LA HABANA, Cuba.- Durante muchos años Cuba constituyó un referente mundial en lo concerniente a los derechos de la infancia, gracias a un amplio programa de igualdad que incluyó acceso a servicios básicos, gratuitos y universales como salud y educación; además de haber erradicado el trabajo infantil, el analfabetismo y potenciado campañas de vacunación para proteger a niños y niñas de enfermedades curables que los afectaban, sobre todo en las zonas rurales.
El sostenimiento de estos patrones que durante los primeros treinta años de la Revolución alcanzaron una calidad notable, hizo que Cuba, país subdesarrollado y marcado por una tensa relación con Estados Unidos, generara admiración en todo el mundo; a la par que sirvió al dictador Fidel Castro como pretexto para justificar el férreo control que mantenía sobre el pueblo y la implacable persecución contra todo lo que oliera a disidencia política, cuyo único objetivo, según él, era revertir los “logros de la Revolución” para hundir de nuevo a Cuba en la dependencia neocolonial.
Con la caída del bloque del Este y la profunda crisis económica que azotó al país, la salud y la educación sufrieron un dramático descenso en términos de calidad. Aunque continúan siendo gratuitos y universales de manera oficial, el acelerado aumento de las desigualdades sociales y económicas, la cantidad de población que ha quedado por debajo de la línea de la pobreza, y los parcos salarios que devengan los trabajadores sea cual sea su calificación, han abierto brechas enormes en la concepción igualitaria sobre la cual se basa el sistema político cubano.
Todo ello ha derivado, casi de forma espontánea, hacia un escenario socioeconómico en el cual las personas con ingresos por encima de la media pueden asegurar mejores escuelas para sus hijos y garantizar el rápido acceso a servicios médicos de calidad, que incluyen atención personalizada por parte de los especialistas. Tales diferencias impactan directamente sobre la infancia, y si bien Cuba se halla todavía lejos de la terrible situación de muchos países donde la explotación y el trabajo infantil son prácticas comunes, lo cierto es que cada día más niños y niñas nacen en el seno de hogares empobrecidos, donde priman los bajos ingresos, el hacinamiento, la insalubridad y el maltrato.
Las últimas estadísticas publicadas por la UNICEF sobre el estado de la infancia en Cuba datan de 2012 y presentan información incompleta. A ello habría que sumarle la manipulación del índice de pobreza por parte del régimen y su reluctancia a que organismos internacionales evalúen de forma presencial el verdadero alcance de la justicia social en la Isla.
Según varios especialistas, la mitad de la población cubana vive en la pobreza. En los últimos diez años ha crecido exponencialmente el número de afectados por el deterioro del fondo habitacional, el acceso irregular a agua potable, la constante disminución del poder adquisitivo frente al incremento de la inflación —multiplicada en la actualidad por la Tarea Ordenamiento—, y la imposibilidad de mejorar sus expectativas en un país donde todos los recursos están controlados por el Estado.
La gravedad de los problemas acumulados ha influido negativamente en el índice de natalidad, toda vez que las mujeres no desean tener hijos en un contexto marcado por limitaciones materiales crecientes y de todo tipo. El empecinamiento en un modelo político ineficiente ha terminado por afectar a quienes dedicaron su vida a la construcción del proyecto socialista, sembrando la desconfianza en los jóvenes que no encuentran inspiración en la experiencia de sus mayores. La crisis de los ancianos es la prueba más contundente del fracaso del sistema adoptado hace sesenta años; mientras que la infancia transcurre cada día más desprotegida ante el avance de un capitalismo tropical rudimentario, disfrazado de igualdad, que acentúa las diferencias por motivos de raza, poder económico y condición social.
El incremento de la miseria ha traído como consecuencia la proliferación de entornos que ofrecen escasas perspectivas a los niños. Dicha singularidad, añadida al adoctrinamiento que desde 1959 reemplazó a la educación integral, atenta contra la realización personal de las nuevas generaciones, que una vez alcanzada la etapa juvenil se plantean la emigración como solución permanente a sus problemas.
En el contexto signado por la pandemia de Covid-19 ha aumentado el número de adolescentes tempranos que realizan algún trabajo para contribuir a la economía familiar, particularmente el acarreo de productos agrícolas o materiales de construcción. Por otro lado, el confinamiento impuesto por el régimen ha dejado huellas psicológicas en infantes que permanecen todo el día encerrados, en espacios reducidos y sin recibir suficiente atención por parte de adultos demasiado ocupados en forrajear alimentos y productos de primera necesidad que garanticen la supervivencia familiar.
De acuerdo a los estándares de UNICEF, Cuba figura entre las naciones menos injustas en tanto garantiza el acceso gratuito a servicios imprescindibles para la vida y el desarrollo de los ciudadanos. Sin embargo, las políticas de protección se han revelado insuficientes debido a la improductividad de la economía y la miopía de los dirigentes.
La justicia social existe solo en la abundante propaganda pagada por el castrismo. Tras seis décadas de un sistema de partido único que desde el principio se arrogó arbitrariamente el derecho de determinar el destino de millones, Cuba no ha ido más allá de la repartición igualitaria de la pobreza. El voluntarismo político y la falta de objetividad en las decisiones económicas que impactan de manera directa en la población, han creado un país sin libertades civiles, muy rudo para los grupos vulnerables, donde miles de ancianos sucumben en la indigencia y otros tantos niños crecen en ambientes hostiles que trastornan su percepción de la vida y el futuro.
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