LA HABANA, Cuba. – El grito de alarma cayó como un trueno en medio de la bulla, los pregones y los apurados trueques que a diario se suceden en el agro más concurrido del municipio Centro Habana; un puerto seguro para quienes sucumben a la escasez, pero a diferencia de la mayoría disponen de un dinero extra para sortear la inflación. De un plumazo desaparecieron los vendedores de papas, leche en polvo, puré de tomate, pollo, detergente y cuanto es imposible adquirir por vías regulares en La Habana.
Varios compradores se quedaron medio atontados, sin comprender el porqué del repentino jaleo por algo que hace años dejó de ser novedad. “¡Dejen el mareo que ahí vienen los inspectores, detrás de la iyabó!”, repetía una voz, aludiendo a la blanca patrulla que se deslizó muy despacio por la calle anegada en aguas pútridas; mientras los policías apenas miraban a su alrededor y los fiscalizadores escrutaban cada quicio, entrada de solar, ventanuco y esquina donde habitualmente se plantan los revendedores para intentar dar salida a su mercancía.
Una vez más el sistema informativo de la televisión cubana ha colocado el foco de atención sobre el amplísimo sector de la ciudadanía que se dedica a hacer colas, acaparar bienes y revenderlos a precios prohibitivos. Quienes deberían analizar el problema socioeconómico en su generalidad, se concentran en la arista más visible e incómoda para los ciudadanos, señalando a quienes indudablemente cargan una cuota de responsabilidad, pero no son los culpables del actual estado de cosas.
En las infinitas colas habaneras la comidilla son los revendedores; esos que marcan tres y cuatro veces para varias personas, provocando que la espera prevista para un par de horas consuma media mañana, incluso el día entero. En las redes sociales han comenzado a aparecer denuncias a grupos de personas -mujeres la mayoría- que abarrotan los soportales vendiendo todo lo que la gente no puede conseguir. Los precios se han disparado en proporción al tiempo que se invierte en las colas y al aumento del riesgo ante las redadas policiales, más frecuentes ahora que las medidas contra la COVID-19 y el abismo económico que se traga a Cuba han obligado al régimen a frenar el comercio ilícito para que el pueblo tenga oportunidad de acceder a la limitada gama de productos en existencia, evitando así un posible estallido social.
Pero la depresión del bolsillo doméstico es tal que la gente solo acude al mercado negro cuando ya no le queda más remedio y con el alma embargada de pesar, para adquirir productos que hasta hace muy poco languidecían en las neveras. Hasta el picadillo de pavo ha pasado a engrosar la lista de ofertas del mercado informal, donde su precio ha sido alterado de 1.40 CUC (35 pesos) a 2 CUC (50 pesos). El papel higiénico que se vende a 1.20 CUC en las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) ha subido a 50 pesos y lo mismo ha sucedido con prácticamente cada producto que cuesta menos de 1.50 CUC. Lo ganancia mínima que se obtiene de cualquier artículo vendido en el mercado negro es de diez pesos, y la cifra crece en la medida que se acentúa la escasez y el gobierno no da señales de buscar una solución al delicado tema de la alimentación.
El pollo es el producto más encarecido, con una escala variable entre 10 y 15 CUC por cada paquete de muslitos que en la red estatal cuesta 8.25 CUC. Únicamente en repartos y zonas periféricas, donde el flujo de caudales es mucho menor, los precios se atenúan sin llegar a ajustarse a los salarios, insuficientes ya tanto en el sector estatal como en el privado.
Es una situación insostenible que escapa al control policial y para la cual se esperaban medidas más efectivas que la venta racionada de una libra extra de pollo a precio liberado. La imposibilidad de reclamar a las autoridades una solución acorde a la contingencia empeorada por la epidemia de coronavirus, ha provocado que la ira del pueblo estalle contra quienes han hecho de la especulación un modo de vida gracias a la indulgencia del propio régimen, que ahora quiere castigar como delito lo que ha sido pan de cada día.
Pero haciendo a un lado el oportunismo y la usura de los revendedores, ¿por qué si no hay turismo en Cuba no aumenta en las tiendas el volumen de suministros a disposición de un pueblo al que se le pide constantemente quedarse en casa y evitar las aglomeraciones? ¿Qué está haciendo o piensa hacer el régimen con las reservas de avituallamiento destinadas al sector turístico, frente a una pandemia cuyo final nadie puede predecir?
Considerando que ahora mismo el turismo en Cuba no es una prioridad, ¿por qué no aliviar a un pueblo que se arriesga a diario para poner un plato de comida en la mesa, o luchar un paquete de detergente para lavar su ropa? Sin dejar de criticar la práctica onerosa de los revendedores, los cubanos deberían analizar todas las variables que ha traído consigo la pandemia; porque si inaceptable es que ciertos individuos lucren a costa de la necesidad de todos, también lo es que el régimen guarde provisiones mientras el pueblo pasa hambre y arremete contra sí mismo.
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