LA HABANA, Cuba, noviembre, www.cubanet.org -Los pormenores de las corruptelas detectadas en el Complejo de tiendas de Carlos III y en una entidad municipal de la empresa de servicios comunales, refuerzan las opiniones sobre la incapacidad del gobierno para detener un fenómeno que ha hecho metástasis en la sociedad cubana.
Como en anteriores ocasiones, la gente ha contado con las pruebas documentales de los hechos, grabadas en memorias flash para que sean distribuidas furtivamente de mano en mano. Nunca se sabe quién es el proveedor inicial, pero es de suponer que se trata de un acto premeditado en el Ministerio del Interior. La falta de información oficial se compensa con el trasiego de copias, alquiladas o vendidas, a una clientela ávida por enterarse de la identidad de los culpables y de sus artimañas para enriquecerse.
Ambos casos, ocurridos en La Habana, vuelven a demostrar de manera fehaciente la inviabilidad de la centralización económica. En la mayoría de las empresas estatales sigue imperando el descontrol administrativo, lo que facilita el auge de la corrupción en todas sus variantes.
De nada valen los esfuerzos de la Controlaría General de la República para ponerle freno. Unos pocos son los que finalmente terminan en la prisión. El resto se las ingenia para continuar en sus rejuegos sucios que incluyen el desfalco, la extorsión y el soborno.
“Los precios en todas las tiendas están multados. Aparte de que ya vienen inflados por orden de la empresa que provee la mercancía, se le agrega un extra que después se reparte entre la gerencia, el responsable económico y los empleados”, me explicó el dependiente de una tienda, bajo condición de anonimato.
“El salario que recibimos es una miseria. Si no hacemos esto, sería como venir a trabajar gratis. Es verdad que le robamos al cliente, pero son las reglas del juego. Esto es sálvese quien pueda”, agregó.
En la conversación pude enterarme de que los gerentes se van con la mayor parte de las recaudaciones ilegales. En algunos casos sus ganancias sobrepasan los 300 pesos convertibles por día. Tales dividendos representan una fortuna en un país donde el sueldo promedio es menos de un peso convertible diariamente.
Entre los beneficiarios de estas ilegalidades también habría que mencionar a centenares de ex oficiales de la contrainteligencia. No pocos figuran en las nóminas de los cuerpos de seguridad de cada centro comercial, otros se desempeñan como inspectores a los que hay que entregar una parte del botín. Negarse a hacerlo es el camino más corto hacia la cárcel.
Al final, todo funciona sin contratiempos. Solo hay que cumplir con los códigos establecidos. De vez en cuando, la contralora general, Gladys Bejerano, para no perder totalmente su credibilidad, decide ponerle fin a alguna de las corruptelas. Es como introducir la mano en un bombo con los ojos cerrados. Siempre extraerá a un corrupto, pero de bajo nivel, ya que los grandes son intocables.
Vea uno de los videos que pasan de mano en mano:
http://youtu.be/e-QIw2iZtek