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Secuestro de un niño en Cienfuegos termina gracias a vecinos y agentes de la Policía

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MIAMI, Estados Unidos. – Vecinos del barrio cienfueguero de Pueblo Griffo y agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lograron poner en libertad a un menor de edad que había sido secuestrado por su propio padre este martes, como muestran varios videos difundidos en redes sociales y medios independientes.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas a CubaNet por la madre del menor, Yisel Rodríguez, el secuestro ocurrió después del mediodía de este martes y también implicó a una joven de 24 años que intentó interceder. 

Rodríguez denunció una sostenida situación de violencia doméstica en contra de ella, sus dos hijos y otros familiares cercanos por parte de su exesposo.

“Ya he ido varias veces a la unidad de la Policía a decir que él varias veces me amenazó y que yo por temor no iba a acusarlo, que me daba golpes; y me dijeron que yo tenía que ir en el momento que él lo hacía porque si no ya no vale”, lamentó.

De acuerdo con Rodríguez, la situación comenzó después de la liberación de su exesposo, quien pasó tres años en la cárcel. 

Asimismo, la mujer denunció que las autoridades nunca han tomado las medidas pertinentes porque su exesposo colabora con el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior (MININT).

“Lo que pueda pasarme a mí y a mis hijos es responsabilidad de ellos [los agentes de la Policía], que no han hecho nada”, agregó. 

Rodríguez lamentó que sus hijos no pueden salir de la vivienda por temor a ser secuestrados nuevamente. “Ellos para afuera no pueden salir porque su papá se los va a robar. A la escuela ellos no van más. (…) Los niños no tienen seguridad y hasta que no tomen una medida con el papá no me van más a la escuela”, aseveró.

Por su parte, un amigo de la familia, Tumaini Cruz, dijo a CubaNet que el padre de los niños se encontraba “fuera de control”. 

“Hace aproximadamente dos meses la esposa terminó con él (…) por tratar a los muchachos y a ella con maltratos (…). Al él no poder lograr por la vía de la paz recuperarla, comienza a hacerle asedio, persiguiéndola, tratando de hablar a la fuerza con ella, hasta el punto en que empieza a llevarse los niños a la fuerza”, contó Cruz.

El entrevistado agrega que el secuestrador amenazó a los vecinos, que se habían aglomerado en las afueras de la vivienda donde ocurrió el secuestro, con varias armas blancas, incluido un cuchillo y un machete.

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Violencia y abuso sexual contra menores: otro caso sin resolver en Cuba

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LA HABANA, Cuba. – Poco después de las siete de la mañana se produce la primera llamada al celular de María. Un minuto más tarde suena otro móvil en la casa. Esta vez la llamada va dirigida a Carlos, el padre de la muchacha. Este enciende el altavoz y se dispone a grabar la conversación.

Del otro lado de la línea, en tono sarcástico, alguien que se identifica como “amigo de la niña” lanza insultos y utiliza frases sádicas para referirse a María. La conversación, que dura poco más de un minuto, encierra una amenaza de muerte a Carlos: “te voy a cortar el cuello y te voy a dejar tirado en las escaleras del edificio”.

María pudo reconocer la voz en la grabación del teléfono. Se trataba de Nelson Canales Hernández, el hombre que durante años la había abusado sexualmente y que debía encontrarse en privación de libertad. Sin embargo, el servicio de atención al cliente de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) confirmó que la llamada provenía de un número telefónico ubicado en el reparto Guanabo, una zona donde no existen centros penitenciarios.

La mañana siguiente, Carlos acudió a denunciar lo sucedido en la 4ta unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del municipio de Cerro. Por reglamento, la denuncia debió ser radicada como atentado, sin embargo, los agentes de guardia desestimaron la grabación de la llamada como prueba y el hecho quedó registrado como amenaza.

Desde que recuperó a María en 2019, como padre, los esfuerzos de Carlos se concentraron en ayudar a su hija a superar el trauma. Pero con la llamada las prioridades cambiaron: en apenas dos minutos desapareció la vida segura que había logrado proporcionar a la niña. La reaparición del agresor y la inoperancia de las autoridades trajeron de vuelta viejos fantasmas del pasado.

El origen de la pesadilla

En 2008 Carlos y Daymarelis Rodríguez Toledo, madre de María, se divorcian. Entonces, el padre queda con la guarda y custodia de dos hijos en común. El juez tomó la decisión tras un proceso judicial por negligencia de la madre en el cuidado de los niños.

Pocos meses después la policía irrumpió en la vivienda de Carlos –en el municipio Cerro– para arrestarle alegando que había sido denunciado por amenazar con un arma blanca a la madre de los niños. En el proceso de instrucción penal esto no trascendió porque nunca apareció el acta de la denuncia; tampoco constaron pruebas de que hubiera ocurrido la amenaza, Sin embargo, el cuerpo represivo devolvió los menores a la madre sin respetar el dictamen del tribunal.

Para entonces, Daymarelis y Canales Hernández ya eran pareja. Ambos usaron como argumento la existencia de una supuesta orden de restricción para impedir durante diez años las visitas de Carlos. Los intentos de acercamiento más precipitados fueron repelidos de manera violenta, con palos y pedradas.

Que Carlos sea un activo miembro de una plataforma opositora al régimen, con más de 10 años de labor como activista y periodista independiente, ha jugado un papel determinante en la pasividad con que las autoridades se mostraron ante esos sucesos y otros que tendrían lugar en el futuro.

María no llegaba a los cuatro años cuando todo comenzó. Su padrastro y agresor sexual la obligaba a dormir sola en un pequeño cuarto al final de la casa. La niña se defendía como podía, fingía tener pesadillas y a veces lograba levantarse de la cama intentando llamar la atención de su mamá.

Fueron cerca de ocho los años de abuso lascivo y otras vejaciones sexuales que sufrió María. La madre, por su parte, niega haberse percatado del calvario que vivió su hija.

El rompimiento del matrimonio llegó en diciembre de 2018, cuando Canales Hernández, en estado de embriaguez, hirió con un machete a la abuela de los niños. Ese día Rodríguez Toledo se vio obligada a huir de la casa y deambular por las calles con los dos hijos de Carlos y un tercero más pequeño, fruto de la relación con Canales Hernández. Una semana después encontró alojamiento en la vivienda de una nueva pareja.

Bajo los cuidados de “Pupi” –sobrenombre del nuevo padrastro– cesaron los abusos sexuales, pero, al igual que su madre y dos hermanos, María estuvo sometida a violencia física y psicológica. Con la anuencia de Rodríguez Toledo, en vez de asistir a la escuela, por dos meses fue enviada con su hermano menor a trabajar como jornalera de la agricultura por 30 pesos y una merienda diaria, entre otros “beneficios”. El hermano mayor permanecía internado en una escuela de conducta.

De vuelta a puerto seguro y en busca de justicia

A inicios de 2019, un amigo de Carlos visitó Jaruco, municipio de la provincia de Mayabeque donde María vivía con su familia. Allí reconoció a la niña y le facilita una llamada con su padre. Tras diez años de separación comenzaron a tener contactos por teléfono. Ella ya tenía 12 años y con su hermano mayor (14) lograron presionar para que la madre permitiera que visitaran a Carlos. Un mes después se produjo el encuentro, que se comenzó a repetir  en fines de semana alternos.

Fue el 10 de febrero, día siguiente del cumpleaños 13 de María, que entre lágrimas y sollozos la niña confiesa a su padre la morbosidad a la que estuvo expuesta. Ese mismo día padre e hija visitaron el Centro Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CEPNNA), donde supieron que debían realizar una denuncia que horas más tarde sería radicada en la 4ta unidad de la PNR, ubicada en las calles Infanta y Manglar.

Entre lo dilatado del proceso de instrucción a Canales Hernández y la entrada de la COVID-19 en Cuba, no fue hasta junio de 2020 que tuvo lugar la vista oral. El juicio se desarrolló en un tribunal improvisado en el teatro de la Dirección de Educación de Santa Cruz del Norte (Mayabeque), ya que el tribunal municipal estaba declarado inhabitable por serios problemas estructurales en su cubierta.

Una y otra vez, durante el juicio, el “debido proceso” fue violado. En el expediente se omitieron declaraciones y amenazas contra la integridad física de Carlos y sus hijos. Las pruebas habían sido entregadas en audios y videos, tanto en la 4ta unidad del Cerro como en la Unidad Territorial de Investigaciones Criminal y Operativa (UTICO) de San José de las Lajas, capital provincial de Mayabeque, en correspondencia con el lugar donde ocurrieron los hechos.

Con permiso del tribunal…

Por momentos, la atención del tribunal giraba en torno a la figura de Carlos, quien narra que tuvo que interrumpir al juez para increparle: “con permiso del tribunal, quién está siendo juzgado, el acusado o yo, porque conscientemente todo el proceso está siendo violado”.

Antes de que lo pudieran callar, Carlos testificó sobre cómo el acusado había llegado caminando por sus propios pies acompañado de la madre de los niños, con quien se había reconciliado para asegurar que no declarara en su contra. Testificó, además, sobre las omisiones de la fiscalía y la manera en que minimizaban la culpabilidad de Canales Hernández.

El presidente del tribunal preguntó a Carlos por qué nada de lo expuesto constaba en el expediente, a lo que este contestó: “Porque sucede que en un estado donde reina la injusticia, de nada vale tener la razón”.

Debido a sus declaraciones, Carlos fue expulsado de la sala y privado de escuchar testificar a los especialistas del CEPNNA, quienes se habían comprometido a acusar de oficio a la madre de María por corrupción de menores.

Los propios hijos de Rodríguez Toledo testificaron que durante un periodo de tiempo fueron forzados a trabajar en la agricultura a cambio de dinero, meriendas y algunos tomates y viandas. Además, que el pago recibido debían entregarlo para los gastos de la casa.

A Carlos tampoco le permitieron estar presente para cuando se dictó la sentencia. Minutos después de ser expulsado de la sala, uno de los policías del tribunal le indicó que debía marcharse.

Durante más de dos meses estuvo esperando que la secretaria del tribunal le notificara sobre la sentencia, pero fue a través de una gestión personal que pudo conocer que a Canales Hernández, por abusar de su hija a lo largo de casi ocho años, solo le habían dado un pequeño jalón de orejas: tres años de privación de libertad.

Desde la prisión, el acoso continúa

La primera llamada ocurrió el 22 de marzo de 2021. Luego de terminar la conversación el número fue bloqueado, tanto en el celular de Carlos como en el de María.

Dos días después, el miércoles 24, faltando diez minutos para las siete de la tarde, Canales Hernández volvió a llamar siguiendo el mismo patrón. Primero marcó a la muchacha, y acto seguido repitió la llamada al número de Carlos.

Sobre la llamada se realizó una nueva denuncia en la 4ta unidad de la PNR. En consecuencia, según los oficiales, Canales Hernández fue aislado y privado de poder realizar llamadas telefónicas.

En más de una ocasión las autoridades aseguraron que no tendría acceso a un teléfono, sin embargo, el 13 de abril Canales Hernández vuelve a sembrar el pánico llamando primero a María a las 11:36 de la mañana y luego a Carlos, un minuto más tarde.

Una vez más, Carlos pidió a ETECSA la ubicación del número. Según la empleada de guardia ese día, no podía ofrecer la información porque la llamada había salido de una entidad estatal.

Precisamente, por tratarse de un centro estatal, Carlos devolvió la llamada ante la posibilidad de que fuera un teléfono fijo. Tras apenas dos timbres, tomó la llamada la misma persona que el 22 de marzo le había amenazado con apuñalarlo en el cuello, el mismo que la policía había asegurado en más de una ocasión que no tenía acceso a llamadas telefónicas.

Carlos no se identifica por precaución, pero al tercer intento, sin titubear, la voz del otro lado de la línea le llama por su nombre: “tú eres Carlos”, y al instante pidió “saludar a la niña” porque, gracias a ambos, él se encontraba preso.

(Foto: Cortesía)

Durante varios minutos, mientras la llamada era grabada, tuvo que escuchar de las vejaciones que había sufrido María a manos de Canales Hernández.

Ese mismo día (13 de abril) Carlos acude a la 4ta unidad de la PNR. Al día siguiente presentó un CD con todas las llamadas y capturas de pantalla con los horarios en que fueron realizadas. El CD fue ocupado como evidencia.

El viernes 28 de mayo, a poco más de un mes de realizada la denuncia, Carlos fue citado a la 4ta unidad de la PNR con para un cotejo de las llamadas, pero la instructora estaba de guardia y no pudo atenderle, así que debió regresar el lunes 31 de mayo.

La instructora asegura haber solicitado a ETECSA un informe de las llamadas realizadas el 13 de abril desde las 11 de la mañana hasta las 12 y media de la tarde, pero en el informe sólo aparecía la llamada realizada por Carlos. Por error, o de manera intencional, ETECSA nada más reportaba las llamadas realizadas a partir de las 11:40, tres minutos después de que Canales Hernández realizara la llamada a Carlos.

(Foto: Cortesía)

El 31 mayo su celular aún reflejaba los registros desde la primera llamada, el 22 de marzo. La copia impresa de las capturas de pantalla con el registro de llamadas quedó en manos de la instructora. Luego de exigir en múltiples ocasiones una entrevista con la Fiscal jefe de la Fiscalía Municipal del Cerro, pasaron siete meses hasta que volvió a ser citado a la 4ta unidad policial.

Por iniciativa propia, Carlos se presentó el 9 de diciembre en la 4ta unidad. Según la instructora, el teléfono de Carlos debía ser ocupado para llevarlo al laboratorio y que los especialistas extrajeran las grabaciones oficiales, pero este se negó por temor a que pudieran dañar su móvil, una práctica muy común de la policía para perjudicar a los opositores en la Isla.

Según el jefe de procesamiento, “tenían que garantizar los derechos del recluso”, aunque continuaban vulnerando a las víctimas en ese proceso. Desde la perspectiva de Carlos, el procedimiento inconsistente de la policía obedece a una sola razón: archivar la denuncia arguyendo que no quiso cooperar con la investigación.

Mientras tanto, María y su hermano sigue viviendo aterrados. Carlos también teme por su vida. La niña, aunque pretende ser más fuerte, solo se siente segura cuando es acompañada.

De acuerdo con Carlos, para víctimas de abuso sexual, la policía no tiene intención, recursos ni voluntad para hacer cumplir la ley.

Nota: a solicitud de las víctimas, en este reportaje se utilizan los nombres de Carlos y María para proteger sus identidades

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Denuncia de cantante La Diosa contra José Luis Cortés “El Tosco” toma fuerza en redes sociales

(Collage CubaNet)

MIAMI, Estados Unidos. – La denuncia de la cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, conocida como “La Diosa”, contra el músico cubano José Luis Cortés “El Tosco” por un supuesto caso de violencia doméstica ha cobrado gran repercusión en las redes sociales, donde cientos de usuarios han mostrado su apoyo a la joven a través de las etiquetas #MetooEnCuba, #NoEstasSola y #DiosaYoSíTeCreo.

La polémica se desató hace un par de semanas, cuando Alfonso reveló presuntos abusos hacia su persona perpetrados por el “El Tosco” en la época en que ambos coincidieron en la orquesta NG La Banda. Ahora, la joven ha presentado una denuncia contra el reconocido músico luego de que este, supuestamente, la amenazara a través de un mensaje por sus declaraciones.

“Estoy realmente preocupada, porque estoy enfrentándome a una persona que es importantísima en este país, un músico muy reconocido. Me preocupa muchísimo que vayan a tapar una realidad por defender la cultura cubana a los ojos del mundo”, confesó “La Diosa” al medio alemán Deutsche Welle.

Gracias a la asesoría de expertos como la abogada Deyni Terry Abreu, de la sección de Género y Derecho de la no gubernamental Unión Nacional de Juristas de Cuba, y tras superar múltiples obstáculos ante las autoridades de la isla, Dianelys Alfonso logró interponer su demanda contra “El Tosco”.

Aunque la joven lamenta que haya cuestionamientos sobre la veracidad de su relato, señala que han sido mayoría los mensajes de apoyo “privados”. También reconoce que hay gente que no quiere hablar sobre el tema por temor a consecuencias.

“Entre las personas que lo vivieron, el silencio ha sido total, la gente tiene miedo”, aseguró “La Diosa” a DW.

“No puedo decir que me siento mal por haberlo dicho. Dentro de mí hay una sanación, hay una parte de mí que está tranquila. Ahora mis miedos son otros”, finalizó la cantante, quien, tras varios años residiendo en el extranjero, decidió regresar a Cuba en 2014.




Cubana asesinada en España: había antecedentes de violencia doméstica

ESPAÑA.- El subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz, ha dicho hoy que en el caso de la mujer cuyo cadáver se ha encontrado en una vivienda de Tenerife al parecer había antecedentes de agresiones verbales y discusiones con su pareja, que ha sido detenida, y ha pedido que se denuncien los casos de agresión.

El cadáver de una mujer de 28 años y de nacionalidad cubana se encontró ayer en una vivienda de la zona de El Fraile, en el municipio tinerfeño de Arona, y su marido, de 45 años, fue detenido unas dos horas después en una área próxima al aeropuerto Tenerife Norte.

La pareja se había reagrupado en Tenerife y tiene un hijo de 6 años, del que se ha hecho cargo la familia del matrimonio.

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha manifestado hoy que todo apunta a que se trata de un caso de violencia machista y ha añadido que al parecer había antecedentes al menos por agresiones verbales en la pareja y por discusiones.

Guillermo Díaz Guerra ha insistido en que se debe denunciar cuando se es víctima de acoso o de violencia machista, y ha señalado que terceras personas cuando observen síntomas de ese tipo de violencia no deben dejar de llamar a los teléfonos 016 o 112.

Representantes de las instituciones canarias guardan minuto de silencio

Se trata del cuarto caso confirmado de muerte por violencia machista en Canarias, aunque hay un quinto asesinato de una mujer que se está investigando por si pudiera ser considerado también violencia machista.

El Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos han sido las administraciones que han convocado el minuto de silencio por la muerte de esta mujer.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha asistido al minuto de silencio que ha tenido lugar en la sede de Presidencia del Gobierno de la capital tinerfeña, ha condenado esta muerte que ha considerado “un acto repulsivo”.

Ha señalado que el Gobierno de Canarias ha reafirmado su compromiso contra la violencia machista con varias medidas y con un aumento de los presupuestos destinados a este fin.

Fernando Clavijo ha lamentado esta nueva víctima y ha reclamado un compromiso social para erradicar este tipo de comportamiento.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Aurelio Abreu, ha confiado en que este minuto de silencio sirva “para que la población sea cada vez mas consciente de esta lacra y más participativa en su lucha”.

En un comunicado, el Cabildo tinerfeño ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima y ha rechazado cualquier manifestación de violencia en general y contra las mujeres, en particular.

“Este minuto de silencio que sirva para que la población en la que estamos inmersas en esta sociedad sea cada vez consciente y mas participativa para intentar que cosas como estas no sucedan”, ha dicho Abreu.

(EFE)




El pelotero Héctor Olivera es condenado a prisión por asalto doméstico

Héctor Olivera (Foto: tomahawktake.com)
Héctor Olivera (Foto: tomahawktake.com)

MIAMI, Estados Unidos.- El exjardinero cubano de los Bravos de Atlanta, Héctor Olivera, fue condenado a diez días de prisión por una corte de Virginia, tras enfrentar cargos por un caso de asalto doméstico.

Según el diario USA Today, Olivera compareció ante el Juez General del Distrito en el condado de Arlington, quien lo declaró culpable. La sentencia original contemplaba 90 días en prisión, pero según registros de la corte, fueron suspendidos 80 días de esa pena inicial.

En abril pasado, la policía respondió a un llamado de emergencia en el hotel Ritz Carlton, en Arlington, mientras los Bravos estaban de visita para jugar contra los Nacionales de Washington. Una mujer identificada como la novia de Olivera dijo que este la había atacado y tuvo que ser llevada al hospital para tratamiento.

“Tenía moretones visibles”, dijo una vocera de la policía.

Olivera no ha jugado más en Grandes Ligas desde que fuera arrestado en abril. Las Mayores suspendieron al jugador cubano durante 82 juegos, siguiendo la política de la organización contra la violencia doméstica, asalto sexual y abuso de menores.

Los Bravos negociaron a Olivera en julio por el slugger de los Padres de San Diego Matt Kemp. Luego, en agosto, Olivera quedó como un agente libre.




Pólvora viva

LA HABANA, Cuba, noviembre, 173.203.82.38 -Los comentarios y anécdotas de boca a oreja (única fuente medianamente creíble para nosotros) dan cuenta de un alarmante ascenso en los niveles de violencia doméstica en La Habana. Hombres que les pegan sin contemplación a sus mujeres, que se enredan entre ellos a trompadas o a machetazos por cualquier sencillez, o que matan por robar menudas bagatelas… Seres humanos que han adoptado la crispación y la falta de escrúpulos como estados naturales, debido a que el fracaso y la desesperanza y la impotencia los están reventando.

No hablamos, claro, sobre La Habana de los recorridos turísticos, sino de la auténtica -que es muchísimo mayor y más representativa-, la de los perdedores crónicos, responsables de que Cuba alcanzara el primer lugar en los índices de suicidios de todo el hemisferio, según la Organización Panamericana de la Salud.

Estamos hablando de miles, cientos de miles de cuarterías donde habitan hasta más de diez personas en una sola habitación, de barrios insalubres y sin agua corriente, de penurias múltiples, de suciedades, de inopia, de gente amargada que cuando no consigue huir de su entorno por los más inimaginables conductos, busca escapes mediante el alcohol, la droga y otros vicios.

Hablamos de desempleo masivo, o de empleos cuyos salarios no alcanzan ni para el desayuno, pues su fin no es que la gente trabaje y pueda vivir decentemente del esfuerzo propio, sino que esté condenada a ser dependiente de la tutoría estatal, y que aparezca en nómina para justificar los gráficos de la propaganda.

En muy apretada síntesis, este es el trasfondo de la violencia doméstica en La Habana, encuadrada dentro de un paisaje que no se diferencia mucho al de otras ciudades de países subdesarrollados. Sólo que aquellas otras no suelen ser publicitadas como referencias modélicas ni como faros de los nuevos tiempos.

No hay novedad entonces con respecto al tema, como no sean las tres interrogantes que con mayor insistencia se repite por estos días nuestra gente, justo en sus comentarios de a boca a oreja: ¿Desconocen las autoridades policiales del régimen este cuadro de horror que hoy presenta la violencia doméstica en La Habana? Ya que no mueven ni un dedo para enfrentarla o, aún mejor, para prevenirla, ¿será porque no les interesa o porque no les preocupa? ¿Acaso no teme el régimen que esa violencia continúe propagándose hasta convertirse en una amenaza directa para la estabilidad de su poder?

Por momentos, da la impresión de que en verdad no la evalúan como una amenaza (al menos inmediata) para sus planes. Y eso que ellos han demostrado conocer mejor que nadie el efecto de la violencia, los resortes que la impulsan y también sus consecuencias, no siempre previsibles. Esto casi obliga a rechazar la idea de que no estén evaluando el fenómeno como lo que es: un desafío también para ellos, doblemente peligroso, por lo que representa en sí mismo y por el tremendo riesgo que asumirían al no considerarlo peligroso.

Cierto es que se han acostumbrado a que la gente de a pie acepte sus desgracias sin protestar, y que por algún inexplicable resorte psicológico, seamos capaces de matarnos entre nosotros, sin miedo y sin el menor reparo, al tiempo que se nos aflojan las piernas con solo ver aproximarse al patrullero de la policía.

Desde esa óptica, podría entenderse el motivo por el cual dentro del propio pueblo abundan hoy los que creen que el régimen no se siente amenazado por el alza de nuestra violencia doméstica. La achacan –dicen- a expresiones comunes del carácter y las costumbres de los sectores marginales. Además, como el fenómeno tiene lugar, hasta ahora, en la periferia, al nivel de las zonas más pobres y abandonadas (se ve poco en Miramar o en el alto Vedado, que es donde viven y pernoctan los poderosos), entonces no es asunto suyo, no les afecta y no tiene por qué importarles. Es lo que suele comentarse por acá, de boca a oreja.

Lo de menos sería la tremenda carga de indolencia, soberbia y miopía histórica que esa actitud denota. A fin de cuenta, es la actitud que siempre los caracterizó. Así que el argumento tiene su lógica. Pero no es el único que se maneja.

Hay otro (portador de otro peligro adicional), según el cual la presunta dejadez oficial no es sino una prueba de la confianza que la revolución tiene en el pueblo, así dicen. De modo que si están caldeados los ánimos, debido a problemas ajenos a la voluntad política del régimen, y éste no interviene a fondo en el asunto, ello no significa necesariamente que no le importe, ni que ignore sus detalles, sino que no le queda otro remedio que hacer la vista gorda, “de momento”, hasta que pueda resolver los problemas que tanto crispan a los menesterosos y que al parecer están en la base de sus reacciones violentas. Eso dicen.

Dos preguntas más se caerían entonces de la mata: ¿Y cómo, cuándo, de qué manera espera el régimen resolver problemas para los que no ha encontrado solución durante decenios y menos aún parece estar cerca de hallarlas en este momento? ¿Cuánto tiempo estarán dispuestos a seguir esperando los menesterosos, y hasta más que ellos mismos, la violencia visceral que los revienta?

Según nuestros perfeccionadores del socialismo, el enfrentamiento entre ricos y pobres, así como la irreconciliable actitud de rebelión de estos últimos frente al poder político, es algo consustancial a otras latitudes (sociedades bajo la crisis del capitalismo, les llaman ahora), pero no de aquí, donde todos somos como una gran familia de pobres, de modo que las diferencias resultan más de forma que de fondo. Eso dicen, aunque está por ver cuántos entre ellos se lo creen en serio.

Según datos del último Anuario Estadístico de Salud, entre 2009 y 2010 hubo en Cuba un total de 1 169 muertos por agresiones. Pero ya se sabe que las estadísticas oficiales suelen falsear la realidad, según la conveniencia del régimen. Los muertos debieron ser muchos más. Aunque no sólo los muertos cuentan a la hora de refrendar el incremento de la violencia doméstica entre nosotros.

Faltaría por sumar las cifras de lesionados más y menos graves. Y por cierto, no sólo las provocadas por agresiones de carácter común. También habría que añadir las que inflige la policía a ciudadanos indefensos, sobre todo por motivos políticos. Eso por no contar el interminable rosario de actos violentos, con sádicas torturas incluidas, que a diario sufren los reclusos en las muchas cárceles de la Isla. ¿Y en qué estadística podríamos hallar los efectos de esa barbarie?

Mientras, se observa un flagrante desdén, por parte del régimen, ante el imperativo de encarar el problema. ¿Sería de esperar entonces que en un plazo no tan lejano como ellos calculan, la violencia se riegue como pólvora viva hasta alcanzar sus lujosas residencias, sus repartos exclusivos, sus palacios y bunkers?

¿Descarta totalmente el régimen tal posibilidad, o sencillamente se está preparando en silencio, como tantas otras veces, haciéndose el que ni siquiera la concibe?

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