LA HABANA, Cuba, junio (173.203.82.38) – Una lectura del capítulo Esfera Empresarial, de los Lineamientos Económicos acordados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, arroja que en sus 12 incisos no hay ninguno referido a la autonomía de las empresarial, lo cual es una muestra de que las tenazas impuestas por la burocracia continúan vigentes.
Todo apunta a que el derecho mercantil (o comercial) que deben ejercer las empresas cubanas está prohibido. Éste contiene un conjunto de normas relativas a la libertad de comercio, sustentadas en relaciones jurídicas claramente establecidas. Este derecho es un regulador en las relaciones de compra-venta entre las empresas, que se ejerce cuando gozan de una real autonomía.
Pero está ausente en el universo empresarial cubano. Muchos de los contratos firmados no se cumplen. Los directivos se avienen a la planificación, desconociendo por imposición las leyes del mercado. El reflejo de esos descontroles lo tenemos en los almacenes abarrotados de mercancías durante meses, lo cual provoca carencias artificiales de algo que ya está producido y que por absurdas trabas y disposiciones no llega al consumidor.
Una muestra de esa falta de autonomía la encontramos en la Empresa de Producciones Varias (PROVARI). A finales de abril PROVARI había producido y almacenado 500 mil bloques de construcción, pero el Ministerio del Transporte, responsable de su distribución, no ha cumplido con su compromiso de distribuirlos y los directivos de PROVARI no pueden vender directamente esos bloques a los puntos de venta liberada. Los bloques continuaban almacenados a pesar de que el pueblo los necesita.
Algo similar ocurre con las fábricas de bloques de la provincia La Habana, con una producción diaria de 20 mil unidades, que, por falta de transporte, sólo comercializan uno 6 mil. Los 14 mil restantes se acumulan; los administradores no pueden venderlo sin una autorización “de arriba”.
La empresa Cerámica Blanca, de Holguín, dedicada a la producción de muebles sanitarios, incumplió su plan de venta pactado para el trimestre con empresas y organismos, sus almacenes estaban llenos porque no pudieron distribuir en la fecha fijada la producción realizada.
El Ministerio de Agricultura no ha recogido los 17 mil metros cuadrados de azulejos de dicha empresa, planificados para las viviendas que el ministerio tiene previsto edificar en el presente año.
Como las empresas no están autorizadas a vender su producción directamente en el mercado, esto provoca incumplimientos, violación de las leyes, corrupción, pérdidas de elevadas sumas de dineros, el abarrotamiento de los almacenes y graves afectaciones al salario de los trabajadores, ya que la producción se paraliza.
Una fábrica de servilletas en Ciego de Ávila, a finales de abril tenía una producción contratada con el CIMEX cercana a 940 mil pesos convertibles, pero hasta el momento, el organismo no ha cumplido con la extracción del producto y menos con el pago acordado.
La Empresa de Muebles LIDEX, de Ciego de Ávila, fabricó, previo contrato con el Instituto Nacional de Deporte (INDER), 3 mil muebles, de los cuales se pagaron mil, pero ahora alega el INDER que no puede pagar los 2 mil restantes por carecer de fondos. Los muebles continúan en los almacenes, pero tampoco se autoriza a LIDEX a que los comercialice directamente.
En lo que va de año, Muebles LIDEX ha firmado varios contratos por un millón de pesos convertibles, pero hasta el presente sólo se han extraído de sus almacenes muebles por un valor que ronda los 70 mil dólares.
Otra muestra de las trabas burocráticas que entorpecen el comercio y la venta de las mercancías, se encuentra en la empresa de conservas y vegetales de Palma Soriano. Desde principios de abril tiene almacenadas en frigoríficos 10 toneladas de pulpa de mamey destinadas a la elaboración de helado, pero hasta hoy la Unión de Productos Lácteos no le ha fijado el precio al producto; por tanto, no se puede vender. El mamey sigue congelado.