MIAMI, Florida.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano en el exilio anunció que ha notificado al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de la suspensión de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
En una resolución publicada en la red social Twitter, el TSJ designado por la Asamblea Nacional informaba además al mandatario venezolano sobre su inhabilitación política.
“En el uso de las atribuciones que confiere el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le notificamos a través de cuenta Twitter, de la suspensión del cargo de Presidente de Venezuela e inhabilitación política del ciudadano Nicolás Maduro Moros”, dijo el TSJ.
El mismo órgano habría informado sobre esta medida también a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, el 3 de mayo.
Lucena no ha respondido a la publicación del TSJ en el exilio.
Notificada en su cuenta de twitter @CNEesVenezuela, la ciudadana Tibisay Lucena en su carácter de Presidente del del auto dictado en fecha 3/5/2018, por la Sala Plena de este Tribunal. pic.twitter.com/HDxh45W4uQ
— TSJ_Legítimo (@TSJ_Legitimo) May 5, 2018
La presidenta del CNE destacó recientemente que está previsto cambiar la fecha de los comicios presidenciales anunciados para el próximo 20 de mayo.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, también llamado TSJ en el exterior, está conformado por 33 magistrados que juraron cargo el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional.
La designación de esta entidad, como reemplazo de los magistrados previos nombrados en 2015, ocurrió en medio de la crisis institucional vivida en Venezuela y las protestas de 2017.
Los miembros del TSJ se encuentran exiliados en cuatro países: Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, y se reúnen cada semana a través de Internet.
Amparado en la jurisdicción universal y teniendo como referentes los principios de los tribunales de Núremberg, para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, el TSJ ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y la Federación Interamericana de Abogados.
El actual Gobierno venezolano y el Tribunal Supremo de Justicia oficialista desconocen esta institución.