LA HABANA, Cuba.- “La medida cautelar es un reconocimiento a nuestra labor por los derechos humanos en la Isla, es un aliciente y estímulo de lucha (…). Nosotros, como movimiento, estamos participando de la petición de diálogo con el gobierno y esta medida lo favorece”, declaró en conferencia de prensa este miércoles 24 de febrero Iris Ruíz, Coordinadora del Departamento de Recursos Humanos y Protección Legal del Movimiento San Isidro (MSI).
En la conferencia de prensa, organizada por Civil Rights Defenders (CRD), Artículo 19, Defiende Venezuela y Cubalex, se expusieron los detalles de la medida cautelar otorgada el 11 de febrero último por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de 20 integrantes del MSI, así como la situación actual de los activistas.
La solicitud fue presentada por la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Defiende Venezuela y Cubalex a fines de noviembre y aprobada por el organismo mediante la Resolución 14/2021 por considerar que los integrantes del MSI “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba”.
Los beneficiarios de esta medica cautelar son: Denis Solís González, Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez, Iliana Hernández Cardosa, Anamely Ramos González, Oscar Casanella, Katherine Bisquet Rodríguez, Omara Ruiz Urquiola, Adrián Rubio, Jorge Luis Estien, Alfredo Martínez, Amaury Pacheco, Michel Matos, Esteban Rodríguez, Iris Ruiz, Miguel Yasser Castellano Guerrero, Anyell Valdés Cruz, Jorge Luís Capote Arias, Niovel Alexander Tamayo (Abu) Formen, y Osmani Pardo Guerra.
Para Laritza Diversent, abogada y Directora de Cubalex, aunque han sido muchas más las personas que se han visto afectadas o que han sido hostigadas por la Seguridad del Estado cubana, la actual medida ha llamado la atención sobre la situación de estos defensores de derechos humanos en Cuba.
Harold Miñarro, representante de Defiende Venezuela, señaló que la medida se enmarca en un contexto de persecución a la prensa independiente, artistas y activistas de derechos humanos en la Isla, quienes son sometidos a detenciones domiciliares, cortes del servicio telefónico y de internet, actos de repudio, amenazas y difamaciones en medios de prensa.
“Es urgente que el Estado cese la persecución de estos miembros del Movimiento San Isidro y que se enfoque en evitar tratos crueles, inhumanos y degradantes”, afirmó el abogado.
Por su parte, Claudia Ordóñez, Oficial de Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, expuso que el Estado cubano, en función de sus obligaciones de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de los ciudadanos, debe respetar la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, frenar las campañas de desprestigio en medios de prensa, abstenerse de estimular u organizar actos de violencia o agresiones contra artistas, periodistas y activistas, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión e iniciar investigaciones sobre estos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición.
“La adopción de estas medidas pudiera propiciar una apertura al diálogo y la inclusión en Cuba”, agregó Ordóñez.
Aunque el gobierno de Cuba no ha solido acatar, responder o favorecer la adopción de las solicitudes de la CIDH, y ha mantenido el hostigamiento al MSI y a artistas, periodistas independientes y activistas, los especialistas explicaron que ello no exime al Estado de la Isla de responsabilidades u obligaciones internacionales como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Para Ordóñez, es importante esta medida pues envía un mensaje a nivel regional de que en Cuba se están violando sistemáticamente los derechos humanos y América Latina debe mirar al país, apoyar y presionar para que Cuba respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Asimismo, Harold Miñarro opinó que estas son medidas con un peso político que contribuyen a influir en la opinión pública para recabar apoyo hacia el MSI.
De los veinte beneficiarios, solo se encuentra en prisión Denis Solís, cuyo encarcelamiento, a principios de noviembre de 2020, desencadenó las protestas del MSI y el consecuente hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado cubana.
Solís es uno de los 137 presos políticos que se hallan en prisión. Actualmente, se desconoce su situación, su familia no ha podido verlo, solo han hablado con él vía telefónica, y el Tribunal se ha negado a informar sobre el proceso seguido en su contra de manera sumaria.
Maria Pía Alvira, Oficial de Programa para América Latina de CRD, manifestó que el Estado cubano debe reconocer a los beneficiarios como sujetos de derechos y responsabilizarse por estas violaciones.
“Como sociedad civil —recalcó Diversent— debemos continuar insistiendo porque es una obligación del Estado cubano cumplir con esto”.
Como representante del MSI en la reunión, Iris Ruíz aseguró que la organización mantendrá su compromiso de seguir denunciando y documentando las violaciones de derechos humanos en Cuba, así como promoviendo la libertad de expresión.
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