MADRID, España.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó 304 acciones represivas contra la población civil en Cuba durante agosto de 2026, según su más reciente informe, publicado este miércoles.
Del total registrado, 37 correspondieron a detenciones arbitrarias y 267 a otras acciones calificadas por la organización como abusos. Entre estas últimas, el OCDH contabilizó 158 sitios policiales a viviendas de activistas y 46 abusos contra presos políticos y comunes, además de hostigamientos, multas y citaciones policiales.
La Habana, Matanzas, Villa Clara y Camagüey fueron las provincias donde se registró la mayor cantidad de acciones represivas, mientras que casi la mitad de los hechos documentados tuvieron como víctimas a mujeres, de acuerdo con el informe.
El observatorio precisó que las cifras son provisionales debido a las dificultades para recopilar y transmitir información en medio de la crisis energética que atraviesa el país. Al menos una treintena de casos permanecían en proceso de verificación al momento de publicarse el reporte.
Detenciones vinculadas a protestas y apagones
Según el OCDH, buena parte de las 37 detenciones arbitrarias registradas durante agosto estuvo relacionada con protestas por los prolongados apagones y las condiciones de vida, así como con arrestos reiterados de antiguos presos políticos.
Entre los casos documentados se encuentra el de Pedro Lázaro Gutiérrez Collado, detenido durante un toque de cazuelas en Calabazar, La Habana; Walter Junior Blanco Prieto, arrestado después de una protesta en La Habana Vieja; Reyser Núñez Vaillant, detenido durante un cacerolazo en Santiago de Cuba, y Maikel Armenteros Orama, arrestado cuando protestaba contra los apagones en Santa Clara.
El 27 de agosto, las autoridades detuvieron además a 13 personas en La Habana antes de que pudieran iniciar una protesta pacífica que estaba prevista desde el Capitolio hasta el Malecón.
El OCDH también reportó nuevos arrestos de expresos políticos, entre ellos Osmani Mendoza Ferriol, Alexis Sabatela Ugarte —colaborador de la organización— y Yosvany Sepúlveda Martínez.
Andy García Lorenzo, quien estuvo encarcelado por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J), fue detenido el 30 de agosto en Santa Clara.
Denuncias de abusos en las cárceles
El informe dedica especial atención a la situación de las personas privadas de libertad. Durante agosto, el OCDH documentó denuncias relacionadas con condiciones penitenciarias precarias, falta de agua y alimentación adecuada, negación de atención médica, incomunicación, aislamiento en celdas de castigo, amenazas y agresiones físicas.
Varios presos recurrieron a huelgas de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión, entre ellos Guillermo Carralero López, José Ramón Solano Randiche, Amijail Sánchez González y Marcos de la Luz Caballero Granados.
Uno de los casos destacados por la organización es el de Ángel Serrano Hernández, condenado a 15 años de prisión por las protestas del 11J. Según testimonios recibidos por su familia y recogidos por el OCDH, Serrano habría sido golpeado por agentes penitenciarios, enviado a una celda de castigo y posteriormente trasladado a la prisión 1580 bajo un régimen de mayor severidad.
El informe menciona también al preso político Adrián Curuneaux Stevens, quien denunció encontrarse en un grave estado de desnutrición y sin recibir la atención médica y alimentación que requiere, así como a Roberto Pérez Fonseca, cuya situación carcelaria también ha sido objeto de denuncias.
El OCDH asegura que entre enero y agosto de 2026 ha documentado 356 abusos contra presos políticos en Cuba.
Vigilancia contra activistas y Damas de Blanco
Los operativos de vigilancia y los sitios policiales a viviendas estuvieron dirigidos principalmente contra activistas, periodistas independientes, familiares de presos políticos y miembros de organizaciones opositoras, según el reporte.
El observatorio señaló que integrantes de las Damas de Blanco permanecieron bajo vigilancia policial en sus viviendas durante los domingos de agosto. Según la organización, los operativos buscaban impedir que las activistas salieran de sus casas para asistir a misa.
El informe recoge asimismo denuncias de hostigamiento contra la familia del pastor evangélico independiente Ibrahim Rozabal, en Santiago de Cuba, otros integrantes de la Alianza de Cristianos de Cuba y un grupo de practicantes de la religión yoruba.
También documenta el caso de José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, quien habría sido citado, interrogado y amenazado por agentes de la Seguridad del Estado el 18 de agosto.
El OCDH, con sede en Madrid, lleva un registro mensual de detenciones y otras acciones contra activistas, opositores, periodistas independientes y presos políticos en la Isla.
