LA HABANA, Cuba. – En la primera semana de mayo reanudaron sus labores las instituciones judiciales del municipio de Diez de Octubre, en La Habana, tras más de un mes de parón por causa de la pandemia de COVID-19.
Durante todo el mes de abril habían permanecido cerrados el Tribunal Municipal Popular, la Fiscalía y las dos unidades de procesamiento de ese territorio, el más poblado de la capital.
Antes, y por el mismo motivo, habían cerrado el Registro del Estado Civil, el de la Propiedad y el de Actos de Última Voluntad, así como las notarías y la Dirección Municipal de Justicia. Todo esto afectó sustancialmente a la población y generó numerosas críticas.
La Fiscalía Municipal, ubicada en la Avenida de Acosta, cerca de la Calzada de Diez de Octubre, fue descontaminada con agua clorada y fumigada con petróleo. El personal local fue declarado en cuarentena y, para suplirlo, trajeron fiscales y empleados de otros territorios.
Los cierres más significativos de abril fueron los de las dos unidades policiales del municipio. La de Aguilera cesó sus funciones por sospechas de contagio del coronavirus. Tanto agentes como detenidos fueron trasladados a la Dirección Territorial de Investigación Criminal y Operaciones, conocida por el acrónimo Ditico-3.
A los pocos días, la propia Ditico-3 fue clausurada por sospechas de contagio. Al respecto indagamos con un oficial que bajo anonimato confirmó: “La unidad fue cerrada y descontaminada totalmente. Los detenidos fueron trasladados a 100 y Aldabó, y lo mismo pasó con algunos instructores”.
Y continuó la fuente: “Muchos combatientes fueron aislados por sospechas de la enfermedad. Finalmente se comprobó que dos oficiales contrajeron la COVID-19. Sobre este tema se nos explicó que no podíamos comentar a nadie. Fueron días muy duros y tensos”.
Por último, el oficial dijo: “Luego de la reapertura parcial se han tomado medidas extraordinarias: Los visitantes son atendidos en el parqueo de la unidad, previa limpieza con agua jabonosa y clorada; todos los vehículos son desinfectados. Y al interior de la unidad no pasa ningún visitante”.
Y concluyó en tono jocoso: “No podemos ni toser. El que tosa va para aislamiento”.
De esta forma tras el inédito cierre total de la actividad judicial de un municipio de la capital cubana, poco a poco ese apartado se va recuperando mediante un proceso que promete ser de larga duración.
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