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LA HABANA, Cuba.- En Cuba, las personas con discapacidades no escapan del férreo control que ejerce el Estado cubano en todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Por eso, las organizaciones de ciegos y débiles visuales (ANCI), sordos e hipoacúsicos (ANSOC) y limitados físico-motores (ACLIFIM), son instituciones gubernamentales, dirigidas y supervisadas por el gobierno. Estas organizaciones, que tanto divulgan y pregonan el supuesto bienestar de que gozan sus miembros en nuestro paraíso socialista, reciben escaso apoyo del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, organismo responsabilizado por el gobierno para “atender” este sector, nada pequeño, por cierto: según datos oficiales, en Cuba son alrededor de 79 000 los afiliados con limitaciones visuales, auditivas o físico-motoras, sin contar a los que prefieren no afiliarse, pues no creen en las instituciones o no han recibido la orientación adecuada para considerar que clasifican para ello. Al preguntarle a un joven ciego cuentapropista sobre la atención que recibe de la ANCI, me respondió: “Mire, hace más de tres años que en la ANCI me vendieron en 10 pesos cubanos un bastón de medio palo. Este que usted ve me lo mandaron de España, donde esas cosas son gratis. ‘Esta gente’ no da nada, pero aunque sea con el carnet pago la mitad del pasaje en los ómnibus. No obstante, sé que antes del 59 los ciegos no pagaban transporte”. Ahora bien, en más de medio siglo de dominio absoluto, el gobierno castrista no ha logrado elevar las posibilidades de realización de las personas con alguna discapacidad (ni sin discapacidad, si viene al caso), o tan siquiera mejorarlas. Tampoco permite a ningún ciudadano emprender de forma independiente una acción que estimule la inclusión de estas personas en la comunidad. Tal es el caso de Juan Carlos Linares Balmaseda y su esposa Anabel Borges. Esta es cuentapropista en un punto de venta de la agricultura, ubicado en Teresa Blanco y Pasaje Fernández, en Luyanó, municipio Diez de Octubre. Refiere la pareja que con el propósito de convertir su negocio en un “agro inclusivo”, se propusieron hacer una rampa para las sillas de ruedas, poner peldaños con barras de seguridad y estandarizar las medidas de los estantes para facilitar el acceso y la selección de mercancías. Para lograr todo esto compraron los materiales. Pero necesitaban un permiso de construcción de Vivienda, el cual solicitaron pero nunca recibieron. A pesar de ello, Juan Carlos siguió insistiendo para que les aprobaran su proyecto comunitario y con ese fin lo presentó en diferentes instituciones afines: el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, los gobiernos provinciales y municipales del Poder Popular, la Asamblea Nacional del Poder Popular y la Oficina del Historiador de la Ciudad. Todas ellas lo recibieron con beneplácito, en principio. Convencido está Juan Carlos de que con este ejemplo se puede estimular a otros cuentapropistas a hacer lo mismo, y así, poco a poco, la población adquiriría una mayor cultura inclusiva. Pero a la larga, si bien ninguna institución rechazaba el proyecto, aún esperaba respuesta cuando un día se presentó en el punto de venta un inspector. Le impuso una elevada multa a Anabel, alegando que su licencia era de ayudante (el titular, su hijo, estaba viajando en ese momento), le quitaron la licencia y cerraron el lugar. Tras infructuosos esfuerzos para ser atendido por el funcionario a cargo de estos asuntos, y recibir la misma negativa una y otra vez, un día, conociendo que este se encontraba en su oficina, Juan Carlos abrió la puerta y entró. El hombre se puso frenético, comenzó a dar gritos y llamó a los órganos represivos, que se aparecieron en motos, autos, perseguidoras, y se lo llevaron preso. Después de varios días de arresto, le pusieron una fianza y está en espera de juicio por desorden público. El día 24 de octubre, sobre las 3 de la tarde, se presentó en el hogar de Anabel y Juan Carlos el jefe de sector primer teniente Rubén Miranda, con una citación para las 5 de la tarde del mismo día en la unidad de Aguilera. Juan Carlos pensó que sería para aclarar el asunto del agro con un oficial de la contrainteligencia que estaría presente. Al llegar, no había nadie, y lo encerraron en un calabozo. Pasadas más de dos horas, un policía que no comprendía por qué estaba allí, lo hizo subir, pero una oficial al verlo le ordenó que lo bajara de nuevo al calabozo. Allí lo tuvieron hasta las 9:30 de la noche. En ese lapso, un capitán de la Policía, intrigado, se acercó al joven y le preguntó: “¿Por qué estás aquí?” Juan Carlos le respondió: “Si se lo digo, se va a reír”. Antes de dejarlo en libertad, la mujer policía le impuso una multa de 30 pesos por alteración del orden público (sic). Juan Carlos, que no había abierto la boca durante toda su estancia en la unidad, se limitó a mirarla interrogante. Pero, según reflexiona, ya para entonces se había dado cuenta de por qué lo habían tenido más de cinco horas en el calabozo: esa noche se celebraba en su circunscripción la reunión de rendición de cuentas del delegado a sus electores, que hubiera sido el marco perfecto para exponer su proyecto inclusivo.

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