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Más injusticia brota sobre La Cascada

En el piso, el anuncio lumínico de La cascada (foto archivo)

PUERTO PADRE, Las Tunas.- “¡Me matan, tienen que matarme, yo no hago fuerza, pero de aquí yo no salgo! ¡Hasta el Papa se entera de esto!” dice Nivardo Jacinto Hernández Cutiño, esperando que, de un momento a otro, funcionarios de Vivienda asistidos por la policía vengan a desalojarlos de su casa, publicamos en CubaNet en julio de 2018, en el reportaje Cuando la injusticia brota más que una cascada, en el que expresamos:

“La Cascada era un restaurante bar de éxito. Comida criolla e internacional, decía la promoción. Pero ahora la puerta del restaurante está cerrada y el anuncio lumínico en el piso. El mismo día de la operación punitiva, sería anunciado el fallo del Tribunal: “Ese muñeco está armado”, dijo un policía a Maite, empleada de La Cascada, aludiendo la confiscación de la vivienda.

Y la semana pasada, el desamparo legal que todavía hoy sufre esa familia expropiada extrajudicialmente como resultado de un proceso penal obscuro, pudo llevarla a decisiones autodestructivas cuando les fue anunciado el desalojo administrativo irrevocable, sin apelación judicial.

“Desestimándose los testigos de la defensa pues los mismos tienen vínculos afectivos con la imputada…”, Nelsa Lucía Rodríguez Ávila, entonces con 68 años de edad, maestra jubilada y licenciada en Educación, fue encontrada culpable de proxenetismo y trata de personas y sancionada a “tres años de privación de libertad subsidiados por limitación de libertad” (reclusión domiciliaria), dice la sentencia No. 208/2017 del Tribunal Provincial de Las Tunas.

El 16 de marzo de 2017, casi dos meses antes de pronunciarse el Tribunal el 2 de junio del propio año, y, sin juzgarse judicialmente si procedía o no la sanción accesoria de confiscación de bienes, al tenor de un decreto del difunto Fidel Castro y a solicitud policial, el director provincial de la Vivienda en Las Tunas, “confiscó a favor del Estado cubano” la vivienda de Nelsa Lucía Rodríguez Ávila, declarándola “ocupante ilegal” a ella y a sus convivientes.

Nivardo y Zoila Aida cuentan la tragedia que les ha tocado vivir (foto archivo)

Resolución ratificada por el ministro de la Construcción, juez supremo en materia de la Vivienda en Cuba, sin apreciar que, ni la hija de Nelsa Lucía, Zoila Aida Pla Rodríguez ni su esposo, Nivardo Jacinto Hernández Cutiño, son convivientes de la acusada por encontrarse en posesión de su propia casa, construida legalmente, a partir de una ampliación y remodelación de la vivienda de Nelsa Lucía Rodríguez Ávila, a quien ya con los documentos en la Notaría, la policía impidió transferir esa parte de la propiedad a su hija y a su yerno.

Desde el año pasado el Tribunal Supremo conoce de un procedimiento de revisión en materia penal en el que, por los nuevos elementos aportados, Nelsa Lucía Rodríguez Ávila pudiera ser declarada inocente de proxenetismo y trata de personas, y, desestimada esa imputación, calificada acaso como actividad económica ilícita por no cumplir con los reglamentos, entonces no procedería la confiscación de su propiedad.

Con una conducta moral intachable, contra Nelsa Lucía no existen más pruebas que las de alquilar una habitación sin registrar tres clientes en el libro de huéspedes.

Pero al día de hoy, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado en el procedimiento de revisión de la sentencia condenatoria de Nelsa Lucía. Quien sí se ha pronunciado es el gobierno de Puerto Padre.

“Usted se imagina, quitarnos nuestra casa, el restaurant, todo lo que construimos con licencia de obra y todos los papeles… ¡Es el colmo de la corrupción en Cuba! Cómo va a haber inversión extranjera en este país… Con qué confianza quieren que los cubanos-americanos vengan a invertir en Cuba… Si yo me repatrié, vine de Estados Unidos, amplié la casa de mi suegra, legalmente, levanté un restaurant con mis ahorros, se fueron todos, hasta cien mil pesos que me dio de crédito el Banco (Popular de Ahorro) y que ahora debo. ¡Y el banco no le presta 100 mil pesos a cualquiera! Todo legal, y nos quitan la casa, sin comerla ni beberla, porque ni mi mujer ni yo hemos cometido ningún delito”, dice Nivardo, luego de su entrevista con el presidente del gobierno municipal de Puerto Padre, Roberto Cabrera Sao, el pasado viernes.

“Sabe lo que me dijo… (el presidente del gobierno) Que si nosotros no salíamos iban a ir con la policía para sacarnos de la casa. Oiga, a mi suegra la han vuelto loca. Está con tratamiento psiquiátrico. Yo le dije al presidente del gobierno que si él había construido alguna vez, y me dijo que no, que a él no le hacía falta nada, que él no necesitaba nada porque su padre vivía en los Estados Unidos, entonces yo le digo, ah, sí, pero estas manos mías se pasaron siete años construyendo, mi esposa y yo, para poder tener lo que tenemos, para que venga nadie a quitárnoslo, pero él dijo que no, que nos iban a sacar de ahí. Es un interés de ellos, pero está oscuro, está muy oscuro, que después de decirnos que nadie nos iba a molestar, de momento venir a atacarte”, dijo Nivardo este viernes, como en un soliloquio, para luego exclamar:

“¡Usted se imagina que el presidente de la Asamblea del Poder Popular de este pueblo me diga a mí, así, en mi cara, que él aquí no necesita nada porque su padre vive en los Estados Unidos…! ¡Que me lo diga a mí, al que tienen planeado quitárselo todo!”

Asesorado por abogados, Zoila Aida Pla Rodríguez y su esposo Nivardo Jacinto Hernández Cutiño, poco después del mediodía del viernes pasado, amparados en el artículo 200 inciso b) de la Constitución de la República, entregaron un escrito de queja y petición al presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Puerto Padre, Roberto Cabrera Sao.

El escrito presentado pide que “se haga justicia” basado en siete pruebas documentales públicas, asentadas en los registros de instituciones municipales, que prueban la posesión legítima, pública y pacífica de Nivardo Jacinto y Zoila Aida de su vivienda y del bar-restaurant La Cascada.

El presidente del gobierno Roberto Cabrera Sao, dijeron los peticionarios, prometió investigarlo todo “personalmente”. Y facultades tiene para que “se haga justicia”. Según el artículo 188 de la Constitución, “el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular representa al Estado en su demarcación”.

Mientras, haciendo que la injusticia todavía brote más sobre La Cascada, ojalá que una de estas madrugadas de sábado, para que al día siguiente no haya mucha algarabía, funcionarios de la dirección de la Vivienda apoyados por policías, no violenten puertas y ventanas estatizando otra casa cubana. Otra más.

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Dos caras de la injusta justicia

injusticiaLA HABANA, Cuba. — A fines de la semana pasada trascendió una noticia grata: Tras siete meses de prisión, la periodista independiente Juliet Michelena fue exonerada de la acusación que pesaba sobre ella por un supuesto delito de atentado. El desenlace fue inesperado. En Cuba las sentencias absolutorias resultan insólitas en los casos de inculpados desafectos al régimen.

La imputación derivó de un presunto desafío formulado por Michelena a una integrante de las Brigadas de Respuesta Rápida, que empujó y escupió a la reportera mientras ésta permanecía esposada con las manos a la espalda. Pero la detención se produjo a raíz de haber fotografiado Juliet a policías azuzando sus perros contra ciudadanos indefensos. El Comité para la Protección de los Periodistas condenó de inmediato el encierro de Michelena.

La prensa alternativa se mantuvo al tanto del proceso. Los dos primeros defensores tuvieron que ser reemplazados por los familiares de la acusada. El tercero no tuvo acceso al expediente en un inicio, y cuando pudo solicitar el cambio de la medida cautelar, la respuesta negativa de la Fiscalía demoró un tiempo mucho mayor que el establecido. El recurso de queja tampoco prosperó.

Días más tarde, el esposo de la encarcelada supo que no seguiría representándola el mismo letrado, quien se declaró enfermo. Pero esto lo averiguó sólo porque fue a indagar, pues el Bufete Colectivo no se ocupó de informarle. Un cuarto jurista se negó a aceptar o proponer los testigos que justificaban la coartada de la imputada.

En vista de todo lo anterior, los familiares de Juliet optaron por no designar un abogado. El destino de la joven quedó en manos de un defensor de oficio, que es nombrado y cambiado por las autoridades. Conviene aclarar que, después de exonerada, la periodista no fue liberada de inmediato.

En las películas norteamericanas uno ve que los acusados absueltos salen a la calle desde la misma corte. En Cuba no; aquí se impone la burocracia. El reo es conducido de regreso a la cárcel, y es soltado sólo más tarde, después que en la secretaría del penal se tramita el papeleo correspondiente.

En el caso de Juliet Michelena, y de manera insólita, en la Prisión de Mujeres de Occidente —más conocida por el sugerente nombre de “Manto Negro”— anunciaron que la liberación tardaría “72 horas”. En definitiva la soltaron esa noche. ¡Una desvergüenza más de las autoridades, tal vez para evitar que hubiera muchas personas esperándola!

La excarcelación —aunque demorada— de Juliet se vio contrarrestada por la situación que confrontan Ramón Alejandro Muñoz, su esposa Sonia Garro y el activista Eugenio Hernández. El proceso contra ellos tres, que estaba señalado para el pasado viernes, fue suspendido por cuarta ocasión.

En este caso, Amnistía Internacional reclamó de las autoridades cubanas que “el juicio se ejecute de acuerdo con las normas internacionales, incluido el derecho de los acusados” a proponer “testigos de la defensa” y a “impugnar las pruebas en su contra”. Los activistas de la prestigiosa organización conocen cómo funcionan esas cosas en Cuba; por ello demandan también que “los cargos presentados contra los enjuiciados se basen en una evidencia clara”.

El reclamo no es gratuito. En esta causa existe —entre otras— una acusación por una supuesta tentativa de asesinato. Esta imputación —la más grave que se ventilará en el juicio— se basa en que, según la Fiscalía, se lanzó contra un agente policial el tubo de pantalla de un televisor. Como abogado debo plantear que, aun si ese objeto hubiera golpeado al gendarme (que no fue el caso) no habría podido ocasionarle la muerte. Por consiguiente, hablar de un presunto delito imperfecto contra la vida por esos hechos es un disparate jurídico que sólo puede ser explicado por el deseo de abrumar a los acusados.

Para colmo, un incondicional del régimen con título de bloguero, acaba de publicar un video en el que intenta presentar al matrimonio Muñoz¬-Garro como una pareja de matones que aterrorizan al vecindario. En el documental, los rostros de quienes se han prestado a sumarse al coro de detractores aparecen emborronados, como si sus deposiciones (aquí caben ambos sentidos del vocablo) estuvieran dirigidas contra capos mafiosos. Es así como la calumnia acude en apoyo de la infamia.

En el caso de estos tres opositores, ¡que llevan ya dos años y ocho meses en prisión!, será menester seguir esperando para saber cuál será el desenlace.




Víctima del Servicio Militar

LA HABANA, Cuba. – Sergio Pérez Sierra no imaginaba el cambio que daría su vida cuando lo llamaron al Servicio Militar, en la decada del 80, como soldado de la marina de guerra.

Sergio Pérez Sierra 1- Foto Leon Padron (2)
Sergio Pérez Sierra – Foto León Padron

Sentía un fuerte rechazo al militarismo. Comenzó a fugarse por las noches, a expensa de cualquier castigo.

Una de sus escapadas la pagó bien caro. Fue perseguido por quince días por los escuadrones Boinas rojas, hasta ser detenido, procesado y enviado a cumplir ocho meses a la prisión militar El Pitirre, “un campo de concentración para animales salvajes y no para seres humanos” según sus propias palabras.

Tras cumplir el periodo de encierro lo remitieron al Puesto de mando del Ejercito Juvenil del Trabajo (EJT), quien dispuso su incorporación al corte de caña manual en la zafra azucarera, donde tuvo que comenzar de cero los tres años del SMA, sin tener en cuenta los ocho meses que estuvo en prisión.

El   rigor que sobrevendría en los cañaverales terminó por aquejar a Pérez Sierra con un desequilibrio mental, que sería el preludio hacia la más terrible desdicha de su vida. Varias semanas en el Hospital Naval de la capital habanera, bastaron para que la Comisión médica que atendió su caso dispusiera sin miramiento alguno, que el soldado reunía las condiciones óptimas para reincorporarse nuevamente al EJT y aquí sobre vino el terrible desenlace.

Salió del hospital Naval vestido de completo uniforme y se personó a reclamar su baja médica en las oficinas del Estado Mayor del Ministerio de las Fuerzas Armadas. “Fui atendido por un alto oficial de las FAR, cuyo nombre no recuerdo, pero que reconocería si volviera a verlo.   Este militar no soportó mi reclamo de la baja médica y cuando me alteré por su negativa, me disparó una ráfaga con un fusil que tenía cerca, destrozándome parte de los intestinos, que obligó a los médicos que me atendieron a practicarme una colostomía, y una de mis piernas, que tuvieron que amputarme”.

En vano Sergio Pérez solicitó un juicio público ante varias instancias, tanto civiles, como militares, para que fueran esclarecidos los hechos de aquel día. Jamás le respondieron nada. Desde ese día exhibe varias cicatrices de heridas en su abdomen y le falta una pierna.

Con una Seguridad Social que no rebasa los 200 pesos, sin vivienda y pernoctando en la calle durante algún tiempo, tuvo la suerte que una cristiana le diera alimento, ropa y medicina; y posteriormente le diera abrigo en su hogar de la calle Zapata entre A y B, del Vedado.

Hoy admite que aquel día de la ráfaga de fusil en la oficina del MINFAR, pasó a engrosar la lista de víctimas de un gobierno que no solo se caracteriza por su probado desdén hacia su pueblo, también devora a sus hijos sin el más mínimo arrepentimiento.

“Yo era un joven fuerte, saludable, lleno de sueños y ahora soy un guiñapo humano.   En la prisión El pitirre sufrí castigos y abusos de todo tipo, que no ayudan a rehabilitar a nadie, a tal punto que casi me vuelvo loco. Fui a reclamar al Estado Mayor, a pedir justicia, y me respondieron con una ráfaga. Mi madre murió de sufrimiento, perdí mi casa, deambulé por la calle, durmiendo en los parques, sobreviviendo de la caridad pública. El estado jamás me protegió. Puedo decir que estoy vivo gracias a Dios, y a la viejita Olga, que fue enviada por el señor para salvarme”.

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Madre pide justicia

LA HABANA, Cuba, abril (173.203.82.38) – Me visitó, y tenía muy tristes sus ojos.  Se llama Marta León y viene desde la zona oriental de Cuba, a La Habana,  a ver a su hijo, preso en el Combinado del Este. Aunque apesadumbrada, se expresa con elocuencia, y no se cansa de pedir por su hijo.

Pablo Montano León fue detenido en 2001, acusado de tráfico de drogas. Condenado a 25 años, se declaró en huelga de hambre en febrero de este año. Pide ahora que le concedan los beneficios que corresponden a su caso, y lo pongan en otro régimen carcelario. La madre reclama que revisen su causa, y si no hay pruebas, pide que se haga justicia.

“Él se declaró en huelga de hambre porque es la primera vez que está preso, y le niegan los beneficios que le corresponden. Reclamó la revisión de causa y no se la conceden, el recurso de casación nunca fue presentado; todo lo de mi hijo ha sido así siempre. Esto es absurdo. En la prisión Combinado del Este, las autoridades me dicen que sí, que le corresponden los beneficios en junio, pero hace 3 años que le están diciendo eso, y cuando llega junio se los suspenden por un año más”.

“Pablo es casado con una rusa –dice la madre- que vive en Moscú con el hijo de ambos. Estamos esperando a que lo pasen al régimen de campamento para que mi nieto pueda venir, y no lo vea encerrado. Mi hijo no tiene casa, ni cuenta bancaria, ni tenía droga, ni la había consumido, se encontraba solo con su niño cuando lo detuvieron, porque la madre estaba en Rusia. ¿Qué hicieron las autoridades? Llevarse a mi hijo preso y dejar a un pequeño de 2 años, a merced de personas extrañas. Lo entregaron a  la presidenta del Comité de Defensa y el marido. Cuando fui a la Plaza con un cartel, a reclamar justicia, me dijeron que mi nieto no quedó sin amparo”.

Según María, Seguridad del Estado hizo un seguimiento durante años y no encontraron evidencia contra su hijo. “La abogada defensora pidió al Tribunal que le diera la libertad, ya que no había pruebas. La fiscal del caso preguntó al oficial instructor, Francisco Díaz Mendoza, que fue el que acusó a Pablo, si había evidencias, y dijo que no, pero había que condenarlo porque se trataba de un oficial de la policía política, y aunque no le ocuparon nada, se sabía que él sí estaba en la droga. Por eso es que reclamo la libertad de mi hijo” –concluyó María.




El posible regreso de Alan Gross

LA HABANA, Cuba, febrero (173.203.82.38) – La próxima trama tejida contra Alan Gross pudiera ser el inicio del desenlace, sorpresivo para algunas personas, y para los más avezados en razonamientos políticos, una confirmación de sus pronósticos.

Gross, contratista estadounidense preso en Cuba desde hace más de un año,  presuntamente por entregar  equipos de comunicación satelital a miembros de la comunidad judía, pudiera estar de regreso a su casa en los próximos meses.

Aunque la prensa anunció una petición fiscal de 20 años de privación de libertad, por atentar contra la seguridad del Estado, esto sería una cuestión de procedimiento con la finalidad de pasar a otra fase de un proceso que, desde el punto de vista jurídico, es insostenible.

La Habana tendría en cuenta la deportación, el indulto por razones humanitarias, o como ha sucedido en el caso de los 75,  la licencia extrapenal por motivos de salud, un término que ha servido para edulcorar las concesiones a prisioneros de relevancia internacional.

Se escuchan opiniones acerca de que el apresamiento de Gross, de 61 años, se debió a un plan encaminado a intercambiarlo por todos o algunos de los espías cubanos presos en cárceles norteamericanas.

La fragilidad de los argumentos que se expondrán en la vista oral, y la clara advertencia por parte de Estados Unidos de que no habrá espacio para el intercambio de Gross por los cinco espías, indican que el caso no tendrá el final que buscaba el régimen cubano.

Quizás las prematuras aseveraciones de Fidel Castro de que los espías estarían libres a finales de 2010, se basaban en mantener detenido a Gross indefinidamente, violando las propias leyes de procedimiento penal vigentes. La firmeza de Washington frente a las tácticas de La Habana, ha contribuido a desinflar las expectativas de los jerarcas cubanos.

Algunos sostienen la tesis de un final en el que Alan Gross salga del círculo del infierno donde se encuentra, porque no hay causa verdadera contra él. Un cercano referente apoya la tesis de que Alan Gross saldrá pronto del círculo del infierno en el que lo han enclaustrado por tan endebles motivos.

El pasado 2 de febrero, el ciudadano estadounidense Chris Walter Johnson salió de una cárcel en La Habana rumbo a Los Ángeles, California, donde reside. El juicio, celebrado el 27 de diciembre de 2010, concluyó con una sentencia de 18 años por tráfico de drogas e intento de soborno. Al igual que Gross llevaba algo más de un año encarcelado.

Creo que no están mal encaminados quienes vaticinan el próximo fin de esta injusticia.

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