LA HABANA, Cuba. – La policía política ha publicado en redes sociales imágenes del artista Luis Manuel Otero Alcántara en las que el joven aparece desnudo o teniendo sexo, como si alguno de esos actos fuera vergonzoso. Una vez más el régimen ha intentado dañar la imagen de un ciudadano violando sus propias leyes; pues subir tales contenidos al ciberespacio constituye una infracción del Decreto-Ley 370, según la lógica empleada por quienes lo utilizan para amenazar y sancionar a activistas y periodistas independientes.
Si esas mismas fotos hubieran sido publicadas por Otero Alcántara ya se lo hubieran llevado preso; le habrían aplicado la correspondiente multa de tres mil pesos por “atentar contra la moral ciudadana” y probablemente estaría encerrado en el Vivac, pendiente de juicio. Todo parece indicar que el ciberataque de la Seguridad del Estado contra Luis Manuel, quien llevaba algún tiempo distanciado de las redes, no ha tenido otro fin que tratar de desviar la atención de una tragedia mayor: la muerte de Yosvany Aróstegui en el hospital “Amalia Simoni” de Camagüey, tras cuarenta días en huelga de hambre.
Aróstegui, enfermo de diabetes, falleció mientras se hallaba incomunicado, y de su huelga de hambre nadie sabía. Su muerte multiplica la indignación de quienes han denunciado las violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario cubano y exigen licencia extrapenal para Silverio Portal y Roberto Quiñones Haces, dos presos políticos cuyo estado de salud se ha debilitado en los últimos meses.
La extraña muerte del camagüeyano ha despertado muchas dudas. En consecuencia, a los “brillantes” agentes se les ocurrió que un escándalo sexual haría que los cibernautas ignoraran un crimen de Estado para concentrarse en algo tan intrascendente como la ambivalencia de un hombre en cuestiones de cama. Tan frívolo cliché sería risible si la Seguridad del Estado no hubiera utilizado, una vez más, la orientación sexual de una persona para denigrarla.
Homosexualidad y disidencia política siguen siendo los peores estigmas en una sociedad cuya visión acerca de la moral y la criminalidad ha sido enteramente distorsionada desde los círculos de poder. Cada ataque homofóbico por parte del régimen busca hundir más a Cuba en la intolerancia y la estupidez, amén de mostrar el verdadero talante de la cúpula en materia de diversidad sexual.
Cualquier cubano corre peligro de convertirse en blanco de difamaciones; no porque sus preferencias de alcoba salgan a la luz, sino por carecer del más elemental de los derechos, que es el señorío sobre su propio cuerpo. Basta con disentir de un régimen que sin hallar resistencia eficaz se ha procurado una base legal que le permite irrumpir en nuestra intimidad.
Con el Decreto-Ley 389, de 2019, se legalizó la vigilancia electrónica contra ciudadanos presuntamente involucrados en delitos, sobre todo aquellos fabricados por la policía política para justificar la invasión de la privacidad; así como se manipula el inciso i del Decreto-Ley 370 para multar a quienes publican en redes sociales opiniones contrarias al sistema, que a la postre son presentadas como “atentados contra la moral ciudadana y las buenas costumbres”.
Ambos acápites fueron creados para “proteger a Cuba de los enemigos de la Revolución”; pero lo cierto es que ese enemigo hoy puede ser desde alguien que manifiesta su disidencia política abiertamente, hasta un cuentapropista de éxito cuya solvencia incomode al régimen. El libre acceso de la Seguridad del Estado a la vida privada de un ciudadano no puede tener otro fin que el chantaje, la amenaza y el eventual descrédito público; incluso la instrucción de una causa penal si la persona no cede ante los represores.
Todo ciudadano que hoy se niegue a formar parte de esa masa gris que cada día amanece para hacer colas, comer lo que haya, aturdirse en alcohol y aplaudir por default sin regalarse un minuto de insurgencia, es enemigo de la Revolución. Del otro lado están el grito y la rebelión; sea desde el arte, la oposición política, la prensa libre, el activismo por los derechos humanos, la demanda de mejoras económicas o la imparable, decisiva protesta popular. Es una salvación que se paga cara, pero constituye la única salida al ultraje en que se halla sumida Cuba. El régimen que maneja los destinos de millones de cubanos no tiene un ápice de decencia, y otro tanto se dirá del pueblo si no encara definitivamente su ruina material y humana.
El cuerpo de Luis Manuel Otero entregado al placer no escandalizará a nadie. La policía política, al publicar las imágenes, contaba con exacerbar el machismo y los prejuicios que abundan en los barrios marginales; pero la mojigatería proletaria es para militantes del PCC. La gente sencilla no pierde su tiempo juzgando “tallas personales”. Acepta que cada quien hace de su cuero un tambor y a estas alturas sabe que no hay más noticia que un repunte de casos de coronavirus y la muerte de otro preso: uno más en la cuenta de Miguel Díaz-Canel.
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