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Cuba: El Código Penal y la criminalización de derechos civiles

Código Penal

PUERTO PADRE, Cuba. – La semana pasada el régimen de La Habana, el del “Palacio de la Revolución”, estrenó un nuevo Código Penal. Dije “nuevo” porque es la tercera ley que el castrocomunismo promulga para una codificación criminal, sin contar las no pocas leyes y decretos-leyes producidos para incrementar el ius puniendi, entiéndase, la facultad sancionadora del Estado. 

En Cuba estuvo vigente el Código Penal español de 1879 hasta que en 1936 fuera promulgado el Código de Defensa Social (CDS), modificado a su vez por la Ley No. 425 del 9 de julio de 1959, que no solo elevó sustancialmente las sanciones por los delitos llamados “contrarrevolucionarios”; sino que también incluyó la pena de muerte, expresamente prohibida por el artículo 25 de la Constitución de 1940, conceptuando que la sanción de muerte solo era aplicable a miembros de las Fuerzas Armadas por delitos militares, o a personas culpables de traición o espionaje en tiempo de guerra. 

Pero los delitos sancionados con la pena máxima por acción de disuasión más que de crimen, como fueron los fusilamientos del general Ochoa y sus compañeros en la Causa 1 de 1989, o los de los acusados por el caso de la lancha de Regla, permanecen si no en crecimiento de ejecución como cuando fueron conceptuados en julio de 1959, sí en su codificación. 

El CDS sería derogado por el Código Penal puesto en vigor mediante la Ley No. 21 del 15 de febrero de 1979, el cual fue abolido por la Ley No. 62 del 29 de diciembre de 1987, y sustituido por la nueva legislación penal que la semana pasada entró en vigor con igual, y en ocasiones mayor, capacidad sancionadora que las leyes anteriores.

A propósito de esa ley penal, y para un audiovisual divulgado por Radio y Televisión Martí, quiero compartir con los lectores de CubaNet tres preguntas que nos hiciera la productora Patricia Martínez: “¿De qué forma el nuevo Código Penal amenaza la libertad de expresión? ¿Cómo criminaliza el nuevo código el libre uso del ciberespacio? ¿De qué manera el nuevo código paraliza el periodismo independiente?”.

Contestando esas interrogantes por WhatsApp dije a Patricia: “El nuevo Código Penal cubano (y los viejos códigos) es un ataque al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Pero en Cuba hay personas presas por ejercer ese derecho, y otros irán a la cárcel según el nuevo código, porque en Cuba es penalizado, criminalizado, el expresar opiniones cuando son contrarias a lo que el Partido Comunista considera correcto”.

Respecto a la criminalización del uso libre del ciberespacio por parte de los cubanos según lo conceptuado por la nueva ley penal, dije: “En Cuba el Partido Comunista monopoliza todos los medios, eso es sabido, pero ahora con el nuevo código, la difusión de señales televisivas, radiales, los servicios de telecomunicaciones y de internet, que son un monopolio del Estado, está penalizada con privación de libertad de tres a ocho años”.

De cómo la actual ley penal intenta paralizar al periodismo independiente, sancionando con cárcel a las personas que reciben recursos materiales o financieros por el ejercicio del activismo cívico o la corresponsalía periodística, hice una analogía: Durante los encarcelamientos de 2003, tristemente conocidos como “Primavera Negra”, 75 activistas de derechos civiles y periodistas o colaboradores de medios de prensa libre fueron a la cárcel; muchos de ellos acusados por el artículo 91 de la Ley No. 62 ahora en “desuso”, que tipificaba como “actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado” la labor de quienes ejecutaran un hecho en detrimento del Estado cubano o su integridad territorial en “interés de un Estado extranjero”. Los inculpados podían recibir penas de privación de libertad de 10 a 20 años o muerte. Así, por la escritura de artículos periodísticos, o por el ejercicio de derechos civiles, en 2003 decenas de personas fueron a la cárcel imputándoseles violaciones del artículo 91.

Con igual concepto de la derogada ley que apunté en “desuso”, en el nuevo Código Penal el artículo 91 pasa a ser el 112, sancionando con pena de privación de libertad que ahora puede ser de 10 a 30 años de cárcel, o privación de libertad perpetua, o pena de muerte. Dicho de otro modo, como mismo en 2003 decenas de personas fueron a la cárcel por ejercer el periodismo libre o el activismo político, según el régimen en “interés de un Estado extranjero”, ahora puede suceder igual porque el nuevo código mantiene la penalización de los derechos civiles, no despenaliza acciones u omisiones reivindicatorias de derechos cívicos, sino que frente a ellas endurece el ius puniendi del Estado. 

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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OCDH: 24 delitos sancionables con muerte en el nuevo Código Penal

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MADRID, España.- El nuevo Código Penal de Cuba, que entró en vigor este 1 de diciembre, eleva a 24 los delitos sancionables con la pena de muerte, cuatro más que en la normativa de 1987, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Sobre ello, el director de Estrategia del OCDH, Yaxys Cires, precisó a través de un comunicado: “La pena de muerte toma fuerza en Cuba. Tras la aprobación del nuevo Código Penal ascendieron a 24 los delitos sancionables con la pena capital. De esta manera, el Estado cubano marcha contrario a la tendencia internacional de abolir la pena de muerte, e intenta usar la nueva norma para amenazar, incluso con la muerte, a quienes intenten cambiar la situación de represión y miseria”.

La denuncia destaca que el nuevo Código Penal prevé un artículo (el 120.1) que sanciona con cárcel, de cuatro a diez años, a quien “ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República”.

Así como señala que se criminaliza y establece una condena de hasta diez años de cárcel relacionada con actividades de cooperación internacional o de asistencia financiera a proyectos de la sociedad civil independiente, fuera de control estatal, “lo cual, además de ir en contra de un derecho reconocido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a la sociedad civil, es un obstáculo para la asistencia al empobrecido pueblo cubano”.

El documento de la organización defensora de los derechos humanos, con sede en Madrid, refiere que en noviembre pasado se registraron al menos 352 acciones represivas en la Isla. De ellas, 121 fueron algún tipo de detención arbitraria, y 231, otros abusos, como citaciones policiales, multas, cortes de internet y telefonía, juicios, amenazas, exilio forzado o impedimento de salir del país.

Este esquema represivo se repite cada mes, pero “ahora el régimen cubano cuenta con una nueva herramienta para violar todavía más los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Ante esta situación, el OCDH exigió a los gobiernos democráticos, a la Unión Europea y a los organismos internacionales que repudien la decisión de La Habana de incrementar los delitos sancionados con la pena de muerte y el resto de arbitrariedades presentes en el nuevo Código Penal”.

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Humberto López amenaza con Código Penal a cubanos que protesten contra el régimen

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MIAMI, Estados Unidos. — El vocero del régimen cubano Humberto López recordó este miércoles en el Noticiero que quienes protesten de forma desorganizada en las calles tendrán que responder ante los tribunales por participar en supuestos delitos desorden público.

En su habitual segmento en el Noticiero de Televisión, López aseguró que Cuba está siendo víctima de actos de terrorismo impulsados desde Estados Unidos que buscan desatar un estallido social en la Isla.

Quieren “que la gente buena salga desesperada a las calles, que la gente buena pierda los estribos; que los que no son tan buenos, esos que hacen bastante poco o no hacen nada por su país, exijan más que nadie, que se alteren, griten, falten el respeto, tranquen las calles; que se produzcan enfrentamientos, que haya vandalismo, fuego, muerte. No estoy exagerando. Son las mismas fórmulas que se aplicar en otros países”, dijo el vocero oficialista.

En ese sentido, López indicó que el nuevo Código Penal “es muy claro” respecto al tratamiento que deben recibir quienes incurran en ese tipo de delitos. Señaló, además, que la Revolución posee legitimidad y fuerza moral para contener las protestas antigubernamentales.

“¿Anarquía en Cuba? ¿Carece este país de fuerza moral para contener estos hechos? Además de la fuerza moral que emana de la unidad y del apoyo mayoritario del pueblo a su revolución, además de eso, que es suficiente, aquí existen leyes, existe un Código penal que es muy claro”, advirtió López.

En referencia a las protestas masivas que se produjeron el pasado fin de semana en varias provincias de Cuba, López calificó de “indignante” el uso de menores de edad en los cordones humanos. Según el jurista, se trata de un hecho delictivo contenido en el Artículo 402.1, que regula los Delitos contra el desarrollo integral de las personas menores de edad.

El pasado martes, el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, advirtió que las personas que incurrieron en delitos tipificados en el Código Penal durante las protesta serán procesados acorde a lo dispuesto en la ley.

“Es imperdonable que estos reclamos se realicen cometiendo indisciplinas sociales y desorden público”, dijo el dirigente, quien también hizo énfasis en las barricadas y en la utilización de niños en los cordones para bloquear la vía pública.

“Eso es un delito que se analizará en su momento con todas las madres que cogieron a sus hijos y los utilizaron de barrera para contener la vialidad”, expresó el gobernador de La Habana durante su intervención en el espacio Mesa Redonda.

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Nuevo Código Penal cubano: la eterna supervisión del régimen

Código Penal

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado mes de mayo, el Parlamento cubano aprobó por unanimidad un nuevo Código Penal que fortalece el totalitarismo en Cuba. Esta reforma se enfocó en apuntar directamente contra la protesta social y el periodismo independiente. Incluso trasladó los férreos dispositivos de control del mundo físico a la virtualidad. Nada quiere el gobierno cubano que escape de su supervisión. Nada que tambalee su poder han dejado sin regular y criminalizar.

Por otra parte, el estado no incluyó en la norma el feminicidio como un delito de carácter especial; a pesar que observatorios independientes han monitoreado 16 asesinatos de mujeres por su género este año. Esto es apenas un subregistro, pues las autoridades se niegan a dar cifras oficiales al respecto. Además, se mantuvo la edad penal en 16 años y fue reiterada la pena de muerte, asociada principalmente a delitos contra la seguridad del estado.

“Cuba contará con una ley moderna, justa y atemperada a la realidad socioeconómica del país”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, al presentar el texto de la legislación que sustituye a la de 1987. Sin embargo, activistas, opositores y analistas han alertado que el nuevo texto legal está orientado a restringir aún más la libertad de expresión, y evitar a toda costa cualquier manifestación de disenso. CubaNet, en colaboración con la abogada Giselle Morfi, del centro de asesoría legal Cubalex, ha preparado este resumen sobre por qué el nuevo Código es un retroceso para la ciudadanía en Cuba.

1-Tipifica conductas penales, ambiguas, amplias y discrecionales

Los comportamientos delictivos deben estar en una ley clara, precisa y no discriminatoria. La ciudadanía tiene derecho a saber concretamente lo que está prohibido, para cuestionarlo, debatirlo, promover un cambio, o simplemente para poder cumplirlo. Y una vez más las leyes cubanas tipifican conductas demasiado amplias y abstractas para castigar desde la vía penal prácticamente cualquier acción que considere el estado. Además, quien interpreta la ley debe tener un límite claro en la propia legislación para evitar el abuso de poder. Sin embargo, y con toda la intención, el Código Penal cubano es una norma vaga y ambigua que da paso a la arbitrariedad.

2- Hay alrededor de 32 delitos que amenazan la libertad de expresión

Hay límites legítimos para ejercer la libertad de expresión. Es decir, cualquier estado puede limitarla cuando se violan estándares internacionales de Derechos Humanos, pero no de modo arbitrario como sucede en Cuba. Para que un gobierno cercene este derecho debe pasar primero tres filtros. El número uno es legalidad. Lo anterior significa que debe estar en ley y debe ser clara, que no quepa duda de cuál es la conducta prohibida. En segundo lugar, debe haber un fin legítimo, es decir, que sea necesario. Por último, debe ser proporcional la medida que se tome para limitar la expresión.

Esas medidas, según establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no deberían estar reguladas desde lo penal, sino en el ámbito civil y administrativo. Antes de condenar a un ciudadano por ejercer su libertad de expresión, el estado debe agotar todas las medidas que sean lo menos lesivas posibles. Y en el caso de que sean requeridas sanciones, debe demostrarse que era real el daño que ocasionaba el ejercicio de este derecho. Por ejemplo, el influencer conocido como el Gato de Cuba está en prisión por burlarse en una directa del mandatario Miguel Díaz-Canel. Tal sanción es un abuso y contradice los estándares internacionales.

Con esta norma la dictadura de la isla no solo castiga lo que digas o escribas, sino también promueve la censura.

3- El uso del ciberespacio como agravante de la responsabilidad penal

Se introduce este agravante como manifestación de la política penal del Estado de tener el control de todas las personas también en el ciberespacio. Se le podría aplicar a delitos como Difamación De Las Instituciones Y Organizaciones Y De Los Héroes Y Mártires (Art. 270) y eso implicaría que los jueces se muevan a los límites máximos de la sanción que solicite la fiscalía. Esto es incompatible con la libertad de expresión y la facultad de difundir por cualquier medio de expresión, información y opiniones que regula el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humano. También es preocupante que su aplicación es discrecional. Corresponde al tribunal decidir si la utiliza o no.

Además, una circunstancia que es elemento constitutivo del delito no puede ser considerada agravante de la responsabilidad penal, por ejemplo, a los delitos de Actos En Ocasión Del Uso De Los Medios Y Técnicas Informáticas (Art 168), Delitos Contra La Integridad De Las Telecomunicaciones, Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación Y Sus Servicios (Título IX) no se les puede poner este agravante.

4- El delito de hacer periodismo independiente en Cuba

En un país donde todos los medios de comunicación son controlados por el Comité Ideológico del Partido Comunista, la prensa independiente ha sido por décadas perseguida. Con el nuevo Código se criminaliza nuevamente el acceso a fondos internacionales y recursos para desarrollar estos proyectos. La norma ha venido a figurar como una actualización de la Lay Mordaza, bajo la que condenaron a 75 disidentes durante la primavera Negra de 2003.

Sobre lo estipulado en el texto penal, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) emitió la siguiente declaración:

“Nos alarma la aprobación del nuevo Código Penal cubano, que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes de la isla, pues prohíbe el financiamiento proveniente de fuentes extranjeras y así pone en grave riesgo la existencia y sostenibilidad de la labor de estos comunicadores”.

5- Se mantiene la pena de muerte

El Estado cubano mantienen esta sanción penal de carácter inquisitivo para los delitos contra la Seguridad del Estado. Hay alrededor de 24 delitos que sancionan con esta pena. Su aplicación es discrecional y al tribunal le corresponde decidir cuándo es excepcional después de valorar los casos más graves, sin que existan reglas claras sobre cómo valorar la gravedad del asunto.

La discusión acerca de la abolición de la pena de muerte es muy polémica a nivel doctrinal. En opinión de la abogada Giselle Morfi, “una sociedad democrática e inclusiva cuya prioridad sea la protección a los Derechos Humanos no puede otorgarle al poder punitivo del Estado la decisión de quitar la vida. Con la muerte de la persona muere el fin mismo de la pena, que debe ser la reeducación y reinserción social”.

6- El uso de las medidas de seguridad terapéuticas

Las medidas que se aplican después que una persona cometió el delito y se considera que el sujeto constituye un potencial delincuente, un peligro para la sociedad, para el orden público. Por ejemplo, a personas con enfermedades mentales (o que el aparato de salud estatal así lo dictamine) pueden aplicarle medidas terapéuticas que incluyen la reclusión en centros de atención psiquiátrica por tiempo ilimitado. Lo mismo ocurre con personas sancionadas que consumen alcohol o drogas. Con el código anterior los cubanos podían ser apresados sin haber cometido delito bajo los denominados índices de peligrosidad predelictiva. Las medidas terapéuticas son una especie de metamorfosis.

7- La responsabilidad penal se mantiene a partir de los 16 años

La edad penal mínima es 16 años, por tanto, Cuba seguirá juzgando y condenando a niños y niñas como ocurrió tras las protestas del 11 de julio. La mayoría de edad es a los 18 de acuerdo con la Convenció Sobre los Derechos del Niño, también de acuerdo con el Código Civil cubano.

8- No reconocimiento del feminicidio como un delito de carácter especial

Aunque la nueva norma incluye la agravante de la violencia de género y en el asesinato una de las circunstancias de cualificación es esa, no se reconoce el feminicidio como un tipo penal específico.

Esta es la manifestación más extrema de violencia hacia las mujeres y el Estado no la nombra en la norma penal. Así impiden que podamos tener datos estadísticos y conocer la realidad y los niveles de violencia contra la mujer en Cuba. Lo que no se nombra no existe y la política de quienes dirigen el país ha estado signada por la opacidad que es la base de sus discursos propagandísticos. “El no reconocimiento impide también que el Estado tome medidas para su prevención y que se investigue, busque y sancione de manera adecuada. De esta manera no habrá garantía de no repetición dentro de una sociedad machista como la cubana”, explica Morfi.

9- La criminalización de la difusión ilegal de señales satelitales, televisivas, radiales o similares

Esto es una forma clara de censura. Son formas de restringir la libertad de expresión a través de medios indirectos, desprotegiendo y criminalizando la libertad de expresión, contrario a los estándares internacionales y regionales de Derechos Humanos. Establecen como sanción máxima hasta ocho años de cárcel.

10- La permisibilidad de la vigilancia electrónica

Viola la privacidad de las personas y tienen un efecto disuasorio en la sociedad ya que las personas pueden inhibirse de ejercer derechos humanos como la libertad de movimiento, expresión, libertad artística, entre otras.

La vigilancia electrónica es admitida como una técnica especial de investigación, junto al colaborador eficaz que es una persona que espía y delata. La vigilancia incluye lo recopilado con las cámaras de la calle, pero también que graben tus declaraciones de voz. No hay razones concretas en la ley que dictaminen bajo qué circunstancias y bajo qué tipo de investigaciones pueden aplicarse.

11- Monopolio de la acción penal en conductas electorales que se deben tramitar por vía no penal.

Por último, incluimos este mecanismo que atenta contra la participación ciudadana. Los sujetos (al desconocer con precisión la conducta prohibida) pudieran inhibirse de denunciar a otros funcionarios, a fin de no caer las conductas como el “irrespetar”, “incitar al ilícito”, “manifestaciones contrarias al normal desarrollo de las elecciones”, contempladas en el texto.  Tienen un efecto disuasorio que pone freno a la posibilidad de denunciar fraudes electorales y abusos de autoridad. Es una norma plenamente antidemocrática.

Además, hay muchas conductas en esta área que se sancionan por la vía penal, y no debe ser así excepto casos muy particulares.

Desde el oficialismo el nuevo Código ha sido presentado por sus impulsores como “garantista” y mucho más actualizado al contemplar delitos medioambientales y la cibercriminalidad. Así lo han vendido al exterior en su habitual propaganda. Lo que omite ese discurso es que la norma, a todas luces, ha sido pensada para sepultar cualquier indicio de disidencia. El Código Penal ha venido a reforzar formas de control ya establecidas y a instaurar nuevas. El estado cubano desconfía de una sociedad que se le está enfrentando y ha legislado para atar cualquier aspiración de libertad.

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Los Condenados: El Código penal que te convierte en criminal

Los Condenados Código Penal

MIAMI, Estados Unidos.- En el más reciente capítulo de Los Condenados, un podcast que presenta CubaNet cada miércoles, la periodista Maite Luna y Marcel Valdés conversaron sobre algunos temas críticos en la realidad cubana actual, como es el del nuevo Código Penal, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, y los presos políticos del 11J.

“Lo del nuevo Código Penal es vergonzoso, pero es algo a lo que ya estamos acostumbrados. Ellos están queriendo desde hace 63 años hacernos ver que esas cosas son normales”, reflexionó Valdés, en referencia a los castigos que reciben los cubanos por decir lo que piensan del sistema o de un dirigente en específico.

Para el copresentador los cubanos viven con el miedo “de que si tu insultas y dices lo que crees de un dirigente estás haciendo algo mal”, y puedes ser condenado, o como dicen en Cuba “te van a desaparecer”.

Mientras no haya una amenaza directamente a una persona, “de que le vaya a ocurrir algo que ponga en riesgo su vida y su salud tu eres libre de decir lo que piensas, estés a favor o en contra. Pero quieren hacernos ver que es algo normal castigar al que lo haga”, criticó.

Sin embargo, explicó, lo positivo ahora mismo es la “presión que se está haciendo a nivel internacional, los cubanos dentro y fuera de la isla. Estamos mostrando que sí hay presos políticos, con evidencias, con hechos, con declaraciones de familias e incluso audios de presos dentro de la prisión”.

“Estamos mostrando lo que ya a nivel de institución se sabe, pero lo estamos exponiendo con evidencias, y a la dictadura eso le molesta, porque sabe que muchos tratados económicos y de cooperación le exigen el respeto a los derechos humanos y la liberación de preso políticos”.

Padres presos por defender a sus hijos

Durante el podcast se habló del caso de Rolando Castillo, padre del joven manifestante del 11J Rowland Castillo, a quien el régimen condenó a dos años de prisión la pasada semana por pedir la libertad de su hijo.

“Estuvo muy activo pidiendo la libertad de su hijo, es muy correcto, de muchos principios. Se veía todo el tiempo bien calmado, pausado”, comentó Valdés sobre el tiempo que Rolando estuvo pidiendo por la libertad de Rowland.

El copresentador aseguró además que Castillo ahora mismo se encuentra plantado, “no quiere abogado porque dice que no ha cometido ningún delito, que lo que é está pidiendo es la liberación de su hijo”.

Bárbara Farrat

Por su parte, en un video hecho público durante la transmisión, Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, habló de lo que es tener a su hijo menor de edad preso por salir a manifestarse el mismo día en el que cumplió 17 años.

“No habíamos escuchado la orden de combate de Díaz-Canel, estábamos haciendo una fiesta por su cumpleaños. En eso comenzó a bajar la manifestación por toda la Calzada de Diez de Octubre, yo me asusté y quise salir a buscar a su papá, y me dijo que me quedara con su novia y que el salía a buscarlo”, rememoró de aquel día.

“La vida de mi hijo ha cambiado demasiado”, explicó Bárbara Farrat, que también ha recibido amenazas y presiones por parte de la Seguridad del Estado. “Le noto en los ojos que esto lo ha afectado demasiado, yo no reconozco la mirada de mi hijo. Él debe ser liberado, porque manifestarse, según la Constitución, es un derecho”, dijo.

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La CIDH expresa preocupación ante el nuevo Código Penal cubano

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MADRID, España.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por tipos penales que pudieran emplearse para criminalizar el ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión y asociación en Cuba a partir de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.

El nuevo Código Penal cubano, aprobado este 15 de mayo por la Asamblea Nacional, “mantiene un lenguaje amplio e impreciso para tipificar delitos como el de sedición y contra el orden constitucional y recrudece penas relacionadas con los mismos como de prisión perpetua y muerte”, denunció la CIDH a través de Twitter.

La Comisión destacó también que la nueva legislación incluye un tipo penal que criminalizaría el financiamiento de organizaciones y periodistas críticos al estado y su orden constitucional.

Por su parte, el relator de la CIDH para Cuba, Edgar Stuardo Ralón, condenó que “mediante tipificaciones ambiguas se busca silenciar y perseguir a quienes exigen libertad y democracia en la Isla”.

Distintas organizaciones han reaccionado al Código Penal

Esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al nuevo Código Penal cubano por tener “elementos parecidos a pertrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los disidentes”.

“Los ciudadanos ni siquiera podrán usar con libertad las redes sociales ni convocar a sus amigos a protestar”, denunció la SIP.

Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) se refirió a cómo el Código Penal “criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes de la Isla, pues prohíbe el financiamiento proveniente de fuentes extranjeras y así pone en grave riesgo la existencia y sostenibilidad de la labor de estos comunicadores”.

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El nuevo Código Penal cubano criminaliza las libertades de prensa y expresión, denunció la SIP

SIP, prensa

MADRID, España.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al nuevo Código Penal cubano por “criminalizar las libertades de prensa y expresión, así como las libertades de asociación y reunión”.

El Código Penal, aprobado este 15 de mayo por la Asamblea Nacional y que entrará en vigor en tres meses, “tiene elementos parecidos a pertrechos militares, que el régimen podrá usar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los disidentes. Los ciudadanos ni siquiera podrán usar con libertad las redes sociales ni convocar a sus amigos a protestar”, denunció la SIP.

En un comunicado publicado este miércoles la organización, dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa, destacó que la nueva legislación mantiene la pena de muerte por fusilamiento en 24 delitos y formaliza sanciones de cadena perpetua; así como estipula hasta tres años de cárcel a quien insulte a altos funcionarios públicos e impone 10 años de prisión a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros” de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales usados para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.

Con el nuevo Código Penal “las autoridades cubanas viajan al pasado, a contrapelo del mundo desarrollado, hacia épocas oscurantistas, cuando los funcionarios se distanciaban del pueblo a través de abusos y privilegios”, consideró el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.

Mientras que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, señaló que “las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Jornet se refierió además a Cuba, Nicaragua y Venezuela como los pocos países que, al criminalizar la asistencia económica extranjera para grupos de Derechos Humanos y medios de comunicación independientes, transgreden los preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Reacciones al nuevo Código Penal

Entre las numerosas organizaciones y activistas que han condenado el nuevo Código Penal se encuentra el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

“Nos alarma la aprobación del nuevo Código Penal cubano, que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes de la Isla, pues prohíbe el financiamiento proveniente de fuentes extranjeras y así pone en grave riesgo la existencia y sostenibilidad de la labor de estos comunicadores”, dijo Ana Cristina Núñez, investigadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ.

Por su parte, la curadora de arte Anamely Ramos lamentó que Estados Unidos haya apostado por un nuevo deshielo tras la aprobación del nuevo Código Penal en Cuba “para reprimir mejor” y mientras se mantienen “más de 1 000 presos políticos”.

Al respecto el activista Magdiel Jorge Castro manifestó: “El régimen cubano aprobó uno de los Códigos Penales más severos contra la disidencia y la sociedad civil… Hoy el Gobierno de EE. UU. anuncia un paquete de medidas que cambia la política de ese país hacia Cuba”.

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CPJ denuncia criminalización del trabajo periodístico en Cuba con nuevo Código Penal

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MIAMI, Estados Unidos.- El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, criticó este martes la aprobación de una enmienda en el nuevo Código Penal castrista que recrudece las penas de cárcel, con hasta 10 años, y la censura contra los periodistas independientes en la isla, según informó Radio Televisión Martí.

“Nos alarma la aprobación del nuevo Código Penal cubano, que criminaliza aún más el trabajo de los periodistas independientes de la isla, pues prohíbe el financiamiento proveniente de fuentes extranjeras y así pone en grave riesgo la existencia y sostenibilidad de la labor de estos comunicadores”, dijo Ana Cristina Núñez, investigadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ.

“Las autoridades cubanas continúan construyendo un complejo y perverso régimen jurídico de censura y asestan un duro golpe a los periodistas y medios independientes”, agregó Núñez, en referencia al polémico Artículo 143, que apunta directamente a la sociedad civil cubana y rememora la Ley 88.

El Artículo 143 prohíbe a los ciudadanos cubanos recibir fondos de fuentes extranjeras y puede emplearse para silenciar a periodistas y medios independientes.

El Artículo 143

Propuesta inicialmente el 20 de enero por el Tribunal Supremo de Cuba, la normativa establece que “quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.

El nuevo Código Penal, aprobado el pasado domingo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, entrará en vigor en un plazo de 90 días después de publicado en la Gaceta Oficial, según las informaciones de prensa citadas.

Esta disposición, explicó Laritza Diversent, abogada y directora del Centro de Información Legal Cubalex, afectará “a los periodistas independientes y a todos los grupos de la sociedad civil u organizaciones que reciban financiamiento desde el exterior. Si el Gobierno cubano considera que ese financiamiento es para actividades que van en su contra, no importa si la organización está radicada en Estados Unidos, Suecia o Noruega”.

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Diputados cubanos aprueban nuevo Código Penal

Código Penal Asamblea Nacional del Poder Popular

MIAMI, Estados Unidos.- La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este domingo la nueva Ley del Código Penal, “que responde a las actuales y perspectivas condiciones políticas y socioeconómicas del país”, según una nota del estatal Cubadebate.

De acuerdo a la reseña oficialista, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), aseguró que, “para la elaboración de este código, que reemplaza a la vigente ley promulgada en 1987, fueron consultados magistrados, jueces, fiscales, especialistas, miembros del Ministerio del Interior, profesores de Derecho y diputados de diferentes territorios”.

La versión 26 del proyecto, que fue presentada ante la Asamblea y aprobada por los diputados, fue el resultado, al decir de Remigio Ferro, “de la amplia consulta del texto”. Se recibieron 1 140 criterios y 1 114 propuestas de modificación, de las que 706 fueron admitidas, explicó el funcionario.

El nuevo Código Penal cubano incluye un polémico artículo, el 143, que apunta directamente a la sociedad civil cubana y es un “claro mensaje de que la Ley 88 ha sido incluida como parte de ese cuerpo legal”, aseguró recientemente a CubaNet la abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex.

Qué es el Artículo 143

El Artículo 143 es la figura delictiva con la que el Departamento de la Seguridad de Estado (DSI) espera reprimir, aún más, a activistas, periodistas independientes y demás voces contestatarias dentro de la isla, quienes pudieran enfrentar hasta 10 años de cárcel si reciben “recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.

Según esta normativa: “quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.

Esta disposición, según Diversent, afectará “a los periodistas independientes y a todos los grupos de la sociedad civil u organizaciones que reciban financiamiento desde el exterior. Si el Gobierno cubano considera que ese financiamiento es para actividades que van en su contra, no importa si la organización está radicada en Estados Unidos, Suecia o Noruega”.

Código Penal
Foto Cubadebate

El texto del Código Penal, que será revisado por una comisión de estilo y entrará en vigor a los 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, tiene, según el régimen cubano varios aspectos novedosos.

A continuación, los enumeramos de acuerdo a la reseña de Cubadebate

  • Se penalizan las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación activa en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y la comunicación.
  • Se refuerza el rigor de las sanciones en hechos vinculados a la corrupción económica o administrativa, con alcance a los nuevos actores económicos.
  • Se incorporan nuevas sanciones accesorias, circunstancias agravantes y reglas de adecuación para enfrentar la discriminaición en todas sus manifestaciones, la violencia de género y familiar, hechos contra personas menores de edad o en situaciones de discapacidad.
  • Se prevén como sanciones principales para los hechos delictivos de mayor gravedad la privación perpetua de libertad o la privación temporal hasta 30 años.
  • Se mantiene con carácter excepcional la posibilidad de aplicar la sanción de muerte en 23 tipos penales de extrema gravedad y se suprime en cuatro delitos.
  • La norma incorpora nuevas sanciones principales encaminadas a dar un empleo más restringido a la privación de libertad y la incorporación de las personas jurídicas como penalmente responsables, entre otros aspectos.
  • Se introducen como nuevas sanciones la reclusión domiciliaria y servicios en beneficios de la comunidad.
  • Se mantiene la exigencia de responsabilidad penal a partir de los 16 años de edad cumplidos, con múltiples previsiones para el tratamiento diferenciado a los comprendidos entre los 16 y 18 años. Esto cumple la Convención de los Derechos del Niño.
  • Se suprimen las medidas de seguridad predelictivas.
  • Se incorporan nuevas fuentes de financiamiento a la Caja de Resarcimientos para una mayor efectividad y prontitud en la reparación de daños e indemnización por perjuicios a las víctimas.
  • Se incrementó el marco penal del delito de especulación y acaparamiento y se estableció la responsabilidad de los funcionarios o empleados públicos
  • Se delimitó con mayor gravedad la sanción del delito de sacrificio ilegal de ganado mayor (es decir, al que ejecute este acto sin ser el poseedor legal del animal).

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APLP: “Quieren cortarnos las alas, pero vamos a continuar bajo este asedio terrible”

José Antonio Fornaris, APLP

LA HABANA, Cuba. – En el nuevo Código Penal, que debe aprobarse este año, el régimen cubano dispondrá de herramientas legales para reprimir punitivamente a quienes reciban fondos para usos no controlados por la Plaza de la Revolución. Con la ley como brazo represivo, el régimen busca someter a la sociedad civil al más puro estilo de los reyes medievales: cortando los suministros a la fortaleza sitiada.

A la espera de ser aprobado, el Artículo 143 del Anteproyecto de Código Penal es la figura delictiva con la que el Departamento de la Seguridad de Estado (DSI) espera reprimir, aún más, a activistas, periodistas independientes y demás voces contestatarias, quienes pudieran enfrentar hasta 10 años de cárcel si reciben “recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. 

La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) es uno de los gremios no estatales que “encaja a la perfección” en esta política represiva, según trasladaron oficiales del Departamento de la Seguridad de Estado (DSE) a Julio César Álvarez López, Amarilis Cortina Rey y José Antonio Fornaris, miembros de la organización que a mediados de abril fueron interrogados por el cuerpo represivo.

En entrevista ofrecida a CubaNet, José Antonio Fornaris, quien desde 2006 es presidente de APLP, asevera que en los citatorios fueron amenazados con procesos judiciales por recibir ayuda económica del exterior. Y mientras aún no entra en vigor el nuevo Código Penal, no descarta que puedan sufrir acciones represivas como la de mayo de 2008, cuando la sede de la organización fue asaltada por efectivos del Ministerio del Interior (MININT).

Cuba: El Proyecto de Código Penal es abiertamente estalinista

“El régimen sabe que para sobrevivir tiene que hacer cambios, pero esto ya no se trata de una cuestión de ideología, sino de intereses, y para realizar los cambios primero deben crear las condiciones para que esos intereses no se vean afectados”, comentó Fornaris.  

Según refiere el entrevistado, la ayuda económica del exterior ha sido un factor determinante en el desarrollo logrado en los últimos años por las organizaciones de la sociedad civil cubana y el resto de actores que se oponen al sistema político.

“Lo que pasa es que, sin la ayuda económica del exterior, se limitaría mucho el trabajo de las organizaciones, ellos lo saben. Sin dinero no se puede hacer mucho porque la mayoría de las gestiones requieren gastos. Además, se necesita llevar el plato de comida a la mesa familiar para poder persistir en otras tareas; las personas necesitan tener algo con qué contar. Sobre todo porque el Gobierno se niega a dar empleo a las personas vinculadas a la oposición e impide que puedan desarrollarse como emprendedores”, comenta Fornaris.

Frente a la nueva escalada represiva, considera importante que los organismos internacionales incrementen su apoyo a la sociedad civil. En especial, que exijan al Gobierno de la Isla respetar el acuerdo adoptado por las Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998, del cual Cuba es firmante, y que establece que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos, con el objetivo expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Fornaris asegura no llevar la cuenta de las citaciones, arrestos y días vividos en una celda del régimen, pero apunta que “han sido muchos”. Las nuevas amenazas, afirma, no constituyen una barrera para proseguir en la defensa de las libertades de prensa y opinión.

“Quieren cortarnos las alas, pero no queda de otra: tenemos que continuar bajo este asedio terrible que se nos impone. Al final creo que este tipo de cosas son buena señal, no sucederían si nuestro trabajo pasara desapercibido. Lo que hacemos rinde frutos”, concluye Fornaris.  

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