LA HABANA, Cuba.- El académico de la Universidad de Harvard Jorge I. Domínguez, en su libro Cuba hoy, analizando su pasado, imaginando su futuro, siempre comprensivo y condescendiente con el régimen castrista, a quien agradecía que le permitiera periódicamente viajar a Cuba y hasta dar conferencias, concedía al castrismo, entre otros méritos que no lo hacían tan malo a sus ojos, el de permitir que los ciudadanos expresaran quejas y peticiones a los delegados de circunscripción del Poder Popular.
No importaba que esas quejas se limitaran solo a poco más que la calidad del pan, los baches en la calle, o los salideros de aguas albañales, y que muy pocas veces tuvieran solución. Con que se permitiera que la gente hiciera catarsis con sus quejas, entre otras razones, bastaba para que el profesor Domínguez, en vez de como un régimen totalitario, clasificara al castrismo con la curiosa clasificación de “régimen autoritario consultivo”.
Hoy, cuando Cuba está inmersa en la peor crisis de su historia, los cubanos han perdido el poco derecho a quejarse que tenían, y cuando lo ejercen por las estrechísimas vías que les quedan —generalmente cartas— no les hacen caso o les responden —si es que les responden— con pretextos, evasivas y justificaciones basadas en “la compleja situación creada por el bloqueo”.
Por falta de asistencia, porque los delegados no tienen respuestas a los problemas —que hacen que parezcan nimiedades aquellos del Periodo Especial— y porque las autoridades temen que las reuniones degeneren en protestas contra el régimen, ya no hay asambleas de rendición de cuentas.
Hoy, ante la falta de luz y de agua durante días, cuando los vecinos de una localidad se tiran a la calle a sonar los calderos y gritar sus demandas, la Brigada Especial de la policía acalla los reclamos con tonfazos y detenciones, o, en el mejor de los casos, elevadas multas y actas de advertencia. Porque los mandamases, que no le conceden a sus súbditos la capacidad de pensar con cabeza propia, consideran que esas protestas son alentadas por el Gobierno norteamericano.
Sería bueno saber si al profesor Jorge I. Domínguez hoy le bastan los plebiscitos payasescos de los últimos años, como los realizados para aprobar la modificación de la Constitución y el Código de las Familias, para seguir atribuyendo un carácter “consultivo” al Gobierno (si es que se le puede llamar así) de la continuidad postfidelista.
Es probable que sí, porque allá por la Universidad de Harvard, siempre tan progre, muchos académicos practicantes del buenismo con quienes no lo merecen, siguen siendo comprensivos y condescendientes con la dictadura castrista –que ni de casualidad llaman así- y confiados en su buena voluntad.
Prueba de ello es el reciente informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el futuro de Cuba, que traza y propone una hoja de ruta para sacar al país de la policrisis en que se encuentra.
Dicho informe, al proponer que una gradual transición en Cuba corra a cargo de los mandamases del tardo-castrismo, lo que busca es permitir un aterrizaje suave al avión en picada de la dictadura.
Sería la continuidad de la continuidad: un reacomodo remozado de la dictadura que la haga más eficiente a costa de las inversiones extranjeras y de la emigración, menos doctrinaria y con otras caretas y ropajes de los mandamases oligarcas, que por mucho que se esfuercen en el blindaje de las leyes represivas, ya no consiguen, como en décadas atrás, el control total de la sociedad que ellos desearían.
Como señalaba el profesor Julio M. Shiling en su artículo “El informe de Harvard, elaborado en Boston, pero concebido en La Habana”, aparecido en la página Patria de Martí, sería “una variante cubana del capitalismo concesionario postsoviético”.
De seguirse la hoja de ruta de los muy pacientes y benevolentes con el tardo-castrismo redactores del informe, quedaría intacto el andamiaje institucional del régimen y sus órganos represivos, cuyos miembros gozarían de impunidad, porque en el informe ni por asomo se habla de justicia transicional.
Permítanme citar de nuevo a Shiling en un aspecto crucial: “El informe se apoya en gran medida en el marco constitucional existente. Insta a la restauración de derechos que ya están nominalmente presentes en la Constitución de 2019, al tiempo que trata ese mismo instrumento como un punto de partida viable. Sin embargo, esa constitución se elaboró precisamente para constitucionalizar la supremacía del PC y para proporcionar cobertura legal a las mismas prácticas a las que el informe afirma oponerse. Tratarla como un fundamento en lugar de como un obstáculo, equivale a aceptar la propia ficción jurídica del régimen. La propuesta de una futura asamblea constituyente se aplaza al medio o largo plazo, una vez que las autoridades actuales ya se hayan posicionado como facilitadoras del proceso. En otras palabras, se invita a los artífices del desastre actual a diseñar la arquitectura del futuro”.
Coincido plenamente con Shiling cuando afirma que “eso no es democratización, es cooptación”. Allá los que se conformen con una dictadura maquillada con menos apagones, timbiriches en cada cuadra y un poco más de comida.
