MIAMI, Estados Unidos.- Un nuevo equipo de abogados defensores que lleva el caso de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, presidente y primera dama venezolanos, ha solicitado la desestimación de pruebas y acusado a las autoridades de destruir evidencias, informa El Nuevo Herald.
Los jóvenes Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Fleitas, familiares de la pareja presidencial venezolana, fueron detenidos en noviembre pasado por la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), en una operación llevada a cabo en Haití. De 29 y 30 años de edad, respectivamente, los sobrinos de Flores están acusados de conspirar para importar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.
Actualmente se hallan detenidos en Nueva York y el proceso en su contra es por la Corte Federal de Manhattan.
La defensa presentó un grupo de mociones donde exige que las autoridades revelen la identidad de otros posibles implicados en el caso, y que además hagan pública cualquier información que incrimine a la primera dama o al régimen de Nicolás Maduro, así como la campaña oficial de las elecciones de noviembre.
Una de las mociones solicita a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York suministrar cualquier información de la DEA vinculando a la pareja presidencial con el caso de los sobrinos, “en vista a la necesidad de prepararse adecuadamente para el caso”.
Otra de las solicitudes declara que “es apropiado que el gobierno dé a conocer los nombres de ‘co-conspiradores no acusados’ que el gobierno considere podrían haber sido ‘cómplices’ de la conspiración criminal y sujetos de las pruebas que piensan introducir en el juicio, incluso si esos individuos no forma parte de la lista de testigos”.
Los abogados solicitaron además excluir del juicio las confesiones de los sobrinos después de su arresto, donde igualmente están implicados altos cargos del gobierno venezolano.
“Parte de las mociones introducidas tratan de obligar a las autoridades a divulgar qué es exactamente lo que tienen sobre la pareja presidencial y otras personas del chavismo y en otras tratan de conseguir que éstas no aparezcan en el juicio, para que no salgan directamente implicadas”, dijo Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma Inter American Trends y quien ha estado observando de cerca el caso.
Según De La Cruz, “los esfuerzos de los abogados buscan apartar a Maduro, Cilia Flores y su gobierno del juicio de los sobrinos”.
Parte de la evidencia recaudada por la DEA fue suministrada a su vez por los propios acusados al ser arrestados. Sus declaraciones detallaron el funcionamiento del Cartel de los Soles, una organización narco controlada por chavistas, así como la participación de la familia presidencial en ella.
Sin embargo, la defensa alega que esa información fue obtenida ilegalmente al no instruirse debidamente a los acusados de su derecho a guardar silencio. Según los abogados, los sobrinos “creían que habían sido secuestrados y temían por sus vidas”, por lo que su “espíritu (…) había sido quebrado y era fácil doblegarles”. Debido a ello, “sus comentarios subsiguientes deberían ser suprimidos por haber sido otorgados en desconocimiento e involuntariamente en violación a la cláusula de debido proceso”.
Según los abogados defensores, pertenecientes a las prestigiosas firmas Sidley Austin LLP y Boies, Schiller & Flexner LLP, los derechos de sus clientes fueron violados al ser editadas y destruidas grabaciones e imágenes de video “que no encajaban en la narrativa que los informantes querían elaborar”. Todo ello demostraría, supuestamente, que los acusados eran jóvenes empresarios inducidos a participar en la conspiración para importar la droga.
