SANTIAGO, Cuba. – Desde hace casi 20 años Bismark Alonso se dedica a la agricultura urbana y a la venta de alimentos en el municipio santiaguero de Songo La Maya, donde reside.
Esta actividad ha sido su única fuente de ingresos durante las últimas dos décadas, y aunque no le ha reportado grandes ganancias, por lo menos le había servido para cubrir las necesidades básicas de su familia. Sin embargo, el panorama cambió con la llegada de la COVID-19 al país.
“Estos dos últimos meses han sido muy duros para mí y para todos los cuentapropistas del municipio, más para los que trabajamos en el ramo de los alimentos. No estoy percibiendo casi nada, porque lo poco que consigo tengo que venderlo más barato de la cuenta, o de lo contrario, me aplican la ley”, lamentó Bismark.
En la misma situación se encuentran más de 136 000 trabajadores privados en todo el país, que han perdido sus empleos debido a la pandemia de coronavirus y a la mala aplicación de las leyes por parte del Gobierno, aseguró el economista Ángel Rodríguez Pita, quien monitorea el sector cuentapropista.
En gran medida, la tasa de desempleo se disparó por la actual parada del turismo, que ya se había desplomado desde el segundo semestre de 2019 y había descendido un 20 por ciento en enero pasado. Ahora, con la limitación de entada al país de turistas, cesó una de las principales fuentes de empleo y rentas para el sector privado cubano.
Por causa de esta paralización, las autoridades cubanas anunciaron a finales de marzo la suspensión temporaria del cobro de las licencias, los impuestos y la seguridad social a los emprendedores.
Solamente en Songo La Maya se han visto afectados alrededor de 15 negocios privados de los más demandados, entre cafeterías y paladares. Además, la mayoría de los particulares que ofertaban alimentos en otros puntos, tuvieron que detener la venta no solo por el coronavirus, sino también por los decomisos, las elevadas multas y las sanciones impuestas por el régimen.
“En este país aunque estés legal, estás ilegal. Yo no pretendo vender nada, y como yo la mayoría. Un colega mío tiene acumulados 5 000 pesos de multa, y sin estar trabajando”, comentó Bismark.
Debido a la epidemia, el Gobierno resolvió extender el término del pago de multas (de 30 días), pero la medida no implica que caduque la sanción.
Por otro lado, los trabajadores por cuenta propia que se dedican a la transportación privada igualmente han resultado perjudicados, después de que estos servicios quedaran restringidos a partir del pasado 11 de abril. La medida incluyó la suspensión de la licencia operativa.
Entre los afectados se encuentra Raúl, quien es dueño de un motor modelo ETZ desde hace poco más de 12 meses. Lo pudo adquirir después de casi 14 años dedicados a la venta de carne, y decidió manejarlo en cuanto tuvo la licencia y el resto de los papeles.
Estuvo trabajando como “botero” hasta el día anterior al paro del transporte, pero ahora no sabe qué hacer para sobrevivir durante el tiempo que dure la cuarentena.
“Ahora estoy tirando con los únicos ahorritos que me quedan. Cuando se acabe totalmente el dinero, yo, mi mujer y mis hijos estaremos a la deriva, porque ahora uno no puede inventar nada”, se quejó el hombre.
Por la restricción del transporte, los pocos cuentapropistas que siguen trabajando no tienen forma de buscar sus mercancías fuera del municipio, tal como lo hacían antes. Por eso, las opciones gastronómicas en la localidad son cada día más caras y limitadas.
Por ejemplo, el sábado pasado, solo dos particulares vendieron carne de cerdo a 35 pesos la libra, sin estar deshuesada. Al mismo precio ofertaron la de ovejo, que hace un par de semanas costaba solo 25 pesos.
Sobre el alza de los precios, Carlos, que también pertenece al ramo, señaló: “Como está la situación es casi imposible trasladar la mercancía porque se corre gran riesgo de perderla. Lo único que se puede hacer es pagar en los retenes policiales de la carretera, lo que te pidan; y eso repercute luego en los precios”.
Carlos tampoco ha podido escapar de la crisis. Su negocio era vender comida y bebidas en los carnavales de todo el país, hasta que el Gobierno suspendió todos los eventos masivos para evitar grandes aglomeraciones de personas.
“Yo he estado hasta nueve meses fuera de la casa, yendo de fiesta en fiesta. Tengo una carpa y siempre me acompañan cuatro o cinco personas más. Al final de un período he llegado a reunir hasta 70 000 pesos, pero ahora he tenido que utilizar mi fondo para comer”, detalló el vendedor.
En aras de encontrar una solución que les permita abastecerse, varios cuentapropistas del área pidieron a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) que otorgara al menos un permiso temporal a los campesinos locales que les permitiera comprar directamente alguna mercancía, pero la respuesta de la entidad fue negativa.
A fin de cuentas, los mismos agricultores se han quejado de que la Empresa de Acopio de Songo La Maya nunca dispone de cajas ni de transporte para recoger las cosechas y que, a causa de la demora, se han perdido toneladas de alimentos.
La desesperación de los trabajadores privados se debe mayormente a que el Gobierno no les ha dado el derecho de obtener subsidios por la paralización de sus negocios, aun debiéndose a la pandemia.
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