LA HABANA, Cuba – Durante el recién concluido mes de abril, hemos podido verificar al menos 905 detenciones de pacíficos disidentes, por motivos
puramente políticos, cifra muy alta pero que no refleja el creciente nivel de descontento popular debido a que cualquier manifestación
individual o colectiva del mismo constituye un delito perseguible policial o penalmente toda vez que el gobierno de Cuba, que ha entrado ya
en su año 56 ejerciendo el poder, continúa criminalizando el ejercicio de todos los derechos civiles y políticos y otros derechos
fundamentales.
En el mes de referencia identificamos los casos de 90 disidentes agredidos físicamente por agentes policiales o parapoliciales y otros 104
que fueron víctimas de los llamados “actos de repudio” y otras formas de hostigamiento o acciones vandálicas generalmente contra los
hogares de pacíficos opositores.
Fue particularmente inquietante la doble detención, el 30 de abril, del ex-prisionero de conciencia Ángel Moya Acosta (esposo de Berta
Soler, representante de Las Damas de Blanco), durante la citada doble detención Moya Acosta fue brutalmente golpeado por oficiales de la
policía y sometido por ellos a una acción de estrangulamiento que pudo haberle costado la vida.
Ángel Moya, uno de los 75 prisioneros condenados en la primavera de 2003, continúa cumpliendo una sentencia de 20 años bajo una
llamada “Licencia Extra-penal”.
Hasta la fecha el gobierno de Cuba no acepta la cooperación sin reservas de la Cruz Roja Internacional ni de otras ONGs internacionales en
materia de Derechos Humanos, al tiempo que, a pesar de sus promesas el pasado año durante el Examen Periódico Universal del Consejo de
DD.HH. de la ONU, no ha invitado a ninguno de los Relatores de ese órgano para que visiten Cuba con igual propósito de cooperación.
- Del Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional