Injusticia no reparada

El gobierno trata a toda costa de expropiar una finca, utilizando métodos ilegales

LA HABANA, Cuba, febrero, 173.203.82.38 -Han pasado más de tres años desde el 21 de mayo de 2008 cuando dirigentes castristas del Ministerio de la Agricultura, el partido único, el Poder Popular y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), tomaron reprimendas contra mi persona y la finca de mi padre.

Primero nos cortaron el servicio eléctrico y medio año más tarde, lejos de cumplir la sentencia que ordenaba su restitución, arrancaron los postes, cables y transformadores. De ese modo nos segaron el suministro de agua del pozo construido en dicho predio. También nos prohibieron la construcción de una vivienda de trabajo.

Esas medidas las tomaron los representantes del régimen en represalia por nuestras quejas y protestas ante las constantes pudriciones de guayaba, papaya, tomate, col repollo y otros  productos contratados que no eran recogidos por la cooperativa ni la entidad estatal responsable, lo que nos ocasionaba cuantiosas pérdidas que sus responsables no indemnizaban.

Contábamos con toda la documentación que autorizaba los servicios que recibíamos, cuyo pago estaba al día. No obstante, la corruptela política del régimen decidió aplicarnos un conjunto de medidas para sacarnos definitivamente de la producción agraria, pues éramos agujas en sus gargantas.

Nuestra finca se nombra Santa Amelia, y se encuentra en El Cacahual, municipio capitalino de Boyeros. Ella surgió de un proceso de entrega legal de tierras en el 2005, en un terreno ocioso, con abundante maleza, y matadero ilegal de reses. En dos años la convertimos en una unidad productiva, potenciada de inicio por el propio gobierno totalitario, que nos vendió  un sistema de riego para la producción de frutales y hortalizas.

Por el enfrentamiento político con los dirigentes corruptos del régimen, fui sometido a un profundo proceso investigativo. Su intención era procesarme por enriquecimiento ilícito y expropiarnos la finca. Ese era el costo de nuestras quejas y críticas al sistema de los hermanos Castro, por su ineficiencia en la comercialización agrícola.

Para lograr sus fines, los políticos del régimen utilizaron todo tipo de métodos. Algunos ejemplos: Negaron sus propias conductas, catalogando de violaciones administrativas cualquier acto favorable a nuestro caso; también tomaron un video para desmoralizarme de manera pública.

Pero mi familia y yo tuvimos la satisfacción de que en la misma asamblea de miembros en que se filmó esa cinta intimidatoria, los campesinos, por amplia mayoría, nos respaldaran, con lo cual impidieron que se consumase el propósito de expulsarme de la cooperativa. “Dejen producir a este hombre”, “lo que ustedes están haciendo es contrarrevolución”, son algunas de las frases pronunciadas en ese acto por mis vecinos y colegas.

Aun así, estas medidas coactivas propiciaron un auditorio que respondiera a sus intereses, limpiando todo rastro de complicidad si las cosas no les salían bien. Todo esto creó condiciones favorables para que no prosperaran nuestras reclamaciones por la vía judicial.

A ellos les ha quedado el trago amargo y desmoralizador de no podernos expropiar la finca, ni expulsarnos de la cooperativa. A nosotros, el dolor de todo lo que nos han hecho y la inmensa ansia de justicia, que sigue silenciada.

¿Es para sorprenderse que, con motivo de la ilegal filmación, después de haber puesto en conocimiento de la policía el 17 de julio de 2009 la violación de mi derecho a la propia imagen, mi denuncia se haya perdido? Continúa la dilación en la reconstrucción del expediente ordenada por la Fiscalía.

Con ello se imposibilita que los autores del video sean procesados. No obstante, debo aclarar que las autoridades intentan hacer recaer toda la posible responsabilidad en el camarógrafo, dejando fuera a los que, sin lugar a dudas, le ordenaron a este simple empleado que hiciera la filmación.

Mientras tanto, la dirigencia de la ANAP, encabezada desde hace decenios por el burócrata Orlando Lugo Fontes, supuesto representante del campesinado, no se ha inmutado ante nuestras denuncias por la complicidad y participación directa de sus corruptos funcionarios en la patraña que se intentó orquestarnos.

Aludiendo a la intervención de ese señor en la I Conferencia partidista que transmitió la Televisión Cubana, declaro que no hay que temer que nos quiten la tierra si cambia el gobierno. En mi caso se puso de manifiesto que es el régimen actual el que usa los métodos que sus personeros le atribuyen a los futuros gobernantes si su régimen cae.

Las fuerzas vivas de las ideas y del futuro democrático de nuestro país, restablecerán la justicia ante la injusticia no reparada.

Acerca del Autor

Ernesto García Díaz

Ernesto García Díaz

Graduado de Lic. en Derecho en la Universidad de Camagüey, Cuba. Abogado, notario y dirigente empresarial, consultor marítimo-portuario, especialista en comercio internacional. Autor con el Dr. René Gómez Manzano, del Proyecto de Ley Tierra y el Desarrollo Productivo. Actualmente reside en Miami.

[fbcomments]