LA HABANA, Cuba. – En días pasados la prensa oficialista cubana publicó una información acerca de nuevas medidas que se implementarán próximamente -se dijo que dentro de 180 días- con vistas a mejorar el desempeño de las formas cooperativas de gestión en el sector agropecuario, o sea, las CPA, las CCS y las UBPC.
Se trata, sin lugar a dudas, de un desesperado esfuerzo de las autoridades por incrementar las producciones agropecuarias, en un contexto donde escasean los alimentos, la agricultura no acaba de dar el salto productivo que de ella se espera y el país no dispone de los recursos financieros necesarios para sostener un adecuado nivel de importaciones.
Por otra parte, no es nada despreciable el rol de las cooperativas en el panorama del sector agropecuario en el país. Porque, aunque el Estado es dueño del 78% de las tierras de la nación -solo los asociados a las CCS son propietarios de sus tierras-, el 68% de la superficie agrícola es gestionado por las distintas formas de producción cooperativa.
Entre las medidas anunciadas, que de acuerdo con el discurso oficial se proponen “liberar al máximo las fuerzas productivas del sector agropecuario y forestal”, se hallan respetar el principio de voluntariedad en el ingreso a las cooperativas; que en lo adelante puedan gestionar, sin la tutela de la empresa estatal a la que se encuentre vinculada la cooperativa, sus créditos e insumos productivos; así como la posibilidad de contratar directamente la fuerza de trabajo que requieran. El elemento de la voluntariedad es de suma importancia, pues ¿qué sentido de pertenencia puede tener un cooperativista -como es el caso de muchos asociados a las UBPC- que haya sido forzado a integrarse a esas formas de gestión?
Deseo detenerme en otra de las disposiciones anunciadas, sobre todo porque contradice la estrategia que hasta hace muy poco mantenía la cúpula gubernamental y partidista. Al referirse a la comercialización de las producciones, los directivos del Ministerio de la Agricultura plantean que “Este es un tema importante que en el orden productivo y en la responsabilidad económica tiene la cooperativa; una vez cumplido su encargo estatal, las cooperativas tienen la posibilidad de comercializar sus producciones en las distintas formas hoy vigentes” (“Buscando cómo halar parejo”, periódico Juventud Rebelde, edición del 24 de mayo).
Hay que recordar que el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, recorría no hace mucho todas las provincias para “instar” a las cooperativas y al resto de los productores a que contrataran todas sus producciones con la Empresa Estatal de Acopio, con el objetivo de que no llegará casi ningún producto a manos de los comercializadores privados, que son los que abastecen a los mercados de oferta-demanda.
Entonces esta especie de rectificación, por medio de la cual se permite que las cooperativas vendan sus producciones a los agentes privados después de cumplir con el encargo estatal, es un reconocimiento tácito de que la comercialización estatal -y en especial la Empresa de Acopio- es incapaz de garantizar el flujo adecuado de los productos del agro, desde los campos hasta la mesa de los consumidores.
De todas formas, no hay por qué hacerse muchas ilusiones acerca del futuro de las cooperativas agropecuarias. No es la primera vez que se dan a conocer políticas para tratar de hacerlas más eficientes.