LA HABANA, Cuba. – El edificio número 1353 de la Calzada de Diez de Octubre, en La Víbora, es uno de los tantos inmuebles de la ciudad a punto de colapsar. Hace más de 30 años fue declarado inhabitable, pero en su interior permanecen más de 10 familias que, sin otro sitio adonde mudarse, temen morir sepultadas por toneladas de escombros.

Para los inquilinos, el amanecer vivo es una especie de suerte con tiempo de caducidad. Cada desprendimiento de la estructura es una señal de alerta que atiza los nervios, sobre todo después del derrumbe del pasado 17 de octubre en la calle Sol de La Habana Vieja, donde falleció una niña de cinco años y otras dos personas tuvieron que ser hospitalizadas.

“No queremos eso para nuestros hijos. Tampoco para los adultos, claro. Ya ni siquiera dormimos, es todo el tiempo con un ojo abierto y el otro cerrado, la situación es indescriptible. Y creo que tenemos derecho a vivir”, comentó Liudmila Romero Fernández, madre de dos hijos. En el edificio viven ocho niños más.

Como último dato oficial, en 2020 se contabilizaron en la Isla un total de 854 edificaciones multifamiliares en mal estado, 696 de ellas en la capital, y en consecuencia, un total de 849 753 afectados. La falta de datos oficiales impide conocer el número de personas que llegan a las instituciones a pedir ayuda. No obstante, los 33 adultos que habitan el inmueble número 1353 de la Calzada de Diez de Octubre forman parte de esa estadística. 

El miedo a perder la vida y la indiferencia de las autoridades ante esa posibilidad, llevó a los vecinos a buscar apoyo en la prensa independiente. En noviembre de 2021 CubaNet publicó un reportaje sobre la situación del edificio, pero a día de hoy nada ha cambiado. 

Ada Rodríguez Martínez es de las residentes con más tiempo en el edificio, construido en 1903. Según cuenta, a principios de la década de 1970 iniciaron las gestiones para reparar las cuarterías del segundo nivel, pues el primer piso estaba ocupado por comercios estatales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas, y por una heladería.

Sin embargo, la ayuda para mantenimientos nunca fue aprobada, y en los años 90 ―no recuerda con exactitud― ocurrieron los primeros derrumbes parciales. Las direcciones de Vivienda y Planificación Física entonces declararon inhabitable el lugar, que ya tenía las paredes y techos agrietados y el piso hundido.
Hace 30 años que los inquilinos tienen que arrojar los desechos biológicos y demás residuos domésticos a la Calzada de Diez de Octubre. La permanente humedad que cala por las grietas hinchó las paredes. Mientras, los techos sueltan algún trozo a diario y los pisos se estremecen, incluso, con los pasos de los niños. 

“Nada falta para que esto nos entierre. Unos días atrás un pedazo de techo casi cae encima de tres niños que estaban jugando en el pasillo. El terror es constante porque tienes que vigilar lo que viene de arriba y pisar con pies de seda para no caerte con techo y todo para abajo”, comentó Esteban Morejón, quien argumenta que en los últimos seis años ningún funcionario ha visitado el edificio.

Solo 13 cubículos de la cuartería siguen habitados. El puntal alto de la construcción facilitó la adaptación de barbacoas que los convierten en pequeños apartamentos. Otros 24 cubículos, destruidos por dentro, están clausurados o funcionan como depósito de escombros, tanques, mesas y sillas rotas, y otros trastes inservibles. Los antiguos dueños fueron trasladados a albergues o se marcharon a casa de familiares.

En 2004 el Gobierno de Diez de Octubre prometió entregar, de manera paulatina, nuevas capacidades de albergue para el resto de núcleos que quedaron viviendo en el edificio 1353. De acuerdo con Eloísa Tamayo Diéguez, no fue hasta 2016 que cinco familias fueron enviadas a una antigua cárcel de mujeres en las afueras del reparto Novia del Mediodía, en el municipio La Lisa.

“Aquello no tenía baños, luz, puertas ni ventanas. Eran unas naves vacías, sucias, iguales o peor que esto. En una semana todo el mundo estaba de vuelta aquí”, dijo Tamayo, antes de asegurar que las personas que realizaron gestiones posteriores fueron “peloteadas por el Gobierno de Diez de Octubre y la provincia. Fiscalía y Vivienda nunca resucitaron, y el delegado nada más pasa cuando hay elecciones, para que no faltemos”.

El portal del edificio hace varios años fue apuntalado sin una señal de peligro que desvíe a los cientos de transeúntes que a diario lo cruzan. A finales de agosto los vecinos se negaron a apuntalar un ala del edificio, para fortalecer su estructura ante el inminente paso del huracán Ian por el Occidente cubano.

“Si se cae un ala se cae todo el edificio, no permitimos que apuntalaran nada porque después se limpian con esa porquería. Si esto se cae y nos mata, saben que son responsables por cruzar los brazos. Que no digan más que no hay recursos porque todos los meses sale un hotel nuevo. Ah, para los turistas sí hay”, sentenció Sabarí Puentes, una inquilina que ha sufrido varios intentos de desalojo junto a sus dos hijos.

“Hay solo dos opciones: irnos a vivir a un parque o quedarnos y que Dios quiera que estemos fuera cuando esto se derrumbe”, terminó diciendo la mujer.

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MIAMI, Estados Unidos. — Al menos 33 personas que protestaron el pasado 11 de julio, entre ellos seis menores de edad, serán juzgados desde hoy y hasta el próximo 7 de febrero en el Tribunal Provincial de La Habana, informó en redes sociales el grupo de trabajo Justicia 11J.

Se trata de los manifestantes que salieron a las calles en las inmediaciones de la esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, y que están siendo acusados por el delito de sedición.

Las penas solicitadas por la fiscalía contra los manifestantes oscilan entre los 13 y los 25 años de cárcel, mientras que para los menores son de entre 13 y 23.

Tanto Justicia 11J como la organización no gubernamental Cubalex han pedido que los juicios sin menores sean televisados para mayor garantía de los procesados y que, en los juicios con menores de edad, se permita el acceso a la prensa con este mismo fin.

“Exigimos (…) en relación con el juicio que comienza la próxima semana, donde habrá marcada presencia de menores de edad, la presencia no discrecional de medios de prensa, como única garantía de que, medianamente, sean respetados el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado, el derecho a una participación efectiva, la presencia y examen de testigos”, señaló Justicia 11 en su perfil de Facebook.

La plataforma indicó que todos esos derechos están contemplados en la sección “Garantías de un juicio imparcial”, de la Observación no. 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño (2017).

Justicia 11J informó que de las 1 393 personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, 730 continúan en centros de reclusión y 72 de ellas son mujeres.

El grupo de trabajo añadió que de las 624 personas que han sido excarceladas, “muchas están en espera de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria”.

Un total de 295 personas están siendo o han sido ya procesadas por cargos de atentado, mientras que otras 43 han sido juzgados por sabotaje, tipificado como un delito contra la Seguridad del Estado.

Asimismo, se han registrado 50 personas de entre 16 y 20 años que acusadas de sedición, del total de 169 que han sido procesadas por ese delito en las causas vinculadas al 11J.

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MIAMI, Estados Unidos. – Las autoridades judiciales del municipio habanero de Diez de Octubre declararon concluso para sentencia el juicio realizado entre ayer y hoy a los manifestantes del EFP-145C, informó este martes en redes sociales Camila Rodríguez, integrante de la plataforma Justicia 11J.

Según dio a conocer la activista, “los abogados de los manifestantes solicitaron, en posición común, la sustitución del delito de sedición por otros, como atentado, desórdenes públicos y propagación de epidemias, sobre la base de la falta de elementos que puedan demostrar la realización de un hecho de naturaleza sediciosa”.

En la vista oral, celebrada en la sede del Tribunal Municipal de Diez de Octubre, se dio a conocer que la edad podría ser un atenuante en la probable sanción de los menores que están siendo procesados.

“Para los menores, la Fiscalía pidió la consideración de la edad como un factor para la reducción de la sentencia, en el caso de algunos de los menores de 20 años (según los dispuesto en el artículo 17.1 del Código Penal), en virtud de lo cual la sanción de los manifestantes pudiese quedar en siete años de privación de libertad. Uno de los abogados, que prefirió mantener el anonimato, refiere que en todos los casos no fue valorado este elemento, con lo cual sería arbitraria la aplicación del artículo citado”, añadió Camila Rodríguez.

El reporte de la activista precisa que en el juicio “no se fijó fecha exacta para la entrega de la sentencia”.

Como mismo ha ocurrido en otros territorios, las dos sesiones del juicio a los manifestantes del 11J contaron con fuerte presencia de efectivos militares.

“Las afueras del Tribunal estuvieron militarizadas, sobre todo en el momento de la salida de los manifestantes, cuando cerca de 20 policías no solo impedían el paso a los familiares hacia el camión que transportarían a los manifestantes en detención, sino también la vista hacia ellos. Al menos una docena de agentes de la Seguridad del Estado rondaron a los familiares que permanecían a la espera”.

Rodríguez apuntó que, durante la tarde de ayer, los defensores de derechos humanos Gerardo Lazcano y Ariel González Cuevas, quienes acompañaban a los familiares de los manifestantes y esperaban noticias sobre Roberto Ferrer Gener, fueron detenidos arbitrariamente.

“Ambos permanecieron hasta la noche en la oncena unidad, donde coincidieron con los activistas Daniel Triana, Carolina Barrero y Arián Cruz”, precisó la activista, quien destacó, además, que la vista oral no fue cubierta  por medios de prensa internacionales ni estatales ni independientes.

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LA HABANA, Cuba. ─ Una agresión con arma blanca se registró recientemente en la cola de una panadería del municipio de Diez de Octubre, en La Habana.

El incidente se produjo en uno de los establecimientos de la Empresa Cubana del Pan del reparto Tamarindo cuando, después de casi dos horas de espera para acceder a ese producto, un hombre intentó colarse.

El incidente generó una discusión entre tres individuos que fue subiendo de tono hasta que uno de ellos, conocido en el barrio como “El Chispa”, sacó un cuchillo en medio de una multitud de más de medio centenar de personas.

Entre gritos de auxilio, las mujeres que se encontraban en la cola se desplazaron rápidamente hacia el medio de la Calzada de 10 de octubre. Mientras, los otros dos hombres que defendían su lugar en la cola se hicieron de unos palos para defenderse.

Otros de los presentes ayudaron lo más que pudieron a poner a salvo las personas impedidas físicas que esperaban poder llevarse a casa un pedazo de pan.

Imágenes a las que tuvo acceso CubaNet muestran cómo las mujeres lograron llamar la atención de un carro patrullero que circulaba en ese momento por la céntrica avenida.

Uno de los agentes del orden intervino rápidamente en la escena inmovilizando al portador del cuchillo, quien fue conducido a una unidad de policía.

“El Chispa siempre está en lo mismo. Afortunadamente, en ese justo momento circulaba por la calzada un patrullero que, ante los gritos de nosotras pidiendo auxilio se detuvo”, dijo a este diario Martha Oropesa cliente habitual de la panadería de Tamarindo.

“Cuando el Chispa vio a los policías intentó darse a la fuga”, aseguró la mujer, pero “los policías en menos de 30 segundos ya lo tenían esposado dentro del carro patrullero, parecía un episodio de Tras la Huella”.

Dagoberto Betancourt, un anciano con impedimento de salud, indicó a CubaNet que minutos antes del incidente se había acercado a la ventanilla “a preguntar a qué hora sacarían el pan”.

“Por mi enfermedad apenas puedo estar en pie y él estaba ahí. Cuando le pedí permiso, se molestó y comenzó a ofenderme. Si ese cuchillo me lo hubiera sacado a mí me hubiese matado porque apenas puedo caminar”, agregó el anciano.

Blanca García, lugareña, sostiene que “independientemente de las condiciones que vive el país en medio de la pandemia, la panadería es responsable de que esas cosas sucedan”.

“Últimamente, entre un carro de pan y otro transcurren dos y hasta tres horas. Eso propicia que gente inescrupulosa y de pésima conducta social se aproveche para colarse”.

La agresión en la panadería de Tamarindo es uno de los tantos episodios de violencia que a diario se registran en las calles de Cuba. Solo en diciembre último se reportaron en la Isla varios casos de robo de motocicletas, autos, joyas y celulares en plena vía y a punta de pistola, así como carterismo y atracos en el transporte público. Sin embargo, muchos de estos hechos han sido calificados como fake news por los medios de propaganda castrista, que en muy raras ocasiones ocasiones dan cobertura a ese tipo de incidentes.

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LA HABANA, Cuba. – Varios residentes de una cuartería en Delicias 419, entre Luz y Altarriba, barriada de Lawton, municipio de Diez de Octubre, denunciaron la inoperancia de las autoridades para solucionar la tupición del desagüe de albañales y la falta de agua potable que enfrentan en medio del azote de la pandemia de COVID-19.

“Yo estoy aterrorizada. A causa de esta situación estuve 22 días en terapia intensiva y no se contaba conmigo. Esto lo sabe hasta la dirección del policlínico; todo el mundo lo sabe y nadie resuelve nada”, denunció Siana Delgado de la Tejera, quien se encuentra en estado de gestación.

La embarazada señaló que siente temor por la infección que rodea su vivienda, que ha venido a sumarse a la falta de agua potable que le impide mantener una higiene extrema en su hogar como medida de prevención ante la amenaza del coronavirus y otras enfermedades.

“Mi niña, la de cuatro años, hace poco la iban a ingresar por sospecha de dengue debido a la mosquitera que hay aquí. Estuvo tres días con fiebre”.

“Entonces, ahora con el coronavirus estoy como en una película de terror. Pasé mucho cuando estaba hospitalizada, y ahora con la pandemia estoy hasta con tratamiento psiquiátrico; de verdad que esto me ha afectado bastante”, detalló Siana.

La mujer aseguró que mantener el aislamiento social en su pequeña comunidad se hace muy difícil para los vecinos.

“El agua está en candela, los cables de la electricidad echan chispas a cada rato… Nos hemos quejado en una pila de lugares, pero no resuelven nada, y en vez de ir para adelante vamos hacia atrás. Ya estoy desesperada”, lamentó la embarazada, que ya espera su quinto hijo.

En ese sentido, destacó que resulta imposible mantenerse dentro de la casa debido a la fetidez de las aguas albañales que corren por el pasillo de la cuartería. Los desechos se acumulan frente a la mayoría de las viviendas.

“Nosotros sí estamos aislados, pero también estamos más contaminados que si tuviéramos el coronavirus aquí. Estamos rodeados de pudrición. Con el coronavirus y la infección que hay, vamos a parar en el cementerio”, lamentó.

Asimismo, añadió que ninguna autoridad del régimen ha mostrado preocupación por el estado de la cuartería, a pesar de que está embarazada y corre peligro por la infección circundante.

Otro de los vecinos, Yordenis Oñate Suárez, destaca que esta situación les está afectando desde hace poco más de dos años. Sin embargo, las autoridades no acaban de solucionar lo que dejaron a medias. El Gobierno orientó la reparación de las instalaciones sanitarias de la cuartería, pero al poco tiempo los obreros contratados se marcharon y nunca más regresaron a terminar las obras.

“Dos compañeros empezaron y luego dejaron todo abandonado. Mira la peste que hay, los mosquitos, la mierda… todo. Ahí hay cualquier cantidad de infección. Ya hemos hecho varias quejas pero no nos ayuda nadie”, señaló Oñate Suárez.

Entretanto, Luisa Suárez Moraga indicó que los vecinos incluso solicitaron la ayuda de las autoridades a través de los teléfonos publicados en la Televisión. Sin embargo, la respuesta fue un “peloteo” sin resultados.

“Yo llamé a la Dirección de Salud Pública. Entonces me dieron un teléfono para que llamara a la Defensa Civil de la provincia. Llamé allá y me dieron otro número para que llamara al Gobierno; llamé al Gobierno de Diez de Octubre y no han hecho absolutamente nada”, explicó Luisa.

La mujer también precisó que los vecinos continuaron llamando durante varios días, pero siempre obtuvieron como respuesta que el problema ya estaba reportado y que debían esperar.

“Nosotros estamos aquí como si no perteneciéramos a nadie. Por aquí no ha venido nadie del Gobierno de Diez de Octubre a ver lo que pasa”, indicó.

Cada vez son más los cubanos que se acercan a la prensa independiente con el objetivo de denunciar la ineficacia de las autoridades para resolver los problemas que afectan a la población. Generalmente, tras ser denunciados los hechos en medios de prensa independientes, las autoridades actúan de manera inmediata.

Luisa agregó que la cuartería recibe agua potable cada cuatro días, solo por una hora. Aún así, no llega a los grifos de los hogares y los vecinos deben hacer largas filas en el pasillo para obtener tres o cuatro cubos del preciado líquido y almacenarlos hasta que vuelva a entrar.

Según Luisa, mantener la higiene para evitar el contagio por coronavirus resulta difícil.

“Con el poquito de agua que cogemos tenemos que priorizar el lavado de las manos y los nasobucos, lo que no puede ser siempre que nos parezca necesario”.

Las autoridades sanitarias recomiendan el constante lavado de las manos como una de las principales medidas de prevención de la COVID-19, un simple acto que podría resultar extremadamente difícil para cualquier cubano en estos momentos. Al menos en la capital la mayoría de las personas recibe el preciado líquido cada tres o cuatro días, que podrían extenderse hasta una semana.

Por su parte, Leinier Arango, un militante del Partido Comunista de Cuba (PCC) que reside en la cuartería, pidió al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que preste la atención requerida a esta situación.

“Yo quisiera que le llegara este comunicado al presidente Díaz-Canel porque necesitamos su apoyo. Aquí nosotros hemos tenido que caminar sobre la mierda, nos hemos caído, nos hemos enfermado y necesitamos ayuda. Por favor, necesitamos que nos apoyen. Miren en qué situación nos encontramos, y ahora con el virus… Por favor, presidente”.

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LA HABANA, Cuba. – En la primera semana de mayo reanudaron sus labores las instituciones judiciales del municipio de Diez de Octubre, en La Habana, tras más de un mes de parón por causa de la pandemia de COVID-19.

Durante todo el mes de abril habían permanecido cerrados el Tribunal Municipal Popular, la Fiscalía y las dos unidades de procesamiento de ese territorio, el más poblado de la capital.

Antes, y por el mismo motivo, habían cerrado el Registro del Estado Civil, el de la Propiedad y el de Actos de Última Voluntad, así como las notarías y la Dirección Municipal de Justicia. Todo esto afectó sustancialmente a la población y generó numerosas críticas.

La Fiscalía Municipal, ubicada en la Avenida de Acosta, cerca de la Calzada de Diez de Octubre, fue descontaminada con agua clorada y fumigada con petróleo. El personal local fue declarado en cuarentena y, para suplirlo, trajeron fiscales y empleados de otros territorios.

Los cierres más significativos de abril fueron los de las dos unidades policiales del municipio. La de Aguilera cesó sus funciones por sospechas de contagio del coronavirus. Tanto agentes como detenidos fueron trasladados a la Dirección Territorial de Investigación Criminal y Operaciones, conocida por el acrónimo Ditico-3.

A los pocos días, la propia Ditico-3 fue clausurada por sospechas de contagio. Al respecto indagamos con un oficial que bajo anonimato confirmó: “La unidad fue cerrada y descontaminada totalmente. Los detenidos fueron trasladados a 100 y Aldabó, y lo mismo pasó con algunos instructores”.

Y continuó la fuente: “Muchos combatientes fueron aislados por sospechas de la enfermedad. Finalmente se comprobó que dos oficiales contrajeron la COVID-19. Sobre este tema se nos explicó que no podíamos comentar a nadie. Fueron días muy duros y tensos”.

Por último, el oficial dijo: “Luego de la reapertura parcial se han tomado medidas extraordinarias: Los visitantes son atendidos en el parqueo de la unidad, previa limpieza con agua jabonosa y clorada; todos los vehículos son desinfectados. Y al interior de la unidad no pasa ningún visitante”.

Y concluyó en tono jocoso: “No podemos ni toser. El que tosa va para aislamiento”.

De esta forma tras el inédito cierre total de la actividad judicial de un municipio de la capital cubana, poco a poco ese apartado se va recuperando mediante un proceso que promete ser de larga duración.

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LA HABANA, Cuba.- Es indiscutible que, de haber seguido La Habana con el ritmo de crecimiento urbanístico que llevaba antes de 1959, hoy sería una de las capitales más hermosas del mundo para disfrute de todos los cubanos, algo que actualmente no es posible debido a las marcadas diferencias que ocasionó la inversión extranjera y la introducción de la divisa en el mercado nacional.

Con motivo del quingentésimo aniversario de la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana, “capital de todos los cubanos”, el gobierno ha pretendido devolverle a la ciudad en dos años la lozanía urbanística y bienestar alcanzado en cinco décadas de República. En torno a ello, como siempre, no puede faltar el cacareo gubernamental a través de sus medios de difusión, que no dejan de exagerar sobre las obras que se “reaniman”, “rescatan” o “re-inauguran” –en muchos casos con capital extranjero– en zonas estratégicas, después de 60 años de abandono por parte del régimen comunista, y que no tienen la función de beneficiar al pueblo, sino de obtener ganancias (en buena parte para ofertar servicios de primera necesidad en CUC, por lo que no todos los cubanos tienen acceso a ellos).

A juzgar por los medios, el embellecimiento de la ciudad va viento en popa. Pero la realidad se palpa fuera de la pantalla, pues son quince los municipios de nuestra capital. En el periódico Granma del 5 de noviembre, Eusebio Leal anunció las actividades e inauguraciones con vistas a la fecha. En dicho artículo quedaba de manifiesto que la mayoría de los municipios no ha recibido beneficios. Así ocurre con Diez de Octubre, uno de los más populosos de la provincia y poseedor de muchas y variadas industrias, fábricas y establecimientos que en épocas pasadas le hicieron alcanzar un notorio desarrollo urbanístico y comercial, al punto de ser considerado un municipio industrial. A pesar de ello, el abandono gubernamental se hace notar en el cierre de muchos de ellos, sobre todo en la calzada de Diez de Octubre, hoy en ruinas a lo largo de prácticamente todo su recorrido.

Y si de espacios para el entretenimiento se trata, entre los más apreciados estaban los cines. Recuerda Rafaela, una vecina, que en Diez de Octubre había más de 15, pero los han dejado destruir. Su preferido era el Moderno, que estaba próximo a la esquina de Toyo. “Hoy, para ver una película hay que ir al Vedado, y, con lo malo que está el transporte, ¡qué va!”.

Y es que la desolación ha alcanzado todos los rincones. Hoy el municipio se caracteriza por sus vías secundarias destruidas, por sus salideros de aguas claras y negras. Caminar por la calle es lo acostumbrado, debido a la destrucción de aceras y contenes. La demora en la recogida de desechos ocasiona la rotura de los contenedores, que pasan días desbordados de basura pestilente, con ratas y moscas merodeando. Por las noches, la mayoría de las calles está a oscuras o en penumbras.

Asimismo, en el pasado la población habanera estaba conformada en gran medida también por personas de otras provincias. Hoy, en cambio, “la capital de todos los cubanos” conmemoró sus 500 años de fundada este sábado con una inverosímil categorización que el gobierno cubano debería zanjar cuanto antes: nada menos que alrededor de 500 000 “indocumentados”, cubanos de todo el país, fundamentalmente de las provincias orientales, que vienen a La Habana tras la quimera de una mejor vida y en cambio terminan habitando en la más absoluta miseria, sin agua ni electricidad, en barrios insalubres, de “llega-y-pon”.

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LA HABANA, Cuba. – En el municipio de Diez de Octubre hay de todo: mansiones destrozadas por el tiempo hasta, barrios construidos por la necesidad, casonas hechas cuarterías. El paisaje varía según la calle que se camine. Sin embargo, ninguna zona se salva de los desechos en las esquinas, de los baches de veinte años de antigüedad o de las fosas corriendo como ríos y de los ríos apestando a fosa. Para muchos, Diez de Octubre se ha convertido en uno de los barrios más insalubres de la ciudad.

“Ay, mija, si por aquí pasara la basura con la misma frecuencia que pasa la policía, fuéramos Miramar”, dice una vecina que no le molesta que fotografíen el lugar, “porque esta cochiná hay que resolverla de alguna manera”.

La mujer señala para la esquina Rosa Enríquez y Pedro Pernas, por donde pasó el tornado y donde la acumulación de basura se confunde con los materiales de los que no terminan sus reparaciones.

“Lo que yo tuve que armar para que la esquina de mi casa no se volviera un tiradero, fue del carajo”, dice otra señora que se detiene a participar de la conversación y que habla de la “suciedad que hay en Luyanó” y de las “malas costumbres” de la gente.

Esa es la situación de casi todo Luyanó, pero en la calle Rabí, en Santo Suarez, los latones están en cada esquina y la basura, los escombros y las ramas pudriéndose se acumulan alrededor de los vagones vacíos.

“Es que el carro que pasa casi todos los días, no recoge lo que está afuera y el que supuestamente debe pasar por los escombros casi nunca pasa”, explica un vecino en la esquina de Enamorado.

Puede que parte de la responsabilidad la tengan los vecinos, pero, ¿quién se responsabiliza con las cinco fosas desbordadas que se pueden encontrar a siete cuadras de allí, entre la calle Coco, bajando por Rabí hasta Enamorados?

Otro problema sin solución son los aliviaderos de aguas albañales que afectan a todos los que viven cerca del río Luyanó o de sus afluentes.

Bajo la calle Dureje, en Santo Suárez, pasa un río. Ni sus vecinos saben el nombre, pero la crecida cada vez que llueve les recuerda que existe: la calle se llena de fango, la basura se esparce y quien no haya construido un muro de al menos un metro en la entrada de su casa, termina nadando.

“Hemos ido a todos los lugares habidos y por haber y siempre nos dicen que esto ha sido así toda la vida. ¿Tú crees que los capitalistas iban a construir las casonas que hay por aquí sabiendo que eso pasaría?”, dice una vecina que dice llamarse Odalys.

“No hay respuestas pero las cosas que pasan. A veces lo único que hacen es agravar nuestra historia de inundaciones”, agrega.

En junio denunciaron que un camión cisterna estaba vertiendo aguas negras por el alcantarillado de la misma esquina de Dureje y Zapote.

El camión no tenía logo, pero cuando se enfrentaron al pipero, “dijo que pertenecía a CUPET”, cuenta Odalys. Sin embargo, en las oficinas municipales de esa empresa aseguran que no.

“Nuestros camiones cisternas tienen una franja verde y dicen CUPET, bien grande, pero, además, nosotros no tenemos nada que botar”, aseguran a CubaNet.

Según el jefe de puesto de mando de Saneamiento Básico de La Habana, el vehículo tampoco pertenece a ellos. Sus camiones “son blancos y azules y tienen una imagen parecida al ying yang a un costado”. El funcionario asegura, además, que la matrícula del camión que aparece en la imagen que tomaron los vecinos está en desuso.

El misterio del camión que vertió aguas negras en el río que atraviesa la calle Dureje no ha sido resuelto, y Granma y la directora de Gestión Ambiental del grupo de trabajo Estatal-Bahía de La Habana, desde diciembre del 2018, aseguraron que la principal fuente de contaminación de los pluviales del municipio Diez de Octubre son “los residuales domésticos”, porque “están conectados a los ríos y al alcantarillado de la capital y, además, existe un nivel bastante elevado de pobladores que se ha conectado de manera ilegal a los drenajes pluviales”.

“¿Sabes cómo se hace un desagüe aquí?”, dice uno de los mecánicos que trabaja en la ribera del río Pastrana, que atraviesa la calzada de Luyanó. El hombre explica cómo las llantas de camión hacen de aliviadero de las aguas negras.

Ese mismo vecino dice que lleva toda una vida viviendo en el lugar y que no siempre la responsabilidad de “la peste” fue de ellos. “Hubo un tiempo que por aquí pasaban las aguas del matadero de Lawton, y cuando se inundaba la cosa era peor que peor”.

Una mujer de al menos 70 años se alegra que hayan tapiado el curso del río, pero está segura de que no fue por ellos, sino por “las tiendas de Concha y Luyanó, las maderas de Pérez y hermano, carpintería que cuando se inundaba toda la gente de Armentero -que es como se llama esa calle que no aparece ni en el mapa- recogían las maderas para reconstruir sus casas.

Estos son algunos puntos críticos de la situación de higiene de Diez de Octubre, pero si atraviesa el parque Fábrica, baja por la calle Herrera, atraviesa Luyanó por Reyes o por Remedios, calles altas y lejanas al río Luyanó o al Pastrana, se puede encontrar la misma suciedad.

“No es una historia de hace unos añitos para acá”, denuncia Kenya desde lo que quedó de su casa, ubicada detrás del materno Hijas de Galicia.

“¿Por qué crees que no les importó que el tornado nos atravesara? (…) desde hace mucho somos un municipio olvidado porque aquí vivimos muchos negros y muchos pobres”.

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LA HABANA, Cuba. – Vecinos de la localidad de 10 de Octubre, uno de los municipios más afectados por el tornado que azotó la capital cubana el pasado domingo, emplazaron este miércoles a las autoridades en busca de respuestas concretas que ofrezcan soluciones a la difícil situación que enfrentan.

“Ya estamos cansados de tantas mentiras, aquí nadie se ha preocupado por nosotros,  no tenemos luz, ni agua, ni gas para cocinar, hace ya tres días que muchos de nosotros no tenemos ni donde dormir porque nuestras casas han quedado destrozadas, pero eso a nadie le importa”, puntualizó Maidelín Sánchez Castro, quien perdió el techo de su vivienda.

Según destaca, la única ayuda humanitaria que han recibido en la zona ha sido otorgada por artistas cubanos, quienes, de manera independiente, se han solidarizado con su situación.

“Vinieron Yomil y El Dany, pero la policía no los dejó repartir las cosas que traían, aunque artistas como Adrián Berazaín  y otros más sí pudieron repartir algunas cositas, y es un hermoso gesto, pero no es suficiente porque somos demasiados los afectados. No entiendo cómo es que si ellos pueden hacer esto, como el gobierno no va a poder”, preguntó Yoel, un joven residente de la zona.

Por su parte, el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) anunció este miércoles que permitirá la entrada de ayuda humanitaria de personas naturales y jurídicas de dentro y fuera de la isla, aunque todo bajo la supervisión y el control del estado.

Según cifras oficiales publicadas por el rotativo, de momento, los derrumbes totales ascienden a 579, mientras que 1900 casas fueron afectadas por el fenómeno. El municipio Diez de Octubre, donde aún permanece en el suelo la mayoría del tendido eléctrico, se encuentra entre los más afectados.

El alto precio de la venta de alimentos y, sobre todo, de materiales de la construcción, fue una de las principales exigencias presentadas por los residentes del municipio a la mínima representación del gobierno que se personó en la zona varios días después de haber pasado el temible fenómeno natural.

“Explíquenos cómo es posible que nos vendan las cajitas de arroz con pollo a 25 pesos si nosotros nos quedamos sin nada, eso es un abuso”, reclamaron los presentes a una funcionaria que se identificó como Mercedes Linda.

“Ustedes se merecen una respuesta y se la vamos a dar a su debido tiempo. Vamos a investigar si se cometieron violaciones en los precios de la venta de comidas, y si es así, los culpables serán sancionados”, explicó la funcionaria a los presentes.

Una de cada tres edificaciones del municipio presenta algún problema constructivo importante (Foto: Ernesto Pérez Chang)

Un paisaje que, irónicamente, quizás pueda interesar como atractivo turístico (Foto: Ernesto Pérez Chang)

Así lucía la Calzada de 10 de octubre un año antes del tornado (Foto archivo)

Así lucía la Calzada de 10 de octubre un año antes del tornado (Foto archivo)

Si no pueden pagar una simple multa, imposible que puedan pagar un albañil (Foto: Ernesto Pérez Chang)

Obstáculos que hacen inútiles y peligrosas las aceras (Foto: Ernesto Pérez Chang)

Así lucía la Calzada de 10 de octubre un año antes del tornado (Foto archivo)

Las quejas expresadas a las autoridades del Gobierno durante décadas han caído en saco roto (Foto: Ernesto Pérez Chang)

LA HABANA, Cuba.- Está entre las más transitadas del país y cruza uno de los territorios más densamente poblados de la isla. Se calcula que a diario la atraviesen más de 20 mil vehículos automotores y un promedio de 200 mil personas. Estrecha, mal pavimentada, oscura en las noches y plagada de obstáculos para choferes y peatones, la Calzada de Diez de Octubre, otrora de Jesús del Monte, debido al deterioro extremo que la afecta, hoy representa un peligro para habitantes y transeúntes.

Aunque se estima que una de cada tres edificaciones del municipio presenta algún problema constructivo importante y que casi un 30 por ciento de las viviendas han sido consideradas inhabitables, este tramo vial es una muestra de que las cosas son mucho más trágicas de lo que expresan las estadísticas.

A diario ocurren accidentes de todo tipo, relacionados con el abandono que sufre la localidad habanera desde hace décadas por causa de la despreocupación de los organismos de Gobierno e instituciones estatales que debieran encargarse de encontrar soluciones.

Según opinión de los vecinos de una de las decenas de cuarterías en peligro de derrumbe que existen en la calzada, las quejas expresadas a las autoridades de Gobierno durante décadas han caído en saco roto.

“Nadie pasa por aquí. Damos quejas y nada. Suba para que vea cómo están esos techos. Un día alguien va a morir aplastado y creo que ni así harán nada”, denuncia Maritza, vecina del número 1063, frente al Pío Pío. Está tan enojada que afirma haber perdido el miedo a enfrentar las consecuencias por no quedarse callada en un país donde hablar a un medio de prensa independiente suele conllevar a un castigo.

“Los techos se caen. Trozos que pueden matar a cualquiera. Las personas mayores ya ni podemos caminar por las aceras. Es que no hay. Lo único que hace el Gobierno es trasladar las paradas de guagua para otro lugar o poner multas a los vecinos cuando no tiran abajo los techos en mal estado, es decir, que la responsabilidad es de uno cuando los techos de los portales están en área común, eso debería ser responsabilidad del Gobierno”, opina Daura, vecina del número 1065, un solar donde habitan unas veinte familias, hacinadas en cuartuchos oscuros, húmedos, mal ventilados.

Aunque ninguno de los funcionarios del Gobierno Municipal convidados a dar su opinión al respecto quiso ofrecer declaraciones, se sabe que la única acción realizada por estos para evitar accidentes por la caída de escombros en los portales que dan a la calzada ha sido la imposición de multas a quienes se niegan a demoler los techos, una tarea cuyos gastos, elevadísimos, debe correr por los habitantes de la vivienda, posean o no recursos para emprenderla.

Así lucía la Calzada de 10 de octubre un año antes del tornado (Foto archivo)

Hoy representa un peligro para habitantes y transeúntes (Foto: Ernesto Pérez Chang)

Familias, hacinadas en cuartuchos oscuros, húmedos, mal ventilados (Foto: Ernesto Pérez Chang)

Existen decenas de cuarterías en peligro de derrumbe (Foto: Ernesto Pérez Chang)

Tramo de la calzada de Diez de Octubre (Foto de archivo)

Así lucía la Calzada de 10 de octubre un año antes del tornado (Foto de archivo)

Así lucía la Calzada de 10 de octubre un año antes del tornado (Foto archivo)

A diario ocurren accidentes de todo tipo, relacionados con el abandono (Foto: Ernesto Pérez Chang)

“No existen empresas (estatales) donde un ciudadano pueda contratar los servicios de demolición”, explica Ricardo Peláez, responsable de una brigada de albañilería “por cuenta propia”: “Un trabajo de demolición es caro porque no solo es dar mandarria, es cortar las vigas de acero, poner los andamios, llevarse el escombro porque está en plena calzada, tienes que hacerlo de noche porque te ponen una multa (…). La mayoría de la gente que vive en esos lugares no tiene dinero. Si no pueden pagar una simple multa, imposible que puedan pagar un albañil”, opina Peláez.

Aunque el Gobierno se escuda tras la entrega de créditos por parte de la banca nacional, así como en la venta de materiales de la construcción a precios subsidiados, las “soluciones” no pasan de ser una broma diabólica cuando se analiza que el costo de la restauración de cualquiera de las edificaciones de la calzada, la mayoría antiguos caserones construidos entre los años 20 y 50 del siglo XX puede sobrepasar los 100 mil pesos, una cifra que no representa ni el 10 por ciento del mayor crédito bancario al que puede aspirar un ciudadano cubano que viva de un salario estatal.

Hasta la fecha no existe un plan reconstructivo para la calzada de Diez de Octubre ni siquiera cuando se sabe que el descontento popular cada día va en ascenso y que, de continuar las cosas como están, los estallidos de protestas podrían superar aquellos reclamos de agua y electricidad tras el paso del huracán Irma. Al ritmo que lleva esta tragedia cotidiana y bajo el anuncio de que este año 2018 el Gobierno cubano solo atenderá “las prioridades dentro de las prioridades”, lo que significa que muchas cosas quedarán desatendidas, la Calzada de Diez de Octubre se convertirá en nuestro primer desierto urbano, un paisaje que quizás pueda interesar como atractivo turístico.