LAS TUNAS, Cuba.- La Aduana de Puerto Padre ocupó un lugar prominente en Cuba por concepto de recaudación de impuestos hasta 1959. El puerto de La Habana, el de Santiago de Cuba, el aeropuerto de Rancho Boyeros y dos terminales más, que ahora escapan de mi memoria, sólo iban delante, con un difícil competidor: Puerto Padre y el central Delicias, el mayor productor de azúcar de caña de Cuba y del mundo.
El alcantarillado de Puerto Padre, data de 1918, proviene de esos dineros fiscales, tributados por la empresa estadounidense The Cuban American Sugar Mills, propietaria de los centrales azucareros Delicias y Chaparra, y de los ramales ferroviarios cañeros y del puerto azucarero en cayo Juan Claro. Pero un libro de historia local dice:
“El 20 de julio de 1960, por la Resolución No. 195 del doctor Fidel Castro, presidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se decretó la intervención del central Delicias, más todas las propiedades, bienes, inmuebles, negocios y derechos pertenecientes a la empresa The Cuban American Sugar Mills.
“Al nacionalizarse el central Delicias, que cambió su nombre por el de Antonio Guiteras, se incautaron también las demás propiedades norteamericanas, que incluían la compañía de teléfonos, los centros de expendio de gasolina, el departamento comercial, las tiendas (en las colonias cañeras), la sucursal eléctrica, el puerto del cayo Juan Claro y otras propiedades”.
“¿Qué queda de todo eso?”, se preguntará algún lector.
Pues queda el central Antonio Guiteras, moliendo ahora como un trapiche; queda el puerto de cayo Juan Claro, por donde, en comparación con 60 años atrás, bastante poca azúcar se exporta y todavía menos mercancías se importan; de los ramales ferroviarios no queda un riel; la compañía de teléfonos hoy es el monopolio parapolicial Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA); y de las tiendas en las colonias cañeras ni hablar: hoy no queda una.
Por todos sus bienes perdidos quizá algún día la empresa estadounidense sea resarcida. Pero el mayor daño el castrismo no lo cometió contra las empresas expropiadas, sino contra el pueblo de Cuba. El estatismo castrista, nacido en 1959, goza de buena salud 60 años después, y hasta se ha rejuvenecido.
“La propiedad privada sobre la tierra se regula por un régimen especial”, dice el artículo 29 de la Constitución castrista de 2019. Y al respecto, el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, dijo que “será preciso hacer una norma sobre la tierra, en la cual se establezcan todas las garantías de que sólo el Estado puede ser el que compre este preciado bien”.
Para ser exacto, el ministro Rodríguez Rollero debió decir que harán otra norma, otra más, para impedir que los propietarios cubanos de tierras hagan con ellas lo que mejor estimen conveniente sin interferencias del Estado, que es, desde mayo de 1959, quien hace y deshace con las tierras en Cuba.
Hoy, la legislación en materia agraria vigente es el Decreto-Ley No. 125, “Régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios”, firmado por Fidel Castro el 30 de enero de 1991, por el cual, muerto un agricultor, su tierra pasa a manos del Estado si, durante cinco años previos al fallecimiento del propietario, sus herederos no han permanecido trabajando esa tierra.
Médicos, abogados, ingenieros, ni ningún otro profesional en ejercicio, pueden heredar la tierra que perteneció a sus ascendientes.
En el referéndum constitucional del pasado domingo 24 de febrero, los cubanos pudieron mostrar muy bien, entre sus muchas inconformidades, la que sienten todos los días al ir a la mesa, provocada por el desabastecimiento alimentario crónico, resultado de lo que el castrismo llamó “reforma agraria”, pero que, en esencia, es latifundio de Estado.
Si el 17 de mayo de 1959 la “primera ley de reforma agraria” expropió las fincas mayores de 30 caballerías (402.6 hectáreas), la “segunda ley de reforma agraria”, del 3 de octubre de 1963, desposeyó a 7 485 propietarios rurales, el 24,5% de los dueños de tierras en Cuba, poseedores de 9 752 fincas asentadas sobre 1 641 440 hectáreas de suelo labrantío, que representaban el 19,3% de las tierras productivas de la nación, que también pasaron a manos del Estado.
Cubierto por el mito de la “reforma agraria”, de dos plumazos, uno en mayo de 1959 y otro en octubre de 1963, el castrismo estatizó 7 893 603 hectáreas, el 92,6% de la tierra agropecuaria y forestal de Cuba.
Entonces, quedarían en manos particulares las fincas de hasta cinco caballerías (67 hectáreas), el 7,4% de la tierra cubana arable, aunque fuentes oficiales aseguran que en manos del Estado sólo quedó el 71% de la tierra labrantía, al entregar 1.1 millones de hectáreas de las expropiadas a quienes las trabajaban.
Pero en realidad puede asegurarse que el 100% de la tierra cultivable de Cuba está en manos del Estado, aunque algunos miles de pequeños agricultores posean título de propiedad de las tierras que ocupan.
La propiedad agraria no es efectiva cuando el propietario no puede decidir qué sembrar, cuándo, con quién comercializar la producción, a qué precio, dónde y cuándo comprar semillas, fertilizantes, plaguicidas, herramientas, maquinarias, combustibles; o decidir si trabaja la tierra personalmente o mediante contrato de arriendo.
En 60 años de estatismo castrista, en Cuba esas decisiones no han podido tomarlas por sí mismos los “propietarios” de tierras, esos poderes son ejercidos por el Estado, que decide, por ejemplo, en cual región del país se sembrará papa y en cual no. Y el resultado de ese estatismo donde mejor se ve no es en la Constitución de la República, sino a la hora de sentarse a la mesa del comedor.
La carencia de alimentos sufridas en Cuba, de alimentos que pueden producirse en la Isla, es fruto de la estatización del campo cubano, ejecutada por el castrismo por conveniencias políticas. La verdadera reforma agraria en Cuba todavía está por hacer.
La expropiación de puertos, aeropuertos, centrales azucareros, fincas ganaderas y toda suerte de fábricas y comercios, ejecutada por el castrismo después de1959, supuestamente con fines de utilidad pública, es un mito.
De utilidad pública, sin importar si están en manos privadas o estatales, son las tierras que producen alimentos, maderas, resinas…; las fábricas que transforman materias primas en bienes de consumo; los comercios bien surtidos, con precios justos, al alcance de todos los bolsillos, y, sobre todo, los puertos y aeropuertos libres al tráfico internacional, según las costumbres y el derecho universalmente aceptado. Pero esas categorías socioeconómicas no las encontramos en Cuba, luego… ¿Qué resolvieron los cubanos con las expropiaciones castristas?
