SANTIAGO DE CUBA.- En la noche del pasado 17 de junio, el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, se convirtió en uno de los principales escenarios de protesta contra los prolongados apagones que afectan a la ciudad. Decenas de vecinos salieron a las calles después de permanecer, en algunos casos, más de 72 horas sin electricidad. Hubo cacerolazos, quema de basura y enfrentamientos con las autoridades, en una manifestación que se extendió hasta la madrugada del día siguiente.
La respuesta policial fue inmediata. A la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), miembros de las tropas especiales y agentes de la contrainteligencia vestidos de civil. Vecinos consultados por CubaNet aseguran que los uniformados golpearon y detuvieron a manifestantes y que, durante los enfrentamientos, algunos policías realizaron disparos al aire.
La violencia escaló y un grupo de manifestantes, según los testimonios recogidos, se enfrentó a los militares utilizando piedras y armas de fabricación casera. Al respecto, el opositor y residente en la zona, Ian Gámez Gell, recuerda especialmente la presencia de varios hombres con el rostro cubierto. “Eran unos enmascarados, que nadie pudo identificar”, explicó.
Según Gámez Gell, cuando los militares se vieron enfrentados por estas personas, que lanzaban piedras y realizaban disparos, se retiraron del lugar. Posteriormente, asegura, regresaron agentes vestidos de civil que se mezclaron entre los vecinos para identificar y detener a personas que se encontraban en las inmediaciones. Como no pudieron neutralizar a los más rebeldes, arrestaron a los más vulnerables.
“Sus armas, según constaté con fuentes confiables, las guardaron en el busto de los hermanos Roja, a la entrada de calle Primera de Roja, en el barrio Venceremos del mismo reparto”, relató.
A partir de ese momento, según familiares y vecinos entrevistados por este medio, las detenciones dejaron de concentrarse únicamente en quienes habían participado directamente en los disturbios. Cuando la manifestación comenzó a dispersarse, ya entrada la madrugada, agentes policiales empezaron a detener a jóvenes que se encontraban en las calles cercanas, algunos de los cuales, según sus familiares, ni siquiera habían participado en la protesta.
CubaNet pudo comprobar que decenas de muchachos, casi todos hombres, fueron detenidos durante esa noche y en las horas posteriores. Varios familiares aseguran que fueron golpeados antes de ser introducidos por la fuerza en vehículos policiales y trasladados inicialmente a la unidad de Operaciones de Versalles.
Allí permanecieron durante semanas, y a finales de agosto, varios de ellos fueron trasladados a la prisión de Aguadores, donde continúan en prisión provisional, acusados de delitos como «atentado, desacato y desorden público»; figuras penales que han sido empleadas en Cuba para procesar a participantes en protestas y otras expresiones de disenso político.
Entre quienes terminaron detenidos está Yudelkis Jay Ramírez, de 32 años. Su madre, Norvelis Ramírez Romero, asegura que aquella noche no salió de casa para participar en la manifestación, sino para comprar unos cigarros, después de varias horas sin poder conciliar el sueño debido al apagón.
Antes de salir, Yudelkis había escuchado un estruendo y le preguntó a su madre si se trataba de disparos. Ella intentó tranquilizarlo porque había visto un fuego en la calle y pensó que los vecinos estaban quemando basura. El ruido, le explicó, podía haber sido provocado por una teja de fibrocemento al calentarse.
Poco después, el joven salió hacia una cafetería cercana que funciona las 24 horas. Su madre no volvió a verlo esa noche.
“Fueron a avisarme y yo salí como loca corriendo, pero cuando llegué a la cafetería ya se lo habían llevado”, contó a CubaNet. Según los vecinos que le relataron lo sucedido, agentes vestidos de civil y oficiales de la PNR lo interceptaron, lo golpearon y lo obligaron a subir a una patrulla.
Durante varios días, la familia no obtuvo información sobre su paradero. “Estuvimos varios días sin saber dónde estaban, nos negaban cualquier información. Luego supimos que estaban en Versalles, donde permanecieron 72 días”, relató la mujer.
La madre de Yudelkis asegura que varios vecinos presenciaron la golpiza y que, de acuerdo con esos testimonios, su hijo fue agredido por, al menos, tres agentes.
“Se llevaron a todo el que quisieron y les dieron golpes. A mi hijo, de acuerdo con testimonios, unos tres guardias le cayeron a golpes por gusto”, denunció.
Esta familia vive en calle Primera de Roja, uno de los puntos donde la protesta alcanzó mayor intensidad aquella noche y de donde salieron gran parte de los apresados.
En circunstancias diferentes, pero durante la misma jornada, Jorge Pedro Torres Abad terminó enfrentando una situación similar. Jorge vive con su esposa y su hijo en el poblado de Baconao, pero ese día se encontraba en casa de su abuela materna, Josefa Vázquez, quien lo crió desde pequeño después de la muerte de su madre.
La familia estaba celebrando un cumpleaños y Jorge había ido con su esposa e hijo a comprar comida y pasar el día con Josefa. Cuando comenzaron los disturbios, se enteraron de que un niño conocido por la familia estaba cerca del lugar donde se desarrollaba la protesta. Según la abuela, la manifestación había comenzado con una conga, y Jorge decidió salir a buscarlo.
“Fue entonces cuando unos militares lo atraparon, le dieron una golpiza y se lo llevaron”, contó Josefa.
Desde entonces, ambas mujeres han compartido buena parte de las gestiones para intentar conseguir la libertad, una de su hijo, la otra de su nieto. Sin embargo, no son las únicas familias del reparto que atraviesan una situación semejante. Otros jóvenes permanecen en prisión provisional, pendientes de juicio y sin que hasta el momento se les haya comunicado una petición fiscal. Algunos de los detenidos han sido liberados bajo fianza pese a enfrentar cargos similares.
El costo de esperar
Mientras sus hijos permanecen en prisión, las familias deben asumir además el costo de mantenerlos. Cada semana preparan una jaba con alimentos y productos básicos que llevan a los centros penitenciarios. Según sus cálculos, cada una puede costar alrededor de 25.000 pesos.
Para las dos entrevistadas, reunir ese dinero supone un esfuerzo que apenas pueden sostener. Josefa sobrevive con una pensión de 1.500 pesos, mientras que la madre de Yudelkis tuvo que dejar su empleo para dedicarse a tiempo completo al proceso de su hijo. A ello se suma el cuidado de una hija con discapacidad mental que, según explica, ha amenazado con suicidarse desde que su hermano fue encarcelado.
Jorge Pedro, por otra parte, era quien sostenía económicamente a su esposa y a su hijo, por lo que su encarcelamiento también dejó a su familia sin su principal fuente de ingresos.
“Mi hijo está que parece una carabela”, lamentó Josefa al hablar del estado en que se encuentra. La mujer no lo ve desde el 22 de agosto, cuando fue trasladado a la prisión de Aguadores.
Las dos familias han acudido a distintas instancias en busca de una solución.
Contrataron abogados que presentaron solicitudes de modificación de medida cautelar y recursos de queja, pero, según dicen, todos fueron rechazados por la Fiscalía Provincial. Después acudieron a las oficinas de Ciudadanía y Atención a la Población de la gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, aunque tampoco obtuvieron respuesta.
Antes de ofrecer su testimonio a CubaNet, ambas mujeres enviaron conjuntamente una carta al Consejo de Estado para exponer la situación de sus hijos. Sin embargo, hasta ahora, aseguran, la única respuesta que han recibido es que los expedientes continúan siendo revisados por el fiscal.
La protesta de Altamira formó parte de una jornada de manifestaciones que también alcanzó, de manera simultánea, otros repartos de Santiago de Cuba. En medio de los apagones, las imágenes difundidas aquella noche por el opositor José Daniel Ferrer García y el comunicador Yosmany Mayeta mostraban calles prácticamente a oscuras y grupos de personas protestando al son de consignas y cacerolazos.
En los días posteriores, Mayeta publicó los nombres de algunos de los jóvenes detenidos durante y después de las manifestaciones, entre ellos Adrián y Abraham Planché y Leroy Guerrero Regueiferos, de 19 años. No obstante, debido al silencio de sus familiares, no ha sido posible conocer el curso actual de sus respectivos procesos penales o si han sido puestos en libertad.
Para las familias que continúan esperando, aquella noche del 17 de junio todavía no ha terminado. La protesta que comenzó por la falta de electricidad dio paso a meses de incertidumbre, recursos legales y gastos que no pueden permitirse. Mientras los expedientes permanecen bajo revisión, la madre de Yudelkis y la abuela de Jorge Pedro continúan alegando la inocencia de los muchachos y exigiendo su libertad inmediata, un reclamo que, hasta ahora, las autoridades cubanas insisten en ignorar.
