LA HABANA, Cuba.- Resulta evidente que a los gobernantes cubanos, tan preocupados por mantener un control totalitario sobre la sociedad, siempre les ha costado trabajo conceder espacios de autonomía a las formas no estatales de gestión. Lo han hecho, a cuenta gotas, cuando no les ha quedado más remedio. Así ha sucedido con los trabajadores por cuenta propia, los cooperativistas, y los usufructuarios de tierras ociosas.
Un panorama parecido ha acontecido con la inversión extranjera en la isla. Vale recordar que fue en los albores de la década del 90 cuando Cuba inició su estrategia hacia la inversión extranjera directa, y en 1995 se aprobó la primera ley al respecto. Mas, hubo que esperar hasta el 2014 para que se aprobara otra ley más atractiva hacia el capital foráneo, tras la resistencia de los conservadores de la nomenclatura, para quienes la inversión extranjera era empleada por los capitalistas internacionales para extraer las riquezas de los países pobres. Todo bajo el embrujo de textos como Las venas abiertas de América Latina, ese libro ya inservible del uruguayo Eduardo Galeano.
No obstante a las medidas que se han ido adoptando gradual y lentamente, como la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la Ventanilla Única, y la emisión de las Carteras de Oportunidades, lo cierto es que prima el descontento y la desesperación entre los jerarcas del castrismo. En una reunión reciente del Consejo de Ministros, el titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, declaró que “a pesar de las modificaciones realizadas, los resultados en la inversión extranjera están muy por debajo de las necesidades del país”.
En ese contexto el propio Malmierca, al intervenir en el II Foro Empresarial Cuba-2021, anunció algunas novedades con el objetivo de incentivar a los inversores foráneos. Una de ellas permitiría la vinculación del capital extranjero con el emergente sector privado de la isla. Otra disposición contempla la posibilidad de que las cooperativas agropecuarias participen de manera directa en las modalidades de inversión extranjera sin la obligatoriedad de contar con una empresa estatal intermediaria. Por último, se elimina la política restrictiva que impedía el establecimiento de cuentas bancarias en el exterior a las distintas modalidades de la inversión extranjera. Aunque la apertura de esas cuentas deberá contar con la autorización del Banco Central de Cuba.
Y no podemos dejar de mencionar los constantes llamados de la cúpula castrista para que la diáspora cubana se decida a invertir su capital en la isla. Se nota a las claras la impaciencia oficialista por que fluya rápidamente el dinero extranjero que apuntale la moribunda economía cubana. Y en medio de este pugilato aflora la siguiente interrogante: ¿Por qué las autoridades cubanas no habían tomado esas medidas con anterioridad?… La respuesta habría que buscarla al inicio del presente artículo. Es el deseo irrefrenable de que nada escape al control de la maquinaria del poder.
Claro que, en su desesperación, los gobernantes cubanos podrían adoptar nuevas medidas en el afán de captar la inversión extranjera. Una de ellas, y que seguramente agradaría a los inversores, es la relacionada con la contratación directa de la mano de obra que trabajaría en los negocios, la cual se efectúa ahora mediante agencias gubernamentales que actúan como intermediarias entre el inversor extranjero y los trabajadores cubanos.
Aunque, a ciencia cierta, es probable que esa fuera la última concesión que el castrismo estaría dispuesto a otorgar. Ellos son conscientes de que una vez que los trabajadores no dependan económicamente del gobierno se irá erosionando su dominio político sobre la sociedad.
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