevar las virtudes de los ciudadanos refleja la visión aristotélica de que la ley debe interesarse en lo que es una vida virtuosa. Según Aristóteles, la ley debería asignar los bienes para promover virtudes de la ciudadanía. Pero como hay conceptos alternativos sobre lo que es una sociedad virtuosa, nuestro pensamiento moderno es que la ley debería ser neutral al respecto. Las teorías de justicia que patrocinan nuestros derechos no deben depender de ningún concepto particular de virtud. La libertad requiere que las personas, por sí mismas, escojan la mejor manera de vivir.

Ambas ideas de justicia social chocan con el tercer enfoque de justicia del profesor Sandel, que define  justicia como el respeto de las libertades y derechos individuales. Esta es una concepción de libre mercado de la justicia que reconoce y protege nuestras opciones voluntarias. Los mercados permiten a las personas escoger cómo valorar las cosas que deciden intercambiar. Respetan nuestras libertades individuales.

La idea utilitarista de que una política justa es la que incrementa la felicidad colectiva de la sociedad suena razonable hasta que comenzamos a explorar sus valores. Por ejemplo, ¿la moralidad es cuestión de calcular costos y beneficios, o existen derechos humanos por sobre tales cálculos? El filósofo utilitarista Jeremy Bentham (1748-1832) dejó clara la posición utilitarista ridiculizando los derechos naturales llamándolos “sinsentidos sobre zancos”. El utilitarismo, al centrarse en la “felicidad suprema”, no puede respetar los derechos individuales.

En nuestra sociedad esos conceptos filosóficos se ilustran mejor en políticas que gravan a los ricos desproporcionadamente para supuestamente ayudar al pobre. Veamos un ejemplo con los impuestos. De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, nuestras políticas impositivas en 2014 muestran que la parte del ingreso recibido por el uno por ciento de los contribuyentes de mayores ingresos fue del 20.6%. Pero la parte de impuestos federales pagada por ellos fue del 39.5%. Este 39.5% de impuestos pagados fue mayor que la parte de impuestos que pagó todo el 90% de menos ingresos (29.1%). El 50% de los contribuyentes de mayores ingresos pagó el 97.3% de los impuestos, mientras el 50% de menos ingresos pagó el remanente 2.7%.

Para algunos tal desproporción es adecuada. Para otros, viola nuestros derechos fundamentales. Independientemente de las buenas intenciones del gobierno, las personas (en este ejemplo individuos de altos ingresos) no deben ser utilizadas como medios para el bienestar de otros. ¿Sobre qué bases nuestro trabajo debe estar a disposición de la sociedad? Los seres humanos merecen respeto del gobierno, independientemente de quiénes son o cuánto ganen. Esas políticas impositivas emplean a individuos de altos ingresos como instrumentos para el avance de la felicidad colectiva de otros.

Nuestro código impositivo refleja una concepción de justicia basada en cierto entendimiento de la vida virtuosa, y entra en conflicto con la libertad. Fines, incluso deseables, no deben suplantar nuestros derechos individuales. Justicia social no significa maximizar felicidad. Justicia social es respetar a las personas como fines en sí mismos. Seamos cuidadosos: si el consentimiento democrático valida apropiarse de nuestras propiedades, ¿también justifica quitarnos la libertad?

La cantante cubana Gloria Estefan ejerció de maestra de ceremonias, junto al productor y director musical Kenny Ortega, en el desfile del Orgullo Gay que se celebró el domingo en Miami Beach, durante el cual instó a las autoridades para que trabajen con miras a conseguir “más igualdad” entre todas las personas

“Es importante que ellos protejan los derechos de todos los seres humanos, que quiere decir, definitivamente, igualdad para todos y que la ley los proteja”, indicó la intérprete a Efe, en referencia a los pedidos dirigidos a la legalización de los matrimonios homosexuales en el estado de Florida.“Muchas personas quizás nunca cambien su mentalidad, pero tiene que existir la igualdad a nivel de leyes para todo ser humano”, remarcó.Gloria Estefan se confesó “muy feliz de apoyar” al colectivo LGBT, al que agradeció por el apoyo que le ha brindado desde el inicio de su carrera, cuando la cantante solía actuar en discotecas gays.

“Conocieron mi música antes que nadie, antes de que llegáramos a la radio. Han sido muy leales, los quiero mucho”, afirmó.

La marcha del domingo que empezó a mediodía, contó con la presencia de varias organizaciones que luchan por los derechos de los homosexuales, así como de entidades y negocios locales que se sumaron al desfile celebrado en la popular calle Ocean Drive, en el corazón de South Beach.

Entre ellos se encontraba el presidente de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Mark Rosenberg, que encabezó la carroza de la institución educativa.

“Estamos mostrando nuestro compromiso para asegurar la igualdad de derechos”, apuntó el rector, quien saludó que la actual generación de estudiantes entienda la importancia de que los derechos beneficien a toda la población, sin importar la orientación sexual.

Daniela León, que acudió junto a su novia al desfile, confía en que “las cosas cambien para bien” y que se regularicen los derechos de este colectivo. “Todos somos iguales”, explicó León, mientras observaba las variopintas carrozas que pasaron por Ocean Drive.

En esa línea, Tony Lima, director ejecutivo de SAVE, una organización que protege los derechos humanos de la comunidad LGBT, explicó que la marcha del orgullo gay “reafirma la importancia de que todos tenemos los mismos derechos”. “Necesitamos celebrar lo que somos, y cómo somos”, remató.

“Ha sido un evento que ha crecido con los años. Todo el mundo quiere venir a verlo para apoyar a la comunidad”, dijo Álvaro Ferrey, otro asistente al desfile.

La de este año es la quinta edición del desfile del Orgullo Gay en Miami Beach y de acuerdo a sus organizadores el evento atrajó a más de 20,000 personas, una cifra que supera la asistencia de años anteriores.

• Fuente El Nuevo Herald