MADRID, España.- El nuevo Código Penal de Cuba, que entró en vigor este 1 de diciembre, eleva a 24 los delitos sancionables con la pena de muerte, cuatro más que en la normativa de 1987, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Sobre ello, el director de Estrategia del OCDH, Yaxys Cires, precisó a través de un comunicado: “La pena de muerte toma fuerza en Cuba. Tras la aprobación del nuevo Código Penal ascendieron a 24 los delitos sancionables con la pena capital. De esta manera, el Estado cubano marcha contrario a la tendencia internacional de abolir la pena de muerte, e intenta usar la nueva norma para amenazar, incluso con la muerte, a quienes intenten cambiar la situación de represión y miseria”.
La denuncia destaca que el nuevo Código Penal prevé un artículo (el 120.1) que sanciona con cárcel, de cuatro a diez años, a quien “ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República”.
Así como señala que se criminaliza y establece una condena de hasta diez años de cárcel relacionada con actividades de cooperación internacional o de asistencia financiera a proyectos de la sociedad civil independiente, fuera de control estatal, “lo cual, además de ir en contra de un derecho reconocido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) a la sociedad civil, es un obstáculo para la asistencia al empobrecido pueblo cubano”.
El documento de la organización defensora de los derechos humanos, con sede en Madrid, refiere que en noviembre pasado se registraron al menos 352 acciones represivas en la Isla. De ellas, 121 fueron algún tipo de detención arbitraria, y 231, otros abusos, como citaciones policiales, multas, cortes de internet y telefonía, juicios, amenazas, exilio forzado o impedimento de salir del país.
Este esquema represivo se repite cada mes, pero “ahora el régimen cubano cuenta con una nueva herramienta para violar todavía más los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Ante esta situación, el OCDH exigió a los gobiernos democráticos, a la Unión Europea y a los organismos internacionales que repudien la decisión de La Habana de incrementar los delitos sancionados con la pena de muerte y el resto de arbitrariedades presentes en el nuevo Código Penal”.
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