MADRID, España.- La Fiscalía de Ciego de Ávila solicitó penas de hasta 13 años de prisión para 19 personas vinculadas con las protestas del 13 de marzo pasado en Morón. Entre los acusados figuran adolescentes detenidos después de aquellas manifestaciones, cuyas familias niegan las pruebas presentadas en su contra.
Las peticiones, dadas a conocer por Martí Noticias, incluyen imputaciones por sedición y otros delitos. Uno de los procesados es Brian Pérez Muñoz, de 28 años, para quien la Fiscalía reclama 12 años de cárcel. Su madre, Dayarmé Muñoz, aseguró al citado medio que el joven no participó en los incidentes ocurridos en la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC). Según su versión, llegó al lugar después de los hechos y se sumó a la protesta para expresar su descontento.
Brian permanece en prisión provisional. Su familia ha solicitado sin éxito que se modifique la medida cautelar, explicó la madre.
La Fiscalía pide ocho años para Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 17 años. Su madre, Marielkis Álvarez, sostiene que los peritajes de huellas no lo relacionan con los sucesos investigados y que la acusación se apoya en imágenes donde no puede distinguirse su rostro.
Otro procesado es Jonathan David Muir Burgos, de 17 años, quien enfrenta una petición de siete años de prisión. Detenido cuando tenía 16, pasó más de tres meses encarcelado hasta su excarcelación en junio. Ahora permanece bajo prisión domiciliaria.
Su caso motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en abril le otorgó medidas cautelares ante los riesgos identificados para su integridad y salud durante la detención.
De la protesta a los tribunales
El 13 de marzo, vecinos de Morón salieron a las calles para protestar por los apagones, la escasez y la crisis económica.
Aquel episodio se produjo en medio de prolongados cortes de electricidad y una creciente escasez de productos básicos en la Isla. Durante la movilización, algunos participantes sacaron mobiliario de la sede del PCC y lo incendiaron en la vía pública.
Las autoridades anunciaron inicialmente cinco detenciones, pero en los días siguientes se conocieron más arrestos, incluidos los de menores de edad.
Siete meses después, las nuevas solicitudes fiscales muestran que los procesos continúan abiertos. Los familiares citados por Martí Noticias denuncian además que no han recibido el documento oficial de acusación y rechazan que las pruebas justifiquen las penas solicitadas. Hasta el momento no se ha fijado la fecha del juicio.
