MIAMI, Estados Unidos. – Dos campesinos cubanos denunciaron a una Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) en Guantánamo por deudas superiores a los 170 000 pesos, informó el diario Juventud Rebelde.
Se trata de Martha Lores Ortiz y Conrado Cobas Matos, quienes reclaman pagos atrasados a la CCS “José Martí”, del municipio guantanamero de Imías, a la cual están asociados.
En su sección Acuse de recibo, el periodista José Alejandro Rodríguez expuso el caso de los productores, quienes han acudido, sin éxito, a varias instancias legales para intentar resolver el problema.
Tanto Lores Ortiz como Cobas Matos notificaron la situación a la Delegación de la Agricultura, la Asociación Nacional de Agricultores pequeños (ANAP), el Gobierno y el Partido Municipal. Sin embargo, la respuesta siempre es la misma: “ellos no pueden meterse en eso”.
“Cuentan que, ya obstinados por el incumplimiento, decidieron contratar a un abogado, y les fue imposible, pues, si bien de acuerdo con el contrato que firmaron con la CCS, supuestamente podrían demandar a la entidad, el Decreto Ley 635, acuerdo 3, refiere que el campesino no puede demandar a la propia fuerza productiva de la cual es asociado”, señala Rodríguez en su espacio.
Según los campesinos, la junta directiva saliente de la CCS “José Martí”, que debe más de 400 000 pesos a productores, se encuentra bajo un proceso judicial. Mientras tanto, la tasa de interés a los créditos bancarios otorgados a los productores damnificados por los impagos sigue aumentando.
“¿Qué debemos hacer, a quién recurrir cuando no nos sentimos respaldados por nadie?”, cuestionan los campesinos en su misiva.
Desde hace meses, agricultores afiliados a instituciones gubernamentales y otros vinculados a organizaciones independientes han criticado el sistema de gestión productiva establecido que aplica el régimen cubano, ya que deja a los agricultores a merced de situaciones de esa naturaleza.
Pese a los constantes incumplimientos del estado, los productores que burlan el cerco oficial son criminalizados por las autoridades y sometidos a linchamientos mediáticos en el marco de la llamada lucha contra las ilegalidades.
La pasada semana, la Liga de Campesinos Independientes hizo pública una carta dirigida al régimen de la Isla, demandando libertad económica y el cese de las trabas para la distribución y comercialización de productos.
“Por libertad económica entendemos libertad para registrar la propiedad legal de nuestras tierras y negocios, así como para producir, fijar precios, comercializar, exportar, importar y atraer inversiones, sin intermediarios estatales y sin fijar límites a las áreas económicas de nuestra gestión ni al crecimiento de nuestros emprendimientos”, señala el documento, firmado por Esteban Ajete.
La misiva añade que la crisis que atraviesa la Isla es resultado de “un modelo estatista fracasado” que ha extendido la pobreza y la hambruna por todo el país.
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