LA HABANA, Cuba. – Gustavo Martínez Vázquez, un campesino de 54 años sin antecedentes penales y residente en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, afirma que las autoridades se aprovecharon de su condición de analfabeto para hacerlo autoinculparse y enviarlo a la cárcel por un delito de cuatrerismo que no cometió y que es uno de los más fuertemente sancionados por las leyes cubanas.
Martínez Vázquez, acusado de “robo con fuerza y sacrificio ilegal de ganado mayor y venta de sus carnes en carácter continuado”, fue condenado a ocho años de prisión en juicio celebrado el pasado 19 de enero, en la sala tercera de lo penal del Tribunal Provincial de La Habana.
Las autoridades acusan a Martínez Vázquez de permitir, a cambio de dinero, que ladrones de caballos, utilizaran el lugar para matar y descuartizar los animales cuya carne venderían posteriormente. Para ello, se basan en el hallazgo de huesos de equinos en un foso oculto por la maleza a más de 250 metros de su vivienda, en la finca donde trabajaba, en 100 y calle 10, Parcelación Moderna.
En la vista oral, el campesino negó tajantemente estar involucrado en los hechos, pero en su contra usaron una declaración inculpatoria que los instructores policiales, presurosos por cerrar el caso, lo presionaron para que firmara, sin leerla, aprovechándose de que es analfabeto.
A pesar de que el abogado designado para la defensa, Jorge Otero Rodríguez, y las testigos Manuela Martínez y María del Carmen Domínguez destacaron el analfabetismo de Gustavo Martínez, y de que los jueces reconocieran, según consta en el acta del juicio, que se había quebrantado “la transparencia y legalidad que se requiere en todo proceso penal”, el tribunal aceptó como “un desliz” que la instructora policial no consignara en las declaraciones la condición de analfabeto del acusado.
Martínez Vázquez, que antes del juicio pasó año y medio de prisión preventiva en Valle Grande, actualmente está recluido en el Combinado del Este.
En la vista oral, donde actuó como fiscal el abogado Yoel Quintana Fuentes, fueron condenados a diez años de privación de libertad Adrián Urquijo Morales, de 24 años, y Francisco Lázaro Argota San Román, de 35. Otro ciudadano, Yoendry López Figueredo (41), fue sancionado a un año y cuatro meses de trabajo correccional sin internamiento.
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