MIAMI, Estados Unidos.- Eran casi las 6:00 de la tarde del pasado viernes cuando las fuerzas represivas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) llegaron a la vivienda del periodista de CubaNet Enrique Díaz Rodríguez. Amenazas e improperios se escuchaban en las afueras de la vivienda del comunicador, que se negaba a darle entrada en la morada a los represores.
“La supuesta orden de registro con la cual pretendían hacer valer la ley justificaba el allanamiento con una supuesta actividad económica ilícita, y yo soy periodista, no negociante”, denunció Díaz Rodríguez.
En pocos minutos, cuenta el comunicador, el bullicio de los represores, quienes pretendían entrar a la vivienda de cualquier forma, hizo que la zona se llenara de espectadores que “repudiaron aquella infamia”, amparada supuestamente en la ley. Todo parecía indicar, ante la aglomeración de represores, que las autoridades habían olvidado el aislamiento social debido a la pandemia de COVID-19.
“Estuve por más de una hora haciendo entender a los policías de que estaban colaborando con la Seguridad del Estado. Después me arrestaron, y gracias a los vecinos no fui esposado, porque ellos no se lo permitieron”, dijo el periodista.
En un principio, el reportero fue trasladado hacia la Sexta Unidad de la Policía en el municipio Marianao, donde tuvo el primer debate con el teniente coronel de la Seguridad del Estado Ernesto Pérez, jefe principal del operativo, asegura.
“Me dijo que la actividad que estaba realizando yo como periodista independiente era ilegal y que no la iban a permitir. Y de paso me multaron con el Decreto-Ley 370”, detalló Enrique Díaz.
La mencionada norma legal, conocida también como Ley Azote, establece multas de 3 000 pesos para todo aquel que publique, en redes sociales o internet, información contraria al interés social.
“Muy lamentable, primero porque como ser humano yo tengo el derecho, o todos tenemos el derecho de expresar nuestras ideas, ya sea en redes sociales o de forma pública. En el caso de los periodistas independientes, nosotros lo único que hacemos es mostrar la realidad del pueblo cubano”, aseguró.
Una vez trasladado a la Unidad Territorial de Investigaciones de Playa, el reportero de CubaNet refiere que fue interrogado nuevamente por el teniente coronel Ernesto Pérez, el cual le mostró varios artículos firmados por él y por su colega Vladimir Turró.
“Me dijo, particularmente, que esos artículos estaban en franca violación de lo establecido por el Gobierno y que entraban en el marco legal de la sanción por el Decreto-Ley 370. También me dijo que de seguir con mi labor como periodista independiente estaría incurriendo en un delito sancionado penalmente”.
Poco después, los oficiales lo presentaron ante un inspector del Ministerio de Comunicaciones que, amparado en el Decreto-Ley 370, le impuso una multa de 3 000 pesos.
En tanto, su esposa Lismeirys Quintana Ávila, explica que su familia ha sido víctima de numerosos registros “violentos”, y alerta que este no será el último.
“Este no es el primer registro agresivo, violento, que la Seguridad del Estado ha hecho en nuestra vivienda. Es una maniobra suya para que mi esposo coja miedo y no siga haciendo su trabajo. Por eso es que creo que vendrán cosas peores”, alertó.
En ese sentido, el reportero Vladimir Turró Páez, quien también fue arrestado en la vivienda de Enrique Díaz cuando intentaba entrevistar a su esposa, aseguró que la represión podría intensificarse mucho más a causa de la situación actual del país.
“Los periodistas independientes siempre hemos estado en la mira del régimen, y mucho más ahora en medio de la pandemia por toda la información que estamos sacando a la luz pública”, afirmó.
“Por eso, el teniente coronel Ernesto Pérez nos amenazó con enterrarnos; además de oficial de la Seguridad también dijo irónicamente que era sepulturero”, agregó Turró.
De acuerdo con uno de los testigos del allanamiento, Osvaldo Mendoza Ferreol, el operativo policial desplegado en la vivienda de Díaz Rodríguez fue un gasto innecesario de recursos que “podrían haberse empleado en alimentos para el pueblo”.
“Mira la situación que tiene el país ahora con esta pandemia, y han venido como si se tratara de un terrorista”, aseguró.
Periodistas independientes y activistas de derechos humanos han denunciado una nueva ola represiva por parte del régimen de la Isla, que a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus no se detiene en la implementación del arbitrario Decreto-Ley 370.
Con la intención de contrarrestar la escalada represiva del Gobierno, periodistas y activistas se han sumado a una campaña en la plataforma Avaaz, que exige la cancelación de esa norma “legal”, por considerar que viola derechos humanos indispensables.
Si tienes familiares en Cuba comparte con ellos el siguiente link (descargar Psiphon), el VPN a través del cual tendrán acceso a toda la información de CubaNet. También puedes suscribirte a nuestro Boletín dando click aquí.
