MIAMI, Estados Unidos. – Este 23 de abril estaba previsto el juicio contra el activista Maykel Herrera Bones en el Tribunal de La Palma, ubicado en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. El opositor, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, se mantiene en huelga de hambre desde su detención.
Herrera Bones fue arrestado el pasado 15 de abril en horas de la noche cuando realizaba una protesta pacífica por el corte del fluido eléctrico en su comunidad. Poco después, cerca de la medianoche, fue liberado. Sin embargo, a las 11:00 a.m. del siguiente día, oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo condujeron en una patrulla hacia la Oncena Unidad Policial, ubicada en San Miguel del Padrón.
Dos días después, el 18 de abril, el opositor fue trasladado hacia la Unidad de Clasificación El Vivac y más tarde al Centro de Instrucción de 100 y Aldabó, donde permanece hasta ahora.
El activista de la UNPACU fue acusado por el presunto delito de “desacato” y debía ser sometido a juicio sumario este jueves. Sin embargo, la documentación de su caso nunca llegó al Tribunal, según su primo Yoel Parsons Bones, también activista. De esa manera, no solo quedó suspendida la vista; también trascendió que las autoridades modificaron arbitrariamente el delito usado contra Herrera Bones, quien ahora será procesado por supuesto “atentado”.
La UNPACU manifestó su preocupación por la situación de salud del opositor. La organización teme que Herrera Bones sufra complicaciones si se contagiara con el nuevo coronavirus, ya que es portador del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
“Maykel se encuentra entre los grupos de riesgo y su salud puede complicarse mucho si se contagia. Los calabozos tienen condiciones terribles en las que se incluye el hacinamiento”, denuncia Zaqueo Báez Guerrero, miembro de la dirección de la UNPACU y promotor de Cuba Decide.
El activista, coordinador de las actividades de su organización en la capital, insiste en que el delito del que se le acusa a Herrera Bones es “falso y fabricado por el Departamento de la Seguridad del Estado para encubrir el real motivo de su posible encarcelación”.
“Todos nuestros hermanos de lucha son llevados a prisión injustamente. La Policía política utiliza delitos comunes para no reconocer que son opositores y que los condenan por ejercer derechos que están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, puntualizó Báez Guerrero.
Ciertamente, son los delitos comunes como “atentado”, “desacato”, “desorden público”, “resistencia” e “impago de multas” los más usados por el régimen cubano para acallar a sus oponentes. Estos ardides legales levantan una cortina de humo que dificulta el reconocimiento de los presos políticos y de conciencia por parte de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos.
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