LA HABANA, Cuba. -Una semana después del referendo constitucional del 24 de febrero, se pueden analizar con mayor tranquilidad y fundamento los resultados de un proceso que, en mi opinión, dejo varios aspectos dignos de resaltar.
Como ya ha señalado la prensa independiente, las tramposas ventajas del “Sí” se pusieron de manifiesto en la propaganda desaforada que, violando sus propias leyes, mantuvo el régimen en medios masivos, vallas, ómnibus y todo tipo de lugares públicos. También en los centros de votación se exhibían carteles de apoyo a la opción afirmativa y se persiguió, de diversos modos, a los activistas prodemocráticos que concurrieron a monitorear el conteo de las boletas.
Una amena crónica de Yoani Sánchez nos narra lo que ella denomina “una inolvidable experiencia como ciudadana, electora y periodista”. En el “acto de repudio” sufrido por la talentosa colega hubo de todo, como en botica. ¡Hasta un huevo “quizás tirado desde un balcón”! Por supuesto, sólo un miserable es capaz de perpetrar, por razones políticas, una bajeza como ésa (máxime tratándose de una dama), pero debo reconocer que no sé si a ese canalla debo calificarlo como “abnegado” o como “abyecto”: Hay que tener una u otra cualidad (¡y en grado superlativo!) para desprenderse de esa postura de ave en estos tiempos en que la carestía y la penuria se agudizan gracias al socialismo indigente e insostenible.
Las denuncias de fraude no se han hecho esperar. El compatriota Pedro Campos invoca datos tomados de unos doscientos colegios electorales de casi todas las provincias para fundamentar los alegatos que hace en ese sentido. Según la tabla que dio a conocer, los votos por el “Sí” en ese muestreo apenas habrían alcanzado el 36% del total emitido.
Hay que decir que las denuncias del “pucherazo” no pueden tener otro culpable que el mismo gobierno castrista. Las comisiones electorales integradas en masa por incondicionales del régimen, la campaña desaforada por el “Sí”, la persecución a quienes propugnaban no votar o votar “No” y el voto realizado a lápiz justifican la negativa a aceptar la pulcritud del proceso.
A lo anterior se unen la falta de acceso de observadores internacionales o independientes a los escondrijos en los que se sumaban los votos de los diferentes colegios, así como la desmedida demora en el anuncio de los resultados, esto último pese a no tratarse de cómputos complejos, como los que había que hacer en los comicios de la Cuba democrática y cordial de antaño, sino de un conteo sencillo entre sólo cuatro opciones: “Sí”, “No”, boleta en blanco o voto nulo.
Para colmo, al anunciar con injustificada tardanza esos supuestos resultados, el Consejo Electoral Nacional, por primera vez en más de cuatro decenios, se abstuvo de dar los datos correspondientes a las distintas provincias del país. Por supuesto que esto no es fruto de la casualidad. Varios de esos territorios se caracterizan por el mayor activismo pro democrático de sus habitantes: aquí podemos mencionar a La Habana; la antigua provincia de Oriente, en donde operan José Daniel Ferrer y la UNPACU; Las Villas, sede del FANTU y del combativo licenciado Guillermo “Coco” Fariñas; y Matanzas, campo de acción del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.
Mientras no me demuestren lo contrario, pensaré que, al omitir las cifras del número de votos alcanzado por las diferentes opciones en cada una de las provincias, los castristas buscan evitar que se detecte cualquier adulteración.
Volviendo al monitoreo realizado por Yoani y los amigos del señor Campos —y también por Cuba Decide—, debo señalar que esto pone de manifiesto el poco respeto que las autoridades castristas sienten por sus propios códigos. El artículo 169 de la vigente Ley Electoral establece, para los referendos, la siguiente regla: “Terminada la votación, la Comisión Electoral de Circunscripción procede a realizar el escrutinio”. O sea: que en procesos como el del pasado domingo no se aplica la norma establecida para las elecciones en el artículo 112 de ese mismo cuerpo legal, el cual dispone celebrar el conteo de las boletas en el propio colegio, con la presencia —entre otros— de todos los “ciudadanos que lo deseen”.
¿A qué atribuir esa evidente infracción del vigente código? ¿Al simple desconocimiento de lo establecido? ¡O es que la Comisión Electoral Nacional dictó instrucciones ordenando que, en este proceso, se actúe conforme a reglas que no son las que prevé la mencionada Ley Electoral en su Título IX (“Del Referendo”)!
Por encima de ilegalidades y dudas fundadas sobre la pureza del sufragio, resalta un hecho incontestable: según las cifras oficiales, más de dos millones y medio de ciudadanos no cumplieron las órdenes del régimen. Esto incluye a quienes no acudieron a las urnas, los que votaron “No”, así como quienes anularon la boleta o la dejaron en blanco.
Felizmente, en esta oportunidad todos esos votos se apoyaban unos a otros, ya que el artículo 137 de la carta magna aún vigente dispone que, para aprobar una reforma constitucional mediante referendo, es necesaria “la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral”.
Reitero: las cifras amañadas que se han publicado reconocen que más de la cuarta parte de los cubanos no siguió los dictados del régimen. Cualquier persona sensata pensaría que a un porcentaje de la población tan significativo como ése se le brindarán posibilidades para organizarse y actuar libremente en política. Quien así piense, estará demostrando un monumental despiste: conforme al Artículo 5 de la flamante Constitución “raulista”, el Partido Comunista de Cuba seguirá siendo el “único” con existencia legal en nuestra desdichada Patria.
