MIAMI, Estados Unidos ― El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón, exigió al Estado cubano que elimine la pena de muerte de su legislación y conmute todas las condenas a muerte, durante una audiencia pública celebrada el miércoles 28 de octubre en Ciudad de Panamá.
Ralón, que es además relator de la CIDH para Cuba, pidió a las autoridades derogar los delitos que castigan la disidencia, liberar a las personas presas por motivos políticos o de conciencia y permitir que la Comisión visite el país. “En manos de una dictadura, la pena de muerte no es justicia, es una advertencia”, dijo durante la sesión, la número 19 del 197 Período de Sesiones del organismo.
Al abrir la audiencia, Ralón señaló que la silla del Estado cubano estaba vacía otra vez, pese a que la CIDH le había cursado las invitaciones previstas en su reglamento.
Según Ralón, el Código Penal aprobado en 2022 elevó de 20 a 24 los delitos que se castigan con la muerte, y los cuatro que añadió son delitos contra la seguridad del Estado. El comisionado subrayó que esa ley llegó 10 meses después de las protestas del 11 de julio de 2021 y la presentó como la reacción de un poder asustado, que convirtió la protesta en sedición y la crítica en traición.
Las últimas ejecuciones conocidas en Cuba ocurrieron en 2003, pero la moratoria posterior no figura en ninguna ley.
Para Ralón, una suspensión que no está escrita es apenas una pausa que el poder puede levantar cuando quiera. Puso como ejemplo la sedición, que puede castigarse con la muerte si provoca una grave alteración del orden público, y preguntó quién decide qué es grave. Su respuesta fue que lo decide el mismo poder que señala a sus enemigos. Recordó también que este mes la Fiscalía pidió hasta 13 años de cárcel por sedición contra manifestantes de Morón y advirtió que, con este código, mañana podría pedir la pena capital.
La Fiscalía de Ciego de Ávila solicitó penas de hasta 13 años de prisión para 19 personas procesadas por las protestas del 13 de marzo en Morón, entre ellas adolescentes. Las acusaciones incluyen el delito de sedición.
En su cuenta de X, la CIDH resumió su postura al terminar la audiencia: reafirmó que apoya la abolición de la pena de muerte, expresó preocupación por la ampliación de los delitos que pueden castigarse con ella y reiteró su llamado a liberar a las personas presas por motivos políticos.
La primera vicepresidenta del organismo, Andrea Pochak, añadió en la sesión que no basta con que no haya ejecuciones mientras la pena no se derogue por completo, y que la Comisión no puede tolerar que se amplíen las causas para aplicarla.
La audiencia la solicitaron el centro de litigio estratégico de la Facultad de Derecho de American University, en Washington, e Impact Litigation, cuyos representantes intervinieron de forma virtual. Una de ellas repasó los artículos del Código Penal que prevén la pena de muerte y sostuvo que varios delitos contra la seguridad del Estado están redactados de forma tan laxa y ambigua que pueden alcanzar a quienes protestan, se expresan, se reúnen o se asocian. Mencionó, entre otros, los que castigan los actos contra el orden constitucional y el sabotaje contra instalaciones civiles o militares.
El profesor Claudio Grossman, expresidente de la CIDH y del Comité contra la Tortura de la ONU, sostuvo que el número de ejecuciones no mide el daño de la pena de muerte, porque su función es intimidar a toda la población. En un país sin jueces independientes, dijo, la acusación anticipa la sentencia, y esa combinación genera un temor generalizado.
Grossman fue uno de los abogados que en octubre de 2003 llevaron ante la CIDH el caso de Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, los últimos fusilados conocidos en Cuba. El 2 de abril de ese año, ellos y otras ocho personas secuestraron una lancha de pasajeros que cruzaba la bahía de La Habana, con unas 40 personas a bordo, para llegar a EE.UU. La embarcación se quedó sin combustible, fue remolcada hasta el puerto del Mariel y nadie resultó herido. El juicio sumarísimo empezó el 5 de abril, la condena a muerte se dictó el 8 y los tres fueron fusilados en la madrugada del 11, según el informe de fondo que la CIDH aprobó el 21 de octubre de 2006.
La Comisión concluyó entonces que Cuba violó los derechos a la vida, a la justicia y a un proceso regular de los tres hombres, y recomendó reparar a sus familias y reformar la legislación penal y la Constitución para garantizar la independencia judicial. En mayo de 2006, la Sección de Intereses de Cuba en Washington devolvió a la CIDH el informe preliminar del caso con una nota en la que afirmaba que la Comisión “no tiene competencia, ni la Organización de Estados Americanos autoridad moral” para analizar ningún tema sobre Cuba. Pochak dijo en la audiencia de este miércoles que las recomendaciones siguen sin cumplirse.
Ralón informó además que organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la CIDH 46 muertes en cárceles cubanas entre 2025 y 2026, con casos de golpizas mortales y de presos moribundos excarcelados para que murieran fuera de prisión.
Grossman propuso al cierre que la CIDH prepare un informe especial sobre la legislación cubana de pena de muerte y su efecto intimidatorio, con datos de otros órganos internacionales de supervisión, ya que Cuba no permite visitas independientes.
